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La red en lucha

Michelle Bachelet se despide de ONU con críticas a la guerra y a la represión

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Michelle Bachelet se despide de ONU con críticas a la guerra y a la represión

 

GINEBRA – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó nuevamente a Rusia, ayer jueves 25, por su agresión a Ucrania, y a gobiernos represores como el de Myanmar, en una rueda de prensa en la que confirmó que el 31 de agosto dejará ese cargo y regresará a Chile.

“Ayer se cumplieron seis meses desde la agresión armada de Rusia. Seis inimaginables y terroríficos meses para el pueblo de Ucrania, y 6,8 millones de personas han tenido que huir de su país”, sostuvo Bachelet en un destacado pasaje de su exposición en la sede alterna de la ONU en esta ciudad suiza.

Además “millones más han quedado desplazadas internamente. Hemos documentado que al menos 5587 civiles han sido asesinados y 7890 heridos. De estas víctimas, casi 1000 son niños y niñas. Y continúan los enfrentamientos”.

Hay un “riesgo impensable” para la población y el ambiente por las hostilidades cerca de la planta nuclear de Zaporiyia, que debe ser desmilitarizada de inmediato.

“Hago un llamado al presidente ruso para cesar el ataque armado contra Ucrania”, afirmó Bachelete.

“Se cumplieron seis meses desde la agresión armada de Rusia. Seis inimaginables y terroríficos meses para el pueblo de Ucrania, y 6,8 millones de personas han tenido que huir de su país”: Michelle Bachelet.

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Respecto de América LatinaBachelet recordó que fue dos veces presidenta de Chile, en 2006-2010 y 2010-2014- tuvo elogios para el nuevo gobierno de Colombia, las madres de los desaparecidos en México, los pueblos indígenas de Perú y los familiares de los caídos durante las protestas callejeras en Venezuela.

En Colombia, “la administración entrante –del presidente Gustavo Petro– se ha comprometido en cambiar su enfoque en la política de drogas, de una óptica punitiva a una más social y de salud pública”, indicó Bachelet.

“Atendiendo una de las causas profundas de la violencia en Colombia, este enfoque podría ser instrumental para proteger de mejor manera los derechos de los campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas, y de las personas que usan drogas, tanto en ese país como de manera global”, expresó.

Michel Bachelet sostuvo que durante sus cuatro años de gestión como Alta Comisionada de la ONU Derechos Humanos tuvo el privilegio de tratar “con muchas personas defensoras de derechos humanos valientes, enérgicas y extraordinarias”, como “las determinadas madres de las personas desaparecidas en México”.

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“Compartí el dolor de un padre en Venezuela que me enseñó las medallas deportivas que su hijo adolescente había ganado, antes de que lo mataran durante las protestas de 2017” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Elogió igualmente “la sabiduría y la fuerza de los pueblos indígenas en Perú, que están en la primera línea del cambio climático, la minería y la tala forestal ilegales, y defienden sus derechos a pesar de enfrentar serios riesgos”.

Según Bachelet, los tres principales problemas globales para los derechos humanos estos cuatro años han sido “el profundo impacto de la pandemia covid-19, los efectos cada vez mayores del cambio climático, y las repercusiones de las crisis alimentarias, de combustible y financieras que ha ocasionado la guerra contra Ucrania”.

Sostuvo que “importantes movimientos de protesta ocurrieron en todas las regiones del mundo, demandando el fin del racismo estructural, el respeto por los derechos económicos y sociales, y en contra de la corrupción y abuso de poder”.

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En muchos casos, esos movimientos estuvieron “acompañados de violencia, amenazas y ataques en contra de manifestantes y defensores de derechos humanos, y a veces en contra de periodistas”.

Hubo una mención especial sobre Myanmar y la masiva represión lanzada, desde hace precisamente cinco años, contra la etnia minoritaria rohinyá, lo que forzó al exilio a unas 700 000 personas en la vecina Bangladesh.

Bachelet dijo que “la catástrofe de derechos humanos en Myanmar (también conocida por su antiguo nombre de Birmania) continúa empeorando, con el ejército (el Tatmadaw) manteniendo operaciones militares en Kayah y Kayin, en el sureste; el estado de Chin en el noroeste; y las regiones de Sagaing y Magway en Bamar”.

El ejército dio un golpe de estado en febrero de 2021, reprimió severamente las protestas en su contra en las principales ciudades, encarceló a la dirigencia opositora y acentuó las operaciones en las regiones fronterizas habitadas por etnias minoritarias, de las que han surgido grupos de resistencia armada.

La alta comisionada de la ONU criticó al Tatmadaw porque “el uso del poder aéreo y la artillería en contra de comunidades y áreas residenciales se ha intensificado”, y ya en ese país de 54 millones de habitantes “más de 14 millones de personas necesitan asistencia humanitaria”.

