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Mexico Violento

Movilización universitaria en Nayarit logra pago de adeudos salariales

La movilización de trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit puso en evidencia desvío de recursos y violación de derechos laborales

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En el paro laboral de la UAN. Foto: La deconstrucción (FB)

En el paro laboral de la UAN. Foto: La deconstrucción (FB)

Por Sergio Ferrer

TEPIC, Nayarit.- Luego de una movilización de trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) que incluyó denuncias penales así como un paro laboral promovido por dos organizaciones gremiales, la rectoría entregó el pago de la primera quincena de enero y el aguinaldo de 2014 luego de informar mediante oficio que la Secretaría de Educación Pública proporcionó al gobierno del estado la primera ministración del año, además de un anticipo emergente a cuenta de subsidio, lo que permitió a la universidad paliar los adeudos generados por un probable fraude.

La UAN, según datos proporcionados a docentes por la propia rectoría, operó en 2014 con un déficit presupuestal anual para el pago de salarios, a decir del rector Juan López Salazar la deuda es superior a los 250 millones de pesos. El déficit en 2104 incluyó 180 millones de pesos, además de 75 millones del subsidio de la administración al pago de impuestos salariales y más adeudos en programas que operan con déficit como el de Estímulos al Desempeño Docente y el Fondo de Pensiones.

La falta de pago a personal académico y administrativo, así como a pensionados y jubilados derivó en diversas acciones de denuncia como una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en un marco de protestas y exigencia de rendición de cuentas por parte de trabajadores que por un lado mantienen un paro laboral, en tanto que el naciente Movimiento por la Dignificación Universitaria (MDU) trabaja a la par con otros dos grupos, los cuales, a diferencia del MDU son exclusivos de docentes en activo que promovieron quejas individuales en la Procuraduría del Trabajo, además de solicitar audiencia en SHCP, SEP, gobernación e INFONAVIT, entre otras acciones para buscar tener claridad en el manejo de recursos de la UAN.

En entrevista, Carlos Rafael Rea, uno de los voceros del MDU refirió que ante la crisis los dos sindicatos titulares (de personal administrativo y de docentes) no dieron respuesta oportuna por lo que surgieron iniciativas independientes de personal docente, administrativo y manual en activo así como jubilados y pensionados,

Académicos organizados señalaron como necesario que las autoridades resuelvan quienes cometieron delitos contra el patrimonio de los trabajadores por lo cual “en legítima defensa de sus derechos laborales se han integrado para buscar un programa claro que permita la defensa de sus derechos y no sirva para diluir la inconformidad”, atajó.

El reclamo de los trabajadores es respaldado por el Movimiento Asambleísta Universitario que engloba a estudiantes y egresados, así como por su parte, miembros de la Federación de Estudiantes de la UAN.

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Antecedentes

El 15 de enero, dos sindicatos mayoritarios de trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), proclamaron a partir de las seis de la mañana un paro laboral indefinido sin haber consultado a sus gremios. El Movimiento de Dignificación Universitaria (MDU) que agrupa a trabajadores académicos y administrativos de éstos y otros sindicatos dentro de la escuela, sesionó para decidir si respaldaban o se deslindaban de dicho paro.

En entrevista con una docente que pidió omitir su nombre, señaló que el MDU, surgido a raíz de las problemáticas salariales actuales, y seguirá trabajando hasta lograr la reestructuración universitaria. Por su parte, el Movimiento Asambleísta Universitario (MAU) que integra a universitarios, respaldaron las demandas de los docentes al igual que la oficialista, Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (FEUAN).

Académicos, personal administrativo así como trabajadores activos, pensionados y jubilados de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) exigían desde finales del mes pasado el pago de adeudos salariales y de prestaciones. Abogados de los afectados presentaron una denuncia formal en el Ministerio Público del fuero federal en contra del rector y de quienes resultaran responsables del posible desvío de recursos públicos destinados al pago de la base trabajadora de la universidad.

