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Justicia pendiente

Mujeres indígenas, víctimas de violencia institucional

La violencia institucional es parte de las violencias que padecen mujeres indígenas de La Montaña Guerrero al no ser atendidas en sus necesidades básicas

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Mujeres de La Montaña Foto: red

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Urge la atención inmediata a mujeres indígenas en La Montaña, Guerrero, que son víctimas de violencia institucional y discriminación, expresaron activistas y funcionarios ante la necesidad de que el Centro de Atención y Justicia para Mujeres Indígenas de La Montaña abra ya sus puertas para que no sea un “elefante blanco”.

Junto a este centro, se solicita la instauración de un refugio para mujeres víctimas de violencia ya que no existe un albergue para atenderlas, pese a que hay una infraestructura por ahora inhabilitada en el Centro de Justicia de Tlapa.

Ante esta violencia del Estado, una decena de mujeres provenientes de Tlapa, Iliatenco, Copanatoyac, Atlixtac y Olinalá narraron sus situaciones de violencia y otras que han observado en sus comunidades en el marco de un taller realizado para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres del estado de Guerrero, por la consultora CARAN a encargo de la Secretaría de la Mujer.

Los representantes del Instituto Municipal de la Mujer en Tlapa, por su parte, plantearon por la necesidad de que los Centros de Atención en Acapulco, Chilpancingo (CAIV´s) y el Centro de Justicia en Chilpancingo para mujeres, reduzcan sus requisitos y modifiquen sus formatos para admitir a mujeres que padecen violencia.

Se afirmó que en dichos centros se exige que la mujer sufra violencia extrema y que no tenga ningún familiar que la pueda alojar así como detalles en las edades de los hijos que pueden llevar al refugio por lo cual se solicitó la disminución de los requisitos para su atención ya que pareciera no llenar a las autoridades ver el ojo morado de una mujer.

Las representantes apremiaron a que la Secretaría de Asuntos Indígenas mejore su atención con las mujeres incluyendo abogadas que las orienten en su lengua original y se cite a jueces, presidentes municipales y autoridades para talleres que les orienten hacia un servicio con perspectiva de género.

Ita, activista que trabaja desde hace años en Cochoapa y Metlatónoc mencionó el alcoholismo como uno de los problemas que acrecientan la violencia familiar, aunados a la discriminación y sobre todo al racismo que sufren las mujeres en su entorno rural indígena.

Señaló que existe una mala aplicación de programas de gobierno como el de Oportunidades anexándoles a la situación procesos de aculturación de los pueblos y la falta de aplicación de justicia por parte de ayuntamientos municipales, comisarías, delegaciones a los agresores de mujeres y sus familias.

La activista criticó, en otro ejemplo, que las mujeres después de guardarse sus sentimientos viajan al médico desde la madrugada para encontrarse con que el médico no está o no hay laboratorios, rayos X ni ginecólogas que las atiendan; eso es violencia del Estado, atajó, así como las mismas festividades religiosas han llegado a fomentar el alcoholismo y por ende la pobreza.

En espera de atención en Tlapa Foto: red

Casos de maltratos

Mary, mujer de Iliatenco señaló que aunque se ha buscado informar a la gente del municipio, aún hay casos de niñas maltratadas obligadas a no ir a la escuela por el padre con el permiso de la madre.

Joaquina por su parte, recordó que una abuela de su comunidad no les proporciona buen trato a sus cinco nietos, los deja solos, los golpea e incluso a una de las niñas al no llegar a dormir a la casa le untó chile en la vagina, sin embargo sus padres llevan varios años en los Estados Unidos de Norteamérica sin responder por sus hijos e hija.

En casos de aborto, recordó que comisarios no han atendido los casos diciendo que no pasaba nada o hay mujeres que aunque el marido las golpea se echan la culpa o lo justifican, ella pidió labores de prevención de violencia contra las mujeres pero también atención a los jóvenes estudiantes.

En otra participación, Ita, na savi originaria de Metlatónoc reprochó que “se quiere aplicar modelos mundiales cuando no ayudan a entender la región ni municipios como Cochoapa o Metlatónoc en los que prevalece violencia y discriminación, en las escuelas se quieren aplicar enseñanzas que traen contextos estatales o nacionales pero son inadecuadas las políticas de gobierno”.

