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Mexico Violento

Municipios de Guerrero bajo el poder del narco

Una lista de 25 ediles de Guerrero y larga trayectoria de denuncias por crímenes de narcotráfico trasciende a raís de la masacre de Ayotzinapa

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En Chilpancingo, marcha de indignación por masacre de Ayotzinapa. Foto: Arturo de Dios

En Chilpancingo, marcha de indignación por masacre de Ayotzinapa. Foto: Arturo de Dios

Por Arturo de Dios Palma

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Quien piense que lo que pasó en Iguala no puede repetirse, está equivocado. Guerrero es un estado infestado de narcotraficantes y políticos corruptos. Pensar que la única Policía municipal que está infiltrada al servicio de un grupo de narcotraficantes es la de Iguala, también incurre en un error. Creer que José Luis Abarca Velázquez era el único presidente municipal que llegó al cargo por el dinero del narcotráfico y puso al servicio de la mafia toda la administración pública, podría ser ingenuo.

En muchas regiones del estado se vive el terror de la violencia generada por el narco. Hay pueblos enteros que tuvieron que desplazarse por la presencia asfixiante de un grupo criminal. En las grandes ciudades empresarios o pequeños comerciantes han tenido que cerrar sus negocios por la pesada carga que significa el pago de la “cuota” al narco, otros más de plano han tenido que abandonar esos lugares. En gran parte de la geografía de Guerrero hay madres, padres, hermanos, esposas, esposos, buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos.

Y muchos más tienen bien presente la violencia con la ausencia de un familiar que murió a consecuencia de la guerra que declaró el Estado mexicano a los grupos del narcotráfico.

La sospecha, la duda y el señalamiento de estar relacionados con el narco no son exclusivos de la Policía municipal de Iguala y del alacalde ahora preso José Luis Abarca Velázquez. En Guerrero hay otros casos más.

El cansancio contra la volencia. Foto; Arturo de Dios

El cansancio contra la volencia. Foto; Arturo de Dios

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Es de 2 de junio de 2012. A las 7 de la noche. El dueño de la frutería Sandy, manda a su hijo a tirar la basura como parte de la rutina que impone el negocio. El joven parte con los restos de las frutas que se generaron durante todo el día.

En el basurero, hombres armados lo interceptan, lo someten, lo secuestran.

Una hora después, ante la tardanza, la alarma se enciende en el padre y sale a buscarlo. En el basurero encuentra la camioneta pero no a su hijo. Dentro de ella se nota la luz de una lámpara que le indica que se acerque. El padre no hace caso y decide ir al pueblo a informar al Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán que se estableció en octubre de 2011.

En el pueblo, los integrantes del frente organizan brigadas para salir a buscar al joven armados con rifles, machetes y resorteras.

En el basurero se encuentran con un grupo criminal integrado por 10 personas, presuntos Zetas, se sabría después. Los delincuentes ponen resistencia. Intercambian balazos. Los criminales no resisten la reacción de los ciudadanos aglutinados en el frente y sacan a los plagiados del basurero. Los llevan hacia la carretera rumbo al poblado de Tuncingo y en un matorral los abandonaron con la orden de que no se movieran de ahí hasta después de 30 minutos. Los delincuentes huyeron, salieron corriendo.

De éstos, después se sabría que seis fueron detenidos, dos murieron por heridas de bala, y los otros dos siguen libres.

En esa ocasión, la Policía municipal no estuvo presente en el operativo, atendía al otro lado del poblado una supuesta balacera, como lo informó después el personal de la Dirección de Seguridad Pública de Huamuxtitlán.

Ese día, el frente cumplió una de sus misiones más complicadas. Con el rescate del joven, el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán rescató a otras 16 personas más que –ese dos de junio– habían sido secuestradas por el mismo grupo delincuencial en menos de 10 horas.

Este hecho convirtió al pueblo en un volcán en erupción. Fue la gota que derramó el vaso. Después del rescate, tomaron las instalaciones del ayuntamiento y con él, al entonces presidente municipal, Juan Carlos Merino González. Su presencia en el cargo de presidente municipal no pudo ser más oportuna. Merino González estaba sustituyendo en el cargo a Soledad Romero Espinal. Durante el mandato de la funcionaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Merino González fue una pieza importante: primero fue director de Obras públicas y después, justo antes de sustituirla, director de Seguridad pública.