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Entre los hechos positivos Bachelet colocó el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, aprobado por la Asamblea General de la ONU el mes pasado y el cual “marcó la culminación de muchos años de abogacía por parte de la sociedad civil”.

Otro logro ha sido “un progreso sostenido hacia la abolición de la pena de muerte”.

Destacó que aproximadamente 170 Estados han abolido o introducido moratorias a ejecuciones, en la ley o en la práctica, o las han suspendido por más de 10 años, y la República Centroafricana, Chad, Kazajstán, Papúa Nueva Guinea y Sierra Leona están entre los que han dado pasos hacia la completa abolición.

Otros Estados, incluyendo a Liberia y Zambia, están considerando la abolición, y algunos como Malasia suprimen la pena de muerte para muchos delitos, pero “sigue habiendo preocupaciones sobre el uso creciente o el reinicio de la pena capital en otros países, incluyendo Irán, Arabia Saudita, Myanmar y Singapur”, agregó Bachelet.

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China y Vietnam continúan clasificando datos sobre la pena de muerte como secreto de Estado, limitando la posibilidad de escrutinio, criticó Bachelet.

Por otra parte, dijo que durante todo su mandato insistió “en lograr un mayor reconocimiento de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos económicos sociales y culturales con los derechos civiles y políticos. Los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania han evidenciado esta interdependencia”.

Finalmente tuvo palabras de elogio para las mujeres defensoras de derechos humanos y para los periodistas “de Ginebra y del resto del mundo, por el indispensable trabajo que hacen. Cuando levantamos una alarma, es crucial que suene alto y eso solo es posible cuando los medios mundiales difunden las historias”.

 

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Fuente: ipsnoticias.net

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La red en lucha

Expresidenta de Argentina Cristina Fernández condenada a seis años de prisión por corrupción

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Cristina fernandez culpable por corrupcion

La condena fue leída en medio de una jornada de protestas por seguidores de la vicepresidenta, quienes muestran su respaldo a Cristina Fernández

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

La pena dispuesta para Fernández en la denominada «causa Vialidad» es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.

El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.

En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

También impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.

Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.

En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseímiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.

La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.

En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.

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Latinoamérica

Militarización en Ecuador y México otra amenaza más a los derechos humanos

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militarización Amnistía Internacional

 

MÉXICO – La actual tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en América Latina, en particular en Ecuador y México, representa una amenaza para los derechos humanos en la región, afirmó en una nueva declaración la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

“Es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos, particularmente ante la evidencia de los retrocesos que ocurren como consecuencia de la militarización de la seguridad pública”, advirtió la directora para el hemisferio de AI, Erika Guevara Rosas.

En Ecuador, la Corte Constitucional publicó el martes 29 la validación del pedido del presidente Guillermo Lasso de reformar la Constitución, para permitir el apoyo complementario y permanente de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, a fin de combatir el crimen organizado en el país

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que en cuestión de días discutirá asuntos relacionados con la Guardia Nacional y con la militarización del país que se encuentran pendientes de resolución.

El primer análisis tratará la controversia constitucional sobre el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En el caso de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso afirmó que las obligaciones emanadas para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas ecuatorianas son la justificación para la actuación permanente de parte de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.

Además, mencionó que el problema del crimen organizado no es excepcional, sino que es un fenómeno creciente que ha sobrepasado el ejercicio de las facultades de la institución de protección interna, por lo cual no hay la necesidad de respetar el requisito de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas, recordó AI.

“El presidente Lasso no puede ignorar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su propia conveniencia, para justificar la militarización en Ecuador”, replicó Guevara Rosas.

Argumentó que “si el problema del crimen organizado, según el propio presidente, no es excepcional, la respuesta no puede darse a través del despliegue permanente de las fuerzas armadas, en virtud de los requisitos de excepcionalidad y carácter extraordinario de su uso”.

Recordó que existe una prohibición en la doctrina emanada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre perpetuar el uso de las fuerzas armadas en temas no relacionados con conflictos armados.

En su opinión “se abre una oportunidad para que empiece un proceso que permita que las fuerzas armadas estén a cargo de manera complementaria y permanente de la seguridad ciudadana”.

“Es un pésimo precedente para la garantía de los derechos humanos en el país”, aseveró la responsable de AI.

En el caso de México, el reporte de AI recordó que ese país “ha optado por utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública desde hace más de 15 años. Esta estrategia de seguridad se ha profundizado en los últimos años”.

En marzo de 2019, mediante una reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional con mando civil y policial, pero con una influencia muy alta de las fuerzas armadas.

Por otra parte, el Acuerdo Presidencial facultaba a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, periodo que fue recientemente ampliado por el Congreso hasta 2028.

