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Mexico Violento

Movilidad eléctrica de México, atascada en el tráfico fósil

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México aún no tiene la estructura eléctrica para su transporte público

Por Emilio Godoy

MÉXICO – El gobierno de la capital de México inició el domingo 11 con fanfarrias las pruebas de una ruta elevada para autobuses eléctricos, en un intento por promover un transporte más sostenible. La iniciativa forma parte de una incipiente promoción de la electromovilidad en el país, en medio de políticas energéticas profósiles.

México, un país de unos 129 millones de habitantes, carece de una estrategia nacional en el transporte vial, considerado vital para reducir emisiones contaminantes y del camino para transitar hacia una economía de bajo carbono, lo que restringe la adopción de políticas.

Expertos consultados resaltaron las limitaciones de las medidas introducidas en el campo de la vialidad.

La movilidad eléctrica “todavía no está muy desarrollada, tanto en las facilidades para adquirir vehículos como en la infraestructura. No estamos avanzando tan rápido, como otras ciudades latinoamericanas. Falta hacer proyectos vanguardistas”, dijo Bernardo Baranda, director para América Latina del no gubernamental Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, con sede en esta capital.

Ciudad de México, con unos ocho millones de habitantes que trepan a más de 20 millones con el área conurbano, busca potenciar el transporte público eléctrico con el nuevo  trayecto por un segundo piso vial exclusivo para buses. También impulsa otras iniciativas, como la reconversión de buses de diésel a eléctricos, anunciada en julio.

Solo las otras mayores urbes del país, la occidental Guadalajara y la norteña Monterrey, cuentan con unidades eléctricas en su sistema de transporte público.

Para saber más del tema: Redes 5G y 6G: Implicaciones sociales y ambientales de la hiperconectividad

 

En la región latinoamericana, capitales como Bogotá, Montevideo y Santiago de Chile poseen flotas eléctricas de transporte público numerosas y países como Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay ya tienen planes sectoriales en la región.

“La movilidad eléctrica todavía no está muy desarrollada, tanto en las facilidades para adquirir vehículos como en la infraestructura. No estamos avanzando tan rápido, como otras ciudades latinoamericanas. Falta hacer proyectos vanguardistas”: Bernardo Baranda.

La flota mexicana de vehículos rebasa las 53 millones de unidades, con una curva en constante incremento desde 2000, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

La venta de automóviles eléctricos e híbridos está en alza: en todo 2016 las concesionarias comercializaron 254 unidades eléctricas y durante el primer semestre de este año esa cifra se ubicó en 1703.

Los híbridos no enchufables a la red eléctrica (que combinan motor de combustión con energía cinética) han sido los más populares, pues su adquisición pasó de 7490 en 2016 a 19 060 en el primer semestre de 2022. Los vehículos enchufables crecieron de 521 a 2 263.

Desde 2018, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha organizado al menos dos licitaciones para la instalación de las llamadas electrolineras, las estaciones de carga, en el país, donde ya operan más de 2 000 puntos. Pero no todos funcionan, como constató este reportero en un recorrido por varias zonas de la capital mexicana.

Sea como sea, el plan gubernamental de desplegar esta infraestructura no ha bastado para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos.

estacion telefono

Un punto de recarga eléctrica en un barrio del centro-sur de Ciudad de México. La estatal Comisión Federal de Electricidad ha instalado más de 2000 centros de recarga para vehículos eléctricos en México, pero esta y otras medidas no han servido de acicate para su penetración en el país. Foto: Emilio Godoy / IPS

Gustavo Jiménez, director de la consultora Grupo E-mobilitas, reconoció “avances lentos”, como el despliegue del transporte público, flotas de taxis y de empresas de reparto, así como proyectos de ensamblaje de vehículos.

“Desde hace dos años no hay aranceles de exportación e importación para vehículos eléctricos, lo que reduce en 20 % el costo. También hay reducción del impuesto al valor agregado. Pero no se avanza tan rápido como quisiéramos. Es complicado moverse en el país y cargar el vehículo”, explicó a IPS.

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador congeló cuando asumió su mandato en diciembre de 2018, estipulaba el marco integral de esa modalidad y los esquemas de incentivos.

Lee más: México y China, resistiendo los berrinches de Trump por la Red 5G

 

Además, el gobierno del mandatario calificado como “profósiles” por ambientalistas críticos por su defensa de los hidrocarburos, mantiene niveles récord de subsidios a las gasolinas, que rebasarán los 15 000 millones de dólares en 2022, según estimaciones oficiales.

Esta segunda economía latinoamericana ocupa el puesto 12 como productor de petróleo en el mundo y el 17 de gas. En cuanto a las reservas probadas de crudo ostenta el puesto 20 y el 41, según datos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en una industria a la que López Obrador da preeminencia proteger, frente a compromisos climáticos.

“Falta un marco habilitante coherente y un programa nacional para promover vehículos eléctricos”: Gustavo Jiménez.

Entre las medidas de la paralizada Estrategia figuraban la instalación de infraestructura de carga en calles y viviendas, la introducción de matrículas (placas) verdes y la exención a los impuestos de importación y exportación de unidades eléctricas.

Durante la 2a Reunión Anual del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos, escenificado en esta capital el lunes 12, Estados Unidos invitó a su vecino y socio comercial a participar en la cadena integrada de fabricación de vehículos eléctricos, eslabón esencial del programa económico-ambiental ejecutado por el gobierno estadounidense.

Humo blanco

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) enumera 10 proyectos de electromovilidad en la región, uno de ellos trata de la fabricación y venta de triciclos eléctricos en México.

Asimismo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, junto a tres ciudades colombianas y cinco brasileñas, participan en el proyecto TUMI E-Bus Mission, dirigido a apoyar a 500 ciudades en 2025 en su transición al despliegue de 100 000 autobuses eléctricos en total.

Financiado por la cooperación económica alemana y seis organizaciones internacionales, el emprendimiento pertenece a la Iniciativa de Movilidad Urbana Transformativa.

La descarbonización del transporte es fundamental para la lucha contra la crisis climática a nivel mundial. En México, las emanaciones de CO2 de ese segmento totalizaron en 2019  las 148 millones de toneladas, equivalentes a 20 % del total, según el estatal Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).

SRE

Los vecinos México y Estados Unidos buscan la integración de la cadena de valor de fabricación de vehículos eléctricos.

Estimaciones de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales sitúan las emisiones del ciclo de vida (desde la extracción del carburante hasta su combustión en el motor) en 358 gramos de CO2 por kilómetro en vehículos que queman gasolina, en 166 para los automóviles híbridos (que usan combustible y electricidad) y en 77 para los usuarios de energía solar fotovoltaica.

El estudio “Estimación de costos y beneficios asociados a la implementación de acciones de mitigación para el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones comprometidos en el Acuerdo de París”, presentado el martes 13 por el Inecc, indica que seis políticas sectoriales aportarían una mitigación de 36,5 millones de toneladas en 2030.

Detalla, además, 35 acciones de reducción de emisiones con las que el país obtendría beneficios totales por 295 000 millones de dólares.

En el caso de la electromovilidad, el costo medio de abatimiento de contaminación asciende a 500 dólares por tonelada, con una inversión de 5882 millones de dólares, beneficios brutos de 3104 millones y una reducción de 600 000 toneladas de CO2.

Con la sustitución de autobuses que consumen diésel por eléctricos, el costo medio sumaría 152,9 dólares por tonelada de CO2. Los beneficios del ahorro en combustibles llegarían a 3219 millones de dólares.

A 2030, el recorte de emisiones contribuiría con un millón de toneladas, pero este potencial aumentaría conforme la generación eléctrica nacional integre más energías limpias.

La CFE estima que en 2041 circularían unos 700 000 vehículos eléctricos en el país y que requerirán 40 000 estaciones de recarga, lo que también supone fortalecer la red eléctrica interna.

