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Mujeres de Olinalá en riesgo de secuestro por narcotraficantes

Las mujeres de Olinalá son buscadas pro narcotraficantes que coptaron a sus novios y familiares, un asunto ignorado por las autoridades

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Habitantes de Olinalá se arman para proteger a su comunidad Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

OLINALÁ, Guerrero.- Ciudadanos de Olinalá se organizaron para vigilar en retenes las entradas de la comunidad desde el sábado 27 de octubre y solicitaron la atención inmediata de autoridades federales para solucionar la falta de seguridad pública que existe en el municipio guerrerense, ante el alto riesgo para las mujeres menores de edad de ser secuestradas por el crimen organizado.

Las denuncias fueron hechas por habitantes que pidieron se omitieran sus nombres por razones de seguridad, e hicieron un llamado urgente incluso a la Marina nacional, a embajadas o consulados de algún país para que proporcionen asilo político a once jóvenes menores de 17 años.

Se trata de adolescentes originarias de Olinalá de las cuales algunas de ellas dieron una relación de personas que estaban en riesgo de ser secuestradas. Algunas de ellas eran novias de jóvenes que fueron cooptados por la delincuencia organizada para vender droga o ser “halcones”.

“Tememos por la vida de las muchachas, oor lo que solicitaremos asilo político para ellas en otros países. En Internet todas tienen en sus páginas un moño negro en señal de amenaza”, advirtió una de las personas que declararon en el retén de la carretera que conduce a Tlapa.

“Pedimos a algún país, embajada o consulado que les den asilo, y a las autoridades que vean que harán porque ellas no se pueden quedar a la deriva, corren peligro por la información que nos aportaron y lo que saben, están asustadas y se refugiaron con nosotros, pero cómo le haremos, por eso el llamado urgente”, enfantizó la persona declarante.

El problema de inseguridad que tiene un antecedente desde hace al menos diez años, se agudizó el mes de octubre con levantones y el asesinato de un chofer. El sábado, en víspera de la conmemoración del Día de Muertos o Todos Santos mexicano, se avisó que presuntamente otro transportista de la ruta Olinala-Tlapa, lo cual aunque fue falso alertó a los ciudadanos que se reunieron y repicaron de las campanas en señal de alerta.

Habitantes de la cabecera de este municipio de La Montañ,a destacado por su arte en laca y madera. tomaron las armas y establecieron retenes y puestos de vigilancia en las entradas de la comunidad, además de capturar a individuos que los grababan y tomaban fotografías aunque después los sospechosos fueron liberados a los veinte minutos por la policía municipal.

El jueves primero de noviembre, cuando Los Ángeles Press acudió a la localidad, se conoció que a pesar de los retenes y las llamadas de apoyo emitidas por la ciudadanía, los gobiernos han minimizado o bloqueado la información sobre la situación.

Ese día por la tarde, el subsecretario de Seguridad Pública en el estado se reunió con el alcalde pero no con la Comisión de Supervisión y Vigilancia que coordina las acciones de los ciudadanos organizados.

En cierto punto de la búsqueda de información en la cabecera, un sujeto siguió por algunas cuadras a este reportero y otro periodista de Tlapa para después perderse en una calle. Algunos vecinos del lugar cuestionaron a las autoridades el porqué si se daban cuenta de que andaba gente en camionetas mostrando armas no hayan hecho nada.

Ciudadanos armados para la defensa de toda su comunidad, aseguraron tener respeto a las autoridades pero a éstas les exigieron una respuesta porque de lo contrario con que garantía podrían levantar las trincheras.

Agregaron que requieren una respuesta y la seguridad de que instalarán sus retenes y los hombres podrán volver a trabajar aunque acotaron que nunca se desorganizaran en la tarea se crear un Frente Ciudadano para formalizar su policía comunitaria que de rondines como antaño se hacía.

Al asegurar que persiste el toque de queda desde las diez de la noche, otra persona indicó que están pidiendo a gritos que las autoridades pongan sus ojos en ellos, que vayan en su auxilio porque están vida de por medio.

“Que vengan personalmente funcionarios, esta tranquilo pero porque estamos puestos si no hubiera más muertos y no queremos eso queremos el respaldo de las autoridades”. Otra de las voces fue la de un hombre que dijo no querer a la Policía Municipal, “hay confianza en el Ejército pero hay referencias que nos hayan llegado de que La Marina actúa de mejor manera contando con personas de civil”.

