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¿Mover a México?: La estrategia detrás del slogan de Peña Nieto

Los asesores de Peña Nieto apuestan a la transformación de México con las estructuras del neopresidencialismo, pero sin capacidades institucionales

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Foto: presidencia.gob.mx

Francisco Bedolla Cancino*

Una mirada detenida a las decisiones de mayor sonoridad e impacto acaecidas durante los primeros cien días del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), apreciaciones ideológicas o afinidades teóricas aparte, basta para sostener que no hay aquí cabos sueltos ni cuestiones disonantes, sino diversas proyecciones de una misma visión y de una misma estrategia política integral y cuidadosamente elaboradas. La lógica confesa de dicha estrategia queda al descubierto tanto en el slogan “mover a México”, que acompaña la difusión de la elaboración del plan nacional de desarrollo como en la contundente aseveración presidencial de que su propósito estriba en “transformar, no administrar a México”.

En la perspectiva estratégica asentada en su auto identificación como gobierno gerencialista o gestor del cambio, definitivamente mucho más cercana al perfil del político-inventor del mundo que del burócrata-repetidor de las rutinas del pasado, cobran su dimensión apropiada dos piezas angulares: las políticas de desarrollo laboral, educativo, energético, fiscal y de telecomunicaciones, ancladas hasta ahora en el impulso de las reformas constitucionales; y las políticas políticas, es decir, las acciones y decisiones orientadas a la reorganización del régimen político y la redistribución del poder.

Del esfuerzo reformista de la constitución hay poco nuevo que decir. Se trata de reformas soportadas en la capacidad presidencial de construir acuerdos con las cúpulas de los partidos políticos y de sus expresiones parlamentarias. Dicho crudamente: para lograr la promulgación de las reformas laboral y educativa, empantanadas durante al menos dos décadas, no fue necesario movilizar la opinión pública nacional ni construir los cauces de interlocución con los agentes relevantes, interesados o afectados por las transformaciones, sino simplemente negociar en “lo oscurito” con las cúpulas partidarias.

De la transformación del régimen político, en cambio, hay mucho por decir. La política política de EPN, por lo hasta hoy visto, apunta de modo consistente hacia el objetivo de restituir a la institución presidencial en pleno siglo XXI de sus capacidades históricas de patronazgo o patrocinio, esto es, del ejercicio centralizado de los recursos públicos y políticos como base de inducción de la disciplina y de los acuerdos con las cúpulas presidencialmente bien vistas y formalmente reconocidas como interlocutoras válidas. En clara remembranza o añoranza con la era dorada del presidencialismo, la presidencia actual apuesta por una reingeniería de sus brazos operativos y, a la vez, condiciones  indispensables de inducción de la disciplina presidencialista: el control del aparato partidario oficial y el control de las grandes corporaciones.

Así, el ungimiento abierto de EPN como miembro del máximo órgano de dirección del PRI, un detalle funcionalmente innecesario pero simbólicamente importante, da cuenta de la presidencialización del partido oficial. La modificación de sus documentos básicos, particularmente de los aspectos disonantes respecto de las orientaciones de sus políticas de cambio, por ejemplo en materia de posibilitar el gravamen del IVA a alimentos y medicinas, deja poco lugar a la duda sobre la instauración de un dominio vertical. Por su parte, la decapitación del SNTE, cuya repercusión más clara es el control presidencial sobre la cúpula magisterial, y las reformas a la ley de amparo, que evita a las corporaciones afectadas la suspensión del efecto de decisiones presidenciales tomadas en contra de sus intereses, y las inminentes reformas en materia de telecomunicaciones, que introducen zonas de incertidumbre en los intereses de las grandes corporaciones (televisa, tvazteca, Telmex, etc.), en conjunto, dan cuenta de la lógica estratégica presidencialista de colocar bajo su égida corporativista a las grandes corporaciones y hacerlas plenamente funcionales a sus políticas de desarrollo.