En noviembre pasado, México asumió durante la cumbre climática de Glasgow la meta voluntaria de vender solo automóviles no contaminantes en 2035.

Pero, en paralelo, el gobierno mexicano dispuso en 2021 la legalización de autos usados provenientes del extranjero, que expertos consideran negativa en el combate a la contaminación.

Para Baranda, el especialista en transporte, los subsidios a las gasolinas, la promoción de combustibles fósiles y la falta de transición energética constituyen barreras a la electromovilidad.

“Se necesita políticas públicas, a nivel federal y estatal, como incentivos e infraestructura. Muchos países lo están haciendo. México no está en ruta de alcanzar compromisos internacionales. Es una buena oportunidad para invertir en transporte eléctrico”, planteó.

Por su parte, Jiménez cuestionó la política energética actual, que impacta en la movilidad sostenible.

“No hay incentivos claros para el transporte público, se requieren subsidios importantes. No hay tanta infraestructura, no hay normatividad para cargadores, no hay medidas para la circulación de autos eléctricos. Falta un marco habilitante coherente y un programa nacional para promover vehículos eléctricos. México está descoordinado a nivel nacional”, criticó.

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Fuente: ipsnoticas.net

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Feminicidios y trata sexual

Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

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Las fiscalías corrompen investigaciones en los casos de feminicidio para evitar escarnio público.

Nueva necropsia a Ariadna López revela que su muerte fue por traumatismo múltiple y no por congestión alcohólica como señaló Fiscalía de Morelos

Por Rosario Martínez De la Vega

Ariadna López desapareció en la Ciudad de México la noche del domingo 30 de octubre.  El martes 1 de noviembre su cuerpo fue localizado bajo de un puente en Tepoztlán, Morelos, con marcas de moretones en el cuello, brazos y piernas. Tres días después del hallazgo, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, señaló que Ariadna había fallecido debido a una broncoaspiración a causa de una congestión alcohólica.

En una nueva necropsia a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizada a petición de la familia de Ariadna, se dio a conocer que la causa de su muerte no era ‘congestión alcohólica’, sino a consecuencia de un traumatismo múltiple.  Ariadna fue víctima de feminicidio.

En un adelanto de las investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, fueron revelados los videos en los que se aprecia a Ariadna departir con sus presuntos asesinos, Vanessa “N” y Rautel “N” -amiga y novio de esta respectivamente- y otras personas en un restaurante, para después arribar a un departamento en la colonia Condesa.

Para saber más del caso: Juez vincula a proceso a ex candidato a la gubernatura de Puebla y a ex delegado de la SRE por presunto feminicidio de activista

Los victimarios señalaron que Ariadna había abandonado esa misma noche el departamento y abordado un taxi. No obstante, las imágenes proporcionadas por la Fiscalía de la CDMX, dan cuenta de cómo la mañana siguiente, su cuerpo fue subido a una camioneta por Rautel “N” para ser abandonado en el estado de Morelos, lugar donde fue localizada al día siguiente por unos ciclistas. Hasta el momento se presume una relación entre Rautel “N” y la Fiscalía de Morelos, motivo por el cual éste, habría abandonado el cuerpo de Ariadna en dicho estado. No se ha revelado el móvil o las causas del crimen.

Resulta escabroso que los presuntos responsables del crimen también manifestaron sus condolencias e incluso se presentaran al funeral de su víctima y brindaron entrevistas a los medios. Actualmente se encuentran detenidos y el caso será atraído por el área especializada en feminicidios de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, existen similitudes entre el caso de Ariadna y otras muertes violentas de mujeres, que apuntan indicios de cómo las fiscalías investigadoras son parte de la violencia machista que vive México. Tan sólo este año 2022, se encuentran los siguientes casos:

