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Mexico Violento

Militar torturado por la Policía de Iguala, antes de caso Ayotzinapa

El ejército sabía de colaboración del alcalde de Iguala y su esposa en narcotráfico, y tenía antecedentes de la represión contra normalistas de Ayotzinapa

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Vigilancia militar en Iguala. Foto: red

Vigilancia militar en Iguala. Foto: red

Por Colectivo de Periodistas Democráticos

Entre 12 y 18 meses  antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un elemento del 27 Batallón de Infantería fue levantado, torturado y desaparecido  por la policía de Iguala. Pese al desenlace de este hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional no tomó ninguna medida para corregirlo abriendo las puertas a las condiciones que llevaron a la masacre de la noche del 26 de septiembre de 2014 y a la desaparición forzada de los normalistas durante la madrugada del 27.

La historia inició en los primeros días de octubre de 2012 cuando tomó posesión como comandante del Vigésimo Séptimo Batallón de Infantería el Coronel de Infantería Juan Antonio Aranda Flores, quien antes había estado en Guadalajara y Laredo, Tamaulipas.

Al iniciar su gestión hizo un llamado a   la ciudadanía a que denuncie cualquier incidente al teléfono 33 2-03-04, donde las denuncias las tratarán con total secrecía y hermetismo, “Nosotros sí vamos”. (Diario 21 Periódico Plural)

Meses después, ya durante la gestión de José Luis Abarca, a principios de 2013, un ciudadano hizo una llamada a ese teléfono para denunciar que había visto cómo una patrulla de Iguala, cuyo número identificó y reportó, era usada para transportar a un uniformado con ropa militar, aparentemente con rango de oficial.

El ciudadano reveló que el oficial del ejército había sido golpeado salvajemente por otros uniformados, pero éstos vestidos como policías, antes de someterlo y llevarlo en la patrulla.

La denuncia fue atendida por militares formados en la Escuela Superior de Guerra, con valores nacionales y sin nexos con la Escuela de las Américas, ligada a todos los golpes militares del continente.

Este grupo encontró la patrulla referida en la comandancia policíaca  de Iguala y preguntaron sobre la ruta en la que había circulado esa mañana. Les respondieron que la unidad estaba fuera de servicio y que había estada en el mismo sitio todo el tiempo.

Los militares se retiraban ya cuando uno de ellos tuvo una intuición y regresó, pidió que abrieran el cofre. El motor estaba más que caliente.

“Aquí no hay nadie!”, les reiteraron en el edificio de la policía municipal de Iguala y les franquearon el paso a las celdas, donde efectivamente no había ningún detenido; pero una vez más venció la perspicacia de los militares quienes vieron una ranura en una de las celdas. Ocultaba una pequeña puerta,  la abrieron y sacaron de una especie de fosa que cubría la puerta secreta,  completamente amordazado e inmovilizado al militar desaparecido. Torturado, pero vivo.

La forma en que encontraron al militar levantado debió ser muy similar a la que emplearon para inmovilizar a los normalistas de Ayotzinapa, subirlos a las camionetas y apilarlos en ellas, si nos atenemos a la versión de que varios murieron asfixiados por el peso de sus propios compañeros colocados arriba o por los esparadrapos que les colocaron en la boca para impedirles gritar.

Los oficiales de la policía municipal de Iguala  que tenían asignada la patrulla cuyo número pudo ser visto por un ciudadano y así permitir el rescate con vida del militar nunca más regresaron. La pregunta es ¿que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional con estos datos y porque no se disolvió una corporación policíaca de la que  al menos había indicios de su criminalidad?

Una de las primeras fosas abiertas en Iguala mientras buscaban a los normalistas desenterró los restos de un padre y de su hijo, universitario en Guadalajara. Acudían a un velorio cuando fueron detenidos en la carretera por la policía municipal. El señor se lo comunicó por celular a su esposa y quedó de volver a hacerlo más tarde, ya no lo hizo. Cuando su esposa intentó llamarle el celular ya no contestó.

Presentó la denuncia, informó que la última pista fue precisamente que estaba retenido a la orilla de la carretera por la policía municipal de Iguala, pero nadie atendió la denuncia, ni la policía de caminos, ni la de Guerrero, ni la federal. Si lo hubieran hecho hoy no estarían desaparecidos los 43.

El 21 de enero de 2013, José Luis Abarca, en uno de sus primeros actos públicos como alcalde de Iguala, reconoció que el crimen organizado era un enemigo al que había que combatir, pero pidió a los ciudadanos “no tomar las armas ni hacerlo por su cuenta”, pues para ello están las fuerzas federales y en especial el 27 Batallón de Infantería, declaró.(24 horas El Diario Sin Límites).

Antes de que Juan Antonio Aranda Flores fuera titular del  27/o, su antecesor, el también coronel Alfredo Aponte Carranza, había rendido muy buenas cuentas en Iguala: decomisaron 240 kilogramos de goma de Opio, una cifra récord para el destacamento de esta zona militar. Además, 300 armas aseguradas -más largas que cortas-, 56 vehículos asegurados, 62 consignados por el delito del Fuero Federal -por delitos contra la salud, y 8 rescates por secuestro.

De los decomisos de goma de opio logrados por Aranda Flores no hay tenemos detalles,lo que si se sabe por los reportes de Inteligencia de varios organismos de Seguridad Nacional es que la forma de transporte de la droga que empleaba Guerreros Unidos eran camiones de pasajeros de línea…como los que secuestraron “o tomaron prestados los normalistas de Ayotzinapa.

Otro punto destacado es que Nuevo Laredo, Tamaulipas de donde provenía el coronel que pidió a la ciudadanía reportar cualquier incidente porque “nosotros si vamos” es el primer lugar del país donde fueron asesinados twiteros que publicaron información delicada.

Sobre el nombre del militar levantado, torturado y liberado en 2013 por la policía de Iguala, esperaríamos que sea la Secretaría de la Defensa Nacional la que nos de los detalles y explicaciones de porque no se tomaron las medidas para disolver esa policía, con lo que seguramente se hubiera evitado la tragedia de Ayotzinapa.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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