A contrapelo de las experiencias presidenciales entre trágicas y cómicas, por impotentes tanto para administrar como para transformar, de Zedillo, Fox y Calderón, es pertinente admitir que estamos frente a un cambio con pretensiones de gran calado. Al respecto, sería un craso error ver de modo simplón en la estrategia presidencialista actual una especie de tentativa de regreso nostálgico al pasado. Es obvio que el equipo intelectual de EPN tiene claro que la hegemonía presidencialista habrá de enfrentar riesgos inéditos; por ejemplo, el establecimiento de procesos exitosos de negociación con las cúpulas de los llamados partidos de oposición, cuyos votos en el Congreso son indispensables para acompañar sus afanes de mover a México. En la misma lógica, cabe resaltar lo que suceda en torno a los procesos de negociación en la integración de los órganos colegiados de dirección de las instituciones que realizan funciones estatales (Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral, IFE, IFAI, etc.).

La dificultad en la presidencialización de los partidos políticos y las instituciones estatales estriba en el hecho básico de que el control sobre los votos de sus fracciones parlamentarias otorga a las cúpulas partidarias posibilidades reales de negociación e incluso de veto a la voluntad presidencial. Precisamente por ello, lo esperable es que las cúpulas partidarias muestren de aquí en adelante especial resistencia a ceder el control sobre las instituciones estatales, base sobre la cual se asienta su caudal de votos en el congreso federal y en los congresos locales. Una prueba sintomática a la capacidad de negociación presidencial será, sin duda, la designación actual de la plaza de consejero electoral del IFE vacante y la renovación de cuatro plazas más de consejeros hacia el mes de octubre.

Con independencia de los resultados que arroje la actual estrategia presidencial e incluso suponiendo sin conceder éxito pleno, la pregunta relevante, valga la analogía metafórica, es si el esquema de restauración presidencialista, dado un entorno político e institucional más complejo e incierto, puede servir de palanca y punto de apoyo para mover a México, como es voluntad manifiesta de EPN, desde sus cimientos.

Las premisas de teoría política que sirven de soporte a dicha pretensión movilizadora son fáciles de reconocer: la política es el centro de la sociedad y, por tanto, la sociedad en su conjunto es políticamente conducible y gobernable. El aroma y la deuda entre decimonónicas y del siglo pasado de dichas asunciones queda ahí. Las teorías sociales y politológicas de frontera así como la investigación empírica han echado suficiente luz sobre el carácter falaz y políticamente peligroso de las teorías de la gobernabilidad. ¿Será que el proyecto presidencialista de EPN, aún contrario como es a las reglas del saber y las experiencias políticas de frontera, logrará su cometido de transformar-mover a México? Francamente, lo dudo.

Una cuestión distinta es dilucidar las probabilidades y alcances propiamente políticos de la política-política de EPN, es decir, la viabilidad de forja de un régimen neopresidencialista. Al respecto, es indudable que sus logros en la materia durante los primeros cien días rebasan en mucho a los de sus tres antecesores. Lo peligroso y, a la vez, preocupante de dicha situación es que ello puede alimentar la falacia presidencialista de que un modelo principesco de gestión, carente de capacidades institucionales, puede transformar al Estado mexicano, en su conjunto. Para no ir muy lejos, dudo que pueda transformarse el sistema educativo sin la aceptación activa del profesorado; la economía sin el concurso activo de los medianos, pequeños y microempresarios; o la política, sin una voluntad nacional de cambio inspirada en lo que el ciudadano típico desea y anhela. En plena era global, con lo que ello significa, entre una visión de cambio neopresidencialista y una mesiánica o cuasi mesiánica, con el perdón de las brillantes y hoy ausentes plumas que siempre han visto en ello un peligro, no hay gran diferencia.

* Analista político

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Lo populista se revierte

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Una Colorada (vale más que cien descoloridas) 

Por Lilia Cisneros Luján

Parece consecuencia inexorable, que algún líder político que inicia con altos puntos de populismo, termine siendo muy impopular. Sin que se pueda llegar a lo genérico, ése parece ser el destino de quienes, a fuerza de retórica, llegan al poder con altísimos márgenes de aceptación –tal cual ocurrió con Nerón en la antigua Roma, Hitler o Franco en Europa- siendo su final el rechazo popular casi siempre por su imposibilidad de reconocer con cierto grado de humildad sus imperfecciones.

En América podemos escoger de entre varios gobernantes populistas, que terminaron agredidos o quizá odiados por el mismo pueblo que en un principio les aduló; y el cuestionamiento es simple ¿Qué es lo que espera la gente que ellos realicen? ¿Por qué en Colombia es casi seguro el triunfo de un guerrillero amigo de narcotraficantes, autodefinido como de izquierda?