  • Debanhi Escobar. 18 años, desapareció el 9 de abril en Monterrey Nuevo León, tras acudir a una fiesta, fue hallada el 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla a unos metros del lugar donde fue vista con vida por última vez; fue revictimizada debido a que se señaló se encontraba alcoholizada al momento de caer por sí misma en la cisterna en la que fue localizada dos semanas después de su desaparición. Tras la realización de tres necropsias se determinó que murió por asfixia por sofocación, entre tres y cinco días antes del hallazgo y que su cuerpo había sido sembrado en el lugar donde se encontró. No hay ningún detenido y su caso no ha sido judicializado pese a haber sido atraído por la FGR.
  • Yolanda Martínez. 26 años, desapareció tras salir de su domicilio el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue localizada sin vida el 8 de mayo, investigaciones de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, señalaron de que se trató de un suicidó debido a que en el lugar de los hechos se encontró una nota póstuma escrita en un vaso desechable y dos recipientes con veneno. Con el apoyo de instancias internacionales se le practicó una segunda autopsia que arrojó que Yolanda había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo había sido exhumado y colocado finalmente en el lugar donde fue localizado.
  • Luz Raquel Padilla. 35 años, Zapopan Jalisco, había denunciado desde mayo ante las autoridades locales las agresiones y amenazas por parte de uno de sus vecinos, fue quemada viva el 16 de julio por un grupo de personas que la atacaron en un parque cerca de su domicilio. Murió tres días después a causa de las heridas. El 26 de julio, una semana después de su fallecimiento, el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que las quemaduras habrían sido ocasionadas por ella misma y mencionó un “autoataque” como una de las líneas de investigación.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Por décadas, investigaciones periodísticas han revelado que las fiscalías en México desvirtúan las investigaciones y maquillan las cifras para evitar aumentar las estadísticas y optan por clasificar la mayoría de los asesinatos de mujeres como «homicidios», y en algunos casos como suicidios, ya que de ser asumidos como feminicidios se tendría un alto costo político, lo cual contribuye a seguir repitiendo patrones de impunidad y corrupción.

Según el último reporte del INEGI realizado en 2020, en México mueren asesinadas 11 mujeres diariamente, no obstante, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo aparecen reportados 946 feminicidios en 2020 y 978 durante 2021, esto significa menos de tres feminicidios en promedio al día durante dos años.

 

Al corte de septiembre de este 2022, el SESNSP contemplaba 695 feminicidios, lo cual registra una baja estadística en el número de feminicidios con relación al año anterior, sin embargo, en conferencia matutina del presidente el pasado 9 de noviembre, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el delito de feminicidio tuvo un repunte en los meses de agosto y septiembre, con 70 y 78 casos, respectivamente.

 

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Mexico Violento

Senadora de Guanajuato por MORENA arrienda oficinas a ‘empresa fantasma’, que incluye listado del SAT

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Antares Vázquez, senadora por Guanajuato de Morena, arrienda oficinas a empresas fantasmas

La senadora Antares Vázquez Alatorre gestiona operaciones simuladas desde 2019 y es investigada por probable delito fiscal.

Por Rosario Martínez De la Vega

La Senadora por Guanajuato Antares Vázquez Alatorre renta las oficinas de su casa de gestión localizada en Av. Guanajuato 144, Colonia Jardines del Moral, en León, Guanajuato, a la empresa Torbex S.A. de C.V., empresa que se encuentra dentro de la ‘lista negra’ del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La empresa Torbex S.A de C.V.  fue constituida con 50 mil pesos, y fue inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía en 2019. Sus dueños son María Gabriela Ortíz Mares y Luis Felipe López Ortíz, los cuales no aparecen en ningún otro registro de contratistas de la administración pública local, estatal o federal.

Para leer más de la autora: Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

Según la documentación que se obtuvo a través de la Solicitud de Transparencia 330030322000837, el contrato por el arrendamiento de la Casa de gestión de la senadora fue suscrito a nombre de la empresa Torbex S.A. de C.V., la cual fue declarada durante el año pasado por el Sistema de Administración Tributaria como ‘EFOS’ (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas). Además, la senadora no presentó las facturas concernientes y testó información que por ley debe ser pública en el contrato de arrendamiento, como lo son el domicilio y la firma del contratista.

