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Minera canadiense Great Panther Silver despoja de tierras y fabrica culpables a cooperativistas en Guanajuato

Gerardo Arreguín Jiménez, ex presidente de la Sociedad Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato víctima de fabricación de culpables por la minera canadiense Great Panther Silver después de despojarlo arbitrariamente de sus tierras.

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Por Michel Muñoz y Guadalupe Lizárraga

GUANAJUATO.- La empresa minera canadiense Great Panther Silver ha sido denunciada por fabricar delitos a mineros cooperativistas de Guanajuato, a quienes se les expropió un millón 100 mil hectáreas, y en contubernio con las autoridades locales, han realizado detenciones arbitrarias y entorpecido procesos judiciales para evitarles la libertad. Una de las víctimas de fabricación de culpables es Gerardo Arreguín Jiménez, con más de 65 años de edad, exlíder de la Sociedad Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato, preso desde 2016, bajo las falsas acusaciones de la minera canadiense después de ser despojado arbitrariamente de sus tierras.

Desde el CERESO de Guanajuato, otros mineros acusados adultos mayores hasta de más de 90 años -en solidaridad con Arreguín Jiménez- hacen un enérgico llamado a las autoridades, para que se respeten sus derechos humanos y el debido proceso.

Socios cooperativistas a quienes les expropiaron sus tierras. Foto: Socedad Cooperativa Metalúrgica de Gto/FB

El despojo

Gerardo Arreguín Jiménez comenzó desde abajo, como todo buen minero. Con su trabajo arduo, fue construyendo su liderazgo y logró, después de muchos años, llegar a la presidencia de la Sociedad Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato, en el año 2004.

Gracias a su ojo clínico y experiencia para detectar minerales en las piedras, la cooperativa se encontraba en plenitud, pero un día de marzo de 2005, de repente le prohibieron la entrada al llegar a su trabajo. Ese mismo día, un grupo de personas llevó a cabo una reunión ilegal y secreta, donde destituyeron de manera espuria a Arreguín como presidente de esta sociedad. Se trataba de un complot.

Él no peleó el cargo, pero cuatro meses más tarde, el nuevo consejo vendió de manera arbitraria las minas de la cooperativa, con más de un millón 100 mil hectáreas, a 80 millones de pesos mexicanos, el equivalente a siete centavos por metro cuadrado. La razón de la venta fue que estas minas, según el consejo nuevo, eran inservibles y ya no se podían explotar.

Entre estos terrenos, se encontraban más de 37 fundos con todo lo necesario para la extracción mineral, además de múltiples propiedades. Todo esto fue transferido a la compañía minera El Rosario, empresa fantasma y fachada de la empresa canadiense Great Panther Silver, misma que actualmente explota la mayoría de las minas que pertenecieron a la Sociedad Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato.

Arreguín Jiménez no se quedó con los brazos cruzados, y junto a un grupo de socios se organizó para tomar las instalaciones de la Planta de Beneficio en la Ex Hacienda de Bustos, ubicada en Mineral de Cata, en la capital Guanajuato, para reclamar por el despojo del que fueron víctimas.

Más de 200 socios, en su mayoría personas de la tercera edad y sus familiares se congregaron para exigir el pago justo de las pensiones vitalicias y la restitución de sus derechos, pero los desalojaron con fuerza bruta de las mismas minas que eran de su propiedad; en un acto que incluyó grupos de choque por parte del gobierno e infiltrados, lo que les brindó el pretexto perfecto para desalojar a los cooperativistas.

Poco después, la empresa canadiense Great Panther Silver acusó a Gerardo Arreguín Jiménez, de haber orquestado a los grupos de saqueadores que extrajeron un total de dos mil 600 toneladas de mineral de la mina Cañada de la Virgen, al norte de la ciudad capital, con valor aproximado de 1.6 millones de pesos.

