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La red en lucha

Monex, en fideicomiso para privatizar Bosque de Chapultepec

Monex, investigada por triangular recursos en las elecciones presidenciales de 2012, ahora es fiduciario del proyecto para privatizar Bosque de Chapultepec

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El diputado local por MORENA Alfonso Suárez del Real en tribuna. Foto: parentesiplus.com

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa mexicana Monex investigada por dispersar recursos a través de empresas fantasmas en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales del 2012, ahora administra el fideicomiso creado para la privatización de uno de los cinco bosques más grandes del mundo, el Bosque de Chapultepec, de la Ciudad de México. El proyecto de privatización del inmueble público tiene como propósito la construcción de centros comerciales, un hotel, apartamentos y una torre de oficinas por parte del gobierno de la Ciudad de México que dirige Miguel Ángel Mancera.

El historiador y periodista Alfonso Suárez del Real, desde su representación como diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en defensa del inmueble público, señaló sin embargo que “el gobierno de Miguel Ángel Mancera no tiene facultad para vender o para concesionar por 44 años ni un metro cuadrado del perímetro original del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México”.

El argumento dado por Suárez del Real para frenar la privatización del inmueble público que abarca 686 hectáreas donadas por la Reina Juana Castilla y Aragón el 25 de junio de 1530, se basa en una ley de ese mismo año “en donde se hace extensivo el otorgamiento de este derecho sobre pastizales, bosques, manantiales, y fuentes a todas las poblaciones de la Indias, es decir no solamente de la Nueva España sino del resto de posesiones españolas que conformaban el imperio de las Indias”.

El asambleísta confirmó el inicio de un juicio de amparo reivindicatorio de esa cédula real “en la cual queda claramente estipulado que el Bosque de Chapultepec, fuentes y manantiales son propiedad pública perteneciente a los habitantes de la Ciudad de México, y no de su gobierno”.

El más reciente intento de privatización del inmueble público ha sido señalado de falta de transparencia por la Contraloría General al objetar que a la empresa ganadora de la licitación del proyecto entregó sólo al Gobierno de la Ciudad de México 2 millones de pesos (105 mil dólares) en vez de 34 millones de pesos (1 millón 800 mil dólares) exigidos en la convocatoria, de tal manera que la empresa no pudo demostrar solidez económica. Tampoco la empresa fue capaz de presentar la garantía de cumplimiento, el cual es el equivalente del 1% con respecto a costo total estimado de la obra.

La auditoría, entre otras observaciones legales, concluyó que la empresa no cumplía con el requisito de capital social requerido y contaba con información privilegiada. Ante ello, destacó Suárez del Real que las empresas que se beneficiarían de la privatización son de origen español y una de ellas (sin mencionar su nombre) ha sido vinculada al affaire Panama papers, como se le conoció a la filtración de documentos confidenciales sobre el ocultamiento de propiedades de empresas, activos y ganancias así como la evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno.

“A mí me llamó la atención que una empresa bancaria española tan conocida como es BBVA Bancomer se haya retirado del fideicomiso por su código de ética, y quien entró a la fiduciaria es ni más ni menos que la mexicana Monex”, señaló Suárez del Real en referencia a la corporación que realizó operaciones financieras fraudulentas con empresas fantasmas en 2012 para financiar gastos de campaña en favor del Partido Revolucionario Institucional y que no fueron reportados casi 5 mil millones de pesos ante el entonces Instituto Federal Electoral.

Una de las entradas antiguas al Bosque de Chapultepec. Foto: Alfonso Suárez del real/FB

Una de las entradas antiguas al Bosque de Chapultepec. Foto: Alfonso Suárez del real/FB

Intentos de privatización en la historia del Bosque

Uno de los intentos de privatización fue a finales del siglo XVIII, de acuerdo a las indagaciones históricas del legislador Alfonso Suárez del Real, cuando Carlos III de España pretendió enajenar el bosque para poder venderlo, y el Ayuntamiento de la Ciudad de México invocó y defendió el inmueble comunitario.