Vázquez Alatorre no ha reportado ninguno de sus gastos ante la Plataforma Nacional de Transparencia, desde que adquirió el cargo como senadora plurinominal por el partido Morena, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LGTAIP-.

La legisladora morenista gesta operaciones simuladas con cargo al Senado de la República desde septiembre de 2019, fecha desde la cual arrienda su casa de gestión a la facturera identificada por el SAT.  El desfalco detectado al erario ascendería a 740 mil pesos hasta la fecha.

Lee más: Las reinas del Bienestar: la ‘pasarela’ de los programas sociales en Guanajuato

 

Ante las anomalías fiscales, Antares Vázquez Alatorre ya es investigada, pues cuenta con una denuncia ante al SAT, bajo el folio 113287, ya que podría ser indiciada por el posible delito de lavado de dinero y/o defraudación y evasión fiscal, lo cual se castiga con hasta 9 años de prisión.

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Violencia contra las mujeres

Reeducar a un maltratador: ¿se puede cambiar la mentalidad machista?

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Las personas acusadas de violencia de género son sometidas a programas de reeducación contra la violencia machista

Programas de reeducación para agresores machistas dentro de las prisiones españolas

Por Martha Borraz

“Porque si no ¿qué?”. Es la respuesta que da la socióloga experta en políticas de género Bakea Alonso cuando se le pregunta por qué son importantes los cursos de reeducación para agresores machistas. España lleva casi dos décadas impartiéndolos, aunque fue con la ley de 2004 contra la violencia de género cuando comenzaron a desarrollarse con mayor intensidad. Varios estudios apuntan a que la reincidencia entre quienes pasan por ellos es menor y ya casi nadie cuestiona su necesidad, pero hay quienes reclaman que la apuesta del trabajo con agresores debe ir más allá: “La violencia no va a desaparecer hasta que ellos no dejen de violentar”, asume la también coordinadora del Área de Igualdad de la Fundación Cepaim.

Los programas de intervención con hombres que ejercen violencia de género son variados, pero fundamentalmente pueden diferenciarse tres tipos: por un lado, está el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género (PRIA) dentro de las prisiones y el mismo (PRIA-MA) como medida alternativa a la cárcel impuesta por un juez. Estos dos dependen de Instituciones Penitenciarias, son para hombres ya condenados y son los más extendidos, pero además existen otros normalmente desarrollados por entidades sociales a los que pueden acudir hombres agresores no necesariamente denunciados de forma voluntaria.

“El objetivo es la reinserción, reeducarles, van a seguir formando parte de la sociedad y van a volver a tener pareja, así que lo que intentamos es que no vuelvan a replicar la violencia. Es intentar poner ahí un cortafuegos o un cortocircuito”, esgrime el psicólogo Felipe Martín, que imparte el PRIA-MA desde la asociación R-Inicia-T. Estos cursos los suele dar directamente personal de Instituciones Penitenciarias o, en su mayoría, organizaciones con las que se firman convenios. La intervención dura aproximadamente un año en una treintena de sesiones y a ella acceden hombres sin antecedentes, condenados a menos de dos años de prisión.

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El trabajo con ellos está enfocado a distintas cuestiones: desde la expresión de las emociones, al autocontrol, la gestión de la ira, la deconstrucción de esquemas mentales que tienen que ver con roles y estereotipos de género, la dependencia emocional, los celos, los estilos de apego, el establecimiento de relaciones saludables, cómo afrontar una ruptura, la mejora de las habilidades personales o el desarrollo de estrategias para resolver conflictos por una vía alternativa a la violenta. Según Instituciones Penitenciarias, el año pasado 7.800 penados hicieron el programa como medida alternativa a la cárcel. El mismo año, 21 mil hombres fueron condenados por violencia de género.