“Estas acciones se llevaron a cabo sin una estrategia clara de fortalecimiento de policías y de retiro de las Fuerzas Armadas de las calles”, según AI.

En septiembre de este año, el Congreso aprobó que se incorpore a la Guardia Nacional formalmente bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que también tiene a su cargo las Fuerzas Armadas.

La iniciativa está siendo controvertida ante el poder judicial y actualmente cuenta con una suspensión que frena su entrada en vigor.

La oenegé recordó que la Guardia Nacional mexicana realiza adicionalmente más de 148 funciones civiles que no son relacionadas con seguridad, como la construcción de carreteras y el manejo de la vacunación contra la covid-19.

Tanto la Guardia Nacional como la Sedena se encuentran dentro de las 10 instituciones con mayor número de quejas abiertas este año, 346 y 327 respectivamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Según Guevara Rosas “la estrategia de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas ha probado una y otra vez ser ineficiente para atender la crisis de seguridad que enfrenta México, pese a lo cual se insiste en perpetuarla”.

“Ello sin mencionar el cúmulo de violaciones de derechos humanos que se han documentado por parte de esas fuerzas”, agregó.

Opinó que ese país “está a tiempo de cambiar su estrategia de seguridad, para lo cual es fundamental priorizar la creación de un plan de fortalecimiento de los cuerpos policiales, bajo el mando civil, y el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles”.

Insistió en que la protección del derecho a la vida y a la integridad personal no permite ni puede ser una justificación para que los Estados tomen medidas para complementar, mucho menos de manera permanente, los cuerpos policiales con las fuerzas armadas.

Recordó que la Corte IDH ha alertado sobre la formación del personal militar, que está orientada a su participación en conflictos armados con la consigna de derrotar al enemigo, mientras que el entrenamiento policial se dirige a la protección y seguridad de la población civil en tiempos de paz.

“Sin duda, la seguridad pública ante contextos de violencia es una preocupación legítima y prioritaria para los Estados de la región. Sin embargo, es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos”, dijo finalmente Guevara Rosas.

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Fuente: ipsnoticias.net

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Oriente Medio

Protestas de las mujeres en Irán: “Caminamos frente a la policía sin velo”

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Iran protestas mujeres

the guardian

Manifestantes iraníes describen su vida diaria desde el inicio de unas protestas que se espera se intensifiquen esta semana con tres días de huelga

Las fuerzas de seguridad iraníes han matado al menos a 448 personas desde que se iniciaron las protestas hace más de dos meses, según cifras de la ONG Iran Human Rights.

La organización señala que entre los muertos hay 60 menores y 29 mujeres. Su denuncia se suma a la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que recientemente alertó de que en Irán hay “una crisis de derechos humanos en toda regla”.

En medio de la confusión sobre la supuesta eliminación de la Policía de la moral, los manifestantes han convocado tres días de huelga esta semana. Se trata de las protestas que están amenazando el régimen ultraconservador islámico como nunca en cuatro décadas.

Tres personas de diferentes puntos del país explican cómo han evolucionado las protestas y cómo han cambiado la vida cotidiana en su ciudad.

“Ahora veo a mujeres sin velo a diario”

Farah, 24 años, trabaja como profesora en Tabriz, en el noroeste de Irán

En mi ciudad no ha habido tantas protestas en comparación con otros lugares. En apariencia, la situación no es tan diferente a la que había antes de que todo empezara, pero en realidad sí hay diferencias. La cantidad de guardias en cada plaza es más elevada que antes. Están equipados sobre todo con porras y pistolas eléctricas y a veces van armados. A pesar de ello, la población comparte un sentimiento de desafío.

Desafían a las autoridades, sobre todo, mediante la desobediencia civil, por ejemplo ignorando la obligatoriedad del hiyab, haciendo huelga, las manifestaciones en las universidades y los cánticos de “muerte al dictador”. Han detenido a muchas personas, entre ellas dos de mis mejores amigos.

La gente escribe consignas antigubernamentales en todos los lugares públicos. Los funcionarios de la ciudad intentan limpiarlas lo más rápido posible, pero siguen reapareciendo. La semana pasada, tras el partido y la derrota de la selección de fútbol iraní ante Estados Unidos, la gente vitoreó en las calles y en sus casas.

A diario veo a mujeres [sin velo] en el autobús, en el metro, incluso en la universidad. La mayoría son jóvenes. Antes ninguna se atrevía a hacerlo, al menos donde vivo yo. Mi región es muy conservadora. La mayoría de la gente no reacciona, pero a veces se notan algunas miradas fijas de personas mayores.

