Marco Antonio Hurtado Vera, desde 2011, operador de Los Zetas en Hidalgo

Por Juan Ricardo Montoya

Marco Antonio Hurtado Vera, ‘El Chota’, de 48 años, y quien en 2011 fue identificado como segundo al mando del grupo delictivo Los Zetas en Hidalgo fue ejecutado y su cuerpo abandonado en un paraje desolado de Tulancingo, la mañana de este lunes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, el cadáver de Hurtado Vera fue encontrado atado de pies y manos, con una herida producida con arma de fuego en la sien, arriba de la oreja izquierda. Vestía una chamarra azul con un pantalón deportivo negro.

El cadáver muestra lesiones producidas por golpes en diversas partes del cuerpo, encontrado en el paraje conocido como la cueva El Quebracho, en la colonia Huajomulco, del municipio de Tulancingo, a unos 50 kilómetros al oriente de Pachuca.

De acuerdo con la información oficial disponible, Hurtado recién había abandonado el Centro Federal de Reinserción Social tras ser detenido en 2011 por ser miembro de La Compañía, uno de los muchos alias de Los Zetas. Antes, había sido parte de La Letra, otra organización criminal local y, más joven, entre 1996 y 2003, había sido elemento de la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo. Distintas fuentes lo han ubicado como oriundo del municipio de Tulancingo.

La noche del 15 de noviembre de 2011, El Chota junto con otros seis sicarios de Los Zetas había sido detenido por la policía estatal tras protagonizar una balacera en en el mercado municipal de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, ubicado casi en los límites de Hidalgo con Tlaxcala. En el enfrentamiento, Hurtado resultó herido por arma de fuego, por lo que fue hospitalizado en Pachuca.

En esa misma balacera falleció Emmanuel Hernández Hernández ‘El Greñas’, de 27 años, quien operaba como sicario de Los Zetas, bajo las órdenes de El Chota.

El entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Damián Canales Mena, informó que El Chota era el segundo al mando de la organización delictiva y que trabajaba bajo la órdenes de Pedro Alonso Salinas, conocido como El Comandante Teclas, líder de Los Zetas en Hidalgo tras la muerte de El Mascafierros.

Hurtado Vera había planeado, organizado y perpetrado una emboscada contra elementos de la extinta Policía Federal Preventiva el 28 de diciembre de 2009, en la autopista Arco Norte. Cuatro agentes de la corporación resultaron muertos e igual número fue herido, luego de que detuvieron a un automóvil VW Jetta rojo, entre los límites de los estados de México e Hidalgo.

Los otros detenidos junto con El Chota formaban parte, en ese momento, de las policías municipales de Zempoala, Tulancingo y Singuilucan. También participó en otros actos delitos, incluidos secuestros y asesinatos. Además de El Chota, otros expolicías que trabajaban para Los Zetas y que, tras ser detenidos obtuvieron su libertad, han sido ejecutados. Uno de ellos fue José Augusto Vega Pacheco ‘El Pino’, presunto reclutador de Los Zetas, exdirector de la Policía Municipal de El Arenal, Hidalgo, ultimado la noche del 13 de mayo de 2017, en calzada Veracruz, cerca de la colonia Lomas de Vista Hermosa, de la ciudad de Pachuca.

Otro más fue Esteban Reyes Hernández, exsubdirector de la Policía Ministerial y detenido luego de que su nombre apareció, junto con otros policías, en varias nóminas pagadas por Los Zetas, asesinado la mañana del viernes 24 de agosto de 2018, de tres impactos de bala, cuando circulaba por el boulevard Felipe Ángeles, en la ciudad de Pachuca.

Marco Antonio Hurtado Vera El Chota, al ser arrestado en 2011. Foto de la PGR.

Amenizaron el Grupo Pesado y Cadetes de Linares y les entregaron aguinaldos a policías y agentes del Ministerio Público en fiesta organizada por Los Zetas

Por Juan Ricardo Montoya

Dicen que Salvador Dalí, el gran pintor catalán, como una forma de brindar un homenaje a nuestro país, una vez escribió: «De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”.

Y sí. Efectivamente. Algunos de los más sangrientos y espeluznantes episodios de la vida delictiva de Los Zetas en el estado de Hidalgo son en verdad inverosímiles, más cercanos a la ficción que a la realidad.

Un ejemplo elocuente del surrealismo con el que, en muchos aspectos actuaba la banda delictiva que ha operado en la entidad fue la gran cena y baile del Día del Policía celebrado el 17 de diciembre de 2008 en Actopan, Hidalgo. La celebración fue pagada y organizada por Los Zetas según consta, en declaraciones ante el agente del Ministerio Público Federal, de policías municipales de Pachuca, arrestados por agentes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por trabajar y recibir sobornos del grupo delictivo.

