Connect with us

Mexico Violento

Migrantes venezolanos reprimidos por la fuerza policial para concentrarlos en albergues en Ciudad Juárez

Published

on

Migrantes venezolanos se encuentran concentrados en albergues en Ciudad Juárez sin teléfonos ni atención médica

«Sólo queremos una vida mejor», dicen los migrantes venezolanos en Juárez

Despacho 14
El violento oficio de escribir.

Por Alfredo Griz.

Los refugiados son seres humanos como tú y como yo, nada más que se sienten más solos, más agotados, más desesperanzados, perseguidos y violentados que tú y que yo.
Alfredo Griz.

 

«Solo queremos una vida mejor», es la respuesta de los migrantes venezolanos cuando se les cuestionó porque están en la frontera de México con Estados Unidos. Son más de 600 migrantes que se encuentra en el limbo legal y a merced del ostracismo político, tras ser utilizados como botín político del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos además de ser víctimas del Instituto Nacional de Migración en la garita de San Pedro en Tapanatepec, Oaxaca, donde los extorsionaron y robaron durante el paso por México.

Hay testimonios de que varias mujeres fueron secuestradas por el narcotráfico y jamás regresaron, e incluso este reportero presenció cómo en Ciudad Juárez una caravana de cinco camionetas quisieron levantar a tres mujeres venezolanas, quienes alcanzaron a escapar pues les arrojaron el café caliente que traían en las manos a sus agresores y lograron correr.

Esto sucedió justo frente al Puente Santa Fe, a la vista de autoridades policiacas. Los Ángeles Press recabó decenas de testimonios y presenció directamente la violencia con la que las autoridades mexicanas los desalojaron de su improvisado campamento, al que cariñosamente y con un dejo de nostalgia ellos mismos bautizaron como la pequeña Venezuela.

Te puede interesar: CIDH alerta sobre violaciones a derechos humanos de migrantes en México

La situación de los migrantes se agrava en el paso de Ciudad Juárez, muchos deambulan por las calles del centro de la ciudad, otros duermen como indigentes en las calles, y la autoridad mexicana los quiere concentrar en un albergue de forma autoritaria, como si fuera un campo de concentración.

Como se recordará el domingo 27 de noviembre, más de 600 migrantes de origen venezolano fueron retirados con lujo de violencia del campamento improvisado que tenían a las orillas del Río Bravo, justo a un lado del Puente Santa Fe, en la frontera con El Paso, Texas.

Cabe resaltar que entre ellos había decenas de mujeres y niños, los cuales oscilaban entre los 4 meses y 9 años de edad, mismos que fueron empujados y agredidos por elementos de la Policía Municipal, quienes, a puntapiés, jalones, empujones e incluso puñetazos, los obligaron a retirarse de donde tenían sus casas de campaña, para poder derribarlas y desalojar a los migrantes.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, que es el número 163 en ocupar ese cargo en toda la historia de la ciudad y que es de extracción morenista, señaló en conferencia de prensa que el desalojo lo hizo por el bien de los propios migrantes, a todo lujo de ignorancia y con una actitud arrogante casi hitleriana, el edil mencionó que fue «para preservar la integridad de los venezolanos».

Lee más: México detuvo a más de 27 mil niños migrantes menores de 11 años en un lapso de ocho meses: INM

Sin entender o atisbar que cometió varios delitos, que se extralimitó en sus funciones y utilizó recursos públicos para reprimir a los migrantes, el presidente municipal de Ciudad Juárez, envió más de 30 unidades de autobuses de pasajeros, alrededor de 20 patrullas, tres  antimotines y contó con el apoyo de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información recabada, el alcalde en cuestión no tenía las facultades para un desalojo de ese tipo, de inicio porque donde estaban asentados los migrantes es territorio federal y el municipio no tiene jurisdicción ahí. Tampoco hubo una petición formal de ninguna autoridad estatal o federal que le pidiera su apoyo para utilizar la fuerza pública y el recurso público para dicho desalojo.

Migrantes venezolanos, obligados a permanecer en albergues

Los migrantes venezolanos han sido obligados por las autoridades a permanecer en albergues. Se trata de espacios físicos que en su mayoría parecen campos de concentración, y tiene la finalidad de contenerlos. No les permiten salir durante el día, y a los que trabajan que son trabajos que las mismas autoridades les consiguen, les quitan la mitad de su sueldo. A las siete de la noche, cual prisión, les requisan los teléfonos y solamente les dejan salir al interior de la ciudad los domingos.

El Gobierno de Ciudad Juárez y el Gobierno federal quieren ocultar y disimular la crisis humanitaria que se vive en Ciudad Juárez, sin embargo, ha sido una crisis que el mismo presidente de la república alentó y promovió. No se les brindó asesoría legal para que supieran de forma oficial su situación real y derechos. No les brindaron sanitarios portátiles, cobijas, y otros insumos para su sobrevivencia. Tampoco les dieron apoyo en cuestiones médicas ni de salubridad ni fueron remitidos a los albergues en condiciones más humanitarias, y no como si fueran presos. La reacción del gobierno fue violencia y represiva, abocando aquella tenebrosa frase de Porfirio Díaz, cuando dijo “mátalos en caliente”.

Se ven niños en los parques y algunos como perdidos y desorientados, sin saber a dónde ir o qué hacer, madres solteras que están buscando cómo hacerse de comida para darles un bocado a sus pequeños hijos, una situación verdaderamente triste y desoladora la que enfrentan los migrantes en Ciudad Juárez.

Por lo pronto, esperando que puedan estar al pendiente de las siguientes entregas, más de 200 migrantes se encuentran deambulando hay mismo en las calles, sin esperanzas de nada, a la intemperie, a merced de la delincuencia organizada y de la desorganizada que son las mismas autoridades municipales.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Mexico Violento

Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

Published

on

By

César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

Continue Reading

Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

Published

on

Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

Continue Reading

Mexico Violento

Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

Published

on

By

Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: