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Justicia pendiente

Mineras exploran la Montaña Guerrero sin autorización indígena

Mineras extranjeras envían a empleados a explorar la Montaña Guerrero, por lo que indígenas pusieron una demanda de amparo contra las consesiones

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Empresa minera GoldCorp en abril, cuando sus trabajadores hicieron paro laboral. Foto: MovimientoM4.org

Empresa minera GoldCorp en abril, cuando sus trabajadores hicieron paro laboral. Foto: MovimientoM4.org

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero. 22 de julio. “Helicópteros han bajado y se llevan como muestras, hay gente de piel blanca, unos parecen extranjeros, luego vienen también y le prometen a la gente que habrá escuelas, les preguntan qué necesitan y les dicen que lo tendrán”, señaló el testimonio de un habitante de la Montaña que ha visto cómo empresas mineras han enviado trabajadores a comunidades marginadas de Cochoapa el Grande.

Parte del territorio de este municipio, uno de los más pobres de América Latina, ha sido concesionado por el Gobierno Federal para exploración y explotación en un polígono que abarca otros municipios como Malinaltepec, Iliatenco, San Luis Acatlán.

Por otra parte, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en un comunicado en el contexto del Día mundial contra la minería a cielo abierto resaltó la lucha emprendida por la comunidad indígena San Miguel del Progreso perteneciente al municipio de Malinaltepec que acompañada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” interpusieron una demanda de amparo en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión minera en su territorio indígena, contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

Campamento familair en el paro de GoldCorp. Foto: MovimientoM4.org

Campamento familiar en el paro de GoldCorp. Foto: MovimientoM4.org

El texto precisa que dicha acción solicita se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aunque el Gobierno Federal respondió jurídicamente, el 12 de febrero de este año, un juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras dentro de un territorio indígena, invocando para ello los derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).

La REMA afirma que las comunidades, luchas y organizaciones que la conforman ratifican su compromiso con la defensa del territorio ante un Pacto por México que profundizará las injusticias socioambientales, alertando a la población de tomar en cuenta que debido a la extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en el país.

En otro punto refieren que en todo el mundo, el actual «modelo extractivo minero» ha demostrado ser altamente devastador. En México, la amenaza de la minería sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es inminente e inconmensurable. Los daños asociados a ella son notables: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad y criminalización de defensores y luchadores sociales además de la contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, así como altísimas contribuciones al cambio climático, afecciones a la salud y empleos precarios, son algunos de éstos cuando las mineras hacen su aparición.

Paro en la empresa minera GoldCorp en Carrizalillo Guerrero. Foto: MovimientoM4.org

Paro en la empresa minera GoldCorp en Carrizalillo Guerrero. Foto: MovimientoM4.org

Otros ejemplos de esfuerzo en contra de la minería a cielo abierto que señala REMA son la organización de foros en el país en tanto que a nivel internacional mantienen una estrecha colaboración con organizaciones y luchas de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Canadá a través del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

El comunicado afirma que han iniciado procesos para buscar blindar a territorios de cualquier actividad minera al generar declaratorias de territorios libres de minería en los que destacan la Asamblea de Bienes Comunales de Zacualpan, Colima cuya decisión de rechazar cualquier actividad para extraer mineral fue avalada por el Tribunal Unitario Agrario 38.

Asimismo han generado un acta de colectiva firmada ante notario público por 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán por la que DECLARAN a sus territorios libres de megaproyectos.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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