Además, señalaron al líder minero por la supuesta extracción de 280 toneladas de mineral, situación que resultaba imposible de realizar para una sola persona sin los procesos adecuados y con la edad de Arreguín. Peritos y licenciados en materia demostraron que este hecho era imposible, pero las autoridades opacaron los peritajes.

Arreguín fue encarcelado en 2013, con un proceso acelerado, ilegal y lleno de irregularidades. Fue sentenciado a cinco años y medio en prisión, sin oportunidad alguna de poder demostrar su inocencia.

Acreditación de la propiedad a nombre de la víctima Gerardo Arreguín Jiménez

El trasfondo y los orquestadores

Gerardo Arreguín lleva más de tres años cumplidos en el CERESO de Guanajuato, por intentar recuperar lo que le pertenece a los cooperativistas guanajuatenses, y por enfrentarse a intereses económicos de extranjeros que operaron invadiendo las tierras mexicanas con el aval de las autoridades panistas de este estado.

Un líder minero acusa a Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, y los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, de prácticamente vender a precio de regalo las minas a la empresa canadiense Great Panther Silver. Además, se ha denunciado que los peritos responsables del caso actúan en favor de la minera trasnacional debido a fuertes compensaciones económicas de por medio.

El director del departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato, Juan Esteban García Dobarganes, ha sido señalado por tráfico de influencias, y de actuar de manera imparcial en contra de los intereses de los mineros y cooperativistas.

Más aún, la empresa minera canadiense Great Panther Silver, en contubernio con las autoridades locales, ha logrado que el grupo de excooperativistas que impidieron de manera ilegal al presidente de la sociedad continuar con su administración en la metalúrgica, sean parte de los falsos denunciantes y de entorpecer el proceso judicial de Arreguín Jiménez. Aquí la lista.

Los que participaron en la fabricación de delitos por sobornos de la Minera Great Panther Silver

El 26 de octubre de 2016, Gerardo Arreguín tenía una audiencia programada, pero fue detenido sin orden de aprehensión e internado en el CERESO de Guanajuato, lo que le impidió llegar a dicha audiencia; los cooperativistas dueños originales de las tierras, denuncian que esto fue un intento de hundir más al líder minero ante la ley. En la página de Facebook de la Sociedad Cooperativa Metalúrgica de Guanajuato, se publicó también la lista de los propietarios originales.

Los propietarios originales de la Metalurgia

 

La difícil defensa 

La abogada defensora Azucena González Castillo ha iniciado una larga lucha por la justicia para el líder de los cooperativistas propietarios originales de las tierras expropiadas por la minera canadiense. El 21 de junio de 2019, expuso ante la Cámara de diputados del Congreso de la Unión el caso de Gerardo Arreguín Jiménez, y meses antes se había sumado a plantones en Palacio Nacional para pedir atención a los casos de fabricación de culpables en los que destaca su defendido Gerardo Arreguín. La abogada ha promovido en redes y medios las irregularidades del proceso y las misivas de solidaridad con Arreguín. Incluso ha denunciado, que después de la sentencia a seis años de cárcel que le dieron al cooperativista, han intimidado a todas las personas que se suman a la defensa.

González Castillo explicó también a Los Ángeles Press que su defendido Arreguín Jiménez otorgó poderes para adminsitrar una de las propiedadesdes de la minera que todavía les quedaba a ellos, como cooperativistas, y que tenían la obligación de usar esos recursos en el litigio de su exlíder. Sin embargo, ello ha generado discordia entre los guanajuatenses, y han bicoteado reuniones de trabajo para la defensa de Arreguín, siendo la misma abogada sujeta de intimidaciones.   

Una luz en el camino

Tras años de impunidad, impotencia y corrupción, los cooperativistas se han manifestado desde temprana hora a las afueras de Palacio Nacional y de la Secretaría de Gobernación en CDMX, para ser escuchados por la secretaria Olga Sánchez Cordero, y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La abogada defensora Azucena González Castillo ha recurrido a la diputada Dolores Padierna, quien aceptó tomar el caso para encaminarlos hacia la justicia que merecen.

