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Mineras fueron protegidas en el gobierno de Fox

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Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, las empresas mineras que operan en el país recibieron protección por parte del Estado, pese a las condiciones laborales en las que se encontraban sus trabajadores, además de la explotación de los recursos naturales del país, advirtieron ex mineros de Pasta de Conchos.

Javier Medina Mota, ex minero que laboró durante 30 años en minas del país, reconoció que en el gobierno de Fox se permitió la operación impune de las grandes empresas que extrajeron los recursos naturales de la nación, aunado a que los trabajadores estaban en condiciones deplorables.

Relató que no tenían seguridad social, además de que tampoco tenían respaldo médico en caso de algún percance que son habituales entre los mineros, por lo que tenían que buscar sus propios recursos, razón por la cual muchas personas no duraban mucho en sus labores.

Comentó que los sueldos eran raquíticos, pese a que las ganancias de las mineras del país son masivas, por lo que han solicitado mejores condiciones laborales, pero han sido ignorados históricamente tanto por las empresas como por las autoridades federales.

Eduardo Aguilar Peralta, también ex trabajador de una minera de Zacatecas, refirió que los daños de la extracción de recursos naturales eran fatales, pues afectaban a la flora y fauna de la zona y por ello en algunas ocasiones los daños son irreversibles para beneficios económicos de unos cuantos.

Reconoció que el problema de la minería es que es una actividad de alto riesgo tanto para la salud de los pobladores de las zonas aledañas y de los trabajadores como del entorno natural que se degrada, por lo que consideró que deben modificarse este tipo de prácticas para que sean más amigables con el medio ambiente.

De acuerdo con especialistas en Ciencias Ambientales, la actividad de las mineras degrada sosteniblemente al entorno natural en todos sus niveles, por lo que deben implementarse otras estrategias que sustituyan la misma para atender el problema de la afectación al medio ambiente en el país.

 

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Mexico Violento

Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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África

África en alerta por asesinatos de periodistas: CPJ

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Martinez Zogo death

Todos los casos en impunidad revelan la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia a las familias de los periodistas asesinados

Por Joyce Chimbi

NAIROBI – El nuevo año trajo malas noticias para la libertad de prensa en el continente africano, con el brutal asesinato de un periodista y la sospechosa muerte de otro.

La jefa del programa para África del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), Angela Quintal, dijo que comenzar el año con la muerte de al menos dos importantes periodistas en una semana es una muy mala noticia y se espera que no sea una señal abominable para el año que comienza.

“El brutal asesinato del periodista camerunés Martínez Zogo, que fue secuestrado, torturado y asesinado en la capital, Yaundé, y la sospechosa muerte en accidente de tráfico de John Williams Ntwali, el periodista independiente ruandés, en Kigali, han dejado conmocionada a la comunidad de los profesionales de los medios, me siento mareada, y solo estamos a principios de año», declaró Quintal.

El Foro de Editores Africanos (TAEF, en inglés) también ha expresado su conmoción e indignación por estas muertes y tiene previsto realizar gestiones ante los gobiernos de Ruanda y Camerún para «exigir informes públicos completos sobre las circunstancias que condujeron a sus muertes».

Por desgracia, no se trata de incidentes aislados.

Leer más: Gobierno de México omite casos de periodistas asesinados y autores intelectuales en investigaciones

 

Sólo en 2022, el CPJ documentó al menos seis periodistas asesinados en África subsahariana murieron en misiones peligrosas o en fuego cruzado, y confirmó que cuatro de ellos, los somalíes Ahmed Mohamed Shukur y Mohamed Isse Hassan, y los chadianos Evariste Djailoramdji y Narcisse Oredje, fueron asesinados por su labor informativa.

“En estos cuatro casos, los periodistas murieron en misiones peligrosas o en fuego cruzado, en relación con su trabajo. Seguimos investigando la muerte en Kenia del periodista paquistaní Arshad Sharif y de Jean Saint-Clair Maka Gbossokotto en la República Centroafricana para determinar si sus muertes están relacionadas con su trabajo periodístico», explicó Quintal.

La jefa para el continente del CPJ afirmó desde Nueva York que Somalia sigue encabezando el Índice Global de Impunidad del Comité como el peor país en el que «los asesinos de periodistas invariablemente salen libres, y no hay rendición de cuentas ni justicia por sus muertes».

Otros seis periodistas fueron asesinados en 2022 en casos relacionados con su trabajo en el continente:  Abdiaziz Mohamud Guled y Jamal Farah Adan (Somalia), David Beriain y Roberto Fraile (Burkina Faso), Joel Mumbere Musavuli (República Democrática del Congo), y Sisay Fida (Etiopía).