En nuestro país, son muchos los enunciados de campaña que emocionaron a los votantes en diversas etapas de “cambio” –en el caso del actual primer mandatario no solo los pobres- aunque la mayoría de ellos suponen un cierto grado de inclusión en términos laborales o económicos ¿En el ámbito emocional tiene algún peso la posibilidad de “cobrársela” a quien recientemente nos excluyó o dejó de considerarnos en sus planes? ¿Por ello es relativamente fácil allegarnos la voluntad de los desempleados, resentidos, temerosos o empobrecidos? No hay que tropezarse con la misma piedra, decían las abuelas, pero si alguien tiene propensión de hacerlo son justamente los seres humanos.

En esta fase de desarrollo gubernamental más que análisis cuasi académico, es pertinente pensar en cosas especiales que nos llevan al punto de justificar en la mitad de actual gobierno las bondades del PRI y hasta del PAN ¿Conoces gente que teniendo hasta maestrías no han sido convocadas a ser parte en gobiernos del cambio? ¿Sabes de personas convocadas que a la hora de la verdad son “corridas” sin que se les liquide o cuando menos se les den las gracias por el trabajo prestado?

En el ambiente impuesto por la pandemia y reforzado por el temor producido por el relato continuo de muertos, secuestrados, extorsionados, asaltados y hasta quemados, salvo el uso de la herramienta electrónica que sustituye la emoción de tener enfrente a un ser vivo que nos abrace y converse, la realidad universal se denomina soledad. A quienes están en el sexto piso y más de la vida, la televisión sirve de murmullo para imaginar que alguien les acompaña, los más jóvenes ponen su música estridente –con audífonos o al natural- y casi todos esperan con ansia el zumbido del celular, a fin de comprobar que estamos en la mente de alguien que nos ha enviado un mensaje. Los que tienen un gran espacio físico ocupado por casetes o diskettes, no encuentran como hacer funcionar su viejo y anticuado reproductor de tales materiales viviendo entonces la ironía de una opulencia que ni siquiera pueden escuchar menos disfrutar. Y así es como mucha riqueza se arroja a la basura.

A finales de los ochenta, con el acompañamiento de mexicanos sobresalientes[1][1], logramos llamar la atención acerca de un problema de salud que por sus números parecía no importar al sector ¡hasta construimos un hospital en Querétaro! A escasos metros de donde se terminó atendiendo un niño al que compañeros de la tele-secundaria, quemaron al parecer de forma intencional. ¿Saben cómo influyó un ex jefe de gobierno para atacar a esta OSC en favor de los niños quemados en la ciudad de México? ¿Qué hicieron los diversos gobiernos del cambio para defender esa obra de la sociedad civil en el bajío? ¿Cómo es posible que todavía hoy después de tanto esfuerzo por difundir medidas de prevención haya una maestra que recomiende ponerle cebolla en las heridas al infante víctima?

Quemar –bosques, coches, locales, ciudades o personas- como una forma de presión y hasta venganza, debiera ser entendida por los populistas como un aviso de que se está llegando al límite de la tolerancia. Ocurre por la impotencia de ser verdaderos agentes de cambio sobre todo a imprudentes votantes que lo hicieron con las vísceras y no con la cabeza ¿quiénes facilitaron la llegada de personas notables en algunos casos que a la hora de gobernar no la hacen, sienten culpa? ¿De que sirvió a los ciudadanos guiados por Nerón su poesía y gusto por la música? ¿Qué suponen elecciones de una minoría movida por la compra del voto? ¿El abstencionismo es solo un aviso o una verdadera tragedia democrática? Han escrito los entendidos que en el declive populista la abstención es hoy rey de reyes, que domina procesos electorales derrotando la democracia misma al permitir que déspotas y dictadores triunfen mediante la corrupción de los ciudadanos.

El desempleo, el hambre, el miedo al castigo y sobre todo el mal ejemplo –como pedir diezmos a trabajadores, no pagar a empleados o proveedores, mentir, proteger a los infractores o delincuentes- son aspectos que toman en cuenta los que tienen la inteligencia, y la humildad para reconocer que se equivocan al encumbrar a alguien que no lo merecía. Una vez reconocido el error “democrático” lo pertinente es actuar, dejando de promover, aun con críticas, al populista y sobre todo acercándose a la gente capaz, ¡que si la hay y México está pletórico de buenos mexicanos!