Tras preguntar ¿dónde están las candidatas? Incluídas dentro de nuevos cargos públicos, pidió que las y los jóvenes sean incluidos en programas relativos al tema de atención y prevención de violencia contra las mujeres para que acompañen la difusión de información, salud, medicina preventiva, es decir, fuentes de empleo para gente de las propias comunidades e inclusión de la juventud en le desarrollo social.

Jaquelin, mujer activista sugirió una coordinación interstitucional entre el Estado, y la sociedad civil para que así se acepte y gratifique el trabajo de las ONG que han trabajado sin soporte económico labores en pro de la mujer, remarcó que es obligación de los ayuntamientos gastar verdaderamente sus partidas en atención a la mujer.

Otra opinión, abrió el cuestionamiento de la atención que brinda las instancias para la mujer a las trabajadoras sexuales.

 

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Justicia pendiente

Gobierno de Guerrero busca prolongar condena a preso político Jerónimo Hernández tras 20 años de prisión

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OCSS presos politicos

OCSS denuncia que el Gobierno federal y estatal utilizan doble discurso, porque en los hechos obstaculizan la liberación de los presos políticos

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur señaló que el gobierno del Estado de Guerrero busca que se sume otra pena de cuatro años de prisión al preso político y sobreviviente de Aguas Blancas, Jerónimo Hernández Refugio, después de cumplir su condena de 20 veinte años de cárcel.

Hernández Refugio fue sentenciado a 20 años de prisión por el supuesto delito de secuestro, que está por cumplir en este mes de diciembre debido a que se encuentra privado de su libertad desde el año 2002. Sin embargo, el Gobierno de Guerrero, a través del Director General de Reinserción Social en el Estado, Isaías Juárez Martínez, pretende sumarle una sentencia más de cuatro años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, Armada y Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, con lo cual su privación de libertad se prolongaría hasta el 2026.

El abogado defensor de Jerónimo Hernández Refugio, Hegel Mariano Ramírez, señaló que es cierto que existe una diversa sentencia de cuatro años en contra de Jerónimo, pero no se está tomando en cuenta el tiempo que estuvo en prisión preventiva, por lo que no existe fundamento para que ahora se le sumen cuatro años más; circunstancia que debatirán este día en una audiencia ante la Jueza de Ejecución.

Por esta razón, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) reprochó el doble discurso de los gobiernos federal y estatal, con quienes se han establecido mesas de trabajo y han señalado su disposición para dar seguimiento y propiciar la salida de los presos políticos, pero en los hechos no están otorgando ningún apoyo, y al contrario, en ocasiones como ahora se convierten en el primer obstáculo para la libertad de sus compañeros.

jeronimo hernandez ocss

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Justicia pendiente

Respuesta de José Humbertus Pérez por calumnias de Sergio Villafuerte, director de Milenio Estado de México

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El director de Milenio Edomez, Sergio Villafuerte, lanzó calumnias contra José Humbertus Pérez, director de PIDH

 

¡Imaginemos que confianza pueden dar las personas que se venden con las autoridades que tienen familiares en prisión¡

 

Sergio Villafuerte
Director General de Milenio Estado de México

PRESENTE:

Mucho le agradecería que se incluyera en su diario en la edición impresa y digital de mañana lunes 5 de diciembre de 2022 en la nota principal, a ocho columnas y con la misma tipografía, mi nota aclaratoria por la falsa, perversa y calumniosa información que publicó el 1 de diciembre de 2022 el periodista Mario C. Rodríguez, titulada: “Denuncian mujeres a Humbertus Pérez por abuso y violencia”.

Quiero destacar que el Diario Milenio Estado de México tiene mucho años que no publica temas del activismo social y en defensa de los derechos humanos que vengo defiendo desde el año 2007 en todo el Estado de México y de un día para otro me convierto en tema de noticia principal para su diario.

Incluso en la nota publicada el 1 de diciembre de 2022 se faltó a la imparcialidad, objetividad y transparencia que deben aplicar los periodistas en sus investigaciones, máxime por lo gravedad de las acusaciones, el periodista Mario C. Rodríguez antes de hacer la publicación, tenía el deber ético de tomar mi versión y publicar para que los lectores tuvieran su criterio propio.

