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Latinoamérica

Migración irregular presiona al nuevo Gobierno de Chile por soluciones humanitarias

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Por Orlando Milesi

SANTIAGO, Chile – La presión de migrantes, especialmente venezolanos, es crítica en la zona norte de Chile. Un conflicto que se veía venir en la capital y que ha obligado al nuevo gobierno izquierdista de Gabriel Boric a organizar un grupo interministerial especial para proponer soluciones que respeten sus derechos humanos.

El primer problema es que se ignora cuántos son los migrantes irregulares, pues en los últimos años ingresaron miles sin registro alguno, especialmente por Colchane, un pequeño municipio del altiplano andino, en el norteste limítrofe con Bolivia.

Por allí ingresó la venezolana Jorgelis, de 23 años, en diciembre pasado.

“Fueron los 11 días más largos de toda mi vida”, dijo, mientras su rostro se ensombrecía al recordar su recorrido desde Caracas a Colchane.

Hoy vende frutas en la principal avenida de Santiago, Alameda, en su esquina con la calle Santa Lucía, en la salida del ferrocarril metropolitano, a apenas cinco cuadras del palacio de La Moneda, sede de la presidencia, donde desde el 11 de marzo  Gabriel Boric.

Su prima Engelin, de 33 años, arribó hace dos meses “en un viaje de 10 días, a veces por pleno desierto”.

“Dejé en Venezuela a dos hijas de 15 y 5 años. Ese es un dolor muy fuerte en mi corazón”, lamentó. Y se quejó del frío recordando que en la tropical Caracas es mucho menos intenso y solo en diciembre y enero. Vive en un campamento de haitianos en el municipio de Maipú, en el oeste de Santiago. Y vende frutas a la salida del Metro República, también en la Alameda.

Dubarly Lorvandal, de 23, llegó desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, cuando tenía 18 años. Estudió allá el pregrado. No tiene visa y trabaja en un puesto de verduras en una feria de Arrieta, en el este de Santiago. Facilidades de acceso, dictadas en 2010 y luego eliminadas, transformaron a Chile en un destino favorable para los haitianos que huían del coctel de tragedias naturales y económicas.

“Trabajé al comienzo un mes levantando líneas (cables), pero ahora soy papero (vendedor de papas). Todos me aman en esta feria”, asegura con una sonrisa. Lacombe vino también desde Haití hace seis años y trabaja junto a Ricaela, quien llegó hace seis meses desde República Dominicana. Ambos en situación irregular, venden verduras en un puesto en la feria Arrieta. Lacombe dice estar feliz.

Todos ellos integran la larga fila de al menos medio millón de personas que esperan regularizar su situación legal en Chile, este largo país de 19,4 millones de habitantes que va entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.

El último dato oficial sobre la migración en Chile, de 2020, indica que hay 1 462 103 extranjeros, de ellos 448 138  venezolanos, que desde 2013 protagonizan un éxodo masivo, que supera los seis millones, buena parte diseminados por sus vecinos latinoamericanos.

Pero estas cifras no incluyen a los migrantes que ingresaron y permanecen en forma indocumentada y sobre cuyo número real no se atreven a dar las organizaciones que trabajan en el sector.

Los venezolanos Engelin, Jordelis y Edgar revenden fruta en un puesto callejero en la avenida Alameda, cerca del presidencial Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. Foto: Orlando Milesi / IPS

Un barco desestabilizado

“Tenemos por tres años ingresos que en 90 por ciento son por pasos no habilitados”, dijo  Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del católico Servicio Jesuita al Migrante.

“Desde el 2020 tenemos la frontera cerrada y antes el gobierno impuso un visto consular (en sus países de origen) a haitianos y venezolanos. Cuando tú restringes el ingreso regular, por el otro lado aumenta el irregular”, indicó la directiva de una de las principales organizaciones de atención a los migrantes en el país.