En total, es el mismo número de periodistas asesinados en África que durante 2021.

Rwandan Journo

El CPJ ha solicitado una investigación de la muerte del periodista John Williams Ntwali en Kigali. Ntwali fue un periodista independiente que expuso los abusos contra los derechos humanos en Ruanda y denunció que era víctima de amenazas de muerte. Imagen: Captura de pantalla de CPJ / YouTube-Al Jazeera

Quintal ha declarado que la muerte de Sisay este mes es el primer caso confirmado desde 1998 de asesinato de un periodista en Etiopía. El CPJ sigue investigando la muerte de Dawit Kebede Araya en ese país en 2021 para determinar si estaba relacionada con su labor periodística.

“Con diferencia, la mayoría de los periodistas asesinados son reporteros locales. De los seis de 2021, dos periodistas rusos fueron asesinados en Burkina Faso, y seguimos investigando el asesinato el año pasado en Kenia del periodista paquistaní Arshad Sha para determinar si el motivo estaba relacionado con el periodismo”, añadió Quintal.

Añadió que “en 2022 y 2021 se produjo el mayor número anual de asesinatos de periodistas desde 2015, cuando el CPJ documentó al menos 11 asesinatos, y rezo para que no volvamos a los oscuros días de asesinatos de dos dígitos. Un periodista asesinado es un periodista de más».

Quintal denunció los niveles de impunidad y la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia a la mayoría de los periodistas asesinados y a sus familias, una tendencia que se refleja en otras partes del mundo.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

En todo el mundo, según el informe anual 2022 del CPJ, los asesinatos de periodistas aumentaron casi 50 % en medio de la anarquía y la guerra, y en 80 % de ellos ha habido impunidad total.

“Esto ilustra un pronunciado declive de la libertad de prensa en todo el mundo, algo que también vemos en términos de cifras récord en el número de periodistas encarcelados en todo el mundo”, subrayó Quintal.

Precisó, además, que “en 2022 se registró el mayor número de periodistas encarcelados en todo el mundo en 30 años. Con la cifra récord de 363 periodistas entre rejas al 1 de diciembre de 2022”.

La directora editorial del CPJ, Arlene Getz, señala que «en un año marcado por el conflicto y la represión, los líderes autoritarios redoblan su criminalización de la información independiente, desplegando una crueldad cada vez mayor para sofocar las voces disidentes y socavar la libertad de prensa».

Ante este escalofriante panorama, Quintal dijo a que las soluciones a corto plazo incluyen la voluntad política de los gobiernos, acompañada de los recursos financieros y humanos necesarios, para detener, procesar y condenar a los culpables de crímenes contra periodistas.

“Es hora de que los gobiernos cumplan sus promesas… Deben envíer una señal clara de que habrá consecuencias por dañar a un periodista”, remarcó.

También hay una necesidad urgente de invertir en formación sobre seguridad, tanto para periodistas físicos como digitales, y en visados de emergencia para periodistas en apuros.

“Aquí es donde la comunidad internacional puede desempeñar un papel importante. Las misiones diplomáticas en países donde los periodistas están amenazados por los gobernantes, por ejemplo, pueden ayudar a los periodistas locales que necesitan trasladarse en caso de emergencia», dijo la activista por los derechos de los periodistas africanos.

A su juicio, “los gobiernos deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes para poner fin a la violencia contra los periodistas, y debe haber consecuencias políticas y económicas para quienes no lleven a cabo investigaciones adecuadas que cumplan las normas internacionales”.

Las soluciones a largo plazo, añadió, incluyen que los países establezcan e inviertan recursos en mecanismos especiales para proteger a los periodistas, como los que existen en lugares como México. Pero advierte de que no han cumplido sus promesas, en gran medida por falta de recursos, capacidad y voluntad política.

Infórmate: México, tercer país con más asesinatos de periodistas en este siglo –

 

Los gobiernos también deben dar prioridad a la protección, las investigaciones creíbles y la justicia.

Y cuando los gobiernos locales fracasen, a su juicio «los Estados extranjeros también deberían recurrir a la jurisdicción universal para perseguir a los acusados de asesinar a periodistas», tal como Alemania está procesando a un miembro del escuadrón del ex presidente de Gambia, Yahya Jammeh, responsable del asesinato de Dedya Hydara, redactor jefe de The Point.

Por su parte, TAEF, el Foro de Editores, sigue lamentando estas muertes, presionando a los gobiernos pertinentes para que respondan a la creciente lista de periodistas asesinados y hagan justicia a los afectados en la promoción de la libertad de prensa.

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Fuente: ipsnoticias.net

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