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Justicia pendiente

Mujeres migrantes de Guerrero padecen abusos y agresiones físicas

El 47% de migrantes procedentes de Guerrero son mujeres, y la mayoría de ellas padecen abusos y explotación laboral, según la organización Tlachinollan

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Familias jornaleras de Cochoapa El Grande. Foto: Tlachinollan/Informe

Por Sergio Ferrer

OMETEPEC, Guerrero.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, documentó en un informe que mujeres jornaleras además de tener triples jornadas de trabajo no reconocido, son víctimas de discriminación, maltratos e incluso violencia sexual en sus lugares de trabajo.

Las mujeres indígenas migrantes son víctimas de violencia, discriminación y ataques contra su integridad física, esto puede ser tanto en el ámbito colectivo como lo laboral, legal, lo que impide su derecho a una vida libre de discriminación y violencia, agudizado en los procesos migratorios.

Las mujeres y madres solteras jóvenes son permanentemente víctimas de acoso sexual y abusos por parte de los mayordomos generales, capataces o camperos quienes se aprovechan de su posición de poder de selección y asignación de trabajos, para solicitar o conceder favores vinculados a “mejores” condiciones laborales si las mujeres se someten a sus exigencias, la mayoría de las veces de naturaleza sexual, alerta el documento.

A pesar de esto suelen ser estigmatizadas o desacreditadas si se atreven a denunciar como lo ocurrió a una mujer nahua de Tlapa. Leonarda Maldonado, originario de Almolonga, Alcozauca de Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa en mayo de 2013, señaló en el informe “La Montaña de Guerrero, Tierra de Mujeres Migrantes”:

“Los hombres en este campo donde estamos […] casi la mayoría nos molesta a las mujeres, pero nosotras, como mi papá y mi mamá nos enseñó cómo defendernos, y nosotras le decimos que no nos molesten y ya no nos molestan, […] Cuando alguno me molesta […] luego los golpeo, como el año pasado golpee dos, porque me estaban diciendo cosas. Un señor me quería abrazar, por eso lo golpee, pero no me abrazo, lo intento, pero me defendí […], pero son esos lo que se fuman […] Como ellas no fueron trabajar ayer (mis hermanas), un señor de tractorista me molestó otra vez, me empezó a decir cosas, pensaba que yo era como las prostitutas, empezó a decir así muy acá, por eso le dije groserías, y luego se fue, […] (él pensó) que andaba sola y no podía defenderme […]”.

Las migrantes, no cuentan con mecanismos de información, seguridad, protección, denuncia y acompañamiento, por lo cual difícilmente denuncian las vejaciones de las que son víctimas en sus espacios de trabajo perpetradas por sus parejas, por contratistas, capataces, jornaleros.

La situación se agrava si se trata de mujeres jóvenes solteras o de madres jefas de familia. Aparte, en lo cotidiano las jornaleras no pueden tomar un espacio para descansar, refugiarse del sol o incluso ir al baño porque en caso de que interrumpa sus actividades sin autorización se le sanciona descontándole parte de su pago.

También las multan si el corte del producto no es el correcto quitándoles de la nómina medio día o la suspenden tres días, según testimonios.

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Niños jornaleros de Tlapa en la pisca de chile en Escuinapa, Sinaloa. Foto: Tlachinollan/Informe

Condiciones de los jornaleros y jornaleras antes de su migración

Margarita Nemesio Nemecio, coordinadora del área de migrantes de Tlachinollan declaró que persiste la situación de migración bajo condiciones inadecuadas en el país lo cual no debe ser invisibilizado, ya que la falta de acceso a la salud, educación, situación laboral adecuada, y la discriminación; afecta a las miles de familias indígenas de la Montaña de Guerrero así como a otros lugares marginados del país en los que hay población migrante.

A la séptima reunión del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña con la Comisión Intersecretarial para la atención a jornaleras y jornaleros efectuada en Tlapa el día lunes, acudió el secretario de Migrantes y Asuntos Internacionales, Netzahualcóyotl Bustamante, así como la titular de la Sedeso estatal Beatriz Mujica y funcionarios de otras dependencias.

En la reunión los funcionarios se dedicaron a dar un informe de actividades, reportar el número de personas atendidas, la compra de víveres, bajo un presupuesto erogado principalmente por el gobierno estatal que apunta a los siete millones de pesos.

Sin embargo, Nemesio Nemecio reprochó los vacíos existentes en la atención integral a migrantes, por ejemplo en salud ya que un solo médico atiende a todos los jornaleros y la Secretaría de Salud solo acudió un par de días a promocionar sus programas pero después se olvidaron de la Unidad de Servicios Integrales de Tlapa.

Miguel Martínez, integrante del Consejo de Jornaleros, señaló en entrevista telefónica la importancia de que haya un seguimiento a las mujeres jornaleras, tanto antes de que parten de sus comunidades como cuando regresan, sin olvidar la posibilidad de que coadyuven médicos con sus homólogos de los estados receptores para la canalización de pacientes.

