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Mexico Violento

Mineras extranjeras avanzan en silencio en la Montaña Guerrero

Empresas mineras que obtienen permisos del gobierno mexicano avanzan en la exploración y la explotación de los recursos de la Montaña Guerrero

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Participantes en el XIII Foro en Defensa del Territorio efectuado en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Participantes en el XIII Foro en Defensa del Territorio efectuado en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

MALINALTEPEC, Guerrero.- Durante el XIII Foro en Defensa del Territorio, en contra de la reserva de la biósfera, la minería y la certificación de áreas naturales protegidas en la Montaña de Guerrero, autoridades comunitarias y agrarias acordaron buscar un frente común para la entrega conjunta de actas de rechazo contra mega proyectos que afecten a la región.

El foro se realizó el sábado 12 en el auditorio de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), que cuenta con nuevo rector luego de que pobladores de comunidades cercanas exigieron la destitución de Rafael Aréstegui por haber firmado un convenio de colaboración con Semaren y Conanp para la promoción de la instauración de una reserva de la biósfera en un polígono de la Montaña.

En el foro informaron que el gobierno mexicano oferta a México como el país donde los empresarios tienen mayor oportunidad de inversión minera y muestra en Internet las concesiones mineras que han sido otorgadas sin que la mayoría de los pueblos sepan de tales operaciones.

Los académicos Juan Oropeza y Cristina Hernández señalaron que dentro del sistema de administración minera se observan mapas con los polígonos propensos a la exploración y explotación minera. Con rentas que fluctúan entre los 5 a los 101 pesos bimestrales, desde 2007 a 2011 años en que se inició el proceso de entrega de concesiones más recientes, válidas por 50 años, es decir hasta 2058 y 2062, para ser renovables por otros 50 años.

En otra participación, un investigador detalló que los pueblos indígenas deben recurrir al derecho agrario en diversos frentes además de estar alertas y buscar la manera de rechazar a los programas gubernamentales que facilitan la expropiación del territorio.

Detalló que en el caso de los certificados de Áreas Voluntarias Destinadas a Conservación (AVDC), destinadas a la prestación de servicios ambientales a cambio de un pago, representan un riesgo aún mayor que las Áreas Naturales Protegidas promovidas por el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) desde hace más de una década, porque son tendientes a cumplir una función de interés público, por lo que son expropiables.

En cuanto al proyecto de la Reserva de la biosfera, la Semarnat a través de un oficio respondió a autoridades agrarias que el proyecto estaba suspendido, más no cancelado, alertó el docente que agregó que los pueblos deben establecer con claridad candados legales para el rechazo al parcelamiento de tierra y la minería.

Sobre el derecho a la consulta a los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la OIT, el investigador refirió que la Secretaría de Energía respondió mediante oficio que no acatan tales lineamientos porque el convenio no tiene una ley vinculante por lo cual sólo obedecen a la Ley Minera.

En la Montaña son tres los núcleos comunales que han registrado actas de rechazo a la minera en el Registro Agrario Nacional; Zapotitlán Tablas, Zitlaltepec, San Miguel el Progreso. Después de tales registros en el RAN comenzaron las trabas y el rechazo a validar tales documentos agrarios por lo cual asistentes al foro acordaron buscar una estrategia para ir en conjunto a entregar la decisión consensada, de rechazo a la minería en la Montaña.

Parte de la placa que fue instalada por extranjeros en territorio comunitario. Foto: Sergio Ferrer

Parte de la placa que fue instalada por extranjeros en territorio comunitario. Foto: Sergio Ferrer

Trabajan silenciosamente las mineras

Desde 2010, cuando a las instalaciones de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) llegaron representantes de mineras canadienses a avisar de procesos de exploración –los cuales fueron rechazados por la institución comunitaria que inició una campaña contra la instauración de minería a cielo abierto–, los trabajos de las compañías han sido sigilosos y pausados.

En lugares como Totomixtlahuaca, si bien no acudieron ya extranjeros, a finales del año pasado dos ingenieros mexicanos que dijeron pertenecer a la UNAM solicitaron a los habitantes de dicho pueblo pensar en las posibilidades de “progreso” que conllevaría los permisos de explotación minera. La asamblea los invitó a abandonar el poblado.

Durante el foro, Inocencio Navarro Solano, comisariado de Bienes Comunales de Malinaltepec informó al reportero que un taxista dio aviso de dos sujetos altos de piel blanca que se retiraron de la comunidad de Ojo de Agua después de acudir a una parte del bosque durante la fiesta del primer viernes de cuaresma.