En la cabecera se observaron militares del 93 Batallón en camiones o a pie que resguardaban el ayuntamiento y algunas calles.

Durante la entrevista a los vigilantes ciudadanos, uno de ellos leyó una breve carta en la cual piden ayuda a todo el país asegurando que tienen temor de que los dejen solos, por otra parte ratifican la solicitud de la visita de un representante del gobernador y del gobierno federal encabezado por el saliente presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, desde la Ciudad de México.

“No están acudiendo los estudiantes a las escuelas, la gente ya ha perdido la confianza en las autoridades locales pero los días transcurren sin que algún representante venga a brindarnos ayuda”, ni siquiera el agente del Ministerio Público no lo conocemos agregó a la declaración otro ciudadano.

A decir de un quejoso, el problema tiene un antecedente fuerte desde hace diez años, una larga cola que comenzó en el 2000 con secuestros y levantones ante lo cual poco hicieron las autoridades municipales desde entonces, “no se pude echar toda la culpa a la autoridad actual, sino a todas las autoridades que han estado desde aquella fecha”, apuntó.

De los problemas recientes de seguridad, se indicó que en menos de un mes se registraron siete levantones y un asesinato a un transportista.

Otra de las voces escuchadas en la entrevista reiteró que son civiles que respetan a la autoridad pero que le solicitan les permita organizarse y hacer rondines, “se debe poner un hasta aquí a los jóvenes que andan en camionetas blindadas de un lado a otro, no porque tengan compromisos políticos los diputados, senadores, presidente, síndico, regidor o cualquier otra autoridad, le permitan impunidad a la delincuencia.

Y es que a decir de los ciudadanos hay señalamientos directos sobre autoridades municipales o estatales que no les conviene que los sujetos que fueron liberados por grabar o tomarle fotografías a los ciudadanos organizados puedan declarar, “se sospecha que alguien está metiendo la mano para que no descubramos lo que tenemos que descubrir, nos están bloqueando porque no les conviene”, reclamaron.

Por su parte el edil, destacaría que existía un sesgo político en los hechos, otro funcionario, soltó al aire que se trataba de una mujer quien estaría movilizando sin razón a los habitantes. Lo cierto es que los entrevistados no dieron seña de ambición política, llamaron en repetidas ocasiones a las fuerzas federales, léase La Marina al desconfiar en las autoridades municipales y estatales.

La situación, es una especia de réplica de lo ocurrido en Huamixtitlán, municipio conectado con Olinalá a través de Cualac, en donde varios sujetos aparentemente sicarios armados, levantaron por varias horas a 17 personas.

En esa ocasión, ciudadanos e integrantes del Frente Ciudadano de Seguridad en Huamixtitlán, molestos desarmaron a la policía municipal, quemaron las oficinas de la Policía Ministerial, patrullas y junto con habitantes de otros municipios lograron la detención de varios sujetos. Al alcalde interino lo golpearon y hubo intención de lincharlo aunque finalmente no ocurrió.

En otros poblados de Olinalá, indígenas nahuas como los de Temalacatzingo, están organizándose para conformar una Policía Ciudadana Popular que funcione de manera similar a la Policía Comunitaria asentada desde hace 17 años en La Montaña y Costa Chica de Guerrero.

Otra medida de seguridad en el bloqueo de carretera en Olinalá Foto: Rogelio Agustín Esteban

Urgen ciudadanos a autoridades federales investigar delincuencia organizada

Los ciudadanos de Olinalá solicitaron a funcionarios estatales informar a instancias federales la situación de la cabecera municipal para que éstas se aboquen a investigar a fondo el problema de delincuencia organizada que prevalece a fin de erradicar el crimen y capturar a sus autores materiales e intelectuales.

Sin embargo, el problema ha sido invisibilizado por las autoridades estatales y municipales, e incluso el gobierno federal no ha puesto sus ojos en el conflicto, sólo ha enviado a elementos del ejército a observar la comunidad. Lo anterior fue el eco de varios vecinos en la reunión que sostuvieron con el alcalde Eusebio González Rodríguez, los funcionarios estatales; Rossana Mora, subsecretaria de Gobierno de Desarrollo Político y Moisés Alcaraz, director general de Gobernación.

