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Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

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Las mineras canadienses y mexicanas están apropiándose del agua en Guanajuato hasta 2029

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta la concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

Por Emilio Godoy

DOLORES HIDALGO, México – Ante la escasez existente en la zona, la mexicana Fausta Márquez se considera a sí misma “una guardiana del agua” en su comunidad, pues almacena el líquido, reutiliza el agua de la lavadora y del enjuague de los utensilios de cocina, y tiene un baño seco en su casa.

“Recibimos agua cada tres días y cuando cae, la echan tres veces al día. Pero en época de sequía, la situación empeora”, porque el recurso escasea aún más, relató Márquez, quien compatibiliza la agricultura con el cuidado del hogar,  mientras enseñaba los visibles beneficios de contar con el recurso en el patio de su casa.

Esta madre de tres hijas y un hijo y ya con dos nietos vive en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, a unos 337 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Su jardín muestra las bondades del agua en una zona semidesértica, pues abundan plantas variadas, y el suelo aún está verde, ante la inminencia del frío al que seguirá  la temporada seca.

Márquez, integrante del colectivo Hermandad de la Cuenca de Independencia, posee un sistema de captación de lluvia, que consta de un depósito de unos 12 000 litros y otro de menor capacidad, que alcanza para un año. Un pozo abastece a Santa Bárbara y otras tres comunidades vecinas desde 1994.

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A la sobreexplotación, especialmente por la agricultura de exportación, y la sequía, otra amenaza se cierne en el horizonte. La Minera Cerro del Gallo, propiedad de la canadiense Argonaut Gold Inc, posee siete concesiones hídricas por 1 240 millones de metros cúbicos (m3) anuales, cuyo uso supondría un golpe devastador al inventario hídrico de la zona y la generación de contaminación.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”: Fausta Márquez.

La mina de tajo a cielo abierto, la primera de su tipo en Guanajuato, dista cinco kilómetros de Santa Bárbara, habitada por unas 600 personas, con sus familias dedicadas a la agricultura.

Su extracción implica la voladura del cerro mediante cargas de dinamita y la separación de los minerales, grandes volúmenes de agua y cianuro, cuyos desechos lodosos contaminan el suelo, el aire y el agua. Ello acarrea riesgos para la salud de la población cercana.

El proyecto extractivo, situado en un área de 20 000 hectáreas y que confina 70 millones de reservas probadas de oro, plata y cobre, encierra riesgos para la llamada Cuenca de la Independencia, que abarca a seis municipios, 21 comunidades, una extensión de 7 000 kilómetros cuadrados y una población que totaliza 569 369 personas, dentro de un estado que tenía más de seis millones de habitantes en 2020 y 46 municipios.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”, señaló Márquez, quien ella sola cultiva maíz y frijol, a la vez que cría cerdos.

apicultor Hidalgo Gto

El apicultor Salvador García asegura que la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, situada en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, representa una amenaza para sus colmenas por el daño a la vegetación y la contaminación del agua que supone esa explotación. Foto: Emilio Godoy / IPS

Para el apicultor Salvador García, el temor estriba en la devastación territorial, que también amenaza a sus colmenas.

“Si van a madrear (golpear) toda esta parte, afecta la vegetación y eso afecta todo”, explicó García, miembro de la asociación ganadera local y que agrupa a 13 productores, mientras revisaba distancia un lote de 25 colmenas en su terreno, en La Colmena, otra comunidad de Dolores Hidalgo.

Él y su familia poseen unos 350 panales, que aportan aproximadamente 10 toneladas de miel anuales, mientras que la asociación suma unas 2500 colmenas, que generan unas 20 toneladas.

Las abejas se mueven en un radio de tres kilómetros para beber el néctar de las flores y agua, y polinizar las plantas circundantes. La polución puede ser letal para estos insectos.

A la distancia, los tajos deforman la silueta del cerro. En su vecindad, los campesinos ya recogieron el maíz, base de la dieta local, y quedaron los esqueletos de los matojos, a la espera de su recolección o su integración al suelo, para continuar con el proceso de fertilidad necesario para la siguiente siembra. Ignorantes de los riesgos, unas mariposas revolotean, a la espera de alimento o de un depredador.

