En Chilpancingo, marcha de indignación por masacre de Ayotzinapa. Foto: Arturo de Dios

Por Arturo de Dios Palma

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Quien piense que lo que pasó en Iguala no puede repetirse, está equivocado. Guerrero es un estado infestado de narcotraficantes y políticos corruptos. Pensar que la única Policía municipal que está infiltrada al servicio de un grupo de narcotraficantes es la de Iguala, también incurre en un error. Creer que José Luis Abarca Velázquez era el único presidente municipal que llegó al cargo por el dinero del narcotráfico y puso al servicio de la mafia toda la administración pública, podría ser ingenuo.

En muchas regiones del estado se vive el terror de la violencia generada por el narco. Hay pueblos enteros que tuvieron que desplazarse por la presencia asfixiante de un grupo criminal. En las grandes ciudades empresarios o pequeños comerciantes han tenido que cerrar sus negocios por la pesada carga que significa el pago de la «cuota» al narco, otros más de plano han tenido que abandonar esos lugares. En gran parte de la geografía de Guerrero hay madres, padres, hermanos, esposas, esposos, buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos.

Y muchos más tienen bien presente la violencia con la ausencia de un familiar que murió a consecuencia de la guerra que declaró el Estado mexicano a los grupos del narcotráfico.

La sospecha, la duda y el señalamiento de estar relacionados con el narco no son exclusivos de la Policía municipal de Iguala y del alacalde ahora preso José Luis Abarca Velázquez. En Guerrero hay otros casos más.

El cansancio contra la volencia. Foto; Arturo de Dios

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Es de 2 de junio de 2012. A las 7 de la noche. El dueño de la frutería Sandy, manda a su hijo a tirar la basura como parte de la rutina que impone el negocio. El joven parte con los restos de las frutas que se generaron durante todo el día.

En el basurero, hombres armados lo interceptan, lo someten, lo secuestran.

Una hora después, ante la tardanza, la alarma se enciende en el padre y sale a buscarlo. En el basurero encuentra la camioneta pero no a su hijo. Dentro de ella se nota la luz de una lámpara que le indica que se acerque. El padre no hace caso y decide ir al pueblo a informar al Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán que se estableció en octubre de 2011.

En el pueblo, los integrantes del frente organizan brigadas para salir a buscar al joven armados con rifles, machetes y resorteras.

En el basurero se encuentran con un grupo criminal integrado por 10 personas, presuntos Zetas, se sabría después. Los delincuentes ponen resistencia. Intercambian balazos. Los criminales no resisten la reacción de los ciudadanos aglutinados en el frente y sacan a los plagiados del basurero. Los llevan hacia la carretera rumbo al poblado de Tuncingo y en un matorral los abandonaron con la orden de que no se movieran de ahí hasta después de 30 minutos. Los delincuentes huyeron, salieron corriendo.

De éstos, después se sabría que seis fueron detenidos, dos murieron por heridas de bala, y los otros dos siguen libres.

En esa ocasión, la Policía municipal no estuvo presente en el operativo, atendía al otro lado del poblado una supuesta balacera, como lo informó después el personal de la Dirección de Seguridad Pública de Huamuxtitlán.

Ese día, el frente cumplió una de sus misiones más complicadas. Con el rescate del joven, el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán rescató a otras 16 personas más que –ese dos de junio– habían sido secuestradas por el mismo grupo delincuencial en menos de 10 horas.

Este hecho convirtió al pueblo en un volcán en erupción. Fue la gota que derramó el vaso. Después del rescate, tomaron las instalaciones del ayuntamiento y con él, al entonces presidente municipal, Juan Carlos Merino González. Su presencia en el cargo de presidente municipal no pudo ser más oportuna. Merino González estaba sustituyendo en el cargo a Soledad Romero Espinal. Durante el mandato de la funcionaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Merino González fue una pieza importante: primero fue director de Obras públicas y después, justo antes de sustituirla, director de Seguridad pública.

Merino González fue uno de los blancos donde los ciudadanos descargaron su rabia: una turba lo golpeó, lo arrastró y lo desnudó en las afueras del ayuntamiento. El pueblo lo responsabilizó por todo lo que estaba pasando.

Desde ese momento, integrantes de Frente Ciudadano por la Seguridad y ciudadanos tomaron el control absoluto de la seguridad de Huamuxtitlán.