Al investigar, campesinos me´phaa encontraron una placa de loza de casi dos metros de profundidad y ochenta centímetros de ancho la cual fue instalada “por las mineras para ir midiendo el terreno o hacer no sabemos qué pruebas”, detalló Navarro Solano.

El comisariado de bienes comunales de Iliatenco recordó que las mineras acudieron hace un año con sus permisos de exploración y se les pidió que se retiraran, “La minería significa muerte, ahora sin ofender, nosotros les pedimos a los paisanos de Paraje Montero que no firmen otro permisos de exploración”, señaló la autoridad agraria en referencia a la autorización que dio en 2010 la comunidad de Paraje Montero para la exploración por parte de una empresa minera.

En la región existen diversas concesiones y proyectos como el denominado Corazón de Tinieblas que afectaría los municipios de Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec, otra con el nombre de Tojo Rojo en Malinaltepec, además de Zapotitlán Tablas siendo la minera Hotzchild la que ha comprado 37 mil hectáreas.

También hay concesiones en otros municipios como Atlixtac, Olinalá, Cualac, Cochoapa el Grande, Metlatónoc. Además, existe una estrategia promovida por la Procuraduría Agraria para acrecentar la propiedad privada no comunal y así dar paso a la inversión pública minera.

A la reunión que inició con la bendición de un ritual con copal y cuatro veladoras custodiando cuatro puntos del auditorio asentado en un terreno donado por La Ciénaga, acudieron poco más de 60 autoridades entre comisarios municipales, delegados así como comisariados de bienes comunales o ejidales.

Asistentes al XIII Foro en Defensa del Territorio. Foto: Sergio Ferrer.

Asistentes al XIII Foro en Defensa del Territorio. Foto: Sergio Ferrer.

Se crea Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata

En otra información, el comisario ejidal de Buenavista y uno de los fundadores de la Policía Comunitaria en la Costa-Montaña, Cirino Plácido Valerio, señaló que conscientes de la división en la CRAC, trabajan en la construcción de un Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, “el cual no será para apoyo a partidos políticos o para grilla, sino para la restitución del derecho colectivo a través de usos y costumbres, buscar la unidad contra el narcotráfico, secuestros, militarización, paramilitares, y tener un poder colectivo contra la guerra total de pobres contra pobres, afirmó.

Por su parte, el ex alcalde de Malinaltepec y autoridad comunal de Santa Cruz del Rincón, Apolonio Cruz reiteró que hay dos grupos de la CRAC que se están peleando y acusó a Pablo Guzmán y a Valentín Hernández, dejando ver un discurso separatista hacia los pueblos afromexicanos, “no nos entenderemos con ellos porque nosotros somos pueblos de paz, ellos son otro cultura”, sentenció.

Alfredo Baena, comunicó que dos terceras partes de los docentes de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) de la sede Santa Cruz del Rincón decidieron separarse del proyecto porque el rector Joaquín Flores y una asamblea encabezada por priístas decidieron prohibir a la universidad involucrarse en asuntos de defensa del territorio, así como establecer contacto con las autoridades comunitarias y dejar de lado lo referente a seguridad, señaló en breve entrevista.

Un campesino de Malinaltepec alertó que en días anteriores vio a un grupo de 40 hombres armados con armas largas, vestidos de civiles, que se identificaron como judiciales y acudían a un campamento a Xochiatenco. Hasta ahora desconoce a qué organización pertenecen y las funciones que están desempeñando sin autorización de la comunidad.

 

De un lado de la carretera se encuentran localidades me´phaa como Ojo de Agua en cuyo terreno está ubicada la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, enfrente, esta la comunidad na savi Mixtecapa, adscrita al municipio de San Luis Acatlán, de donde es la niña y dos jóvenes mujeres que tejen sombrero de palma mientras caminan a sus hogares. Foto: Sergio Ferrer

Comunidad na savi mixtecapa, adscrita al municipio de San Luis Acatlán, de donde es la niña y dos jóvenes mujeres que se dedican a tejer sombreros de palma. Foto: Sergio Ferrer

De un lado de la carretera se encuentran localidades me´phaa, como Ojo de Agua, en cuyo terreno está ubicada la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Enfrente está la comunidad na savi mixtecapa, adscrita al municipio de San Luis Acatlán.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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El CJNG se desplaza a Yucatán con ejecuciones y ‘cobros de piso’ a contratistas y trabajadores del Tren Maya

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El Cártel Jalisco Nueva Generación enfila sus baterías al estado de Yucatán, luego que estar siendo desplazado de Quintana Roo, a sangre y fuego.