Desde 2017, García registra la cantidad de lluvia en la zona y que cayó de 500 mililitros anuales a 275 en septiembre. “Del agua que cae, solo aprovechamos 30 %, el resto se pierde o se evapora”, lamentó, mientras escrutaba el cielo sobrado de sol.

agua Dolores Hidalgo Gto

Vista de la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, de la canadiense Argonaut Gold, en el municipio de Dolores Hidalgo, la primera de su tipo en el estado de Guanajuato. Contiene reservas de oro, plata y cobre, para cuya extracción tiene siete concesiones hídricas por 1240 millones de metros cúbicos anuales, en una región con escasez del recurso. Foto: Emilio Godoy / IPS

Botín minero

Históricamente, Guanajuato, fraccionado en siete distritos de minería metálica, ha sido un territorio minero. En 2019, contribuyó con 0,07 % de la producción minera mexicana, para ocupar el puesto 19, según el estatal Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La extracción de oro se ha duplicado en años recientes, al pasar de 2374 kilogramos en 2016 a 4118 en 2020, pero la de plata se ha derrumbado de 142 toneladas a 40 en ese periodo. Mientras, el cobre se ha mantenido alrededor de 0,9 toneladas.

Hace dos años, las empresas mineras poseían 631 concesiones sobre un área de 309 209 hectáreas, prácticamente 10 % del territorio del estado, de 3,06 millones de hectáreas, según el SGM. Entre 1995 y 2020, el sector público apoyó a 10 proyectos de oro y plata.

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México se ha transformado en este siglo en un fuerte escenario minero debido a las riquezas del subsuelo, lo que ha generado conflictos sociales y ambientales con comunidades locales.

En 2021 había 316 proyectos en exploración, 84 en producción, 44 en construcción, 757 postergados y nueve en cierre, cinco en 2017 y en 2019. Además, nueve empresas estaban en proceso de cierre.

“Primero, (llega) la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”; Verónica Vázquez.

Este país, la segunda economía latinoamericana, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, ha entregado en concesión 10 % del territorio a compañías mineras.

México es actualmente el principal productor mundial de plata y también es un actor importante en el mercado de 12 minerales.

Pero esa misma actividad ha provocado al menos 374 conflictos ambientales por contaminación del agua, deforestación y generación de residuos.

Verónica Vázquezacadémica del público Colegio de Posgraduados, destacó que el modus operandi y los efectos de la minería son muy conocidos.

“Primero, la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”, indicó desde Texcoco, en el estado de México, vecino a Ciudad de México, donde se ubica el centro universitario.

mapa de concesiones

Captura del mapa de concesiones mineras en Guanajuato, elaborado por Global Forest Watch. De tradición minera, ese territorio al norte de Ciudad de México hospeda concesiones mineras metálicas de oro, plata y cobre. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Agua que no han de beber

Mientras la mitad del país enfrenta falta de agua por escasez o acaparamiento, 100 empresas mineras atesoran concesiones por 250 millones m3 anuales, de los cuales 174 millones corresponden a agua subterránea y 73 millones, a superficial, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los estados de Sonora, Zacatecas y Durango, todos en el norte, concentran el mayor volumen: 200 millones.

En Guanajuato, la canadiense Guanajuato Silver Company Ltd posee una concesión de aguas subterráneas por 513 760 m3 anuales, sin vigencia definida, y cuatro permisos de descarga de residuos líquidos por 7 395 m3 y que vencen entre 2023 y 2040.

La Minera Las Torres tiene una licencia de aguas subterráneas por 480 609 m3 hasta 2026, mientras que San Antón de las Minas, la que desarrolla Cerro del Gallo, propiedad de Argonaut Gold, cuenta siete títulos por 1240 millones de m3, con su  expiración entre 2023 y 2029.

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta una concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

A estas entregas se han aunado la agroexportación y la expansión inmobiliaria.