La sed de justicia de los mineros de Guanajuato es grande, quieren dar a conocer el caso de Gerardo Arreguín, se mantienen en pie de lucha durante varios años por recuperar el patrimonio que les pertenece y les fue arrebatado arbitrariamente por la empresa extranjera Great Panther Silver.

 

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Mexico Violento

Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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África

África en alerta por asesinatos de periodistas: CPJ

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Martinez Zogo death

Todos los casos en impunidad revelan la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia a las familias de los periodistas asesinados

Por Joyce Chimbi

NAIROBI – El nuevo año trajo malas noticias para la libertad de prensa en el continente africano, con el brutal asesinato de un periodista y la sospechosa muerte de otro.

La jefa del programa para África del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), Angela Quintal, dijo que comenzar el año con la muerte de al menos dos importantes periodistas en una semana es una muy mala noticia y se espera que no sea una señal abominable para el año que comienza.

“El brutal asesinato del periodista camerunés Martínez Zogo, que fue secuestrado, torturado y asesinado en la capital, Yaundé, y la sospechosa muerte en accidente de tráfico de John Williams Ntwali, el periodista independiente ruandés, en Kigali, han dejado conmocionada a la comunidad de los profesionales de los medios, me siento mareada, y solo estamos a principios de año», declaró Quintal.

El Foro de Editores Africanos (TAEF, en inglés) también ha expresado su conmoción e indignación por estas muertes y tiene previsto realizar gestiones ante los gobiernos de Ruanda y Camerún para «exigir informes públicos completos sobre las circunstancias que condujeron a sus muertes».

Por desgracia, no se trata de incidentes aislados.

Leer más: Gobierno de México omite casos de periodistas asesinados y autores intelectuales en investigaciones

 

Sólo en 2022, el CPJ documentó al menos seis periodistas asesinados en África subsahariana murieron en misiones peligrosas o en fuego cruzado, y confirmó que cuatro de ellos, los somalíes Ahmed Mohamed Shukur y Mohamed Isse Hassan, y los chadianos Evariste Djailoramdji y Narcisse Oredje, fueron asesinados por su labor informativa.

“En estos cuatro casos, los periodistas murieron en misiones peligrosas o en fuego cruzado, en relación con su trabajo. Seguimos investigando la muerte en Kenia del periodista paquistaní Arshad Sharif y de Jean Saint-Clair Maka Gbossokotto en la República Centroafricana para determinar si sus muertes están relacionadas con su trabajo periodístico», explicó Quintal.

La jefa para el continente del CPJ afirmó desde Nueva York que Somalia sigue encabezando el Índice Global de Impunidad del Comité como el peor país en el que «los asesinos de periodistas invariablemente salen libres, y no hay rendición de cuentas ni justicia por sus muertes».

Otros seis periodistas fueron asesinados en 2022 en casos relacionados con su trabajo en el continente:  Abdiaziz Mohamud Guled y Jamal Farah Adan (Somalia), David Beriain y Roberto Fraile (Burkina Faso), Joel Mumbere Musavuli (República Democrática del Congo), y Sisay Fida (Etiopía).

En total, es el mismo número de periodistas asesinados en África que durante 2021.

Rwandan Journo

El CPJ ha solicitado una investigación de la muerte del periodista John Williams Ntwali en Kigali. Ntwali fue un periodista independiente que expuso los abusos contra los derechos humanos en Ruanda y denunció que era víctima de amenazas de muerte. Imagen: Captura de pantalla de CPJ / YouTube-Al Jazeera

Quintal ha declarado que la muerte de Sisay este mes es el primer caso confirmado desde 1998 de asesinato de un periodista en Etiopía. El CPJ sigue investigando la muerte de Dawit Kebede Araya en ese país en 2021 para determinar si estaba relacionada con su labor periodística.