“Hay un enorme número de personas no contabilizadas, que no tienen papeles ni pueden trabajar (legalmente). Y sus hijos no pueden tener regularidad migratoria. Y pagan un arriendo cinco veces más caro por recintos precarios”, reseñó entre las consecuencias de la indocumentación.

Luis Eduardo Thayer, asumió en marzo como director del Servicio Nacional de Migración, y es parte de la nueva Comisión Interministerial ampliada a organizaciones civiles, creada el 6 de mayo por el gobierno para buscar caminos de solución a un creciente problema social y que ha traído ya expresiones de xenofobia.

El presidente Boric planteó que la solución debe incluir a otros países de origen o tránsito de migrantes, aunque no hay detalles aún de cómo sería esa eventual participación.

Se busca “abordar con sentido de urgencia y responsabilidad los desafíos y oportunidades que nos plantea la migración en los distintos territorios», dijo su ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

Las nuevas autoridades no quieren repetir actuaciones del gobierno predecesor del derechista Sebastián Piñera, cuando  decenas de migrantes vestidos con overoles fueron subidos a aviones para su expulsión, en imágenes que buscaban disuadir a los migrantes y tranquilizar a sectores sociales internos.

Thayer admitió que ahora el Servicio Nacional de Migración “es un barco que está en proceso de estabilización y estamos tomando las medidas necesarias internas para que podamos dar cumplimiento a nuestro mandato”.

“Hoy día tenemos en fila casi 500 000 solicitudes entre visas, renovaciones, permanencias definitivas, solicitudes de refugio, nacionalizaciones”, precisó.

El responsable de migración propuso ir hacia “una política migrante racional”.

Trabajadores del Chevery Bakan, un restaurante de gastronomía de Venezuela en la comuna de La Reina, parte de Santiago de Chile, que emplea a nueve migrantes de ese país, seis de ellos con visa. “Todos hacemos de todo, en la cocina o atendiendo a los clientes. Y trabajo harto, llevo tres años sin vacaciones”, cuenta Yulkidiz Pernia, su propietaria venezolana. Foto: Orlando Milesi / IPS

Olla a presión

Según Rodríguez, en Chile “hoy tenemos una olla a presión con mucha gente expuesta a trabajos informales, a arrendar una identidad para incribirse en una aplicación y poder trabajar”.

“Es urgente abordar esta situación. Eso significa reconocerlas, identificarlas, documentarlas, entregar visas, priorizar la situación de niños y mujeres embarazadas y así ir tratando de ordenar”, propuso.

Sumó a la crisis “el impacto en las comunidades adonde llegan estas personas, con una lectura socialmente muy compleja. Los tildan de  delincuentes y se genera en la población la sensación de que la migración es mala”.


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Yulkidiz Pernia, de 38 años y publicista, originaria de Caracas, es otra generación migrante pues llegó hace seis años con su hijo y entonces obtuvo la visa sin problemas, “aunque demoró siete meses”.

Hoy tiene el restaurante de comida venezolana, Chevery Bakan, donde trabajan nueve venezolanos, seis de ellos con documentos.

“No me ha ido mal. Extraño al resto de la familia, tíos y tías. Varios de ellos han muerto y no pudimos estar allá”, relató. “En Chile he encontrado mucha receptividad. Los casos de xenofobia son puntuales”, aseguró.

Pero el estudio Inmigrantes y Trabajo en Chile, del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, estableció que 51,1 % de los migrantes encuestados dijo que ser extranjero/a ha tenido una influencia negativa para su integración laboral en Chile y 51,4 % afirmó que en el trabajo muchas personas tienen estereotipos sobre ellos y los tratan en consecuencia.