La erupción pudo ser evitada. Un año atrás, ante los constantes asaltos, robo a casa habitación, extorsiones, secuestro y asesinatos, los ciudadanos, ya integrados al Frente, informaron de las hostilidades al gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Enviaron un documento al entonces procurador de Justicia, Alberto López Rosas, advirtiendo de la situación que vivía aquel municipio. El reporte especificaba que el 26 de octubre de 2011, el director de Seguridad Pública, Juan Carlos Merino González, extorsionó a dos vecinos de Tlapa. Describe el documento que “sin ningún motivo, el funcionario municipal los detuvo y para dejarlos en libertad les pidió la cantidad de 10 mil pesos”.

También informaron al procurador que un día después de la extorsión del director de Seguridad Pública, la presidente municipal, Soledad Romero, por medio de su vocera, Leticia Cuchillo, difundió entre la comunidad la existencia de un grupo armando que “andaba provocando problemas”, en referencia explícita al Frente Ciudadano por la Seguridad.

Además le informaron al depuesto López Rosas, de la presencia en el municipio de un grupo de sicarios que se dedicaban a extorsionar, sin que la Policía municipal interviniera.

Meses después, López Rosas fue retirado del cargo de procurador por el asesinato de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa en la autopista del Sol el 12 diciembre de 2011.

El 27 de octubre surgía el liderazgo de Nestora Salgado contra el crimen organziado. Foto: Salvador Cisneros

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El secuestro y asesinato de un joven el 27 de octubre de 2012 fue el motivo para que en el municipio de Olinalá emergiera un grupo de autodefensa. Antes de ello, la delincuencia organizada extorsionaba, secuestraba y asesinaba sin que ninguna autoridad local lo impidiera.

Quien puso un alto fue el pueblo. El día del funeral del joven taxista, los ciudadanos de Olinalá salieron a buscar a los delincuentes. Entraron en una casa que todos en el pueblo ubicaban como uno de los escondites del grupo criminal. Se atrevieron y entraron. Ahí encontraron cuernos de chivo, chalecos tácticos y credenciales de elector. Sin embargo, no tardó en llegar el síndico Armando Patrón Jiménez con la Policía municipal y confiscó todo.

También ese día emergió el liderazgo de Nestora Salgado García, quien ahora se encuentra encarcelada en un penal de alta seguridad por órdenes del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, después de que ella denunciara a las autoridades federales al síndico Patrón Jiménez de participar con el crimen organizado.

En los siguientes días, los pobladores decidieron sacar de forma definitiva a los delincuentes. Unos 700 pobladores, según los reportes periodísticos, instalaron retenes en todas las entradas del municipio de Olinalá. Lo hicieron, también, para evitar represalias de parte del grupo delictivo.

En gobierno municipal que encabeza todavía el priísta Eusebio González Rodríguez, de entrada, intentó negar los hechos. Fidel Mejía Ruiz, comandante de la Policía de Olinalá, dijo en un reporte que entregó al Gobierno del Estado que la revuelta se debió a una confusión, ya que pobladores localizaron una furgoneta abandonada en la propiedad del transportista Juan Mejía Martínez y pensaron que había sido secuestrado.

En el transcurso de los días, las evidencias de los hechos de violencia se acumulaban ante la omisión del presidente municipal, quien decidió convertirse en uno de los principales detractores del movimiento ciudadano y, en particular, de Nestora Salgado, convertida en la comandante de la Policía Comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias bajo el sistema normativo indígena en el municipio.

Desde entonces, el alcalde ha sido denunciado de mantener nexos con el narcotráfico y también es señalado por sus omisiones en momentos de mayor hostigamiento del crimen organizado contra la comunidad.

La diputada local y ex alcaldesa de Olinalá, la perredista Luisa Ayala Mondragón, acusó también a González Rodríguez de ser el responsable de la inseguridad en el municipio.

Uno de los argumentos que dio en ese momento Ayala Mondragón fue que el alcalde recontrató a 12 policías municipales que ella promovió su despido por tener señalamientos de estar relacionados con delincuencia organizada.

Sobre el levantamiento armado, la legisladora local dijo que era una opción indiscutible y necesaria ante la inoperancia que la Policía municipal ha demostrado, además de que había sido rebasada.

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), asentada en la comunidad indígena de Temalacantzingo, ahí mismo en Olinalá, ha pedido al Gobierno del Estado en reiteradas ocasiones que investigue al presidente municipal por sus posibles nexos con la delincuencia organizada. Sin embargo, las autoridades estatales y federales han hostigado a los denunciantes en vez de investigar a los funcionarios.