En la zona “hay un grave problema de agua, pues solo hay subterránea y de lluvia. La población recibe reparto de agua. De estilo de vida campesino pasó a la agricultura extensiva para exportación, que ha agravado la extracción”, explicó Gustavo Lozano, director de la no gubernamental Acción Colectiva.

“Con la mina, la población afectada no tendría agua”, dijo en León, otro municipio guanajuatense.

De los 18 acuíferos de Guanajuato, al menos 11 sufren un déficit conjunto de 531 millones de m3 anuales, debido a que la extracción excede a la recarga, según datos de Conagua.

mapa

Las minas necesitan depósitos de residuos, o jales, para colocar los residuos provenientes de la explotación, pero esos amontonamientos de desechos contaminantes representan riesgos para el ambiente y la salud humana. En la imagen captura del mapa del Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Foto: Emilio Godoy / IPS

Relaciones peligrosas

Los depósitos de desechos, llamados localmente jales, acompañan a las minas, requieren de agua y significan riesgos sanitarios y ambientales, por la contaminación que causan.

El primer Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (Semarnat) enlista 585 depósito, de las cuales 301 funcionan, 275 inactivos, dos inactivos con posibilidades de reactivación, uno inconclusa, cuatro pasivos ambientales y dos temporales.

Los jales consisten en apilamientos de material molido (lodos) derivado de la extracción de minerales de las rocas, que contienen sustancias nocivas y que quedan al aire libre como pequeñas montañas muertas.

El listado revela que el mineral más relacionado con esos depósitos tóxicos –tanto de compañías mexicanas como extranjeras– es el oro, con 131 de esos apilamientos o presas como se las conoce en México. Le siguen la plata, con 40, el cobre, con 17; el hierro y el plomo, con seis.

En Guanajuato existen 12 jales, de los cuales operan seis, uno correspondiente a Cerro del Gallo. Ante esta situación, Conagua podría acotar la entrega del recurso a las mineras y así dejarlo para las poblaciones locales. Esa dependencia y la minera Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, acordaron en 2020 la devolución de cinco millones de m3 del líquido, para permitir la recuperación de un acuífero en Zacatecas. Además, en 2023 la empresa cederá otros cuatro millones.

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Un problema añadido es que la vigilancia de Conagua sobre operaciones hídricas del sector es baja. De los 176 procedimientos administrativos que Conagua ha iniciado desde 2017, 35 ocurrieron en Guanajuato. De ellos, el organismo clausuró un aprovechamiento de 130 000 m3 anuales a San Antón de las Minas y le multó con unos 13 500 dólares por otros dos expedientes. Márquez y García están dispuestos al bloqueo permanente de la mina.

“Esperamos que les quiten las concesiones de agua. Con eso estaríamos salvados”, expresó la activista. A su vez, García planteó “exigirle al Estado que atienda el problema de fondo, tenemos que lograr que nos escuche”.

Para Vázquez, el gobierno debe aumentar su capacidad de vigilancia. “Hay que preguntarse por qué Conagua no retira concesiones hídricas a mineras, dijo.

“La solución pasa por la organización local y demandas legales para rechazar proyectos. Es un modelo que ha dado algunos resultados, como las declaratorias de zonas libres y la aplicación del ordenamiento territorial municipal. Lo segundo es más duradero, es una herramienta legal viable”, sugirió.

 

***

Fotogradía portada: La agricultora Fausta Márquez delante del tanque de agua de lluvia con el que logra tener agua potable en su casa, en medio de la escasez del recurso en su comunidad, Santa Bárbara, y otras vecinas del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Foto: Emilio Godoy / IPS

Este reportaje se publicó originalmente en IPS con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y las organizaciones integrantes del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales.
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Investigaciones

Las violaciones constitucionales de Javier Corral y Jenaro Villamil a personas privadas de libertad

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Caso Duarte y el caso Miroslava, temas manipulados por el exgobernador de Chihuahua en SPR, un medio del Estado

Por Guadalupe Lizárraga

El 11 de enero, el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado visitó los estudios del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano (SPR) que dirige Jenaro Villamil Rodríguez. Dos personajes de la vida pública que se presentan -al menos- como enterados de las leyes y la comunicación.