El haitiano Dubarly vive solo, pero se junta con primos y amigos compatriotas para comer porque “es muy duro llegar a casa y tener que hacer todo solo”. En la feria alimentaria de Santiago de Chile donde trabaja es feliz, porque se siente amado y le gusta ser vendedor. Foto: Orlando Milesi / IPS

Colchane ya no es Colchane

Colchane, con tan solo 1500 habitantes estables, es la puerta de entrada de la migración irregular desde Bolivia, transito preferido después que se cerró la llegada por los aeropuertos. Su alcalde, Javier García Choque, teme que la cultura aymara, el pueblo originario preponderante en la zona, desaparezca por el éxodo de habitantes tras la masiva afluencia de extranjeros.

“Los migrantes entregan datos de identidad, pero no existe un mecanismo para verificar si la persona es la que dice que es”, dijo en una visita a Santiago.

Según García Choque “muchos migrantes ingresan con familia, con personas enfermos terminales. Vienen en busca de oportunidades. Pero han ingresado personas con violencia,  destrozando espacios públicos, tomándose casas particulares lo que ha llevado a muchos a construir cierres perimetrales que no son propios de la cultura aymara”.

“El pueblo aymara tiende a desaparecer, es vulnerable y nos aferramos a conservar nuestra identidad cultural y este fenómeno migratorio ha sido desproporcionado en cantidad y en violencia”, afirmó al demandar mayor seguridad en su municipio.

“Es necesario el esfuerzo del gobierno en el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pero también es importante  el respeto de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo el alcalde.

Patricia Rojas, de la Asociación Venezolana en Chile, admite que la gestión migratoria bajo la ley restrictiva impuesta por Piñera “ha generado un impacto negativo en la convivencia, sobre todo en las ciudades y regiones del norte¨.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se revierta, que la percepción pública de la migración no sea la negativa que actualmente estamos viviendo, porque esto en nada va a beneficiar a la sociedad chilena”, planteó.

El vicario de la católica Pastoral Social de Santiago, Jaime Tocornal, relató que en Colchane “la pobre gente viene con hambre y frio, desorientados completamente. A 3600 metros de altura vienen apunados (con mal de altura) y esperan cruzar la frontera y llegar a Santiago y se dan cuenta que aún les quedan 1500 kilómetros”.

«La situación es dramática. Es un paisaje maravilloso, como todo el altiplano, lleno de volcanes y con agua arriba en la cordillera. Pero el agua, que podría ser muy bonita, provoca lodo que se pega en los zapatos de quienes cruzan y caen tumbados cuando intentan beber», describió.

Veintisiete personas murieron, solo siete entre enero y marzo 2022, en su intento por ingresar a Chile, según cifras de la oficina en Chile de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Arzobispado de Santiago.

El documental “Esperanza sin fronteras” indica que los muertos podrían ser cientos en los últimos  años, muchos de ellos sin ubicación o nombre, “cuyos cuerpos han quedado abandonados en diversas  zonas desérticas o boscosas que los migrantes atraviesan desde Venezuela para  llegar a Chile”, en muchas ocasiones al menos parcialmente a pie.

García Choque sostiene que pese al Estado de excepción decretado por Piñera para llevar militares a controlar la fronteriza zona norte, “el flujo de migrantes no cesó”.

“Varió la forma de ingreso, pero puso a los migrantes en una condición compleja de rescate: los coyotes (traficantes de personas)  los trasladaron a sectores alejados lo cual pone en riesgo su vida y salud”, aseveró.

ED: EG

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Fuente: ipsnoticias.net

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La red en lucha

Grave retroceso en derechos humanos y democracia en Centroamérica

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Las intenciones de reelección de Nayib Bukele no son las únicas acciones autoritaristas en Centroamérica

El autoritarismo de Bukele quiebra nuevamente el Estado de derecho

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – Algunos de los avances democráticos alcanzados en América Central, tras el fin de los conflictos bélicos de los años 80, han sufrido un notable e incesante retroceso en los últimos años, sobre todo en aquellos países con gobiernos con tendencias autoritarias.