La última vez que la Policía ciudadana de Olinalá solicitó investigar al priísta, fue el pasado 31 de octubre cuando el alcalde llegó a la comunidad de San Antonio Coyahuacán, junto con 50 policías municipales, y quemó la comisaria como una forma de intimidar y tratar de imponer al comisario.

Hasta ahora se desconoce si hay una denuncia formal sobre el actuar del alcalde priísta Eusebio Rodríguez González.

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-¿Dónde está El Payaso?- pregunta amenazante una mujer con arma en mano.

-¡Yo no sé dónde está!- contesta un hombre.

-¿No sabes dónde está El Payaso, hijo de tu puta madre? Ya sabemos dónde vives y te va a cargar la chingada si no dices nada. Tu familia también se la va a cargar la chingada -dice la mujer de forma definitoria.

Es el interrogatorio de la presidenta municipal de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, a un policía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), para tratar de encontrar una pista sobre el paradero de su guardaespaldas, Mario Rico Ramírez, alias El Payaso, levantado el 9 de mayo pasado.

El padre de El Payaso, Atanacio Rico Loaiza, acusó a la alcaldesa de estar detrás de la desaparición de su hijo. Esta versión la dio a conocer a reporteros, el policía ciudadano Rubén Díaz Bailón, quien dijo fue secuestrado por escoltas de la misma alcaldesa frente al ayuntamiento. El interrogatorio, dijo, se realizó dentro de Palacio municipal.

El testimonio lo ofreció el policía después de que en un retén de la Upoeg, la alcaldesa junto con sus escoltas encabezó una balacera contra los policías ciudadanos. La enemistad entre la presidenta municipal y los policías ciudadanos comenzó un año atrás.

El 26 de marzo de 2013, unos mil integrantes de la Upoeg entraron a la cabecera municipal de Tierra Colorada con la intención de detener al director de Seguridad Pública de ese entonces, Óscar Ulises Valle García, a quien acusaban del asesinato de Guadalupe Quiñones Carbajal, comandante de la policía ciudadana en San Juan del Reparo. También identificaron a otro funcionario que tenía lazos con el crimen organizado de la región.

“La bronca que se trae con la presidenta es de cuando nosotros nos introdujimos a Tierra Colorada y que el gobierno según la estaba investigando, esto se viene porque anteriormente cargaba a Óscar Ulises del Valle, quien era el director de Seguridad Pública y quien era sicario al servicio de la mafia”, explicó tiempo después Ernesto Gallardo Grande, uno de los coordinadores de la Upoeg en esa región.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, explicó que su compañero Quiñones Carbajal llegó a Tierra Colorada, y ahí lo levantaron y posteriormente lo mataron en un taller eléctrico.

“Por eso aplicamos un operativo hoy y detuvimos al director de seguridad pública municipal, porque ya traíamos la pista de que estaba involucrado con la delincuencia”, explicó Plácido Valerio el día de la irrupción en la cabecera municipal de Tierra Colorada.

Desde de que el jefe policiaco fue separado de su cargo por el cabildo, la Upoeg lo entregó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que se investigara. Del Valle García fue liberado por no “tener los elementos suficientes” para inculparlo.

El jefe policiaco ya no regresó a Tierra Colorada por una advertencia de la Upoeg, como se supo después. De todo esto tuvo conocimiento el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, ya que en varias mesas de trabajo se le informó de la acciones contra la ley de la presidenta municipal.

Incluso todavía permanece la solicitud para que se investigue a la panista Gutiérrez Paz.

“Quiero pedirle al gobierno que investigue a la presidenta municipal porque una autoridad como ella no tiene poder para que cada vez que está la feria esté sacando la pistola y tirando balazos al aire. Es lo que hace ella”, dijo un policía ciudadano el día se enfrentó a balazos con la alcaldesa en el retén.

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“El Chaparro le habla a Fortunato (Nava), director y responsable del aparcamiento vehicular del ayuntamiento, él es el que organiza las reuniones con El Chaparro para darle la hora y el lugar al presidente municipal Francisco Javier González El Tepache”, dice un hombre al que apenas se le ve el rostro y al que apuntan con fusiles de alto calibre en un video montado en Youtube.

El Chaparro, el personaje que menciona, es el jefe del grupo delincuencial que controla el municipio de Chilapa.

Este video surgió justo cuando en ese municipio se dio el hecho más grande de violencia en los últimos seis años. En dos días de balaceras, murieron 16 personas, 12 hombres pertenecientes a grupos del narcotráfico, un policía estatal y un ciudadano. A este saldo se le suman más de 10 desapariciones forzadas, entre éstas la del hombre que aparece en el video.

De la acusación que hizo este hombre que se identificó como halcón de la banda que controla Chilapa, el alcalde, el priísta Francisco Javier García González, se limitó a decir que no tenía credibilidad, pues cualquier persona bajo presión dice lo que le pidan. También García González se ha declarado incompetente para combatir la delincuencia organizada pese a que tiene a su mando a más 200 policías y más de 60 millones de pesos anuales para la seguridad pública en el municipio.

Lo cierto es que esta banda se ha enraizado en el municipio donde opera con total libertad. Su operación no se restringe al narcotráfico, también cobran cuota y controlan el comercio ambulante y parte del comercio establecido. De la misma manera que organizan peleas de gallos en el auditorio municipal, fundan colonias a discreción.

Después del 7 de julio de 2013, cuando se dieron los hechos de violencia, la seguridad en Chilapa fue tomada por el ejército y un grupo de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal como una medida para disuadir a los grupos en disputa.

Otra de las medias implementadas por el Grupo Coordinación Guerrero (GCG), integrado por autoridades federales como estatales, fue retirar del cargo de secretario de Seguridad Pública a Silvestre Carreto González, por considerarlo poco confiable para seguir en el puesto.

Mientras estuvo el ejército y la Policía Estatal, el grupo delincuencial se mantuvo agazapado. Pero en cuanto se retiraron, después de una estancia de aproximadamente 20 días, se volvieron a ver las caravanas de camionetas con hombres armados.

Incluso, dos días después del retiro de las fuerzas federales y estatales, fue secuestrada la regidora del PRD, Diana García Flores, antes de entrar a la Universidad Tecnológica donde toma clases de Contabilidad. La joven edil fue liberada tras el pago del rescate.

El pasado lunes 3 de noviembre un movimiento de hombres armados a bordo de camionetas y motocicletas provocó el pánico entre la población, lo que llevó a la suspensión de clases en diferentes escuelas.

Ahora en la ciudad de Chilapa los únicos patrullajes son los de la Policía municipal, pero esos no perturban al grupo delictivo.

Cuerpos desmembrados y calcinados en una camioneta de Chilapa. Foto; Alondra Lucatero García

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Además de los anteriores hay más casos de acusaciones y señalamientos en contra de presidentes municipales y Policías municipales de estar relacionados o al servicio de un grupo del narcotráfico.

1) Tixtla. La Policía Comunitaria que opera ahí ha acusado en reiteradas ocasiones al presidente municipal, Gustavo Abarca Alcaraz (PRD), de mantener vínculos con el narco. En las denuncias a las autoridades federales sostienen que el medio hermano del alcalde. José Luis Abarca, es el principal operador del grupo narcotraficante Los Rojos, quien opera con la Policía municipal a su favor.

2) Chilpancingo. 29 de enero de 2014. El empresario Piquinto Damián Huato después de acusar públicamente al presidente municipal, Mario Moreno Arcos (PRI), de haber preferido trabajar con el narco en vez de con el pueblo y de tener gran parte de su Policía municipal infiltrada en el crimen fue atacado a balazos. De la agresión salió herido, pero su nuera falleció en el momento y su hijo fue herido de gravedad.

3) Cuetzala del Progreso. 10 de abril de 2014. La Procuraduría General de la República detuvo al presidente municipal de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino (PRD), por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada. A este presidente municipal se le relaciona con Guerreros unidos, organización delictiva aliada del Cártel de La Familia Michoacana y se le vincula con al menos 15 secuestros perpetrados en los municipios de Arcelia, Teloloapan y Tecpan. Al alcalde también se le relaciona directamente con el narcotraficante Froylán Fernando Barrera Guzmán, jefe de la plaza en Cuetzala del Progreso detenido el 6 de diciembre de 2013.

Información de Debate Chilapa

Lista de narcoalcaldes

Lista de 25 alcaldes denunciados por vínculos con el narcotráfico enregada a las autoridades federales por la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública AC.