«Hasta el momento ninguna instancia se ha acercado para investigar la situación de personas en riesgo de secuestro», denunciaron, se trata de las adolescentes que habían sido cooptadas y amenazadas por la delincuencia organizada o la información que existe respecto a dónde están y quiénes son los probables cabecillas que mueven la delincuencia en el poblado.

Comunidad pide Ministerio Público de tiempo completo

La comunidad de Olinalá, de acuerdo a la denuncia de ciudadanos que solicitaron a los medios presentes no publicar sus nombres, enfatizaron en la ineficacia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero en el municipio, y dijeron no contar con personal del Ministerio Público que cubra horario completo.

«No se realizan tareas especiales de peritaje, por lo que no se cree en el Ministerio Público», aseguró un ciudadano. “La policía municipal no me apoyó cuando denuncié a un hombre que me robó, al acudir al MP, el perito me pidió mordida para trabajar en el caso del tipo que me quería cobrar cuota”, denunció la persona.

la funcionaria Mora Patiño prometió que la seguridad mejoraría en el municipio y se acreditaría a nuevos policías municipales. Además, instó a las personas a permitir la reanudación de clases, desinstalar los retenes y continuar con sus actividades bajo la promesa de que sus inquietudes serían llevadas al gobernador y al secretario de Gobierno.

Por su parte el alcalde solicitó en varias ocasiones a los funcionarios apoyo del gobernador para la construcción de algunos puntos de vigilancia en las entradas de la cabecera y prometió tener tres de dichos puestos de control para julio del próximo año.

Mora Patiño aunque aseguró que no era su materia, reiteró el tema de la certificación de la policía y dijo los pasos para el proceso de certificación de policías municipales.

Moisés Alcaraz, titular de Gobernación, descalificó a una periodista en su intervención ante vecinos, luego de que le preguntaran sobre la visita de presuntos agentes de la Dirección General de Gobernación el jueves, “no acudió personal de la dirección, esa periodista a lo mejor ni conoce Olinalá pero una persona le informó que vino gente de Gobernación”.

Después agregó que Gobernación no tiene ninguna facultad para detener a nadie y que era un ente de acuerdos y consensos reiterando que nadie bajo su cargo acudió a la cabecera municipal. Detalló que él fui quien le hablo al presidente pero no así pudo hacerlo con los ciudadanos sobre una nota extensa donde se menciona a presuntos agentes de gobernación.

Aclaró que quien sí acudió fue el subprocurador de Justicia en Guerrero Fernando Monreal -aunque éste no se comunicó con el Consejo de Supervisión y Vigilancia- y después reviró que no quería decir que no estén al tanto, “yo a los treinta minutos que sucedieron los hechos lo sabíamos, no anteriormente”. Fue cuestionado por una señora que le preguntó si antes no le habían pasado ninguna información de la situación en Olinalá y aseguró “no, no soy policía mi trabajo es político”.

En una intervención, se solicitó la opinión de la persona que se presentó por parte del Gobierno Federal lo que causó cierta polémica sin embargo el sujeto “observador” pidió a la gente no salirse del tema e indicó que solo estaba hay para escribir y mandar información.

En respuesta a la petición de la permanencia del ejército en la cabecera municipal, Mora Patiño señaló que le compete al gobierno federal pero que sabía que las Fuerzas Armadas tenían funciones específicas que no son las de resguardar comunidades pero a través del programa Guerrero Seguro podría ser recogida la inquietud que comunicaría Humberto Salgado al núcleo operativo de dicho programa.

Si bien fue aceptada la propuesta de Mora Patiño de ejecutar la certificación de Policía Preventiva Municipal, hubo voces que pidieron apresurar las acciones o incluso arraigar a los policías que se les había observado platicando con sospechosos en lugares como la cancha de la colonia San Francisco. La subsecretaria pidió en repetidas ocasiones los nombres de la comisión de ciudadanos formada oficialmente para reconocer quienes eran los interlocutores.