Los trabajadores ahora agrupados al MDU, varios de ellos adheridos a organizaciones gremiales como el Sindicato de Personal Académico (SPAUAN) y el de los Empleados y Trabajadores (SETUAN), emitieron la denuncia a través de un equipo jurídico en contra de Juan López Salazar, rector de la UAN y en contra de los representantes legales del fondo de pensiones para trabajadores al servicio de la universidad.

La denuncia incluye el incumplimiento a contratos colectivos. Y por otra parte se difundió una serie de dudas acerca del funcionamiento administrativo de la universidad; desde situaciones de nepotismo, “aviadores” (personas que cobran sueldo sintrabajar), cuyo problema fue reconocido por dirigentes sindicales que se habían mantenido en la pasividad, además de preguntar ¿por qué contrajo la UAN una deuda si tendría que estar cubierto con recurso federal el pago de la quincena de diciembre, aguinaldos y prestaciones, ¿quiénes son los responsables?

Dicha deuda fue anunciada por el rector durante una protesta de trabajadores, mientras el MDU demandaba la clarificación sobre el estado de la deuda que tienen el estado y los municipios de Nayarit, correspondiente al impuesto del 12%, con la universidad. Otra de las exigencias de los trabajadores fue una auditoría externa por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de que se ponga un alto a los malos manejos administrativos y financieros en que se ha incurrido de manera frecuente ya sea por el gobierno estatal o administrativos de la UAN.

La denuncia

Al llegar el 19 de diciembre, trabajadores acudieron a rectoría para saber cuándo se les pagaría a lo que la contadora y el secretario de Rectoría les comunicaron que sería el 22 el pago de salarios y prestaciones acordé a un comunicado oficial publicado en la página de la Universidad que señaló que por motivos ajenos a la UAN el recursos no había sido transferido el recurso, al ocurrir esto, después de una manifestación en el Boulevard Tepic-Jalisco al que acudió el rector con funcionarios y dos representantes sindicales, trabajadores decidieron acudir a la sede del gobierno estatal.

Allí, el rector aseguró que el entonces subsecretario de Educación Superior de la SEP había renunciado recientemente, dejando inconcluso el proceso de solicitud ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los recursos complementarios para efectos de que la UAN pudiera realizar el pago de las prestaciones laborales señaladas por lo que solicitarían un préstamo para pagar el adeudo.

Por otra parte, la versión del gobierno del Estado a través del secretario General de Gobierno José Trinidad Espinoza Vargas fue que el Gobierno del Estado no presentaba a la fecha ningún adeudo a la Universidad Autónoma de Nayarit.

La UAN, según la denuncia de los afectados, emitió un nuevo comunicado a través de su página oficial (http://www.uan.edu.mx/comunicados/comunicado-oficial-23-dediciembre-2014, “en el que se nos informaba que desde el pasado mes de julio, la rectoría había estado haciendo gestiones ante diversos organismos como la Secretaría de Educación Pública, la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) y el Gobierno del Estado, y que como resultado de dichas gestiones, se logró obtener un recurso de la Federación y del gobierno estatal, recurso que será destinado para cubrir la segunda quincena de diciembre y una parte de las prestaciones de fin de año, este martes 30 de diciembre de 2014”, enunció el oficio expuesto a las autoridades federales.

En la acusación, el MDU señaló las repercusiones económicas, el adeudo de créditos y una serie de incumplimientos financieros en los que están cayendo, además algunos del fondo de pensiones temen que haya desvío del fondo semilla creado con recurso federal, al no haber tampoco saldo de dichas deudas, por parte de docentes e investigadores preguntan que pasó con los estímulos económicos vertidos a través de becas federales, ¿quién administro el recurso, hubo desvío de dinero? Se cuestionan.

“…existe un desvío de recursos federales por parte de personas cuyas identidades desconocemos, por ello, señalamos al rector JUAN LÓPEZ SALAZAR como representante de la UAN al cual solicitamos sea llamado a fin de que aclare quien administró ese recurso de la Federación… y exista de comprobarse delito sanción administrativa y pecuniaria… y en lo expedito, se cite a indiciados para rendición de su declaración ministerial”, se lee en la denuncia.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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