Además en 1818, ya casi a un par de años de concluir la presencia española en México, explicó Suárez del Real, que hubo otro intento de apropiación del Bosque de Chapultepec por parte de los propietarios de las haciendas del Molino del Rey de la Hacienda de los Morales. Intentaron comprarlo como bosque y pastizales, No obstante, el Ayuntamiento volvió a invocar la Cédula Real la ley de julio de 1530 y volvió a ganar la Ciudad de México, en el sentido de que el bosque era propiedad de los capitalinos, mientras que el Ayuntamiento era sólo su administrador.

Por el contrario, quien realizó expropiaciones para agrandar la propiedad del parque público al servicio de los capitalinos el 27 de octubre de 1939 fue el general Lázaro Cárdenas, expuso el legislador, quien también dio a conocer en un artículo de su autoría titulado «Hallazgo vital» el contenido del documento 179 de la Cédula de la Reina Juana a la Audiencia de la Nueva España en el que niega la cesión de derechos de Chapultepec a Hernán Cortés.

Suárez del Real señaló a Los Ángeles Press que “para cualquier civilización los bosques han sido sagrados”, en cambio, que el gobierno de la Ciudad de México sólo ve la oportunidad de beneficiarse de este inmueble público “a través de concesiones, a través de juicios mal manejados que pretenden otorgarle a un particular parte del bosque”, refiriéndose al proyecto de Lomas de Chapultepec de colocar una Rueda de la Fortuna monumental abajo del Castillo de Chapultepec y la de construir una torre de 41 pisos en terrenos del bosque con el propósito de financiar el Centro de Transferencia modal del subterráneo de Chapultepec.

“Estamos a favor de que se reordene el caos del transporte del metro de Chapultepec”, dijo el legislador, “eso vale 3 mil 140 millones de pesos (unos 165,260 mil dólares)”. Sin embargo, fue contundente al mostrar su desacuerdo por la venta de “algo que no le pertenece al gobierno sin haber consultado a la ciudadanía y que se venda en tres pesos, cuando la empresa privada ganaría en 44 años 18 mil millones de pesos (mil millones de dólares)”.

 

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Estados Unidos

Relatores de la ONU condenan violaciones de DDHH en la cárcel de Guantánamo

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GINEBRA – Relatores de las Naciones Unidas condenaron este lunes 10 las violaciones de derechos humanos y la impunidad que privó en la prisión estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, a 20 años de la llegada de los primeros detenidos a ese enclave.

Guantánamo “es un sitio de notoriedad sin precedentes, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados ahí y privados de sus derechos más fundamentales”, dijeron en su declaración los expertos en derechos humanos.

Para los especialistas, “20 años de práctica de detenciones arbitrarias sin juicio, acompañadas de tortura o malos tratos, es simplemente inaceptable para cualquier gobierno, en particular para uno que tiene el reclamo declarado de proteger los derechos humanos”.

“Como miembro recién elegido del Consejo de Derechos Humanos, los expertos piden nuevamente a Estados Unidos que cierren esta instalación y cierren este feo capítulo de implacables violaciones de los derechos humanos”, agregaron.

Los expertos independientes trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza.

Se trata de Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Nils Melzer, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y Siobhán Mullally, sobre la trata de personas.

Con ellos, Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofookeng, sobre el derecho a la integridad física y salud mental; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

En su base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, el gobierno del presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) estableció en enero de 2002 un centro de detención para prisioneros acusados de terrorismo, tras la invasión de Afganistán, que siguió a los atentados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.

Estados Unidos encarceló a un total de 780 hombres musulmanes en Guantánamo, con 39 que aún permanecen detenidos sin cargo y sin juicio. Muchos fueron liberados y al menos nueve murieron en la prisión, de ellos siete por suicidio.

Además de señalar a Guantánamo como centro de torturas y otras violaciones de derechos, los relatores dijeron que es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas, así como de la impunidad de la que gozan los responsables.