En el encuentro efectuado en una sala del ayuntamiento, se recordó a funcionarios que la situación de delincuencia que afecta a la población desde hace aproximadamente diez años y la cual se agudizó en el último mes, tuvo su punto crítico luego de la muerte de un taxista que no quiso pagar cuota.

Se denunció que después de eso, un vehículo logró salir del pueblo luego de que alguien aparentemente les avisó a los sujetos que tiraban droga y cobraban cuotas”. Otra persona señaló que el Ejército les pidió a las personas de los retenes que retiraran sus armas. Asimismo un hombre comunicó que se registró en uno de los retenes un incidente de una bala perdida pero no hubo lesionados.

Otros ausentes nombrados por el ciudadano fueron los diputados federales y locales, una de ellas es la ex alcaldesa de dicho municipio Luisa Ayala Mondragón. “¿Dónde están?”, preguntó.

Un hombre de la comunidad, dijo a los asistentes que existía un problema cultural en la población joven, “ya no sueñan con ser médicos o maestros, ahora quieren ser narcotraficantes” por lo que pidió mano dura por parte de las autoridades lo que fue secundado por Mora Patiño que pidió mano dura en la casa. El municipio no cuenta con alguna instancia que atienda directamente a los jóvenes.

Las barricadas continuarán y se prevé una próxima reunión entre la funcionaria, el alcalde y quizá el Consejo de Supervisión y Vigilancia para el próximo martes.

 

 

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Condor Gold pone a la venta proyecto Mina La India en Nicaragua tras sanciones del Departamento de Estado de EEUU

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Condor Gold puso a la venta la Mina La India tras sanciones del Departamento de Estado de EU

La compañía minera británica Condor Gold puso a la venta su proyecto de oro a cielo abierto Mina La India en Nicaragua, un mes después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impusiera sanciones a la Dirección General de Minas en Nicaragua, y al Ministerio de Energía y Minas.

Los directivos dijeron que lo mejor para la empresa era deshacerse de sus activos, y en el sitio web mining.com, especializado en temas de la industria minera, informaron que el directorio de Condor Gold revisó las opciones de la compañía, incluida la etapa de financiamiento y construcción como una compañía de un solo activo y una sola jurisdicción sin producción de oro existente.

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En este sentido, concluyó que lo mejor para la empresa y todas las partes interesadas era deshacerse de sus activos, por lo cual contrató a Hannam and Partners para ayudar con la venta.

Condor Gold completó en octubre un estudio de factibilidad definitivo para La India, que confirmó el plan de la minera de construir una mina en dos etapas, con dos pozos de alimentación adicionales permitidos de alta ley que se pueden agregar durante los primeros años de producción”, explican.

También señalan que el estudio Mina La India tiene la capacidad de producir un promedio de 81, 524 onzas de oro por año durante los primeros 6 años de los 8,4 años de vida útil de la mina, con un costo de capital inicial relativamente bajo de $106 millones, informó el presidente ejecutivo Mark Child.

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Asimismo, Child explicó que los dos pozos de alimentación adicionales pueden impulsar la producción inicial a más de 100.000 onzas de oro al año, con una expansión de etapa 2 a 150.000 onzas de oro al año.

Según la empresa le otorgaron concesiones en Nicaragua en el 2016. Desde entonces, consideran que ha despegado el sector minero debido a la llegada de empresas extranjeras con el dinero y la experiencia para aprovechar las reservas existentes.

El proyecto Mina La India cubre un paquete de terreno de 588 km2, que cuenta con 12 concesiones contiguas y adyacentes.

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Fuente: 100noticias.com.ni

 

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Suspensión de derechos civiles en El Salvador a miembros de la comunidad LGBTI

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SAN SALVADOR – Las redadas policiales contra pandilleros en El Salvador, en el contexto de la suspensión de derechos civiles, ha alcanzado a personas de la comunidad Lgbti en El Salvador, y todo apunta a que han sido detenidas por razones de odio a su identidad sexual.

Testimonios recogidos por IPS revelaron que en algunas de esas detenciones privó una actitud de odio hacia personas gais y sobre todo transexuales, por parte de efectivos autoridades policiales.

“Casos así, que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”, dijo un activista de Cultura Trans, una organización con base en San Salvador, del colectivo Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

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Un policía detiene a un joven en San Salvador y le revisa la espalda y otras partes del cuerpo para ver si posee tatuajes alusivos a pandillas. Foto: Policía Nacional Civil

Un policía detiene a un joven en San Salvador y le revisa la espalda y otras partes del cuerpo para ver si posee tatuajes alusivos a pandillas, uno de los parámetros con que las autoridades persiguen a miembros de esos grupos criminales en El Salvador. Desde la instauración del régimen de excepción, se han detenido a 58 000 personas, en muchos casos en forma arbitraria, entre ellos miembros del colectivo LGBTI. Foto: Policía Nacional Civil

Odio a los homosexuales y trans

El activista, quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo que un miembro de esa organización, un hombre gay conocido como Carlos, se encuentra detenido desde el 13 de julio, por denunciar la captura, realizada dos meses atrás, de su hermana Alessandra, una mujer trans.

Las autoridades los han acusado de agrupaciones ilícitas, la figura legal de la que se vale el Estado para detener a quienes considera pandilleros o colaboradores de pandillas, en el contexto del régimen de excepción.

“Fue un caso montado el de Carlos, fue inventado, nuestro compañero es un activista en derechos humanos en la comunidad trans, tenemos documentos que demuestran que él participa en nuestros talleres, en nuestras actividades”, dijo la fuente.

La suspensión de algunos derechos civiles, conocido como régimen de excepción, está vigente en El Salvador desde el 27 de marzo, fecha en que el gobierno de Nayib Bukele inició una cruzada contra las pandillas delictivas, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante, Nuevas Ideas.

Esos grupos criminales han sido responsables de la mayoría de crímenes cometidos en este país centroamericano, desde hace décadas.

“Casos así (de detenciones arbitrarias), que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”: Cultura Trans.

La Constitución indica que la vigencia del régimen de excepción es de 30 días, prorrogable por un periodo igual. Pero una laguna legal, al no establecer un periodo exacto de determinación, ha permitido al gobierno y la Asamblea prorrogar la medida cada mes, bajo el argumento de que así se hizo durante los años 80, en plena guerra civil (1980-1992), cuando imperó ese régimen de excepción.

Esa interpretación solo podría ser modificada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero Bukele impuso, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, en esa sala a cinco magistrados de su confianza, en mayo de 2021, en lo que supuso según sus críticos el comienzo de una deriva autoritaria del gobernante, dos años después de llegar al poder.

Desde  ese 27 de marzo, las autoridades policiales y militares han capturado y encarcelado a unas 58 000 personas.

En la mayoría de los casos no hay órdenes de capturas emitidas por un juez, y las detenciones tienen como base, en general, expedientes de pandilleros en poder de los organismos policiales a autoridades.

Además, progresivamente se han sumado denuncias anónimas realizadas por la población a un centro de llamadas habilitado por el gobierno.

“El régimen de excepción te expone a un fiscal ineficiente, incapaz de investigar y de vincular delitos con personas”, señaló a IPS William Hernández, director de Entre Amigos, una organización Lgbti fundada en 1994.

Agregó: “Si a algún policía se le ocurre hacerte una ficha, salen a buscar a la gente, pero nadie ha dicho quién hace la ficha, de dónde sale la información, nadie sabe quién investigó”.

Entre esos 58 000 detenidos se encuentran unas 40 personas de la comunidad Lgbti, según reveló un informe hecho público en octubre por Cristosal y otras organizaciones de derechos humanos que monitorean los abusos cometidos por el Estado salvadoreño en ese régimen de excepción.

Esas organizaciones han recogido unas 4000 denuncias de detenciones arbitrarias y otros abusos, incluso torturas, cometidas contra los detenidos. Alrededor de 80 personas han fallecido en manos del Estado, mientras permanecían en prisión.

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Carlos, un hombre gay que denunció la detención de su hermana Alessandra, una mujer trans capturada en mayo por policías salvadoreñas, acusada de pertenecer a grupos de pandillas. Foto: Cortesía de Cultura Trans

Carlos, un hombre gay que denunció la detención de su hermana Alessandra, una mujer trans capturada en mayo por policías salvadoreñas, acusada de pertenecer a grupos de pandillas. En julio él también fue detenido y hasta ahora poco se sabe de ellos, al amparo del régimen del régimen de excepción en El Salvador, que ha llevado a la cárcel a 58 000 personas. Foto: Cortesía de Cultura Trans

Homotransfobia policial

En el caso de Carlos, de 32 años, y de su hermana Alessandra, de 18, lo que sabe es que ella fue detenida en mayo, en uno de los operativos policiales, en un barrio pobre en el norte de San Salvador.