La semana pasada, mi amiga y yo nos pusimos delante de la policía, sin velo. Fue aterrador, pero lo hicimos. Después de alejarnos de ellos, una chica y su amiga nos pidieron que chocáramos los puños y me dieron un caramelo. Un par de personas mayores que estaban cerca de los guardias se rieron y dijeron “Mashallah” [Lo que Dios ha querido]. Intento hacerlo tan a menudo como puedo. A veces me da mucho miedo, otras veces tengo más valor.

Las familias no apoyan esta acción. O bien temen por sus vidas o son religiosas y estrictas. En el caso de mi familia, es por el primer motivo. Mi padre me aconseja a diario que no me involucre, pero lo hago de todos modos. Me parece natural: ¿cómo hemos vivido todos estos años sin hacerlo? ¿Sin sentir esta libertad que tienen [tantas] mujeres?

Ahora mismo, [las protestas en Tabriz] están disminuyendo, pero esto ya ha sucedido antes: una bajada y luego una revuelta. Quizá esta vez se acabe, pero lo dudo mucho.

“Quieren estudiar fuera para escapar”

Shirin, 22 años, vive en Shiraz, en el suroeste de Irán

El 17 de noviembre las fuerzas de seguridad entraron en la biblioteca de la universidad e intentaron sacar a un estudiante [que había participado en las protestas]. Después, los estudiantes se reunieron en la biblioteca para protestar porque no quieren intrusos en la universidad ni que los guardias ataquen a los estudiantes. Corearon “la biblioteca de la universidad es nuestro hogar, no dejemos que los enemigos entren en nuestra casa”. La universidad amenazó con suspender a los estudiantes y, de hecho, algunos lo fueron.

El Gobierno tiene previsto castigar a los estudiantes que participen en las protestas con una prohibición de salir del país durante 10 años. Ir a la universidad en el extranjero ya no es solo un proyecto académico para los estudiantes, sino una forma de escapar cuando a algunos no se les permite salir del país.

En Shiraz, las protestas tienen altibajos. A mediados de noviembre fueron muy intensas. Mi padre vio cómo [las fuerzas de seguridad] rompían los cristales de los coches con porras y amenazaban a la población cuando la gente tocaba el claxon en señal de protesta.

Desde entonces, las protestas han disminuido. En muchas provincias de Irán los camioneros se suman a la huelga para decir que no trabajarán hasta que se escuche al pueblo, como forma de protesta.

[En general, las protestas] siguen siendo fuertes en Shiraz, pero adoptan otras formas. Por ejemplo, los vecinos están boicoteando negocios o tiendas que apoyan al régimen. Algunos días todo se desarrolla en las calles. Los vecinos tratan de seguir con las protestas y a la vez mantenerse a salvo.

“La gente canta casi todas las noches”

Mohsen, 38 años, trabaja en marketing en Teherán

En mi barrio de Teherán los vecinos se mostraron muy activos las dos primeras semanas, pero luego hubo muchas más fuerzas policiales y basij [milicias paramilitares voluntarias] que empezaron a patrullar en las calles más importantes y, sobre todo, en la plaza principal.

Entonces las protestas activas adoptaron otras formas, como tocar el claxon de los coches y provocar atascos. Eso también ha disminuido. En ocasiones en las que el consenso es generalizado, la gente sale a la calle a protestar.

En mi barrio hay muchos menos gritos de protesta por la noche: de hecho, son prácticamente inexistentes, pero eso es más bien una excepción, ya que en otras partes de la ciudad en las que he estado, los vecinos protestan casi todas las noches. El cántico de protesta más común es “muerte al dictador”.

A veces se producen enfrentamientos por la noche. Hay muchos miembros de las fuerzas basij vestidos de paisano [entre los manifestantes] y eso rompe la confianza de la multitud.

No salgo mucho porque soy muy activo en internet y limpiar mis dispositivos de cualquier contenido problemático es demasiado complicado. Existe el riesgo de ser reconocido en las protestas por un basiji de tu barrio. La verdad es que es una dinámica complicada.

Hay muchos grafitis, que se cubren continuamente y vuelven a aparecer. Yo mismo he hecho algunos. Solían ser los nombres de las víctimas, sobre todo de Mahsa Amini y Nika Shakarami. A veces son lemas como “abajo el dictador”. Muy a menudo se repite “zan zendegi azadi” (“mujeres, vida, libertad”).

Las mujeres intentan ignorar la obligatoriedad del hiyab cuando pueden y donde pueden. Por lo que he visto, esta actitud va en aumento y hasta cuatro de cada diez mujeres en las calles principales no llevan la cabeza cubierta. Muchas amigas me han dicho que es extremadamente estresante, pero que tratan de hacerlo. Las fuerzas del orden lo ignoran porque no pueden permitirse perseguirlas a todas. Algunas más valientes incluso pasan por delante de las fuerzas del orden sin hijab.

***

Se han cambiado los nombres para proteger a las personas.

Traducción de elDiario.es

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