“Con diferencia, la mayoría de los periodistas asesinados son reporteros locales. De los seis de 2021, dos periodistas rusos fueron asesinados en Burkina Faso, y seguimos investigando el asesinato el año pasado en Kenia del periodista paquistaní Arshad Sha para determinar si el motivo estaba relacionado con el periodismo”, añadió Quintal.

Añadió que “en 2022 y 2021 se produjo el mayor número anual de asesinatos de periodistas desde 2015, cuando el CPJ documentó al menos 11 asesinatos, y rezo para que no volvamos a los oscuros días de asesinatos de dos dígitos. Un periodista asesinado es un periodista de más».

Quintal denunció los niveles de impunidad y la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia a la mayoría de los periodistas asesinados y a sus familias, una tendencia que se refleja en otras partes del mundo.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

En todo el mundo, según el informe anual 2022 del CPJ, los asesinatos de periodistas aumentaron casi 50 % en medio de la anarquía y la guerra, y en 80 % de ellos ha habido impunidad total.

“Esto ilustra un pronunciado declive de la libertad de prensa en todo el mundo, algo que también vemos en términos de cifras récord en el número de periodistas encarcelados en todo el mundo”, subrayó Quintal.

Precisó, además, que “en 2022 se registró el mayor número de periodistas encarcelados en todo el mundo en 30 años. Con la cifra récord de 363 periodistas entre rejas al 1 de diciembre de 2022”.

La directora editorial del CPJ, Arlene Getz, señala que «en un año marcado por el conflicto y la represión, los líderes autoritarios redoblan su criminalización de la información independiente, desplegando una crueldad cada vez mayor para sofocar las voces disidentes y socavar la libertad de prensa».

Ante este escalofriante panorama, Quintal dijo a que las soluciones a corto plazo incluyen la voluntad política de los gobiernos, acompañada de los recursos financieros y humanos necesarios, para detener, procesar y condenar a los culpables de crímenes contra periodistas.

“Es hora de que los gobiernos cumplan sus promesas… Deben envíer una señal clara de que habrá consecuencias por dañar a un periodista”, remarcó.

También hay una necesidad urgente de invertir en formación sobre seguridad, tanto para periodistas físicos como digitales, y en visados de emergencia para periodistas en apuros.

“Aquí es donde la comunidad internacional puede desempeñar un papel importante. Las misiones diplomáticas en países donde los periodistas están amenazados por los gobernantes, por ejemplo, pueden ayudar a los periodistas locales que necesitan trasladarse en caso de emergencia», dijo la activista por los derechos de los periodistas africanos.

A su juicio, “los gobiernos deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes para poner fin a la violencia contra los periodistas, y debe haber consecuencias políticas y económicas para quienes no lleven a cabo investigaciones adecuadas que cumplan las normas internacionales”.

Las soluciones a largo plazo, añadió, incluyen que los países establezcan e inviertan recursos en mecanismos especiales para proteger a los periodistas, como los que existen en lugares como México. Pero advierte de que no han cumplido sus promesas, en gran medida por falta de recursos, capacidad y voluntad política.

Infórmate: México, tercer país con más asesinatos de periodistas en este siglo –

 

Los gobiernos también deben dar prioridad a la protección, las investigaciones creíbles y la justicia.

Y cuando los gobiernos locales fracasen, a su juicio «los Estados extranjeros también deberían recurrir a la jurisdicción universal para perseguir a los acusados de asesinar a periodistas», tal como Alemania está procesando a un miembro del escuadrón del ex presidente de Gambia, Yahya Jammeh, responsable del asesinato de Dedya Hydara, redactor jefe de The Point.

Por su parte, TAEF, el Foro de Editores, sigue lamentando estas muertes, presionando a los gobiernos pertinentes para que respondan a la creciente lista de periodistas asesinados y hagan justicia a los afectados en la promoción de la libertad de prensa.

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Fuente: ipsnoticias.net

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