“Al final se ve evolución”

La experiencia de Martín en cuanto a los resultados que observan es positiva. “Lo que vemos es bastante esperanzador. Evidentemente entran con resistencias, pero al final hay evolución”, dice por teléfono al tiempo que acude a un centro educativo de Murcia a impartir un taller de sensibilización. “De hecho, empezamos a hacer estas dinámicas en colegios porque muchos agresores nos comentaban que si hubieran tenido toda esta información antes, les hubiera ayudado a tomar otro camino”, añade el psicólogo.

«Cambian, reducen la culpabilización a la víctima, que es algo muy importante que ellos traen al principio, disminuye la expresión de la ira, hay un mejor manejo emocional y el sexismo se ve reducido»

Elena Terreros — Subdirectora del programa Contexto

En la Comunitat Valenciana es referente el programa Contexto, que nació en 2006 como respuesta a la carencia de recursos y profesionales habilitados para poner en marcha las intervenciones con agresores que dos años antes había establecido la Ley Integral contra la Violencia de Género. Además, desde este equipo de investigación e intervención de la Universitat de València se imparten también programas voluntarios con agresores. “Es un proceso y es verdad que cambiar creencias y actitudes lleva tiempo, por lo que no se pueden hacer programas muy cortos, pero la eficacia se demostró hace bastantes años”, avanza Elena Terreros, subdirectora del programa.

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La doctora en Psicología reconoce que “obviamente no vale para el 100%” de los agresores, “como ningún tipo de intervención”, pero asegura que hay cifras “que avalan” que funciona. Datos de Instituciones Penitenciarias apuntan a que la reincidencia de quienes pasan por los programas es baja: un 4,6% volvió a ser denunciado al año de haber participado y el 6,8% a los cinco años. Según las cifras que maneja Contexto, que estudia las nuevas denuncias hacia los agresores que trata y que figuran en el sistema VioGén, a los 12 meses, un agresor que abandonó el programa reincide en un 8,2% mientras que el 4,4% de los que lo finalizan, vuelven a ser denunciados.

Terreros asegura que la experiencia que observan también avala la efectividad de las intervenciones. “Cambian en variables de actitud, reducen la culpabilización a la víctima sobre la conducta violenta, que es algo muy importante que ellos traen al principio, disminuye la expresión de la ira, hay un mejor manejo emocional y el sexismo se ve reducido”, ejemplifica la experta.

El desafío de la falta de motivación

Aún así, todas las voces reconocen que los obstáculos no son pequeños. “El principal son las resistencias a la intervención, hay una falta de reconocimiento, de responsabilización y de motivación para cambiar”, explica Heinrich Geldschläger, psicólogo de Conexus, un programa de intervención con agresores no condenados en Barcelona. El experto afirma que existe “una triada” de ideas en el discurso con el que suelen acudir estos hombres, que consiste en “la negación o minimización de la violencia, la justificación y la culpabilización de la víctima o el sistema”. Son, asegura, “los típicos comentarios de ‘me ha denunciado falsamente’ o ‘es que la ley es injusta’ que tenemos que ayudar a deshacer”.

Por esta falta de motivación que identifican todos los expertos, y que no en pocos casos lleva al abandono de los programas, Contexto diseñó en 2013 un plan motivacional individualizado. “Lo clave e que entiendan la importancia y comprendan por qué usar la violencia como forma de resolver conflictos produce daño a sus parejas o exparejas y a ellos mismos”, cree Terreros. Por su parte, el psicólogo Jesús Pérez, que ha trabajado durante años coordinando equipos e impartiendo el PRIA-MA en Madrid, se muestra más escéptico: “Existe la posibilidad de que algunos hombres cambien, pero probablemente no sea muy generalizado, pocas veces hay un proceso de motivación personal”, cree.