Merino González fue uno de los blancos donde los ciudadanos descargaron su rabia: una turba lo golpeó, lo arrastró y lo desnudó en las afueras del ayuntamiento. El pueblo lo responsabilizó por todo lo que estaba pasando.

Desde ese momento, integrantes de Frente Ciudadano por la Seguridad y ciudadanos tomaron el control absoluto de la seguridad de Huamuxtitlán.

La erupción pudo ser evitada. Un año atrás, ante los constantes asaltos, robo a casa habitación, extorsiones, secuestro y asesinatos, los ciudadanos, ya integrados al Frente, informaron de las hostilidades al gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Enviaron un documento al entonces procurador de Justicia, Alberto López Rosas, advirtiendo de la situación que vivía aquel municipio. El reporte especificaba que el 26 de octubre de 2011, el director de Seguridad Pública, Juan Carlos Merino González, extorsionó a dos vecinos de Tlapa. Describe el documento que “sin ningún motivo, el funcionario municipal los detuvo y para dejarlos en libertad les pidió la cantidad de 10 mil pesos”.

También informaron al procurador que un día después de la extorsión del director de Seguridad Pública, la presidente municipal, Soledad Romero, por medio de su vocera, Leticia Cuchillo, difundió entre la comunidad la existencia de un grupo armando que “andaba provocando problemas”, en referencia explícita al Frente Ciudadano por la Seguridad.

Además le informaron al depuesto López Rosas, de la presencia en el municipio de un grupo de sicarios que se dedicaban a extorsionar, sin que la Policía municipal interviniera.

Meses después, López Rosas fue retirado del cargo de procurador por el asesinato de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa en la autopista del Sol el 12 diciembre de 2011.

 

El 27 de octubre surgía el liderazgo de Nestora Salgado contra el crimen organziado. Foto: Salvador Cisneros

El 27 de octubre surgía el liderazgo de Nestora Salgado contra el crimen organziado. Foto: Salvador Cisneros

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El secuestro y asesinato de un joven el 27 de octubre de 2012 fue el motivo para que en el municipio de Olinalá emergiera un grupo de autodefensa. Antes de ello, la delincuencia organizada extorsionaba, secuestraba y asesinaba sin que ninguna autoridad local lo impidiera.

Quien puso un alto fue el pueblo. El día del funeral del joven taxista, los ciudadanos de Olinalá salieron a buscar a los delincuentes. Entraron en una casa que todos en el pueblo ubicaban como uno de los escondites del grupo criminal. Se atrevieron y entraron. Ahí encontraron cuernos de chivo, chalecos tácticos y credenciales de elector. Sin embargo, no tardó en llegar el síndico Armando Patrón Jiménez con la Policía municipal y confiscó todo.

También ese día emergió el liderazgo de Nestora Salgado García, quien ahora se encuentra encarcelada en un penal de alta seguridad por órdenes del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, después de que ella denunciara a las autoridades federales al síndico Patrón Jiménez de participar con el crimen organizado.

En los siguientes días, los pobladores decidieron sacar de forma definitiva a los delincuentes. Unos 700 pobladores, según los reportes periodísticos, instalaron retenes en todas las entradas del municipio de Olinalá. Lo hicieron, también, para evitar represalias de parte del grupo delictivo.

En gobierno municipal que encabeza todavía el priísta Eusebio González Rodríguez, de entrada, intentó negar los hechos. Fidel Mejía Ruiz, comandante de la Policía de Olinalá, dijo en un reporte que entregó al Gobierno del Estado que la revuelta se debió a una confusión, ya que pobladores localizaron una furgoneta abandonada en la propiedad del transportista Juan Mejía Martínez y pensaron que había sido secuestrado.

En el transcurso de los días, las evidencias de los hechos de violencia se acumulaban ante la omisión del presidente municipal, quien decidió convertirse en uno de los principales detractores del movimiento ciudadano y, en particular, de Nestora Salgado, convertida en la comandante de la Policía Comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias bajo el sistema normativo indígena en el municipio.

Desde entonces, el alcalde ha sido denunciado de mantener nexos con el narcotráfico y también es señalado por sus omisiones en momentos de mayor hostigamiento del crimen organizado contra la comunidad.