Sin embargo, no se puede tomar como desinformación o descuido el contenido de la entrevista que Jenaro hace a Corral en su programa “Versiones públicas”, en el Canal 14. Villamil, desde hace décadas, se ha mostrado como un experto en comunicación televisiva y manejo de medios. Incluso con obra publicada en la materia.

Corral, por su parte, cuenta con una cédula profesional como licenciado en Derecho de una universidad sinaloense expedida en 2006, y su perfil de Wikipedia dice ser “catedrático” de la UNAM, “institución que le otorgó el Premio Nacional de Derecho a la Información, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas”, un extraño premio que sólo se ha otorgado una vez y ha sido a él, aunque no se encuentra registrado en el sitio digital del instituto.

De cualquier manera, ninguno de los dos ignora lo que es una violación a las garantías constitucionales, a los derechos humanos ni las implicaciones del grave daño moral que ocasiona la violencia de su narrativa, más tratándose de un medio del Estado; por lo que el proceder de ambos parecería responder más que a un ejercicio de la libertad de expresión, a un ejercicio de violencia institucional deliberadamente planeado.

Dos elementos de la entrevista: Por un lado, la docilidad de un periodista como Jenaro Villamil, que antes era un feroz crítico de las televisoras por sus contenidos tendenciosos y sesgos ideológicos, hoy hace lo mismo, utiliza los recursos públicos para una promoción política y empresarial de Javier Corral. Y dos, la grandilocuencia de Corral se traduce a una burda táctica bajo los principios de Goebbels: negar, distorsionar y banalizar los asuntos de la agenda pública que lo incomodan: El gobierno de Maru Campos, la debilidad jurídica del caso César Duarte, y las irregularidades en la investigación del homicidio de Miroslava Breach.

Para el recuento de las violaciones observemos en primer lugar el escenario del estudio. La fotografía en primer plano de César Duarte Jáquez como fondo de la entrevista representa un grave daño moral no sólo para él y su familia, sino para la sociedad en su conjunto. César Duarte aún no tiene sentencia. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, lo cual significa que al momento de esa entrevista es todavía inocente.

La violación a su derecho a la presunción de inocencia, en el que la presunción es un principio jurídico estipulado en el artículo 20, apartado B de la Constitución mexicana, se está dando desde el Estado, por un organismo público responsable de garantizar el derecho a la información, un derecho fundamental que va de la mano con el derecho humano a la libertad de expresión.

Sin embargo, César Duarte ya fue juzgado por SPR, este sistema nacional de radio y televisión que dirige Jenaro Villamil, y que se paga con recursos públicos, es decir, de los impuestos de la ciudadanía. Por tanto, se incrementa la gravedad de la conducta del servidor público Jenaro Villamil Rodríguez, no nada más por desviar recursos del erario para vendettas políticas, sino porque un representante del Estado mexicano es el que está promoviendo las violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad.

Al tratarse de un medio público su capacidad corruptora es incalculable, porque la fractura es la del Estado de derecho. De acuerdo con estadísticas del INEGI, existen más de cien mil personas que se encuentran en la situación jurídica similar a la de César Duarte, con una prisión preventiva prolongada -hay casos hasta de 26 años sin sentencia- y que, independientemente de si son culpables o no, sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso son violentados.

El principio de presunción de inocencia “es un derecho fundamental que garantiza a toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme”. Esto es a través de un juicio. En este caso, el Estado no está garantizando este derecho fundamental a César Duarte, a quien no sólo expuso públicamente su fotografía, con los ojos cubiertos con una cinta negra, sino el mismo servidor público hace elocuciones del tipo “los cómplices de Duarte”.

Corral también usó las expresiones como “cogobierno de Duarte” y “corruptos del PRIAN”, entre otros, implicando a la gobernadora Maru Campos, a quien acusa de tener un “control de medios de comunicación”. En este sentido, Corral asevera que no hay libertad de expresión en Chihuahua y que la sociedad está siendo manipulada por la corrupción de los medios. No obstante, no da más elementos ni analíticos ni seguimiento de casos o evidencias para sostener su dicho.