“Cuando un Estado no responsabiliza a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo”, declararon los expertos en su comunicado.

Una vez más, los relatores pidieron al gobierno estadounidense que cierre el centro carcelario, regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros respetando el principio de no devolución, y brinde remedio y reparación a quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes.

También, que obligue a que los responsables de los actos de tortura rindan cuentas en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.

Expresaron especial preocupación por la población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante todo este tiempo, y repudiaron la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura a la que obliga el derecho internacional.

También denunciaron los procedimientos previos al juicio que realizan las comisiones militares para eliminar las pruebas de tortura y remarcaron la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procesos.

Acentuaron las fallas del sistema judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho, que dan lugar con su apoyo a un limbo legal en Guantánamo.

Para concluir, los expertos encomiaron la valiente y ardua labor de los abogados defensores que han luchado para proteger el estado de derecho y que han revelado las violaciones de los derechos humanos por parte de las comisiones militares.

Recientemente, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) en Washington, dijo que Estados Unidos mantiene el plan de cerrar esa prisión.

“Seguimos decididos a deliberar y a un proceso exhaustivo centrado en reducir de forma responsable la población de detenidos en la bahía de Guantánamo y, en última instancia, a cerrar las instalaciones”, dijo Price.

A-E/HM

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La red en lucha

En 2021 fueron asesinados 55 periodistas en el mundo

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PARÍS – En 2021 fueron asesinados 55 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo y, aunque es el menor número en una década, la impunidad se mantiene generalizada y los comunicadores siguen enfrentando una enorme cantidad de riesgos, indicó este jueves 6 un informe de la Unesco.

“Una vez más, en 2021, demasiados periodistas pagaron el precio máximo por sacar a la luz la verdad”, deploró Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Agregó que “ahora mismo, el mundo necesita más que nunca información independiente y objetiva” y “debemos hacer más para garantizar que quienes trabajan incansablemente para proporcionarla puedan hacerlo sin miedo”.

El Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco señaló que dos tercios de los asesinatos se produjeron en países que no sufren conflictos armados, “lo que demuestra los continuos riesgos a los que se enfrentan los periodistas en su labor informativa diaria para sacar a la luz las irregularidades”.

Por su parte, la sindical Federación Internacional de Periodistas (FIP) informó que en 2021 fueron asesinados 45 periodistas en 20 países, frente a los 65 del año anterior, con lo que desde 1991 suman 2.721 los profesionales de la comunicación asesinados.

Los colegas perdidos “nos recuerdan el terrible sacrificio que siguen haciendo los periodistas de todo el mundo en aras del interés público, y estamos siempre en deuda con ellos y con los miles de personas que han pagado el precio más alto”, dijo el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.

“Una vez más, en 2021, demasiados periodistas pagaron el precio máximo por sacar a la luz la verdad. Ahora mismo, el mundo necesita más que nunca información independiente y objetiva. Debemos hacer más para garantizar que quienes trabajan incansablemente para proporcionarla puedan hacerlo sin miedo”: Audrey Azoulay.

La FIP “cree que el único homenaje adecuado a la causa por la que dieron sus vidas debe ser la búsqueda incesante de justicia para ellos. Abogamos por la adopción de una nueva convención de las Naciones Unidas para la protección de los periodistas, que garantice la rendición de cuentas por esos asesinatos”.

La Unesco indicó que la mayoría de las muertes en 2021 se produjeron en sólo dos regiones: Asia-Pacífico, con 23 asesinatos, y América Latina y el Caribe, con 14.

Solo en México fueron asesinados en 2021 ocho periodistas, y de acuerdo con medios de prensa de ese país, así como en Afganistán, alcanzaron a 47 en los últimos cinco años.

Para la FIP se trata de una constatación recurrente: los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación son asesinados con mayor frecuencia por denunciar la corrupción, el crimen y el abuso de poder en sus comunidades, ciudades y países.