La diputada local y ex alcaldesa de Olinalá, la perredista Luisa Ayala Mondragón, acusó también a González Rodríguez de ser el responsable de la inseguridad en el municipio.

Uno de los argumentos que dio en ese momento Ayala Mondragón fue que el alcalde recontrató a 12 policías municipales que ella promovió su despido por tener señalamientos de estar relacionados con delincuencia organizada.

Sobre el levantamiento armado, la legisladora local dijo que era una opción indiscutible y necesaria ante la inoperancia que la Policía municipal ha demostrado, además de que había sido rebasada.

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), asentada en la comunidad indígena de Temalacantzingo, ahí mismo en Olinalá, ha pedido al Gobierno del Estado en reiteradas ocasiones que investigue al presidente municipal por sus posibles nexos con la delincuencia organizada. Sin embargo, las autoridades estatales y federales han hostigado a los denunciantes en vez de investigar a los funcionarios.

La última vez que la Policía ciudadana de Olinalá solicitó investigar al priísta, fue el pasado 31 de octubre cuando el alcalde llegó a la comunidad de San Antonio Coyahuacán, junto con 50 policías municipales, y quemó la comisaria como una forma de intimidar y tratar de imponer al comisario.

Hasta ahora se desconoce si hay una denuncia formal sobre el actuar del alcalde priísta Eusebio Rodríguez González.

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-¿Dónde está El Payaso?- pregunta amenazante una mujer con arma en mano.

-¡Yo no sé dónde está!- contesta un hombre.

-¿No sabes dónde está El Payaso, hijo de tu puta madre? Ya sabemos dónde vives y te va a cargar la chingada si no dices nada. Tu familia también se la va a cargar la chingada -dice la mujer de forma definitoria.

Es el interrogatorio de la presidenta municipal de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, a un policía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), para tratar de encontrar una pista sobre el paradero de su guardaespaldas, Mario Rico Ramírez, alias El Payaso, levantado el 9 de mayo pasado.

El padre de El Payaso, Atanacio Rico Loaiza, acusó a la alcaldesa de estar detrás de la desaparición de su hijo. Esta versión la dio a conocer a reporteros, el policía ciudadano Rubén Díaz Bailón, quien dijo fue secuestrado por escoltas de la misma alcaldesa frente al ayuntamiento. El interrogatorio, dijo, se realizó dentro de Palacio municipal.

El testimonio lo ofreció el policía después de que en un retén de la Upoeg, la alcaldesa junto con sus escoltas encabezó una balacera contra los policías ciudadanos. La enemistad entre la presidenta municipal y los policías ciudadanos comenzó un año atrás.

El 26 de marzo de 2013, unos mil integrantes de la Upoeg entraron a la cabecera municipal de Tierra Colorada con la intención de detener al director de Seguridad Pública de ese entonces, Óscar Ulises Valle García, a quien acusaban del asesinato de Guadalupe Quiñones Carbajal, comandante de la policía ciudadana en San Juan del Reparo. También identificaron a otro funcionario que tenía lazos con el crimen organizado de la región.

“La bronca que se trae con la presidenta es de cuando nosotros nos introdujimos a Tierra Colorada y que el gobierno según la estaba investigando, esto se viene porque anteriormente cargaba a Óscar Ulises del Valle, quien era el director de Seguridad Pública y quien era sicario al servicio de la mafia”, explicó tiempo después Ernesto Gallardo Grande, uno de los coordinadores de la Upoeg en esa región.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, explicó que su compañero Quiñones Carbajal llegó a Tierra Colorada, y ahí lo levantaron y posteriormente lo mataron en un taller eléctrico.

“Por eso aplicamos un operativo hoy y detuvimos al director de seguridad pública municipal, porque ya traíamos la pista de que estaba involucrado con la delincuencia”, explicó Plácido Valerio el día de la irrupción en la cabecera municipal de Tierra Colorada.

Desde de que el jefe policiaco fue separado de su cargo por el cabildo, la Upoeg lo entregó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que se investigara. Del Valle García fue liberado por no “tener los elementos suficientes” para inculparlo.

El jefe policiaco ya no regresó a Tierra Colorada por una advertencia de la Upoeg, como se supo después. De todo esto tuvo conocimiento el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, ya que en varias mesas de trabajo se le informó de la acciones contra la ley de la presidenta municipal.