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Lo más grave, no obstante que desde el 1 de diciembre de 2022 le acredité con pruebas, que estas acusaciones son falsas y que las personas que hoy me denuncian fueron expulsadas de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH, A.C.) por desplegar diversas conductas que las acreditamos al periodista Mario C. Rodríguez y que continuación describimos:

El primer caso María “N”, se le otorgó la garantía de audiencia el 1 de mayo de 2020, para que diera una explicación por las graves acusaciones de extorsionar a Personas Privadas de la Libertad (PPL), reunión a la que no asistió, se le acreditaron depósitos a su cuenta bancaria por la cantidad de $60 mil pesos de las personas extorsionadas, además de otras acusaciones que no fueron atendidas y por resolución del pleno de la mesa directiva se le expulsó de nuestro movimiento. (Se anexaron pruebas de los vouchers están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Segundo caso Gabriela “N”, fue electa tesorera por el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022, durante su desempeño se le solicitó en reiteradas ocasiones por la mesa directiva, que presentara los informes mensuales: contables, financieros y fiscales, pero nunca los presentó, también los comprobantes que se le entregaron por los gasto de gasolina, casetas, fotocopias, comidas entre otros.

También se le pidió que entregaran los ingresos totales de los depósitos de las rifas, aportaciones para las rentas de salón y nunca más se volvió presentar a PIDH, A.C. desde el mes de marzo de 2022; pues era importante la información contable, en virtud de que en el mes de abril de 2022 se realizaría la Asamblea Ordinaria de la A.C. para cambiar la mesa directiva incluyendo a la tesorera. El pasado 25 de octubre de 2022 en la asamblea se nombró un nueva tesorera, en la Asamblea General, en el pleno de PIDH, A.C. se votó por unanimidad para que se presentaran la denuncia penal y demanda civil, entre otras.

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Incluso en un primer momento Gabriela “N”, se quedó con nosotros, quién en una reunión que tuvimos con familiares de los penales de Otumba, Texcoco y Zumpango, señaló que María “N”, le cobró varias “asesorías jurídicas”, incluso nos entregó unos vouchers, en donde, nos hizo de nuestro conocimiento que esos pagos se hicieron para contratar a unos sicarios del Estado de Sonora para que atentaran en contra la vida del ofendido que acusaba a su hijo por el delito de feminicidio. (Tenemos los 3 vouchers en nuestro poder de los depósitos y que acreditan que esta testimonial forma parte de una investigación en diversa fiscalía).

María “N” comenzó una campaña de violencia contra la menor de edad (niña) y de género, denuncia que fue interpuesta y que la Fiscalía general de Justicia del Estado de México conoció de estas conductas, concretamente el vicefiscal Rodrigo Archundia Barrientos, pero se niegan a integrar la investigación cuando se trata de proteger políticamente los delitos y fabrican delitos a falsos culpables, incluso no se ha querido incorporar la comparecencia de varias compañeras para que rindan su testimonio como pruebas. Entre éstas, que María «N» les llamó para que me acusaran de acoso y abuso sexual. (Se anexaron pruebas que están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Tuvimos conocimiento que una vez que la tesorera Gabriela “N” que no presentó los ingresos y gastos de PIDH, A.C., se volvió a unir con María “N”, quién la acercó al Colectivo Zeferino Ladrillero, quienes apoyaron y comenzaron la denuncia penal en mi contra que interpusieron desde el mes marzo de la presente anualidad, y que sorpresivamente hoy la dan a conocer, violentando el debido proceso y mi presunción de inocencia.

Es muy importante señalar que la estrategia perversa para dañar a un servidor y a PIDH, A.C., se acredita con la propia publicación del 1 de diciembre de 2022, en donde el periodista Mario C. Rodríguez concluye señalando que “Agrupaciones como Haz Valer Mi Libertad y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dan seguimiento a los casos y arropan a los familiares de presuntos inocentes en prisión».

La estrategia fue desprestigiar a PIDH, A.C. y fortalecer a los colectivos “Haz Valer Mi Libertad” y al “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, cuando estos dos organismos perdieron todas las amnistías que interpusieron desde el 20 de enero de 2021; esto se acredita con el Amparo en Revisión 218/2021 y el diverso Amparo en Revisión 215/2021, resuelto el primero por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el segundo  por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito ambos ubicado en la Ciudad de Toluca.