Los riesgos asociados a los conflictos armados han disminuido en los últimos años, debido a la limitada exposición de los profesionales de los medios de comunicación, pues cubren los conflictos armados en menor número.

Pero al mismo tiempo aumentan las amenazas de las bandas criminales y los cárteles de la droga, desde los barrios marginales de México hasta las calles de las ciudades europeas de Grecia y los Países Bajos, y motivaron asesinatos selectivos de trabajadores de los medios de comunicación en 2021.

La Unesco destacó que si bien el número de esos asesinatos es el más bajo desde hace una década (hubo más de 100 en 2012), la impunidad sigue alarmantemente extendida: 87 % de esos crímenes perpetrados desde 2006 siguen sin resolverse.

Hay otras amenazas, desde agresiones a periodistas que cubren protestas hasta incremento del acoso en línea para las comunicadoras, y el Comité para la Protección de Periodistas, basado en Nueva York, registró una cifra récord, 293, de periodistas encarcelados por ejercer su trabajo en 2021.

El pasado 10 de diciembre se entregó el Premio Nobel de la Paz 2021 a dos periodistas: la filipina Maria Ressa y el ruso Dmitri Muratov, por “su valiente lucha en favor de la libertad de expresión”, según el comité que otorga el galardón.

 La organización reporteros Sin Fronteras (RSF) informó que en Filipinas fueron asesinados 33 periodistas en los últimos 10 años y en Rusia siete. En su clasificación de la libertad de prensa en 180 países, RSF coloca a Filipinas en el puesto 138 y a Rusia en el 150.

 A-E/HM

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Latinoamérica

INAI asume presidencia internacional de Red de Transparencia y Acceso a la Información

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• El INAI asumió las presidencias de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información y la Asamblea Global de Privacidad

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), consolidó su liderazgo internacional en materia de acceso a la información y protección de datos personales en 2021, asumiendo las presidencias de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC) y la Asamblea Global de Privacidad (GPA).

Asimismo, consciente de que la integridad, las acciones anticorrupción, la ética y la rendición de cuentas son claves en el desarrollo de las sociedades, en febrero de 2021, el INAI tomó la Vicepresidencia de la Red por la Integridad por un periodo de dos años. En su gestión buscará fortalecer y promover una agenda estratégica en transparencia y rendición de cuentas por medio de la cooperación internacional.

El INAI asumió, el 13 de mayo de 2021, la Presidencia de la RTA para el periodo 2021-2024; el organismo de cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre autoridades de América Latina está integrado por 37 autoridades de 17 países iberoamericanos, una fundación internacional, una Red Federal de Argentina y dos Organismos Internacionales, con el propósito de generar un espacio permanente de diálogo, en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

Desde junio de 2021, el INAI ostenta la Presidencia y Secretaría del Comité Ejecutivo de la ICIC, red encargada de fomentar a nivel mundial la protección y la promoción del acceso a la información pública como un pilar fundamental de la gobernanza social, económica y democrática.
La participación del INAI en la ICIC busca consolidar el liderazgo de la Red a nivel global de Comisionados de información. Asimismo, se pretende expandir la presencia y reconocimiento del Instituto a nivel internacional. En el mismo sentido, se desea tener vínculo con diversos organismos internacionales e impulsar su liderazgo y voz internacional en materia de Acceso a la Información y Transparencia.

Finalmente, en octubre de 2021, se realizó de forma exitosa la 43° Asamblea Global de Privacidad organizada por el INAI, donde se eligió al Instituto como Presidente del Comité Ejecutivo de dicho Foro para el periodo 2021-2023.

La Asamblea Global de Privacidad es un foro internacional con más de 130 autoridades de protección de datos y privacidad, cuyo objetivo es construir y mantener un entorno en el que las autoridades en la materia, a nivel mundial, puedan actuar eficazmente para cumplir sus mandatos, tanto individualmente como de forma concertada, mediante la difusión de conocimientos y conexiones de apoyo.

En ese sentido, el INAI continuará fortaleciendo los lazos de cooperación internacional para promover su labor como órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

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