Eso se ha visto reflejado, entre otras cosas, en el resquebrajamiento o pérdida de derechos que se daban por descontado, como el de la libertad de expresión, el derecho a la debida asistencia legal ante una detención y el de no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos.

Esas carencias fueron parte del día a día en una América Central sumida a finales de los 70 en una aguda turbulencia política que estalló en guerras civiles en los años 80, por ejemplo en El Salvador, aunque en Guatemala había comenzado ya en 1960.

Esa inestabilidad en la región, donde ahora viven 43 millones de personas, terminó a principios de los 90, a partir de acuerdos de paz y procesos de democratización.

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Ahora, el miedo a ser detenido por razones políticas o a ser encarcelado arbitrariamente, como en aquellos días oscuros, ha vuelto a presentarse en países como El Salvador, gobernando desde junio de 2019 por Nayib Bukele, un milenial con una querencia creciente por el autoritarismo.

También ha pasado con creciente crudeza en Nicaragua, donde ninguno de sus críticos políticos, de los estamentos sociales y de los medios ha escapado a la represión de Daniel Ortega, atornillado en el poder desde 2007.

Déjà vu bélico

“Yo ando con miedo porque tengo tatuajes, porque los policías y soldados no ven si son artísticos, ellos ven a una tatuada y ya asumen que una es delincuente”, afirmó a IPS la camarera Liliana Eleonor, que trabaja en una pizzería en el norte de San Salvador.

Eleonor, de 37 años, se refería al estado de excepción que está vigente desde finales de marzo en esta pequeña nación de 6,7 millones de habitantes.

Esa política, aprobada el 27 de marzo por una Asamblea Legislativa controlada desde mayo de 2022 por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ha suspendido varios derechos constitucionales, como mecanismo para combatir el crimen y mantener a raya los homicidios cometidos por las pandillas.

Muchos de esos pandilleros tienen tatuajes como marca de lealtad a su respectivo grupo, principalmente los dos principales: la MS13 y el Barrio 18, que en conjunto se calcula que superan los 60 000 miembros.

Hasta la fecha van más de 52 000 personas capturadas, acusadas de ser pandilleros, en redadas masivas ejecutadas por policías y soldados.

Y aunque se entiende que la mayoría de los detenidos sí forman parte de esas estructuras criminales, hay personas que no, como lo han denunciado familiares y evidenciado organizaciones de derechos humanos.

Para saber más del tema: Presidente Bukele impone estado de excepción por ola de homicidios en El Salvador

“Ando siempre nerviosa cuando voy por la calle y veo policías o soldados porque pienso: ya me van a parar, me van a llevar (a prisión)”, insistió Leonor, al final de su turno de trabajo, la madrugada de este viernes 16 de septiembre.

Ella dijo saber de amigos que han sido capturados precisamente porque tenían tatuajes y por su aspecto: jóvenes melenudos seguidores del rock metal.

“Yo tengo amigos metaleros que se los han llevado detenidos por los tatuajes, por esto del régimen de excepción, y no les dieron oportunidad de defenderse, ni a la familia”, agregó Eleonor.

La falta de la debida asistencia legal a los capturados y de una verdadera investigación de los casos son dos de los varios cuestionamientos hechos contra el estado de excepción por parte de organizaciones civiles.

Sin embargo, la controversial medida es respaldada mayoritariamente por la población en general, según varias encuestas, pues ahora las personas notan una disminución sensible de la criminalidad.

La falta del debido proceso “suena mucho a los años de guerra civil”, sostuvo la investigadora Natalia Ponce, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

“Es un primer paso para la desaparición forzada”, subrayó.

La guerra civil salvadoreña dejó unos 70 000 muertos y 8000 desaparecidos entre 1980 y 1992.

Eleonor aseguró que ella no se opone a la medida gubernamental contra las pandillas, pero siempre que no se encarcele a personas inocentes.

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión. Sin embargo el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.