____________

[1][1] El paido-psiquiatra Eduardo Dallal y su alumna Patricia Romano, el epidemiólogo José Carrillo Coromina, el maestro en salud pública Rodolfo Gracia Robles, el Dr. Andrés de Witt Green, Fernando Ortiz Monasterio, entre muchos otros que son extraños para los actuales funcionarios.

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Verdad, justicia, reparación de daño y no repetición, un largo y tortuoso camino en México

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Cuando los mexicanos lleguemos a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición, habrá paz en cada corazón de las familias mexicanas, mientras eso no ocurra seguiremos caminando al lado de las víctimas para buscar a los desaparecidos

Twitter: @kausirenio 

La Guerra Sucia empezó en Guerrero por miembros del Ejército mexicano en contra de la población civil en la década de los años 50, 60 y 70. En esa época hubo desaparecidos y pueblos arrasados para restarle la base social a la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Investigar los excesos por militares para llegar a la verdad y justicia.

Si bien es cierto que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que los militares participaron directamente en contra de la población, y eso es un avance, hay que esperar la apertura del archivo militar en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además de investigar a los autores intelectuales de estos crímenes: Caballero Aburto, Alarcón, Figueroa… así como rastrear fosas y cárceles clandestinas donde fueron torturados y asesinados estudiantes, campesinos y colonos.

La participación directa de tropas del Ejército mexicano en la masacre de 17 personas en Chilpancingo, Guerrero, el 31 de diciembre de 1960.  El 18 de Mayo de 1967, en un mitin que convocó la Sociedad de Padres de Familia de la escuela primaria “Juan N. Álvarez, la Policía judicial del estado de Guerrero incursiona en el plantel y abre fuego en contra de la multitud, asesinando a 11 personas. Ese día Lucio Cabañas se refugió en la Sierra.

Las masacres fueron las formas de hacer política en Guerrero. En Acapulco, durante la asamblea de cada domingo, en las oficinas de la Copra, fueron asesinados 38 copreros a manos de pistoleros, El Chante Luna, El Zanatón, Pay Radilla y El Animal, el 20 de agosto;  años después, los asesinos fueron homenajeados con corridos por el valor prestado a la tiranía. Ellos no actuaron por sí solos, sino por órdenes de personajes oscuros del PRI-gobierno de entonces, que pronto escalaron como espuma en lo más altos niveles políticos. Rigoberto Pano Arciniega fue premiado como magistrado y después procurador de Justicia del estado; otro que premiado fue Orbelín Soberanis Núñez, quien llegó a ser diputado local.

Cuando se creía que el talante represor había desaparecido en Guerrero, el 28 de junio de 1995, en el Vado de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos e hirieron a 23 más. Los responsables: policías judiciales, antimotines y la Policía Motorizada, al mando del mayor Manuel Moreno González.

La madrugada del 7 de junio de 1998, un operativo contrainsurgente cercó la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, ubicada en las faldas de los cerros antes de llegar a la  comunidad Ñuu Savi de El Charco, municipio de Ayutla. Al mando iba el comandante de la 27 Zona Militar, el general Alfredo Oropeza Garnica. La balacera duró una hora y media. Ahí fueron asesinados 11 personas y cinco resultaron heridas –un niño de 13 años de edad, entre las víctimas–  pero en el comunicado oficial solo se supo de la detención de 22 personas.

Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron asesinados por policías federales,  estatales y agentes ministeriales, durante el violento desalojo en la Autopista del Sol México-Acapulco, el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo.

En Iguala, el viernes 26 de septiembre de 2014, policías municipales, estatales y federales desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa con la complacencia del Ejército mexicano, y el saldo de ese día fue de seis personas asesinadas.

En todos estos hechos de violencia sistemática en contra de la población civil, el Ejército mexicano, la Marina, la Policía Federal y Estatal de Guerrero, actúan como escuadrón de la muerte, con total impunidad. Las autoridades civiles, lejos de investigar y sancionar, se han encargado de opacar y ocultar la información.

Cuando los mexicanos lleguemos a la verdad, justicia, reparación de daño y la no repetición, ese día habrá paz en cada el corazón de la familia mexicana, mientras esto no ocurra seguiremos caminando a lado de las víctimas para buscar a los desaparecidos.