Incluso todavía permanece la solicitud para que se investigue a la panista Gutiérrez Paz.

“Quiero pedirle al gobierno que investigue a la presidenta municipal porque una autoridad como ella no tiene poder para que cada vez que está la feria esté sacando la pistola y tirando balazos al aire. Es lo que hace ella”, dijo un policía ciudadano el día se enfrentó a balazos con la alcaldesa en el retén.
narcoalcaldias

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“El Chaparro le habla a Fortunato (Nava), director y responsable del aparcamiento vehicular del ayuntamiento, él es el que organiza las reuniones con El Chaparro para darle la hora y el lugar al presidente municipal Francisco Javier González El Tepache”, dice un hombre al que apenas se le ve el rostro y al que apuntan con fusiles de alto calibre en un video montado en Youtube.

El Chaparro, el personaje que menciona, es el jefe del grupo delincuencial que controla el municipio de Chilapa.

Este video surgió justo cuando en ese municipio se dio el hecho más grande de violencia en los últimos seis años. En dos días de balaceras, murieron 16 personas, 12 hombres pertenecientes a grupos del narcotráfico, un policía estatal y un ciudadano. A este saldo se le suman más de 10 desapariciones forzadas, entre éstas la del hombre que aparece en el video.

De la acusación que hizo este hombre que se identificó como halcón de la banda que controla Chilapa, el alcalde, el priísta Francisco Javier García González, se limitó a decir que no tenía credibilidad, pues cualquier persona bajo presión dice lo que le pidan. También García González se ha declarado incompetente para combatir la delincuencia organizada pese a que tiene a su mando a más 200 policías y más de 60 millones de pesos anuales para la seguridad pública en el municipio.

Lo cierto es que esta banda se ha enraizado en el municipio donde opera con total libertad. Su operación no se restringe al narcotráfico, también cobran cuota y controlan el comercio ambulante y parte del comercio establecido. De la misma manera que organizan peleas de gallos en el auditorio municipal, fundan colonias a discreción.

Después del 7 de julio de 2013, cuando se dieron los hechos de violencia, la seguridad en Chilapa fue tomada por el ejército y un grupo de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal como una medida para disuadir a los grupos en disputa.

Otra de las medias implementadas por el Grupo Coordinación Guerrero (GCG), integrado por autoridades federales como estatales, fue retirar del cargo de secretario de Seguridad Pública a Silvestre Carreto González, por considerarlo poco confiable para seguir en el puesto.

Mientras estuvo el ejército y la Policía Estatal, el grupo delincuencial se mantuvo agazapado. Pero en cuanto se retiraron, después de una estancia de aproximadamente 20 días, se volvieron a ver las caravanas de camionetas con hombres armados.

Incluso, dos días después del retiro de las fuerzas federales y estatales, fue secuestrada la regidora del PRD, Diana García Flores, antes de entrar a la Universidad Tecnológica donde toma clases de Contabilidad. La joven edil fue liberada tras el pago del rescate.

El pasado lunes 3 de noviembre un movimiento de hombres armados a bordo de camionetas y motocicletas provocó el pánico entre la población, lo que llevó a la suspensión de clases en diferentes escuelas.

Ahora en la ciudad de Chilapa los únicos patrullajes son los de la Policía municipal, pero esos no perturban al grupo delictivo.

Cuerpos desmembrados y calcinados en una camioneta de Chilapa. Foto; Alondra Lucatero García

Cuerpos desmembrados y calcinados en una camioneta de Chilapa. Foto; Alondra Lucatero García

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Además de los anteriores hay más casos de acusaciones y señalamientos en contra de presidentes municipales y Policías municipales de estar relacionados o al servicio de un grupo del narcotráfico.

1) Tixtla. La Policía Comunitaria que opera ahí ha acusado en reiteradas ocasiones al presidente municipal, Gustavo Abarca Alcaraz (PRD), de mantener vínculos con el narco. En las denuncias a las autoridades federales sostienen que el medio hermano del alcalde. José Luis Abarca, es el principal operador del grupo narcotraficante Los Rojos, quien opera con la Policía municipal a su favor.