La capturaron por no tener su documento de identidad personal. Ella había cumplido recientemente sus 18 años, la mayoría de edad y a partir de lo cual debería de haber obtenido ese documento para cualquier tipo de trámites.

Los policías que la detuvieron dijeron a la madre que se la llevaban solo por 72 horas, mientras se dilucidaba su situación.

Sin embargo, algo que pudo investigarse y resolverse fácilmente, se convirtió en una agonía para ella y para su familia, sobre todo para la madre, que enfrentaba varios achaques de salud, dijo el activista de Cultura Trans.

“Estaba en las bartolinas (calabozos) de la Zacamil (una delegación policial de ese barrio pobre), le fuimos a dejar alimentos, luego la enviaron al penal de Mariona, nos dimos cuenta de que había sido golpeada y abusada sexualmente, porque estaba en un recinto de hombres”, contó la fuente.

Agregó: “Cuando se llevaron a Alessandra, la mamá nos contó que los policías le decían, culero, te vamos a llevar a que te violen, a que te cojan, lo cual pasó de verdad. Te vamos a llevar para que aprendás a no andarte vistiendo de mujer”.

Culero es un término peyorativo usado en El Salvador contra los gais.

Mientras tanto, Carlos, el hermano, denunciaba en actividades de la comunidad Lgbti la detención de Alessandra.

En mayo, en una marcha contra la homolesbotransfobia, es decir, contra el odio los gais, lesbianas y personas trans, portó varios carteles hechos a mano pidiendo la libertad de su hermana.

Las autoridades llegaron a la casa de Carlos, y lo amenazaron con que pronto lo detendrían a él también, lo cual sucedió, en efecto, el 13 de julio.

Según la fuente, los agentes y fiscales montaron un caso y lo acusaron de agrupaciones ilícitas y piden una pena de 20 años de cárcel.

“No es por agrupaciones ilícitas, lo sabemos bien, es por ser un activista de derechos humanos en la comunidad Lgbti y por pedir la liberación de su hermana”, subrayó el activista de Cultura Trans.

“Lo queremos de nuevo con nosotros, al igual que a su hermana”, denunció.

William Hernández, director de la asociación Entre Amigos, señaló que la policía y la fiscalía realizan redadas contra presuntos pandilleros sin realizar las debidas investigaciones, que lleven a fundamentar las capturas o a liberarlos, si las personas son inocentes. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Subregistro oculta más casos

Las 40 personas detenidas de la comunidad Lgbti registradas, según los reportes de las organizaciones, representan una cifra pequeña del total de capturados, pero pudiera haber un subregistro de casos no documentados, sobre todo sucedidos en zonas rurales.

“En el país, aunque pequeño, pueden haber casos en lugares recónditos que ni saben ni nunca han acudido a una oenegé. Son casos que quedan invisibles,”, señaló a IPS Catalina Ayala, una mujer trans activista de Diké, organización Lgbti cuyo nombre denomina a la justicia en la mitología griega.

Ayala dijo que, pese a que ella personalmente no ha sentido ningún tipo de transfobia por parte de las autoridades, al caminar por las calles de San Salvador, ni que su organización tenga reportes concretos de casos como el de Alessandra, tampoco descartó que pudieran estar sucediendo.

“Creo que es positivo que las autoridades detengan a pandilleros, pero no a personas que nada tienen nada que ver con el crimen, o solo porque son Lgbti”, acotó.

La abogada de esa organización, Jenifer Fernández, dijo que hasta la fecha, como institución, han dado asistencia legal a 12 personas de la comunidad Lgbti detenidas, la mayoría de los casos vinculados a que no portaban sus documentos de identidad.

En uno de esos casos, sí hubo expresiones de parte de las autoridades policiales que pudieran entenderse como odio transfóbico, aunque también se puede entender que había una sospecha básica, pues era una mujer trans sin documentos de identidad personal.

