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Justicia pendiente

«Mi hijo fue un daño colateral»

Teresa Sánchez Wolf envió una carta al presidente Felipe Calderón para pedir justicia por el asesinato de su hijo, quien fue acribillado en Chihuahua. Pero de la dependencia de gobierno dijeron que era un «daño colateral».

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- Alejandro Esteban Montañez tenía diez días de haber llegado a la ciudad de Chihuahua cuando lo acribillaron. Fue el 18 de abril de 2011. Abogado de profesión, con 31 años de edad, estaba a punto de casarse con una joven de Oaxaca. Había llevado una vida de éxitos, cuenta su madre, Teresa Sánchez. La universidad, el deporte, su profesión: “Un hombre bueno, inteligente y bien educado”. Construía lo que sería su nuevo hogar en esa ciudad. Ese día tenía una cita para un nuevo empleo.

Iba acompañado de un joven albañil y estudiante de preparatoria, Javier Morales Franco, de 18 años, quien trabajaba en la construcción de su casa. Alejandro lo llevaba a su domicilio, donde vivía con su madre Lucía Morales Franco. Los sorprendieron dos camionetas disparando indiscriminadamente con armas de alto poder. En esa misma avenida han asesinado a otras 13 personas en diferentes fechas del mismo año. Teresa, la madre de Alejandro, reclamó justicia para su hijo, porque no hay ningún responsable de esos asesinatos, y envió una carta al presidente Felipe Calderón. Pero los funcionarios de la dependencia de gobierno,  sólo le dijeron que su hijo era un “daño colateral”. Calderón, hasta ahora, no ha respondido su carta.

C. Felipe Calderón
C. José Francisco Blake
C. Marisela Morales

A la opinión pública:

«El día 18 de abril, mi hijo Alejandro Montañez Sánchez, de 31 años de edad, fue asesinado en la ciudad de Chihuahua, Chih. Un joven profesionista, limpio, buen hijo, con un futuro prometedor por delante, sucumbió ante el ataque de un grupo armado que cortó de tajo su vida  y, como madre, me sumergió en el más triste de los dolores y en la más lacerante impotencia.

¿Qué hacer ante esta violencia que cada día llena más hogares de dolor; que cada vez riega las calles con sangre inocente y no de los criminales que se disputan la supremacía de las “plazas”, ante la mirada de complicidad de las policías y gobiernos locales?

México vive hoy un estado de guerra. La batalla emprendida en contra del crimen organizado parece ser más obsesión personal de la oligarquía en el poder, que de una verdadera lucha por restablecer el Estado de Derecho y la legalidad. Los sicarios se han volcado en contra de inocentes, algo inimaginable siquiera, en las mafias criminales de antaño. Se han exterminado familias completas. Niños han sucumbido ante las armas de alto poder, y hay en la sociedad mexicana un terror cerval a denunciar, porque existe la sospecha de la colusión de los criminales con las mismas autoridades. Nos quedamos callados, ahogándonos en el dolor de la pérdida de nuestros seres queridos, y en la impotencia de no poder luchar en contra de esta escalada impune, en donde los casi cuarenta mil muertos en esta guerra infame, sólo forman parte de estadísticas.

He sido una mujer que ha sacado adelante a sus hijos, trabajando a brazo partido; sin desmayo ni tregua. Les di a mis hijos –eran dos, ahora sólo me queda uno– la oportunidad de ser gente de bien, profesionistas responsables y honestos. Pero hoy, un grupo de criminales que pueden pasear por doquiera su cobardía y sin que nadie llame a cuentas, me ha arrancado algo de mí misma.

Contra natura di a mi hijo sepultura. ¿Es esto acaso lo que tanto anhelamos los mexicanos, que los padres entierren a sus hijos y que vidas que apenas florecen, tengan que extinguirse en el ocaso de la impunidad y la violencia criminal? ¿Es éste el México que enseñamos a amar a nuestros hijos, el de las balaceras, las ejecuciones, las cabezas cercenadas y el terror, que han impuesto los capos, los sicarios, los mercenarios, que cada día dice el gobierno está exterminando, cuando todo mundo sabe que el índice de criminalidad crece más?

El mejor homenaje que le puedo hacer a Alejandro es elevar mi voz. Sé que predico en el desierto, que mi voz sonará hueca ante la abulia y sordera gubernamental, y aún ante la indolencia de la misma sociedad civil. Ha sido nuestra cobardía lo que ha hecho el caldo de cultivo para este clima de impunidad; ha sido el silencio de muchas madres, lo que ha permitido que día a día, noche a noche, sean asesinados por todo el país, cientos y cientos de jóvenes. ¡Ya basta!, basta de tanta sangre. ¡Ya basta!, de tanta violencia infame, que en su ambición de más poder, han instrumentado los capos de la droga, y las autoridades que les siguen el juego.

El mejor homenaje a nuestros hijos es pedir justicia; exigir al gobierno que tiene la obligación de mantener el Estado de Derecho, a dar respuesta a cada una de las madres que hoy y siempre habremos de llorar a nuestros hijos muertos, y que con su sangre inocente han abonado este país de ignominia.»

 

ATENTAMENTE

María Teresa Sánchez Wolf,

Oaxaca, Oaxaca.

 

 

 

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Justicia pendiente

Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Justicia pendiente

Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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