También se restringió el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

detenciones en El Salvador

Liliana Eleonor, de 37 años, trabaja en una pizzería en el norte de San Salvador, y al final de su turno laboral siente miedo de andar por las calles de la ciudad, pues por los tatuajes en su cuerpo puede ser estigmatizada como pandillera, detenida y encarcelada, por el estado de excepción en El Salvador. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Prohibido criticar

Otro derecho ganado en la región que se daba por sentado, pero que ha sufrido un neto retroceso, es de la libertad de expresión y, vinculado a este, el de la libertad de prensa.

Por ejemplo, en Guatemala fue detenido, el 29 de julio, José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, un medio crítico del gobierno del derechista Alejandro Giammattei, en la presidencia desde enero de 2020.

Ese medio de comunicación, fundado en 1996, había sacado a la luz investigaciones sobre corrupción y manejos oscuros de funcionarios de varios gobiernos, entre ellos el de Giammatei.

El proceso judicial contra Zamora, que sigue en curso, sería parte de una vendetta por parte de Giammatei, ha asegurado a IPS el hijo del periodista, Ramón Zamora.

En El Salvador fue capturado el 21 de agosto el tuitero Luis Alexander Rivas Samayoa, de 38 años, por haber publicado que miembros del Batallón Presidencial, encargado entre otras cosas de la seguridad del presidente de la República, daban protección a Karim Bukele, hermano del presidente,

Karim Bukele, que no es funcionario público, departía en una playa del país junto a familiares, protegidos por soldados del ejército, como si fueran su seguridad privada, y Rivas denunció el hecho en Twitter.

En El Salvador, “en efecto hay un retroceso democrático de la institucionalidad pública, en otorgar garantías básicas para la ciudadanía, en general”, acotó la investigadora Ponce.

Ella participó en la presentación de un informe, el 8 de septiembre, sobre vulneraciones de derechos cometidos en 2021 contra quienes defienden los derechos humanos en el país, como parte de un esfuerzo en el que participaron otras organizaciones.

El reporte dio cuenta de 29 casos de vulneraciones contra activistas de derechos humanos, basado en informaciones publicadas en la prensa local. Se identificó que la libertad de expresión es uno de los derechos más vulnerados.

“Aunque no pueden hacerse inferencias estadísticas a nivel nacional, sí es para llamar la atención”, de lo grave que está la situación en el país, dijo Ponce.

Bukele anunció la noche del jueves 15 de septiembre que lanzará su candidatura para las elecciones de 2024 y buscar una reelección continua, algo que en principio estaba restringido constitucionalmente.

Pero los magistrados de la Corte Constitucional, impuestos en mayo de 2021 por la Asamblea, controlada por el oficialismo, le dieron el aval a la reelección inmediata, y se prevé desde ya el triunfo de Bukele, por la aceptación de la que goza.

 

La dictadura de Ortega

Los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, políticos y de libertad expresión se han dado en Nicaragua, en especial a partir de las multitudinarias protestas de  2018.

En abril de 2018 el presidente Ortega, que ya lleva cuatro periodos en el poder, desde 2007, frenó a sangre y fuego una revuelta popular contra su gobierno de corte dictatorial.

La respuesta represiva de Ortega produjo más de 300 de muertos y persecución política contra ciudadanos y opositores políticos, que ha vuelto a avivarse desde agosto.

La editora recomienda: EEUU publica primera lista de funcionarios señalados de corrupción en Centroamérica

 

El gobierno de Ortega mandó cerrar medios independientes, como los fundados por el veterano periodista Carlos Fernando Chamorro, quien ahora se encuentra exilado en Costa Rica, mientras culminó en agosto la confiscación del histórico diario La Prensa.

Se sabe que al menos unos 70 periodistas han dejado el país debido al acoso y persecución iniciada por la dictadura de Ortega, que se ha reavivado en la antesala de las elecciones municipales de noviembre, que se da por hecho que ganarán sus designados, debido a que ha cooptado y todas las instituciones del país.