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Eliminación de hospitales psiquiátricos, una orden del presidente López Obrador

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Por Alberto Farfán

La ansiedad y la depresión como algunos de los factores desencadenantes del suicidio, y asimismo, la imperativa necesidad de que los hombres y mujeres con algunas de estas condiciones mentales deben ser tratados de inmediato en hospitales psiquiátricos para preservar su vida, fue parte de lo que apuntamos en El suicidio en México con índices de gravedad. Ahora es importante resaltar lo que ha ocurrido desde el Gobierno federal con relación a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de eliminar dichos nosocomios.

Y sin dejar de lado el galimatías  seudolegal u oficioso ─lo digo como lingüista─, del decreto en el que hubo cambios a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, texto que provoca ambigüedad, confusión, contradicciones, aspiraciones vanas y hasta demagogia, tratemos de entender qué es lo que en realidad nos intentan decir en lo medular.

De entrada, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de mayo del año en curso se pontifica lo siguiente en el artículo 74 de la Ley General de Salud: “Asimismo, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud”.

Esto quiere decir que los centros de internamiento psiquiátrico ─o sea, los monoespecializados, en los cuales el paciente es atendido por el tiempo que sea necesario bajo el modelo asilar; cuyo significado es dar asilo o albergar─ deben ser eliminados para dar paso a lugares en donde sólo se otorgue atención momentánea y transitoria ─los propiamente psiquiátricos que a partir de ahora serán ambulatorios u hospitales generales─, sin considerar en modo alguno a los sujetos afectados psicoemocionalmente, que requieren de ser ingresados por la gravedad que puedan presentar, como en los casos de intentos de suicidio, por ejemplo. Y en suma, no sólo se habla de ya no construir más nosocomios, cuando los actuales no se dan abasto para todos los solicitantes, sino de eliminar los ya existentes.

Más claro aún, el subordinado del presidente AMLO, el secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, semanas previas al decreto, fue quien justificó en la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo, del 24 de abril de este año, la desaparición de los hospitales psiquiátricos por la sencilla razón de que no era una situación propia de nuestro país, sino que era una tendencia en otras latitudes, la cual tiene a su favor que el aquejado con problemas de salud mental al no encontrarse internado podrá recibir toda la atención por parte de su familia y amigos. Y esto es francamente una estupidez, por más que en dicho decreto se diga que a los familiares se les va a informar y capacitar para la pertinente atención del allegado. Si médicos especializados suelen cometer errores, ¿qué va a ocurrir con aquéllos que son ajenos a conocimientos de esta índole? Nada bueno.

No vamos a negar que históricamente en los hospitales psiquiátricos de nuestro país por la irresponsabilidad de las autoridades competentes se suele abusar, agredir y hasta torturar a los pacientes que se encuentran ingresados indefinidamente. Pero eliminar per se a dichas instituciones no resuelve el problema y menos si nos prometen que con cursos de capacitación y sensibilización a médicos generales, auxiliares y familias la situación va a cambiar. En este sentido, los resultados positivos si es que se dan se podrán palpar en décadas. Por lo tanto, la demagogia es la que habla por sí sola.

Además del término asilar hay otro que repiten hasta el cansancio, el de voluntad anticipada. El cual significa en sentido llano que el individuo será quien determinará cómo, cuándo y dónde recibirá tratamiento médico, o negarse a él. ¿Ahora el afectado diagnosticará al especialista? Pero nótese lo que indica el artículo 75 Bis: “La persona con trastornos mentales… es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento”.

Por fin, es el indispuesto quien decide o no arguyendo su voluntad anticipada, cuando al final lo van a internar, pero además, ¿en dónde? Si ya no va a haber hospitales monoespecializados. Aunado a ello, un afectado con trastorno bipolar, esquizofrenia, con trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad generalizada en plena crisis, ¿podrá tomar la decisión más adecuada? Me temo que no. Lo interesante del caso es que en el artículo 51 Bis 2, leemos: “No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace”. ¿Si no tiene conciencia de lo que hace es prudente que él decida su tratamiento?

En conclusión, debo añadir que aún me pregunto cuál es el objetivo de todo esto. Pues la población que mayoritariamente requiere de estos servicios es de escasos recursos, y si mal no recuerdo AMLO ha dicho que “primero los pobres”, ¿entonces?

Contexto

En México existen 51 centros integrales de salud mental; 32 hospitales psiquiátricos para la atención asilar de 4 mil pacientes, y 54 villas de transición hospitalaria.

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