De tu interés: Carta al gobernador de Chihuahua por crimen contra Miroslava Breach – Los Ángeles Press

 

Por otra parte, las garantías constitucionales de César Duarte no fueron las únicas que se violaron en ese ejercicio mediático. Javier Corral acusó directamente a “Los Salazar” al habar del asesinato de la periodista Miroslava Breach y fue enfático en sus sentencias. Algunas de sus afirmaciones en la entrevista fueron:

“Larry es el autor intelectual del asesinato” (59:15), “Por parte de las mismas bandas delictivas se ejecutó al pistolero” (50:47), “Jaciel Vega Villa es el otro autor intelectual” (50:57), “Jaciel como El Chueco son protegidos de Los Salazar” (51:23); “Al pistolero lo ejecutaron ellos mismos porque lo habían contratado para eso” (51:43); “El Chueco está estrechamente vinculado al cártel de Los Salazar” (52:01), entre otras frases temerarias del exgobernador.

De acuerdo con la versión de Corral, habría varios autores intelectuales del asesinato de Miroslava, además de los dos que mencionó por sus nombres o alias específicos ante las cámaras de SPR. Pero su entrevistador no le preguntó al exgobernador ¿quiénes son los Salazar a los que se refiere -en plural- como responsables del crimen? ¿Por qué insiste en la acusación mediática ambigua años después de que tuvo en sus manos la investigación criminal del caso? ¿Por qué inmediatamente después del crimen señaló como responsable al narcotraficante Carlos Arturo Quintana, alias El 80, del grupo delictivo La Línea, y se sintió amenazado por él, y horas más tarde -sin aclarar la situación- cambió su versión contra “Los Salazar”? ¿Por qué se alteró la escena del crimen de plantando una cartulina con un supuesto narco-mensaje de amenazas hacia él? ¿Por qué entró a la casa de Miroslava un par de horas después del asesinato y se llevó su computadora? ¿Por qué en mayo de 2017 mantuvo privado de libertad a Hugo Amed Schultz en su oficina de Palacio de Gobierno por más de seis horas, en presencia del fiscal César Peniche y cuatro agentes del Ministerio Público, para obtener una declaración bajo coacción que incriminara a Los Salazar?

Más información: Preguntas abiertas al fiscal de Chihuahua sobre el presunto asesino de Miroslava Breach – Los Ángeles Press

Hay muchas más cuestiones que tendría que responder el exgobernador en una comparecencia pública, pero con respecto a sus calumnias televisivas, solo quedan en eso, porque hasta el momento, confirmado por su abogado, no hay una denuncia judicial por el homicidio de Miroslava en contra de Jesús Alfredo Salazar Ramírez ni de Adán Salazar Zamorano, quienes se encuentran en prisión preventiva por más de diez años acusados de delitos contra la salud, lo cual significa que bajo los principios del Estado de derecho, son inocentes.

Con respecto a Crispín Salazar Zamorano, Corral ha filtrado a los medios que hay una orden de aprehensión en contra de esta persona, y en la entrevista con Jenaro Villamil lo vuelve a sugerir sin ser explícito. No obstante, cuando tuvo a su cargo la investigación criminal del homicidio de Miroslava no tuvo pruebas para ejecutarla. Y una vez que atrajo el caso la FEADLE, los agentes Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez detuvieron de manera arbitraria al hijo de Crispín, Edgar Salazar Gaxiola, el 22 de enero de 2019, dado a conocer en los medios hasta el 9 de febrero como si hubiera sido detenido este día y no quince días antes. Primero, los medios lo presentaron como presunto autor intelectual del crimen y después como hijo del presunto autor intelectual, y finalmente, meses más tarde, como el testigo protegido Apolo.

