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Mexico Violento

Minera canadiense contamina río en Ocotlán, Oaxaca

Lluvias torrenciales generaron un derrame de líquidos tóxicos de la Minera Trinidad en Ocotlán, Oaxaca, contaminando el río El Coyote

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Lluvia y temblores, principales causas de derrames tóxicos de mineras

Por Rocío Flores

OAXACA, Oaxaca.- Desde hace varios meses habitantes de las poblaciones cercanas a la minera Trinidad, en Ocotlán, habían manifestado su temor a un derrame de sólidos y líquidos de desecho, producto de la explotación minera en Ocotlán. Este lunes sucedió.

De acuerdo con las autoridades agrarias, municipales y pobladores de Magdalena Ocotlán, las lluvias registradas el domingo generaron un derrame de líquidos tóxicos de la estructura de contención, también llamada presa de jales, y provocaron contaminación en el río El Coyote, del que dependen cientos de familias campesinas de ese municipio. “Nos percatamos que el afluente del río presentaba una corriente de agua “color blanca” que proviene de la parte alta de San José del Progreso, donde está ubicada la presa de jales”, explicaron autoridades.

El afluente desemboca en el paraje “La Ciénega” donde hay un retén de agua que sirve para el pastoreo de animales, y pozos que abastecen de agua potable a la comunidad. De ahí se desprende una corriente del río Coyote hacia otras comunidades como San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol, Tejas de Morelos, ubicadas aproximadamente a una hora y 15 minutos de la capital.

Las autoridades manifestaron su temor ante riesgos irreparables para la población, por ello pidieron a la Profepa y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acudan al lugar a verificar y que se apliquen las sanciones que corresponden a la empresa. A la Federación le exigen cancelar la minera, propiedad de la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, debido a que representa un peligro para su territorio y la vida de las comunidades.

Las presas (de jales) en general representan un riesgo, expone el Coordinador del proyecto Empresas y Derechos Humanos de OXFAM México, Roberto Stefani. Un ejemplo de estos ─abunda─ es el derrame de un depósito de lixiviados de sulfato de cobre de una mina del Grupo México que colapsó y vertió su contenido de metales pesados al arroyo Tinajas y posteriormente a los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014.

Se refiere al caso que afectó a más 250 mil personas en siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo, en Sonora. Aunque, aclara, existe una diferencia entre los tipos de mina de Sonora y Oaxaca, es posible que por su posición geográfica y la manera cómo fluyen los veneros en la Valle, la contaminación de la presa de jales en Ocotlán se extienda más abajo si hay excesiva lluvia.

Rosalinda, habitante de Ocotlán dice que hace un año, antes de este derrame, se presentó una amenaza y construyeron un soporte de concreto, algo como una barda para evitar que se vertiera. “La empresa dice que la presa de jales contiene aguas jabonosas, pero es cianuro, porque es lo que ocupan para proceso de separación”, señaló.

Por su parte, la activista Cristina Auerbach de la región carbonifera de Coahuila considera que la Secretaría del Trabajo a nivel federal y su delegación en Oaxaca deberían implementar operativos de revisión en las presas de jales y en general en las minas que existen en el estado.

“Técnicamente hay un movimiento en el subsuelo y las autoridades deben revisar las minas después de un sismo”, dijo en entrevista durante su visita a Oaxaca. “Creo que también se deben establecer protocolos de emergencia, un movimiento telúrico siempre puede causar rupturas de las presas (de jales) y eso mata el ambiente, mata la tierra. La preocupación es legítima”, declaró.

Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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