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Justicia pendiente

Militares acosan a Policía comunitaria contra derecho de los pueblos

La Policía Comunitaria de Guerrero ha tenido que enfrentar detenciones y acoso por parte de militares y gobierno del estado en contra de su propia autonomía

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Policía Comunitaria y Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias durante la Marcha por la Vida en la cual se rechazó la instalación de mega-proyectos y se abogó por el respeto a la autonomía de los pueblos. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-Policía Comunitaria de La Montaña-Costa Chica de Guerrero denunciaron durante el acto final de la Marcha por la Vida efectuada en la Ciudad de México que militares detuvieron a un de grupo de policías, aunque después los fueron liberados por la presión del mismo pueblo. Sin embargo, es parte de las prácticas represoras a las que se ha prestado el Ejército en contra del derechos de los pueblos indígenas.

Convocada por la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, la marcha congregó a diversas organizaciones sociales, activistas de movimientos a nivel nacional para denunciar el embate de megaproyectos, la represión e inacción del Estado para frenar la violencia o bien su postura de invizibilizar las problemáticas como la que ocurre con las viudas de la mina Pasta de Conchos.

Los representantes de la Policía Comunitaria, al intervenir ante miles de personas señalaron que en paralelo a la marcha, en territorio comunitario se movilizaron alrededor de mil 200 policías comunitarios para realizar labores de información en 13 municipios de Guerrero, pero un grupo de éstos fue detenido por el Ejército.

En la denuncia pública se ratificó que la PC ha enfrentado este tipo de represión por parte del gobierno y, en este caso, convocaron a la gente para ir por sus compañeros y el gobierno se vio obligado a liberar a los policías comunitarios.

Por otra parte, la Policía Comunitaria rechazó los proyectos mineros «que están queriendo invadir con el cobijo del gobierno que ni siquiera consulta, pero como PC defenderán la zona y pondrán un cerco para demostrarle al gobierno que las comunidades están unidas y no caerán en el juego de malos gobiernos», sostuvieron.

La representación de la Policía Comunitaria que incluyó comandantes, coordinadora y coordinadores de las distintas Casas de Justicia precisó que aunque tanto han dividido y confundido a ciudadanos mexicanos la CRAC aclara que no tiene relación con la organización social UPOEG, ni tampoco en forma de trabajo con la autodefensa.

Sin embargo, para la Policía Comunitaria si algún otro estado se agrega al sistema comunitario están dispuestos a apoyarlos siempre y cuando surja de la base y no que lo proponga el gobierno. Asimismo, rechazó tajantemente la propuesta de decreto del gobernador de quererlos incorporar a un mando único, y dijo el representante «rechazarlo con la frente en alto, y lo defenderán sin cubrirse la cara para que se respete su autonomía.»

Durante la participación de la Policía Comunitaria en el encuentro, después del recorrido de la marcha que partió del Ángel al centro de la ciudad, el orador se quejó de que en tiempo de campaña el candidato a gobernador usó el nombre de la Policía Comunitaria alegando que era una alternativa, «pero ahora en el poder los ven como enemigos y quieren echar a la Comunitaria para abajo cuando es al crimen organizado a quien deberían declararle la guerra».

La CRAC pidió un minuto de silencio en memoria del joven Bernardo Vázquez quien por oponerse a las empresas mineras en Oaxaca fue asesinado hace un año. Nicasio Castro Agustín, coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, agregó en entrevista sobre el tema del decreto, que independientemente de éste, revisarán el reglamento interno para ponerle candados, cerrar ante el intento de que otros grupos se quieran incorporar.

Alegó que si el decreto es para el gobierno un hecho, ellos lo rechazan empezando porque el secretario general del gobernador aseguró que sin autorización, lo acepten o no lanzará el decreto y advirtió que si lo lanza sin tomarlos en cuenta, seguirán trabajando de acuerdo a su reglamento. En cierto momento el gobierno dijo estar de acuerdo con la CRAC, pero en otra línea pide que entreguen a los detenidos ¿que situación prevé?, se cuestionan.

El coordinador señaló que luego de una información difundida de que tenían a delincuentes de alta peligrosidad en Espino Blanco la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero mandó a ministeriales así como al titular del Ministerio Público de Malinaltepec a pedir la entrega de los detenidos pero “aunque vayan, no los vamos a entregar estamos respetando la asamblea regional, ésa es la que decide lo que nosotros vamos a hacer”, confirmó.

Sobre los recursos económicos que ha dado el gobernador, el coordinador refirió que se incrementaron cuando aparecieron otros grupos en Ayutla y para que aceptaran el decreto o de lo contrario no habría dinero, pero afirmó que no los espantan porque son los pueblos quienes mantienen al sistema comunitario.

Aunque en las Casas de Justicia, como en Ayutla donde existen un grave problema de narcotráfico y delincuencia organizada, los coordinadores arriesgan su vida ante una labor que les encomienda los pueblos en sus asambleas, Castro Agustín negó tener miedo en su cargo.

“Ya tengo experiencia, hemos sufrido cuando se fundaron órdenes de aprehensión como coordinadores porque decían que actuamos ilegal pero respondimos que somos autónomos, existe por ejemplo un convenio con el MP de San Luis Acatlán para que no se crucen demandas y los casos que lleguen a la CRAC sea ésta quien dicte la sentencia.

En la marcha a la que asistieron también representantes del Consejo Regional de Comisarios de la Costa Chica, acudieron viudas de Pasta de Conchos que exigen se rescate los cuerpos de sus esposos, integrantes del Partido de los Comunistas, Yosoy132 Juárez, Pan y Rosas, Frente Popular en Defensa de la Tierra de Atenco, trabajadoras sexuales, estudiantes, organizaciones sociales de comerciantes, transportistas así como colectivos de distintas partes del país.

 

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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