«Tenemos mucho ganado si interiorizan para qué utilizan la violencia, que no es que pierdan el control, como dicen, sino que la usan para controlar y mantener el dominio de la pareja y, muchas veces, también de ellos mismos»

Heinrich Geldschläger — Psicólogo de Conexus

“Son más eficaces de lo que dice mucha gente y menos de lo que nos gustaría”, opina sobre las intervenciones Geldschläger. En el caso de Conexus, se trata de hombres que acuden voluntariamente, aunque “la voluntariedad es relativa para la mayoría, ya que suelen venir porque alguien, normalmente su pareja o una tercera persona les empuja”. El programa se desarrolla en una veintena de sesiones semanales, se hace seguimiento al año y a los dos años y sus resultados son “alentadores”: dos de cada tres hombres, no vuelven a ejercer violencia física o sexual y la psicológica “se reduce”. Eso de los que terminan, porque la tasa de abandono se sitúa entre el 30 y el 50%.

“Tenemos mucho ganado si interiorizan para qué utilizan la violencia, que no es que pierdan el control, como dicen, sino que la usan para controlar y mantener el dominio de la pareja y, muchas veces, también de ellos mismos”, esgrime el experto. El enfoque con el que trabajan en Conexus intentar aunar “lo psicológico y lo social”. “Hay factores que juegan un papel, entre ellos la historia, el aprendizaje, su manera de autorregularse, pero hay que ponerle perspectiva de género. Por ejemplo, la dificultad de control de impulsos, que se trabaja mucho desde la psicología, en la mayoría de los hombres es muy selectiva porque normalmente no pegan a su jefe o a sus amigos”, afirma el experto.

 

¿Son suficientes?

Por su parte, Pérez considera que las intervenciones con agresores “son positivas y muy necesarias” y que incluso deberían hacerse obligatorias para todos los condenados, pero considera que “aún falta una respuesta social mucho más contundente y coordinada, en la que los programas sean una pata más de su reeducación”. Y pone un ejemplo: “A una persona que está deprimida porque tiene una mala situación económica no le sirve solo con ir al psicólogo, habrá que mejorar las condiciones estructurales de vivienda o empleo”.

En el ámbito del trabajo con agresores en violencia de género, “al final la pregunta importante es si es posible cambiar toda la educación o mentalidad machista con un programa de este tipo, si son suficientes unas sesiones durante unos meses o un año”, cuestiona el experto. “Y me explico: al final la construcción de un machista requiere muchos años, pensemos en cuántas horas tarda un hombre de 50 años en hacerse machista, o sea la construcción de la masculinidad hegemónica es tal que ningún programa sería suficientemente potente ni duradero como para compensarlo por sí mismo, lo que no quiere decir que los que se están implementando no sean efectivos”.

¿Y cuál es la solución? Pérez aboga por una respuesta más global y mira hacia el machismo estructural que sigue minimizando y normalizando la violencia hacia las mujeres. “Los programas necesitan de la sociedad y de la condena absoluta de cualquier forma de violencia porque si no lo que tenemos son psicólogos y psicólogas partiéndose la cara con los agresores para que luego salgan a la calle y se encuentren con el negacionismo de la violencia machista”, cree el psicólogo.

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Además, en lo concreto, hay quienes consideran que los programas impartidos por Instituciones Penitenciarias deberían mejorar en algunos puntos, sobre todo en la evaluación. Así lo sostiene Geldschläger, para el que la revisión de su eficacia debe ir más allá de la reincidencia en número de denuncias. “Es un dato muy importante y significativo, pero no suficiente”. El psicólogo piensa que la evaluación debe ser “más profunda” y tener en cuenta qué pasa después con las mujeres, parejas o exparejas de los agresores, y sus hijos e hijas, porque “la reincidencia real queda oculta, sabemos que es mucho mayor que la cifra de denuncias”.

Por eso, un elemento diferencial de Conexus es que establecen contacto con ellas tanto al inicio del programa como en los seguimientos. “Las mujeres pueden tener expectativas no necesariamente realistas porque tienen la esperanza de que cambien y ellos se lo han prometido. Por eso les contactamos, les decimos que su pareja ha empezado a venir y puede ser un primer paso, pero que no hay ninguna garantía de éxito, por lo que es importante que sigan tomando las decisiones y actuando como si no vinieran”, explica Geldschläger.

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Fuente: eldiario.es

 

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