Por Alfredo Griz Cruz

YUCATÁN, México.- Tras la presión del Gobierno federal para ceder el control de las plazas del Caribe mexicano a otros grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve obligado a desplazarse hacia Yucatán, desde hace apenas unos días, justamente cuando el sábado 25 de junio se daba cuenta de ocho ejecutados tirados en los limítrofes del estado de Yucatán.

Sus nombres eran José Luis Villalpando Pat, de 46 años; Édgar Medina Romero, de 19; Heber Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio César Robledo García, de 24; David Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan, de 20 años. Todos ellos “levantados” entre el 21 y 23 de junio en el poblado de Xcalac, de Quintana Roo.

El Cartel Jalisco Nueva Generación mandó un mensaje claro a la autoridad yucateca, mostrando fuerza y determinación para entrar a esa entidad; sin embargo, las autoridades policiacas de Yucatán reaccionaron de manera inmediata y blindaron el estado en espera de otro posible golpe.

Ha habido indicios de que ya se tenía presencia de ese cartel en la ciudad de Mérida. Un evento a lo referido es cuando la empleada de la Comisión Federal de Electricidad, Circe Viridiana Palma Martínez, intentó medrar con información confidencial que revelaba la corrupción de los servidores públicos de esta institución y tras su fracaso denunció ante la FGR a este reportero a petición de la paraestatal. En consecuencia, fue colocada una narco-manta en el domicilio de quien escribe con amenazas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha empleada que filtró información confidencial de las obras del Tren Maya y de sus jefes directos, Marco Antonio Flores y Víctor Manuel Tziu Sosa, fue coaccionada a denunciar a este periodista bajo supuestos delitos de extorsión para no ser despedida. La empleada, cuyo número de control es RPE: DB483, señaló que los desvíos de recursos de esa paraestatal se hace entre amigos y grupos del del crimen organizado. De ahí se deriva la narco-manta que fue colocada en el domicilio de este reportero y de la cual, la autoridad estatal se mantiene al margen, ignorando el asunto, y dejando el caso al Ministerio Público Federal.

Narcomanta del CJGN con amenazas al reportero.

Recapitulando los hechos

  • El día 22 de abril fue detenido en Progreso, Yucatán, un lugarteniente del CJNG en el más completo sigilo, lo que obra en diversas notas periodísticas regionales y nacionales.
  • El 7 de mayo, este reportero es amenazado por el CJNG, como respaldo a la empleada de la Comisión Federal de Electricidad que le filtró información, y luego lo denunció en la Fiscalía General del Estado por supuesta extorsión, para deslindarse de su responsabilidad ante el delito de revelación de secretos.
  • El 25 de junio, ejecutaron a ocho personas que fueron tirados en el municipio de Chikindzont, localizado al oriente de Yucatán, adjudicándose los hechos el CJNG.
  • El martes 28, en el barrio de San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, se desplegó un intenso operativo para detener a ocho personas pertenecientes al CJNG quienes tenían a personas privadas de su libertad en un domicilio de esa céntrica colonia, lo que provocó activar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, con vuelos constantes en las colonias, Campestre, Pedregales de Tamlun, Chuburna, Chichi Suárez, entre otras.

Tras el operativo de persecución y detención de los presuntos criminales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República; sin embargo, en un golpe de timón mediático, las autoridades estatales deslizaron la información de que fueron detenidas personas que se dedicaban a estafar a través de un call center. Lo que resulta inverosímil, ya que no se justifica ni la persecución por todo el norte de la ciudad ni el accionar de un helicóptero policial, por lo que es evidente que se está ocultando la información, para no poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública de Mérida.

A decir de Circe Viridiana Palma Martínez, quien filtró la información sobre la corrupción del Tren Maya y quien ahora es imputada en una denuncia federal, señala que los contratistas que laboran en los tramos del tren de Campeche a Quintana Roo, deben de dar su cuota a los residentes y también a los grupos del crimen organizado que tengan control sobre las zonas de construcción. De ahí se deriva la férrea lucha en la zona de Quintana Roo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación fue desplazado de las zonas turísticas, y ahora se quiere abrir paso en esos tramos de construcción del Tren Maya. Que de acuerdo con la información recibida, uno de los motivos del CJNG para establecer una base de operaciones en Yucatán es tomar el control de las obras del Tren Maya, donde normalmente se mueve la droga con los trabajadores y se hacen cobros de piso a los contratistas.

La ahora imputada servidora pública, quien ha mantenido silencio ante este medio de comunicación, pero vierte información sobre la denuncia federal en su contra, deja entre ver acuerdos no transparentes de la paraestatal y el Ministerio Público Federal en una clara obstaculización de la justicia.

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