“Era una chica de 25 años que nunca había tenido DUI, el documento de identidad, porque sufría de disforia y temía ir a registrarse, temía que le pidieran que se cortara el cabello, que se desmaquillara”, apuntó Fernández.

Disforia es la angustia clínica experimentada por algunas personas cuyas identidades de género no corresponden a las del sexo con el que nacieron y repercute en su discapacidad para desenvolverse socialmente.

“El acta de detención decía que era un pandillero disfrazado de mujer, que no sabían quién era, que ella decía un nombre, pero cómo se comprobaba eso sin el DUI”, explicó la abogada.

Añadió que, en general, con o sin régimen de excepción, las mujeres trans son las que más sufren de acosos, burlas y otras agresiones.

De los 12 casos, 11 personas ya están fuera de la cárcel, solo una permanece dentro porque, según la policía, sí hay evidencia de que pudo haber estado relacionado con pandillas, aunque se desconocen los detalles de esas evidencias.

Llamado a parar los abusos

El 11 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” cometidas por las autoridades salvadoreñas, en el contexto del régimen de excepción.

Además, abogó por el incumplimiento de las garantías judiciales, por lo que llamó al Estado “a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos”.

Entre los derechos constitucionales suspendidos desde el inicio del estado de excepción el 27 de marzo, se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.

También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que la legislación sitúa en un máximo de tres días.

El 16 de noviembre, la Asamblea Legislativa, controlada por el gobernante Nuevas Ideas, aprobó una nueva prórroga del estado de excepción, algo que viene haciendo al final de cada mes.

Diputados de Nuevas Ideas han asegurado que la restricción de derechos civiles se va a prorrogar hasta que sea necesario, detallando que será «hasta que se detenga al último pandillero». Se calcula que en este país de 6,7 millones de personas los grupos criminales tienen entre 60 000 y 70 000 miembros.

El partido de Bukele cuenta con 56 diputados, en una Asamblea de 84 legisladores, lo que se eleva a 60 con tres fuerzas aliadas, lo que le asegura una amplia mayoría absoluta.

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La red en lucha

Fritz Dorilas, octavo periodista asesinado en Haití, reporta Sociedad Interamericana de Prensa

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Fritz Dorilas periodista asesinado Haití

 

MIAMI. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Fritz Dorilas, el octavo abatido este año en Haití. La organización subrayó la inseguridad en la que trabajan los comunicadores dentro del clima de violencia generalizada que golpea al país caribeño.

Fritz Dorilas, coanfitrión del programa sabatino «El derecho, la ley y la justicia» (Le droit, la loi et la justice), de Radio Megastar, fue asesinado el 5 de noviembre en la comuna de Tabarre, al noreste de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Dorilas fue baleado cerca de su domicilio por individuos armados durante enfrentamientos entre pandillas, según medios locales. Otra información señaló que el periodista fue sacado a la fuerza de su vivienda en Carradeux y luego ejecutado mientras ocurría el tiroteo. La policía aún no confirmó los hechos.

El nuevo presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión del The New York Times Company, de Nueva York, Estados Unidos, condenó el crimen contra el periodista y reiteró el compromiso y la solidaridad de la organización con los colegas haitianos.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, añadió: «Seguimos lamentando crímenes contra periodistas este año sangriento en nuestra región». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instó a las autoridades a investigar los móviles del crimen y administrar justicia. Agregó que «la falta de justicia incentiva aún más a los violentos».

El asesinato de Dorilas se suma a los crímenes de otros siete periodistas haitianos este año. Ellos son: Romelo Vilsaint, Radio Télé Zenith, asesinado el 30 de octubre; Tess Garry, Radio Lebon FM, 24 de octubre; Frantzsen Charles, FS News, y Tayson Lartigue, Tijèn Jounalis, 11 de septiembre; Maxihen Lazarre, Rois des infos, 23 de febrero; Wilguens Louissaint, colaborador en distintos medios digitales, y Amady John Wesley, radioemisora Écoute FM, 6 de enero de 2022.

En 2022 han sido asesinados 39 periodistas y personal de medios en 10 países de las Américas: 19 en México, 7 en Haití, 3 en Honduras, otros tantos en Colombia; 2 en Ecuador, y uno en Guatemala, Chile, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, respectivamente.

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La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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