2) Chilpancingo. 29 de enero de 2014. El empresario Piquinto Damián Huato después de acusar públicamente al presidente municipal, Mario Moreno Arcos (PRI), de haber preferido trabajar con el narco en vez de con el pueblo y de tener gran parte de su Policía municipal infiltrada en el crimen fue atacado a balazos. De la agresión salió herido, pero su nuera falleció en el momento y su hijo fue herido de gravedad.

3) Cuetzala del Progreso. 10 de abril de 2014. La Procuraduría General de la República detuvo al presidente municipal de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino (PRD), por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada. A este presidente municipal se le relaciona con Guerreros unidos, organización delictiva aliada del Cártel de La Familia Michoacana y se le vincula con al menos 15 secuestros perpetrados en los municipios de Arcelia, Teloloapan y Tecpan. Al alcalde también se le relaciona directamente con el narcotraficante Froylán Fernando Barrera Guzmán, jefe de la plaza en Cuetzala del Progreso detenido el 6 de diciembre de 2013.

Información de Debate Chilapa

Lista de narcoalcaldes

Lista de 25 alcaldes denunciados por vínculos con el narcotráfico enregada a las autoridades federales por la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública AC.

José Luis Abarca Velázquez (preso)       Iguala                   PRD
 
César Miguel Peñaloza Santana              Cocula                   PRI
 
Efraín Peña Damacio                                 Apaxtla                 PRD
 
Salomón Majul González                          Taxco                     PRI
 
Antonio Galarza Zabaleta                       Tepecoacuilco      PAN
 
Mario Moreno Arcos                                 Chilpancingo        PRI
 
Francisco García González                       Chilapa                 PRI
 
Ignacio Basilio García                            Eduardo Neri          PRI
 
Gustavo Abarca Alcala                                   Tixtla                PRD
 
Norberto Figueroa Almazo                         Huitzuco             PRI
 
Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez        Leonardo Bravo    PRD
 
Mario Alberto Chávez Carbajal            Eliodoro Castillo   PRD
 
Eucebio González Rodríguez                        Olinalá              PRI
 
Crecencio Reyes Torres                                  La Unión         PRD
 
Antonio Navarrete Cortés                          Quechultenango     PRI
 
Severo Espirito Valenzo                               Mochitlán          PRD
 
Eleuterio Aranda Salgado                           General Canuto A. Neri  PRD
 
Jesús Valladares Salgado                          Teloloapan                PRD
 
Feliciano Álvarez Mecino                            Cuetzala del Progreso     PRD
 
Erick Fernández Ballesteros                      Zihuatanejo de Azueta     PRI
 
Rey Ilario Serrano                                       Coyuca de Catalán             PRD
 
Taurino Vázquez Vázquez                         Arcelia                                PRI
 
Alejandro Contreras Velazco                    San Luis Zacatlán          PRI
 
Javier Adame Montealban                             Marquelia                 PRD

 

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Principal I

Fernández Noroña cometió violencia de género, determina TEPJF

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política de género contra la legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, por lo que ordenó que le ofrezca una disculpa pública.

La máxima autoridad electoral del país determinó que el legislador petista incurrió en violencia política de género contra la legisladora panista al realizar declaraciones ofensivas en un acto público en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala en 2019, por lo que deberá ofrecerle una disculpa pública.

En primera instancia el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el legislador petista incurrió en agresiones política contra Adriana Dávila, por lo que dio vista a la Cámara de Diputados federal para que aplique una sanción correspondiente contra Fernández Noroña.

El TEPJF determinó que el legislador del partido de la estrella tome cursos en línea sobre perspectiva de género para que no vuelva a cometer otras agresiones, por lo que en caso de que incumpla con estas medidas el organismo electoral tomará medidas de apremio como inscribirlo en el Registro de Infractores de Violencia Política contra las mujeres.

Los magistrados del tribunal federal señalaron que no pueden permitir la violencia política de género contra ninguna mujer y por ello aplicaron esa sentencia contra Fernández Noroña, a quien el INE ordenó que ofreciera la disculpa pública, pero se negó a hacerlo.

Según el legislador federal, el INE se “cree la Santa Inquisición”, ya que supuestamente están violando el artículo 61 constitucional, aunque en el evento público en cuestión, aseguró que Dávila estaba relacionada en el delito de trata de personas en Tlaxcala y que era “una bocona”, por lo que la fracción panista interpuso la denuncia en contra de Fernández Noroña.

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Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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