Los colectivos mencionados: ¿arroparon y dieron seguimiento a los casos? No es verdad, perversamente lucraron con el dolor de los familiares, mismos a los que obligaron a raparse, sacarse sangre, denigrarlos bañándolos públicamente simulando estar en prisión, vestirse de Reyes Magos y la cabalgata de la mediocridad jurídica, toda vez que cuando ellos realizan estas “protestas” sus solicitudes de amnistías que ingresaron el 18 de marzo de 2021 en la CODHEM se les habían negado desde el 31 de agosto de 2021 y que en la página 4 del  Amparo en Revisión 218/2021 se señala “tuvo por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Antonio Duque y Fabiola Vite Torres” Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Ante la perdida de su estrategia jurídica en las solicitudes de amnistía el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió clemencia y ser oídos por el Gobierno del Estado de México, ¿Por qué no hablar con la verdad a las personas que dicen arropar y que siguen sus casos? Simplemente, porque negociaron con los verdugos de los falsos culpables, la libertad por la lucha y la verdad por la infamia, tenemos pruebas como este colectivo en tan sólo tres casos cobraron aproximadamente $290 mil pesos por tres amparos de tres amnistías perdidas y ahora hasta se olvidaron de los familiares, lo más triste que los PPL no obtuvieron su libertad.

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PIDH, A.C. no perdido ninguna solicitud de amnistía y actualmente tenemos interpuestos 10 amparos colectivos por las resoluciones de la CODHEM, de resolver opiniones consultivas desfavorables (que no perdidas de amnistía).

No somos lo mismo, tenemos otros datos y los damos a conocer que en el Informe Justificado del Amparo Indirecto número 884/2022 rendido por el diputado Sergio García Sosa, Presidente de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México, presentó la relación de las solicitudes que han sido negadas por los organismo que tenían que emitir las citadas opiniones consultivas, y ahí aparecen todos los nombre de las y los PPL que perdieron sus solicitudes de los colectivos que son de: “Haz Valer Mi Libertad” y el “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, como los casos de Cristóbal “N” y Daniel “N” entre otros, pero lo más deshonesto y perverso es seguir lucrando con la amnistía, que ni un punto y coma no obstante de haber estudiado Derecho no escribieron, y mucho menos hicieron ninguna propuesta para de Ley de Amnistía.

La campaña de desprestigio, calumnias, cobrar por la amnistías y por delitos de violencia a la mujer tiene como objetivo debilitar la Segunda Marcha Nacional de los Falsos Culpables, los acuerdos de la mendicidad jurídica dieron frutos para la traición, y son muchos los intereses para detener a nuestro colectivo.

Señalamos como el director Editorial de Milenio Diario Sergio Villafuerte se comprometió a publicar mi réplica y hasta el día de hoy no se ha publicado nuestro desmentido.

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Finalmente sabemos que uno de los personajes (de muchos más) que están detrás de esta estrategia de perversidad es el diputado Sergio García Sosa, cuyos colaboradores fueron acusados de acoso laboral y contra el director Editorial de Milenio Estado de México Sergio Villafuerte pesan en sus espaldas diversas acusaciones de acoso laboral y que la autoridad del Ministerio Público no ha querido integrar las respectiva carpeta de investigación porque hace uso político de la justicia.

La negativa de darme el derecho de réplica sólo tiene una respuesta, la estrategia de fabricar delitos, para esto se necesita la perversidad; estamos ciertos que el directivo de Milenio Diario Sergio Villafuerte operó esta infamia, no importando que fue nombrado integrante del “Mecanismo para la Protección de Periodistas del Estado de México”.

 

RESPETUOSAMENTE

LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA
FUNDADOR DE PIDH, A.C.

Evidencias de fraude de Gabriela «N»

 

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Juez niega prisión domiciliaria a Murillo Karam

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Un juez le negó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam

El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia Fuerte, negó cambiar la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que fue aprehendido desde agosto pasado.

El juzgador ordenó que el ex funcionario federal permanezca en prisión preventiva justificada, aunque en la Torre Médica del penal de Tepepan, por lo cual deberá permanecer en reclusión por las imputaciones que existen en su contra.

Para saber más del caso: UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero

La defensa legal del ex gobernador de Hidalgo alegó que debería permanecer en su domicilio, debido a las complicaciones de salud que ha presentado durante meses, no obstante, esta petición fue rechazada y será atendido médicamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El juez también determinó fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria contra el también ex senador, debido a que fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

Según la defensa legal de Murillo Karam, quien se desempeñó en diferentes puestos durante la administración de Enrique Peña Nieto, necesita de atención médica especial, ya que padece hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral, pero el juez consideró que existe el riesgo de que se dé a la fuga y por ello debe seguir recluido.

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También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Murillo Karam por lavado de dinero, debido a que no comprobó millones de pesos que recibió en distintas cuentas bancarias que usaba para fines personales y a través de familiares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

 

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