El Consejo de Jornaleros buscará que para enero próximo se efectúe otra reunión en la cual presenten planteamientos más concretos para la atención del ciclo migratorio siguiente que incluya trabajar de manera integral con las localidades de donde partes los jornaleros.

El gobierno del estado dio en la reunión una cifra de 8 mil 358 migrantes registrados en temporada alta hasta el 12 de diciembre, aunque en la realidad esa cifra es mayor, según conteo del Consejo, además de los migrantes que se van por su cuenta sin ser registrados.

Otros dos problemas a los que se enfrentan las familias jornaleros son, la falta de fondos o dificultades en el uso de tarjetas plásticas proporcionadas por la Sedeso Federal a través del SNE.

También la situación escolar de los niños, ya que en muchas escuelas los maestros se niegan a aceptar a niños migrantes, no hay certificación de documentos ni oferta educativa en los campos agrícolas lo que ocasiona alta deserción escolar, de lo cual la Secretaría de Educación Guerrero ha sido omisa u con nula participación en las reuniones.

“no hay escuela aquí en Hermosillo” relató en un testimonio Vianey Mapo, mujer jornalera de la Montaña.

Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Tlapa, Copanatoyac, Atlixtac, Xalpatláhuac, Alcozauca y Atlamajalcingo del Monte son los 8 municipios con mayor índice de expulsión de jornaleras y jornaleros agrícolas al interior del país.

En base a datos del Conapo, Tlachinollan refirió ejemplificando una comunidad que en Metlatónoc, el 61% de la población mayor de 15 años es analfabeta, 76% no terminó la primaria, 76% de sus habitantes ocupan viviendas sin drenaje ni sanitario, 24% vive en casas sin energía eléctrica, 29% vive en viviendas sin agua entubada, 77% de las viviendas tienen algún grado de hacinamiento, 86% reside en casas con piso de tierra y 88% percibe menos de dos salarios mínimos diarios.

De 2006 a 2012 de la Montaña salieron más de 50 mil migrantes, de las cuales 47 por ciento son mujeres.

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Fuente: Tlachinollan/Informe

Violencia contra jornaleros

En octubre, la tristeza no pudo ocultarse del rostro de dos mujeres, familiares de los jornaleros asesinados en Michoacán. Las víctimas fueron Gilberto Hurtado Toribio de 18 años, Sergio Marino Hurtado y Jorge García Marino, de 22; Macedonio Marino Pacheco, de 38 y Antonio Bravo Jesús, de 58, originarios de comunidades de Tlapa y Atlamajalcingo del Monte.

Antes de partir a enterrar a sus difuntos, familiares tras dialogar en me´phaa coincidieron en un reclamo: justicia. Los hombres fueron encontrados en una de sus camionetas atacada por disparos de arma de fuego.

“No somos delincuentes, somos campesinos, ni armas ni droga. Las autoridades allá no nos hicieron caso ”, reclamó uno de los familiares que solicitó el anonimato para evitar represalias.

Esto, a razón de que en Yorécuaro, localidad del municipio de La Piedad Michoacán, grupos de la delincuencia organizada se disputan el control de la plaza por narcotráfico.

Para algunos de los familiares se trató de una confusión, suponen que fue una equivocación los asesinatos, aunque recordaron que los campesinos llevaban dinero de trabajo realizado.

Todos tenían familia y eran de la nación me´phaa. Los familiares cuando se registró la desaparición acudieron a la Policía Municipal de Tanhuato después a Yurécuaro al Ministerio Público donde les dijeron que habría que esperar 48 horas para iniciar el trámite de búsqueda.

Los indígenas partieron en mayo hacia ese estado del país, pero se mueven por los estados de Zacatecas y Sinaloa, donde hay trabajo, porque ni en Yurécuaro tienen un patrón que ofrezca alguna garantía laboral por lo cual cambian constantemente de campo, las camionetas en las que circulaban llevaban placas de esos estados en los que fueron adquiridas.

Los migrantes acudían a estos estados al corte de chile, tomate. Aunque fueron apoyados con el traslado por el gobierno del estado a través de la Secretaría del Migrante y contaron con el seguimiento de Tlachinollan, aún falta saber de qué vivirán las viudas que regresaron porque no tienen dinero.

En marzo, arribaron a Mitlancingo, en el municipio de Ahuacotzingo los cuerpos de cinco de 10 jornaleros asesinados en un campo melonero de Ajuchitlán del Progreso por un grupo armado. En aquella ocasión fueron trasladados por sus familiares, sin apoyo del gobierno del estado, solo de la empresa melonera, a su comunidad de origen; Zacarías Ramírez Abarca, Heriberto Ramírez Jiménez, Fidel y Luis Fernando Ramírez García, todos de misma familia, así como Alfonso Cirilo Huerta.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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