La celebración, a la que llegaron los policías acompañados por sus esposas, novias y parejas sentimentales, se realizó en el auditorio ubicado en la planta alta del Palacio Municipal de Actopan, gobernado en aquel entonces por el ya finado Leonardo Ramírez Álvarez, conocido como ‘El Chapey’.

“En el auditorio de Actopan, Hidalgo, se hizo una cena baile del Día del Policía, todo pagado por la organización delictiva de Los Zetas” declaró ante el agente del Ministerio Público el expolicía municipal de Pachuca, José Manuel Escobedo Delgadillo, ‘El Oso’, el mismo que fue capturado junto con Jesús Garcés Jiménez ‘El Jarocho’, exdirector del grupo antisecuestros de la Policía Ministerial de Hidalgo, luego de que se les señaló como los autores de un secuestro fallido contra un joven en el restaurante Vips de Plaza Bella de la capital hidalguense y del que dimos cuenta en estos espacios la semana pasada.

En su declaración, que forma parte de la Averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/150/2009, iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, El Oso asegura que en la fiesta «tocaron o amenizaron el baile el grupo denominado Cadetes de Linares y el Grupo Pesado». Y agrega que el festejo fue pagado por ‘El Mascafierros’ o ‘El C1’, entonces jefe de la plaza del estado Hidalgo de Los Zetas, designado directamente por Heriberto Lazcano Lazcano ‘El Verdugo’, líder máximo de esa organización criminal. No obstante, “a la fiesta sólo asistieron operativos de Los Zetas, sin que se hayan presentado los jerarcas de la organización”.

Por servir de halcones o espías de las actividades del Ejército y de la Policía Federal Preventiva, los policías municipales rasos de Pachuca, Tizayuca y otros lugares percibían como sueldo por parte de Los Zetas 5 mil pesos al mes, pero como aguinaldo recibieron un sobre amarillo con 7 mil pesos en efectivo. También había policías estatales y ministeriales que recibieron sus respectivos sobres llenos de billetes.

Como ocurre en muchas fiestas de fin de año organizadas por empresas privadas, además del baile y de la cena (de cuyos platillos no hay detalles en las declaraciones ministeriales) ‘El Mascafierros’ y los otros capos, por medio de sus lugartenientes y sicarios, entregaron una bonificación económica a sus empleados, que debieron recibirla formados en efectivo y en fila india: “Al final de la cena-baile, se realizó el pago de los aguinaldos de fin de año. Fue de manera muy rápida, empezando por los municipales, que eran mayoría, después no sé a quiénes, porque como yo era municipal, después de haber cobrado nos sacaron del lugar y ya no vi más”.

Así lo señalan ‘El Oso’ y otros, que en ese entonces, eran los policías municipales que no pudieron precisar las cantidades recibidas por los estatales y ministeriales. No obstante, ‘El Oso’ aseguró haber sido testigo de la manera en que se entregaban sobres a los mandos de la Policía Ministerial. En concreto, señala a Ahuizotl Hideroa, extitular de la corporación; a Lugo Ávila Amador ‘El Bebé’, encargado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, UMAN, de la Procuraduría General de Justicia; al comandante Esteban Reyes Hernández, subdirector y al oficial Noé Félix Amador Ibáñez ‘El Félix’.

La fiesta era parte de los supuestos sobornos que elementos de diversas corporaciones policiacas recibieron de quienes eran los sicarios a las órdenes del Cártel del Golfo. Se realizaba como parte de los intercambios de protección, información y dinero, que hacían posible a Los Zetas realizar en Hidalgo, de manera impune, secuestros, asesinatos, además del trasiego de drogas. Sorprende, sin embargo, que en el expediente, los agentes investigadores no indagaran quién pagó el arrendamiento del salón que pertenece al municipio. Tampoco interrogaron sobre estos hechos al entonces presidente municipal de extracción priista, Leonardo Ramírez Álvarez.

Ramírez, también conocido como ‘El Chapey’, es patriarca de un clan local, originalmente de filiación priista. En el clan participan, entre otros, su esposa Adelfa Zúñiga Fuentes. La señora Zúñiga fue alcaldesa de El Arenal, una localidad a medio camino entre Pachuca y Actopan, a 20 kilómetros al noroeste de la capital hidalguense. En las dos ocasiones que gobernó El Arenal, fue postulada por el PRI, aunque ahora es flamante diputada local de representación proporcional por MORENA. Entre ambos impusieron un cacicazgo en la región que se extendió por más de dos décadas.

En una declaración rendida ante el agente del Ministerio Público otro policía, José Augusto Vega Pacheco ‘El Pino’, presunto reclutador al servicio de Los Zetas, declaró al ser detenido por la PGR que trabajaba para ese grupo delictivo. También señaló que, en enero de 2006, «me jaló a trabajar como director de la Policía Municipal de El Arenal, Hidalgo, en la administración de la licenciada Adelfa Zúñiga y con ella entre a trabajar, ya que ella es mi tía, prima de mi madre».