La lucha de los pueblos indígenas

Otros derechos, surgidos de los procesos democráticos iniciados en América Central, como el acuerdo de paz alcanzando en Guatemala, en diciembre de 1996, comenzaron a levantar vuelo pero quedaron truncados en el camino.

Eso pasó con los varios derechos recogidos por el acuerdo de paz en favor de la población indígena en Guatemala, que se calcula ronda 60 % de los 17,4 millones de habitantes.

Uno de esos logros plasmados en el documento era el del reconocimiento pleno, jurídico, de los territorios indígenas, históricamente arrebatados por procesos de expropiación por parte de la oligarquía del país, contó el líder cachiquel Leocadio Juracán.

Los cachiqueles son uno de los más de 20 pueblos originarios en los que se divide la etnia maya, que ha convivido con el pueblo garífuna y xinca.

Lee más: Grave retroceso en derechos humanos y democracia en Centroamérica

“En eso del reconocimiento de nuestros territorios estuvimos avanzando bastante”, señaló Juracán, desde San Lucas Tolimán, en el departamento de Sololá, en el suroeste de Guatemala.

Agregó que a partir de investigaciones y peritajes se logró avanzar y establecer que los propietarios de determinados territorios eran comunidades indígenas, que evidentemente lo fueron desde antes de la Colonia, con la llegada de los españoles, en el siglo XVI, pero de los que fueron despojados con el devenir del tiempo.

Pero el avance en el reconocimiento de sus territorios quedó estancado en abril de 2021, cuando tomaron posesión los nuevos magistrados de la Corte Constitucional para el periodo 2021-2026, añadió Juracán.

Agregó que los del periodo saliente habían fallado a favor de las comunidades indígenas en los litigios, y los nuevos responden más a intereses oligárquicos.

Algunos territorios recuperados, “hasta la fecha no se han inscrito legalmente”, pues se recurre a la estrategia de retrasar el proceso, aseguró.

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La red en lucha

En riesgo, 244 millones de hectáreas en la Amazonia

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Incendios y otros fenómenos naturales están afectando grandes cantidades de hectáreas del Amazonas

 

LIMA – En la Amazonia hay unos 244 millones de hectáreas, una superficie mayor a la Argelia y casi tan grande como Argentina, cuyo bioma está en riesgo al no tener estatus adecuados para su protección, advirtió un estudio presentado este lunes 5 en un encuentro de pueblos indígenas en esta capital peruana.

“Hasta 20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”, dijo en el encuentro el indígena curripaco venezolano Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Agregó que los pueblos indígenas de la Amazonia “ya no queremos que la superficie de bosques baje de 80 %, porque sería nuestra destrucción”.

Para saber más del tema: Crecimiento de Amazonia en riesgo por falta de fósforo, consecuencia del cambio climático

 

En el encuentro de la Coica, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) presentó su estudio “La Amazonia a contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 %” de su bioma.

El informe muestra el tamaño del problema, pues de los 7 004 120 kilómetros cuadrados del bioma amazónico todavía hay 2 441 607 (244 millones de hectáreas) expuestas a actividades extractivas al no contar con el estatus protector de áreas protegidas o de territorios indígenas.

Marlene Quintanilla, de la boliviana Fundación Amigos de la Naturaleza, indicó que las últimas dos décadas han sido las de mayor transformación de la Amazonia.

“Cada año se pierden, en promedio, dos millones y medio de hectáreas. Comparadas con países, cada año se eliminan bosques del tamaño de Haití”, expresó.

Lee más: “La selva tiene el mismo derecho a la vida que un ser humano”: líder indígena amazónico a los presidentes en la Cumbre de las Américas

 

La Amazonia es compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Los siete Estados soberanos sostienen desde 1978 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

“Hasta  20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”: Gregorio Díaz Mirabal.

Raisg sostiene que “allí donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores legales y, donde la presencia estatal es débil, se presentan impulsores ilegales”.

