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El Caso Wallace

Mi hija fue torturada en México: Enriqueta Cruz

Enriqueta Cruz narra cómo fue torturada su hija Brenda Quevedo, después de ser incriminada sin evidencias del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace

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Brenda Quevedo Cruz, torturada dos veces en los penales mexicanos para que se incrimine por un delito que no cometió. Foto: red

Brenda Quevedo Cruz, torturada dos veces en los penales mexicanos para que se incrimine por un delito que no cometió. Foto: red

Brenda Quevedo Cruz es una de las presuntas implicadas en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista ciudadana y presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Brenda lleva ocho años presa sin recibir sentencia aún y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en el Estado de Nayarit. En dos ocasiones fue torturada para que firmara una confesión de culpabilidad y pese a ello rehusó hacerlo.

La primera vez fue torturada en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito de Almoloya en el Estado de México, la noche del 27 de noviembre de 2009 a las 19 horas. Una custodia llevó a Brenda a una sala de audiencia. Al llegar, ella dijo “que al abrir la puerta vio a tres hombres volteados hacia la ventana. Recibieron una orden, se pusieron el pasamontaña y fueron hacia ella”, cuenta Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz,  y añade que por más que su hija pidió a la custodia que la llevaba del brazo que no la dejara sola, ésta hizo caso omiso.

Una vez dentro de la sala, continúa la madre, los hombres le preguntaron a su hija si ella sabía de parte de quiénes venían.  Brenda respondió:

–De parte de la señora Isabel Miranda de Wallace.

Inmediatamente la empezaron a insultar, a patearle el estómago; después, le pusieron una bolsa en la cabeza y la comenzaron a asfixiar. Le advirtieron que no intentara gritar porque todos estaban de acuerdo, desde el director del penal hasta los vigilantes, por lo que nadie la escucharía.

“Le jalaban los cabellos, le ponían cerca una grabadora y le decían que estaban ya cansados de sus tonterías y si le quitaban la mano de la boca y decía una cualquier cosa le iba ir peor. Ella empezó a llorar y ellos volvieron a pegarle, a taparle la boca y le gritaban que no se hiciera la valiente ya que iría peor y que se iban a quedar toda la noche con ella”, narra Enriqueta Cruz.

Asimismo, los hombres la amenazaron con que iban a sacarla del penal y luego empezaron a tocar con brusquedad sus partes genitales y sus pechos. Después le mostraron una jeringa con un líquido rojo y le afirmaron que era sangre infectada con VIH, y que si no decía que ella era responsable del secuestro –al igual que los demás implicados– se la iban inyectar cada mes hasta que firmara su confesión de responsabilidad, cuenta la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que esta táctica transcurrió a lo largo de hora y media, hasta que los vigilantes del penal tocaron a la puerta.

La segunda ocasión en la que Brenda Quevedo Cruz fue torturada fue el 13 de octubre de 2010 al mediodía en las Islas Marías. Entre cinco y seis hombres fueron al lugar donde se encontraba incomunicada, una casa a medio construir. La tortura, asegura Cruz Gómez “fue tremenda, independientemente de los golpes, el agua en la nariz, de las bolsas de asfixia, fue una violación”, y añade que Brenda asegura que ella sentía que algo le metían en la vagina mientras estaba esposada.

Los hombres le decían que si ella no firmaba iban a irse contra su familia, contra su madre y también contra su hermano, que sabían dónde encontrarlos. Al cabo de un tiempo los hombres se retiraron, pero antes de irse uno de ellos le dijo a Brenda que repitiera la razón por la que ella estaba ahí. Ella respondió:

–Por el secuestro de Hugo Alberto Wallace –y el hombre espetó:

–¡No, para ti es el señor Hugo Alberto Wallace! –y acompañando sus palabras le dio un fuerte golpe en la cara.

En el momento en que los hombres se retiraban, uno regresó y le dio otra cachetada, cuenta la señora Enriqueta Cruz, y añade que Brenda decía “que sentía que le había volado el oído, se quedó sorda por un buen tiempo”, e insiste que la tortura fue muy fuerte.

“Por todo lo que le hicieron; el ahogamiento, los toques eléctricos, la bolsa, la amenaza y la violación. De todo esto, obviamente si quedó muy afectada mi hija, eran ya dos torturas”, explica la madre de Brenda.

Brenda fue traslada a las Islas Marías a pesar de que aún no tiene sentencia. Para Enriqueta Cruz y su familia fue como si hubiera sido secuestrada y asegura que transcurrieron más de cuarenta horas antes de que les dijeran a dónde se la habían llevado. Un comandante de enlace reconoció que él había sido el responsable y que se la habían llevado al aeropuerto. La madre de Brenda señala que ni el juez, ni el abogado ni los familiares supieron por qué se la habían llevado. “Cuando hice la denuncia, lo primero que el juez solicitó fue un informe de por qué sacaron a Brenda [de Santiaguito] sin notificación previa” cuenta Cruz Gómez y añade que después de unas diligencias los responsables justificaron que se la habían llevado por cuestión de seguridad, por su perfil y por los cargos que tenía.

