Connect with us

Justicia pendiente

“Mi hijo no es un terrorista”: Heliodoro Molina

Comunidad de Tixtla pide la liberación de Gonzalo Molina acusado de terrorismo por denunciar a las autoridades locales de crimen organizado

Avatar

Published

on

la foto (2)

El padre de Gonzalo porta la cartulina que dice “Mi hijo no es un terrorista”. Foto: Alondra García

Por Alondra García Lucatero

CHILPANCINGO, Guerrero.-. El miércoles 6 de noviembre Gonzalo Molina González no regresó a su hogar. Esa noche la pasó en una celda del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo, después de ser detenido por la Policía Investigadora Ministerial (PIM) en un operativo bajo la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, lesiones y privación de la libertad personal.

Sin formación académica y de cuna humilde, Gonzalo trabajaba como pepenador y ofrecía el servicio de recolección de basura a las viviendas de Tixtla. Cuando la Ministerial lo detuvo, regresaba de su último viaje al basurero.

“Lo agarraron donde fue a tirar un viaje de basura, allá lo agarraron, andaba trabajando y ya no llegó, nomás nos avisaron que se lo habían llevado”, relató Heliodoro Molina Isidro, padre de Gonzalo.

El sábado 9 de noviembre, a sus 78 años, don Heliodoro encabezó una marcha de tres kilómetros sosteniendo una cartulina con un mensaje dirigido a la sociedad y al gobierno mexicano: “Mi hijo no es un terrorista”.

La marcha partió desde el Barrio del Fortín hasta la plaza central de Tixtla; en ésta participaron Policías Comunitarios, estudiantes de Ayotzinapa, damnificados por la tormenta Manuel, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y ciudadanos solidarios con la familia Molina.

Los manifestantes se unieron a la exigencia de don Heliodoro: la liberación de su hijo Gonzalo Molina González. “Estoy muy sentido por lo que hicieron con mi hijo, él no es lo que dicen, él no es terrorista, solamente luchaba por el pueblo, por su pueblo”, expresó conmovido en entrevista al término de la marcha.

la foto 1

Ciudadanos solidarios con Gonzalo denuncian al presidente municipal. Foto: Alondra García

Comunitarios habían denunciado al alcalde de Tixtla por delincuencia organizada

Además de ser pepenador, Gonzalo Molina González promovió la creación de grupos de la Policía Comunitaria (PC) en poblados como Acatempa, Tecolcintla, El Durazno, El Troncón, Zacatzonapan y en el barrio de El Fortín, este último asentamiento en la zona urbana del municipio de Tixtla. También promovió la incorporación de la Policía Comunitaria de Tixtla a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

De acuerdo a los pobladores, antes del surgimiento de la CRAC-PC, la comunidad de Tixtla vivía bajo un clima de grave inseguridad con asesinatos, violaciones, secuestros, extorsiones, cobro de piso y robo de autos.

Los líderes de la Policía Comunitaria, entre ellos, Gonzalo Molina, denunciaron públicamente al alcalde de Tixtla, Gustavo Abarca Alcaraz y a la Policía Preventiva de trabajar para la delincuencia organizada que opera en la zona, lo cual supuestamente reforzó el clima de inseguridad y violencia en el municipio.

El 26 de agosto de este año, Gonzalo Molina González encabezó la protesta y la toma del ayuntamiento tixtleco para hacer evidente la complicidad de las autoridades locales con la delincuencia organizada.

En el acto, exigieron la liberación de Nestora Salgado García, dirigente de la Policía Comunitaria en Olinalá y de los comunitarios detenidos en los municipios de Ayutla, Tlatlauquitepec y Tixtla.

El conflicto se prolongó durante ocho horas, en las que retuvieron a varios funcionarios y al síndico procurador. El saldo final fue de dos elementos de la Policía Preventiva lesionados, uno recibió un machetazo en la frente y otro un cachazo en el brazo. Como resultado de estos hechos, el síndico procurador de Tixtla, David Martínez Valadez interpuso una demanda contra varios integrantes de la Policía Comunitaria.

El primer detenido fue Gonzalo Molina González, bajo los supuestos delitos de terrorismo, lesiones y privación de la libertad personal. Cuando lo detuvieron, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el promotor de la CRAC-PC portaba una pistola calibre 22. Su acompañante, el menor David Chanito Molina, presuntamente tenía en su poder una escopeta calibre 16 con 10 cartuchos útiles, contenidos en una carrillera.

la foto 3

Marcha por la liberación de Gonzalo Molina. Foto: Alondra García

“Estamos luchando para tu libertad”

Durante la contingencia provocada por la tormenta tropical Manuel, Gonzalo Molina González lideró a casi 200 elementos de la Policía Comunitaria en auxilio a la población damnificada.

“Mi hijo andaba ayudando ahora cuando la lluvia, él andaba metido allá con cuatro camionetas sacando la gente del lodazal… todo eso el gobierno no lo ve, como que les da coraje que nosotros hacemos el bien al pueblo”, reprochó Heliodoro Molina Isidro.

Cuando don Heliodoro caminaba por las calles de Tixtla, la población le daba su respaldo: “Aquí en el barrio mucha gente es testigo de cómo ha trabajado mi hijo, todo Tixtla lo sabe porque ha apoyado a todos los barrios y todos dan fe de que Gonzalo es honrado”.

Por eso durante la marcha del sábado 9 de noviembre, la población salió de sus casas y se unió a la protesta. Más de 500 personas, entre policías comunitarios, estudiantes, damnificados y población en general se unieron a la demanda de don Heliodoro Molina: “Suelten a mi hijo, él no es terrorista”.

“El gobierno siempre toma a mal las luchas que hace uno por el bien del pueblo, mi hijo nunca ha sido lo que ellos dicen, un terrorista, él está en la lucha desde muchacho, le gusta luchar pero no para él, lo hace para el pueblo”, comentó.

La noche que detuvieron a Gonzalo Molina, tres camiones con estudiantes de Ayotzinapa llegaron al Cereso de Chilpancingo. “Gonzalo aguanta, el pueblo te levanta”, gritaron los estudiantes durante varios minutos.

La madrugada del jueves 7 de noviembre, lo trasladaron a escondidas del pueblo al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 13 de Oaxaca.

Gonzalo Molina es padres de dos hijos, y hasta su detención vivía en una casa de lámina en el Barrio del Fortín. Su padre Heliodoro le ha enivado un mensaje: “No te acongojes hijo, estamos luchando para tu libertad”.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

Published

on

Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

Continue Reading

Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Published

on

Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

Continue Reading

Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Published

on

Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

Continue Reading

Trending