Si 20 % del territorio ya ha sido transformado, Raisg pide medidas urgentes, en los próximos tres años, para salvar el 80 % restante. Seis por ciento tiene una alta degradación y necesita restauración, 41 % con bajos niveles de degradación necesita protección, y solo 33 % está intacto.

El análisis revela que el reconocimiento de territorios indígenas –hay 6983 territorios de ese tipo, con 2 418 705 kilómetros cuadrados o 28,6 % de la Amazonia– ha sido fundamental, pues solo cuatro por ciento de esos espacios se ha degradado.

En cambio, han sufrido transformaciones 33 % de los espacios amazónicos que no tienen ese estatus o el de áreas protegidas.

La transformación alcanza a 34 % del espacio amazónico en Brasil (que a su vez tiene 60,3 % de la Amazonia), a 24 % de la boliviana, 16 % de la ecuatoriana, 14 % de la colombiana y 10 % de la peruana.

Los incendios forestales son una ruda muestra de la destrucción: según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, en los últimos 30 días se registraron vía satélite 31 513 alertas de incendios en la Amazonia, haciendo del pasado agosto el peor desde 2010, cuando hubo 45 018 quemas.

Según la Raisg, la industria ganadera es la mayor impulsora de la deforestación, y representa casi dos por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, haciendo que buena parte de la Amazonia emita más CO2 del que absorbe.

También deploró que “los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonia. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o territorios indígenas sin el consentimiento libre previo e informado”.-

Además se señala que las comunidades indígenas y rurales tradicionales son hostigadas y muchos líderes de etnias, ambientales y comunitarios han sido asesinados por la disputa de tierra y derechos: 232 entre 2015 y 2019, y más de 100 solo en 2020.

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“El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica es una solución urgente para salvaguardar ese 80 % de la Amazonia. Debemos actuar todos en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025”, dijo Díaz Mirabal.

Los territorios indígenas –a diferencia de las áreas protegidas- no cuentan con presupuestos específicos de los gobiernos de la región ni son objeto de financiamiento internacional, se recordó en el marco del encuentro.

La propuesta básica del informe Raisg es que deben detenerse la deforestación y las actividades extractivas si se quiere salvar la Amazonia, reconocer los derechos de los pueblos indígenas de la región y tender un nuevo manto de protección sobre los 244 millones de hectáreas que están desprotegidas y en riesgo.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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La red en lucha

Protestas en Haití para exigir alimentos, seguridad y renuncia del primer ministro Ariel Henry

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haiti protestas

Han organizado un número creciente de protestas debido al aumento de los secuestros y asesinatos relacionados con pandillas. Haití se ha vuelto cada vez más inestable desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

“¡Ariel, tienes que irte! ¡Vete, Ariel! ¡Vete, Ariel!”, gritaba la multitud en la capital Puerto Príncipe.

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Otras protestas paralizaron varias ciudades costeras en las regiones del norte y del sur de Haití, incluidas Port-de-Paix, Petit-Goave y Jeremie, y la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Este episodio es uno más de como la policía del país maneja estas manifestaciones.

Los ciudadanos también señalan el alza en los precios de los productos básicos y una grave falta de combustible en medio de una tasa de inflación que ha llegado al 30%.

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Jeanine Joseph, un manifestante dijo: “Tenemos hambre y la vida aquí es cara. No puedo enviar a mis hijos a la escuela. No puedo pagar mi casa. Hay miseria y desorden. No puedo salir a la calle por la inseguridad”.

Otro manifestante señaló que el presidente “Ariel Henry es un delincuente y el autor del asesinato de Jovenel Moïse. No tenemos tiempo que perder. Estamos aquí en las calles para exigir la destitución de estos criminales asesinos”.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos calculan que los grupos criminales controlan más de la mitad del territorio de Haití y ocupan el vacío de poder que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio de 2021.

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