Con el paso del tiempo, muchos policías detenidos acusados por trabajar con Los Zetas fueron liberados, como Ahuizotl Hideroa. Otros fueron asesinados, como ‘El Pino’, ultimado la noche del 13 de mayo de 2017, en la Calzada Veracruz, cerca de la colonia Lomas de Vista Hermosa, de la ciudad de Pachuca.

Involucrado en contratos de renta de 5 mil millones de pesos, y utilizan a Heraldo Media Group para desacreditar al asesor de Transparencia que denuncia

Por Cinthya Alvarado Enríquez

José Luis Moyá Moyá, asesor en temas de Transparencia y Anticorrupción, estima que en la Ciudad de México existe un mecanismo por el que la renta de patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, así como para la extinta Policía Federal Preventiva, habría amparado un posible fraude del orden de los 5 mil millones de pesos, gracias a contratos de arrendamiento en los que se cobran cantidades superiores a los precios de mercado en el arrendamiento de vehículos utilitarios.

Moyá estima estas cifras gracias a su análisis de los datos de los sistemas de Transparencia de la Contraloría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Secretaría del Medio Ambiente y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal. Lo que se desprende de esos datos es el pago por servicios a precios muy por encima de los valores de mercado, además de la evasión multimillonaria de impuestos. Uno de los elementos de prueba es que, aun cuando las empresas están obligadas a llevar a cabo los trámites por cada vehículo arrendado, ni el anterior secretario de la SSC de la Ciudad de México, Jesús Orta, ni el actual, Omar García Harfuch han obligado a las empresas a cumplir esa obligación, a pesar de que ya han pagado los contratos.

En el caso de la extinta Policía Federal Preventiva, se trata de mil 500 patrullas pagadas a un precio de 2.7 millones por cada vehículo. Esas operaciones ocurren desde 2019. A pesar de prestar un servicio público fundamental, carecen de los documentos que los «den de alta» en ese servicio; tampoco cuentan con placas, no hay registros de que paguen las tenencias o sus equivalentes o de que, por alguna razón, hubieran sido exentados del pago de ese derecho. Tampoco hay registros de que cumplan con la obligación de realizar las verificaciones semestrales para garantizar que no contaminen al circular.

En la Fiscalía y Policía capitalinas ha sido posible identificar tres contratos de arrendamiento de patrullas en por un valor total de tres mil 300 millones. Esas cantidades amparan la renta de mil 850 patrullas a 2.1 millones de pesos por cada vehículo. De manera adicional, existen dos contratos, cada uno por mil millones de pesos, que amparan la renta de 810 vehículos cada uno, bajo el mismo esquema en el que, además del sobreprecio respecto de los valores de mercado, las empresas arrendadoras no dieron de alta los vehículos, no generaron placas, ni pagaron tenencias. Tampoco hay  evidencia de que hayan realizado las verificaciones en estos tres últimos años. Las placas que tienen los vehículos oficiales fueron mandadas a hacer en la empresa COMISA, en lugar de haber sido tramitadas ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, como ocurre con cualquier otro vehículo.

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Luego de que Moyá Moyá realizara esta denuncia, el investigador haya sido denunciado penalmente por Isabel Miranda Torres, que lo acusa de extorsión, sin pruebas, como represalia por haber expuesto las operaciones entre empresas del Grupo Andrade, las arrendadoras de las patrullas y entidades de seguridad pública. Además, el Grupo Andrade ha desatado una campaña en contra de Moyá.

Grupo Andrade es, en sus orígenes, una de las concesionarias más importantes de la Ford Motor Company en la Ciudad de México. Es decir, tienen intereses en el ramo automotriz y son, al mismo tiempo, propietarios de El Heraldo de México (El Heraldo Media Group), además de contar con vínculos de distinta naturaleza con los diarios El Universal, La Razón, Reporte Índigo y Eje Central, además de intereses en estaciones de radio. Como parte de esa campaña, han acusado a Moyá de ser un «presunto extorsionador».

Como ha documentado ampliamente Guadalupe Lizárraga en El falso caso Wallace, Miranda Torres demandó a distintas personas con acusaciones falsas, pero que contaban con el apoyo de autoridades federales y locales. Una de esas personas es José Luis Moyá. A él lo señaló como secuestrador. A pesar de la violenta campaña en su contra, Moyá refutó una por una las acusaciones de Miranda Torres y demostró que era inocente, por lo que no hubo acción penal en su contra. Otros no han corrido con la misma suerte, por lo que siguen presos aún habiendo demostrado graves faltas al debido proceso.

Medios que criminalizan a José Luis Moya por denuncias contra Grupo Andrade

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