La situación mediática fue fabricada por la FEADLE, y Édgar Salazar Gaxiola fue torturado. Durante los primeros quince días que lo tuvieron retenido le negaron la visita a su madre, quien entrevistada por Los Ángeles Press, confirmó que aún después de dos semanas su hijo presentaba las secuelas físicas de la tortura. El encarcelamiento de Édgar por dos años y la amenaza latente de volver a golpearlo sirvió a la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo para coaccionarlo de aceptar declaraciones elaboradas previamente para que incriminara a su padre Crispín Salazar, y a los sentenciados Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, y Hugo Amed Schultz.

Javier Corral, licenciado en Derecho, lo que ha hecho es acusar de nueva cuenta en los medios del Estado, sin pruebas y sin denuncia judicial, a personas que no han sido sentenciadas y que tienen todo el derecho a que se respete su presunción de inocencia y tengan un debido proceso.

En tanto él, lo que debería de responder con transparencia ante una sociedad democrática que se apega al Estado de derecho es por qué, si tiene pruebas de quién más es la responsabilidad del crimen perpetrado contra Miroslava Breach, obstaculizó la investigación con torturas, coacciones, fabricación de declaraciones y contaminó la escena del crimen al momento siguiente de los hechos.

Entrevista Jenaro Villamil a Javier Corral.

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Estados Unidos

Tirso Martínez, ‘El Futbolista’, confiesa sus actividades con el Cártel de Sinaloa en juicio a García Luna

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Tirso Martínez "El Futbolista" señaló que sabía de los sobornos que hacía el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna

Testimonio busca ligar decomisos con las operaciones de Genaro García Luna

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

«El futbolista», Tirso Martínez, dio su testimonio hoy en la corte de Brooklyn, en el que asumió la responsabilidad de tres decomisos celebrados entre el 2002 y el 2003 que presuntamente pertenecían a los narcotraficantes Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Vicente Carrillo Fuentes.

Martínez hace una referencia a la reacción que tuvo Carrillo Fuentes en ese entonces: “A ver si no se enoja el Patas Cortas y el Corajudo”. La alusión era a ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’, al momento de que se enteraran de las incautaciones. Los eventos habrían ocurrido en una bodega ubicada en Brooklyn y otra en el barrio de Queens, las cuales ya habían sido utilizados como pruebas en el 2018 en el juicio en contra de Joaquín Guzmán.

Para saber más del caso: Genaro García Luna: avanza la selección del jurado para el juicio del exsecretario de seguridad pública

El testimonio del futbolista incluyó haber aceptado el dinero que ganó por sus actividades con el narcotráfico, y dijo haberlo gastado en comprar equipos de futbol, en peleas de gallos, en mujeres, autos, y propiedades, “hasta compré un avión”, remató.

– ¿Qué son las peleas de gallos?- Le preguntó el fiscal.

– Es cuando dos gallos con navajas en las patas los echan a pelear hasta que uno muere.

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Tirso Martínez profundizó en su historia personal como miembro del Cártel de Sinaloa, y dijo haberse encargado de una ruta de tren entre 2000 y 2003. Llevaba la cocaína de la Ciudad de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, “donde la droga se vende más cara y el cártel gana más”.

También declaró que pagaba sobornos a militares para que le permitieran hacer su trabajo, entre éstos, a un militar en Chiapas, un comandante en Guadalajara y un oficial en León. A pregunta del fiscal sobre si alguna vez había dado un soborno a García Luna, aceptó que no, pero si sabía “que otros miembros del cártel” lo hacían.

Soltó que cuando lo arrestaron en el 2014 intentó sobornar al comandante que estaba a cargo de la operación, pero que este le respondió “¡cabrón, sé que no tienes dinero!”. Dijo que aunque ya obtuvo su libertad en el 2001 aun debía pagar al gobierno de Estados Unidos dos millones de dólares de multas para lo cual “ya estoy trabajando en eso”.

Ahora de nueva cuenta la defensa deberá hacerle un contrainterrogatorio para intentar hacerlo caer en contradicciones aunque, al igual, que Sergio Villarreal Barragán, ‘El Grande‘, pero se nota que Tirso Martínez ha sido bien entrenado por la fiscalía para responder sin salirse de la estrategia.

 

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