Enriqueta Cruz Gómez denunció hace un año al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Dr. Raúl Plascencia Villanueva ante el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por omisión ante el caso de tortura de su hija. Ella cuenta que cuando Brenda ya había sido reubicada en el penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic en el Estado de Nayarit, después de lo ocurrido en las Islas Marías, empezaron a castigarla sin ningún motivo por lo que la señora Cruz Gómez empezó  a enviar nuevamente solicitudes y quejas a la CNDH. Brenda fue trasladada entonces a un cuarto de castigo llamado “El Apando”, un área muy pequeña de dos por tres metros que tiene un foco, una cámara, el WC y la regadera.

“La veían todo el día como un animal, no la sacaban para nada, allí le llevaban la comida”, señala la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que estuvo allí dos meses.

“En una conversación mantenida entre Brenda y la psicóloga que la valoró en las Islas Marías, descubrieron que la CNDH había mentido en un escrito fechado en septiembre de 2011, en el que les informaban que los resultados de la investigación en Islas Marías indicaban que no había ocurrido nada.” Al escuchar esto la psicóloga dijo que eso no era posible, puesto que ella hizo la valoración bajo los criterios del protocolo de Estambul en julio de 2011 y había salido positiva. “La CNDH ocultó esa información y permitieron que se llevaran a Brenda a “El Apando”, el cuarto de castigo”, dice Enriqueta Cruz, y añade que cuando estuvo allí, le vino una crisis nerviosa a su hija porque pensaba que la iban a volver a torturar, por eso demandamos al Dr. Plascencia Villanueva”.

Enriqueta Cruz no puede decir con certeza por qué actuó de esa manera la CNDH, pero sospecha que fue porque ella se enteró a través de la prensa de que Isabel Miranda de Wallace había promovido al Dr. Raúl Plascencia Villanueva para que lo nombraran ombudsman, y además “hemos pensado y se ve muy claro que todo lo que hicieron en 2010 y 2011 fue porque estaba por entregar el doctor Plascencia Villanueva el premio de Derechos Humanos a la señora Wallace”, señala Enriqueta Cruz.

Ante el hecho de que el caso de Brenda saliera positivo en el protocolo de Estambul, Enriqueta Cruz asegura que el Estado mexicano no ha resarcido el daño que esto ocasionó a su hija. Únicamente a principios de febrero del año pasado le atendió un psiquiatra debido a que se sentía muy mal y sufría de insomnio y taquicardia por lo que la medicaron. La CNDH por su parte la visitó en tres ocasiones después de la demanda.

En cuanto al estado físico, psíquico y emocional actual de Brenda Quevedo Cruz, asegura Enriqueta que “está saliendo poco a poco” y añade que apenas la integraron en terapia con una psicóloga, pero en realidad está muy sola y se está apoyando en la Biblia. Además, comenta que “le quitaron todos los medicamentos y eso le afectó mucho porque le estaban dando altas dosis, en realidad no le están dando una buena atención médica”.

Un aspecto de la cárcel mexicana. Foto: red/rnw

Un aspecto de la cárcel mexicana. Foto: red/rnw

El infierno de la justicia mexicana

La tortura se ha vuelto una práctica sistemática por parte de las autoridades mexicanas a partir de que el ex presidente Felipe Calderón emprendiera su lucha contra el crimen organizado en 2006. Desde entonces, los presuntos culpables han enfrentado maltrato, abusos y vejaciones a mano de las policías y de las fuerzas armadas con el objetivo de obtener información sobre el crimen organizado u obligarlos a confesar su supuesta culpabilidad. Según Human Right Watch, esto ocurre generalmente entre el periodo que transcurre en la “detención arbitraria” de las víctimas hasta que son presentadas ante el ministerio público. En ese lapso de tiempo, a las víctimas las mantienen incomunicadas.

De acuerdo con el informe de 2011 de Amnistía Internacional  “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió tan sólo en ese mismo año 1.669 denuncias de torturas y malos tratos, sumando un total de 4.841 desde el 2007. Sin embargo, el informe señala que si bien la información ofrecida por la CNDH  “es la más exhaustiva que se dispone”, pero subraya que sigue estando muy lejos de representar la verdadera cifra de denuncias de tortura de todo el país. Esto se debe, según indica dicho informe, que la CNDH únicamente interviene cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que los datos de dicho organismo “no incluyen necesariamente las denuncias de torturas y malos tratos cometidas por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados)”.

Algunas de las prácticas de tortura que son utilizadas por los miembros de todas las fuerzas de seguridad, según Human Right Watch y que documenta en su informe de noviembre de 2011 “Ni Seguridad, ni derechos”, en general incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, tortura sexual y amenaza de muerte. Durante el primer año del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, la CNDH indicó –a través de su ombudsman el doctor Raúl Plasencia Villanueva— que se recibieron 1.506 quejas por tortura y tratos crueles, cifra que representa el 30% menos respecto al 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando sumaron un total de 2.113.

Este artículo fue autorizado por su fuente original RNW/El Toque

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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