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Con voz propia

México y Uruguay: El precio de todo y el valor de nada

El despilfarro y la corrupción en la gestión legislativa y electoral en México en contraste analítico con la gestión de Uruguay que ha dado ejemplo mundial

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Presidente de Uruguay, José Mujica. Foto: 89decibeles.com

Presidente de Uruguay, José Mujica. Foto: 89decibeles.com

Francisco Bedolla Cancino*

Para poder dedicarse a lo importante, el  actual presidente de Uruguay, José Mújica, optó por donar el 90% de su sueldo (aproximadamente 160 mil pesos mensuales) a obras destinadas a mejorar las condiciones de vida de los uruguayos más pobres; prescindir de todo aquello que implique dispendios y lujos asociados a la ocupación de los altos cargos públicos, por ejemplo, eventos, banquetes, autos, choferes, celulares, dispositivos de seguridad, indumentaria, etc.; y preservar su tren de vida y de gastos en la medianía, subsanable con los veinte mil pesos mensuales que conserva de su sueldo y de su negocio de cultivo de plantas.

En abierto y vergonzoso contraste con la austeridad del presidente uruguayo, los conspicuos líderes de la clase política mexicana (léase: partidocracia), estiman que la gobernabilidad del régimen descansa en la provisión a los representantes populares y altos funcionarios de la burocracia que ellos ponen (léase: diputados, senadores, ministros, magistrados, consejeros electorales, comisionados del IFAI, etc.) de sueldos y prestaciones estratosféricas.

Y a este respecto, desde una estricta perspectiva republicana, la pregunta relevante es, ¿cuál de estas hipótesis prácticas, la de la austeridad o la de los altos incentivos en numerario, resulta más provechosa al desarrollo estatal y al bienestar público nacional?

Frente al escándalo provocado entre sus similares y los señalamientos de ser el presidente más pobre del planeta, el presidente Mújica ha enfatizado su deber como líder político de ajustarse a la medianía en la que vive su pueblo, no sin refutar la pobreza de quienes le señalan como pobre por no entender que no son más ricos quienes menos tienen, sino los que menores dependencias tienen respecto de sus insanas necesidades. O como reza la frase de conocida canción de Facundo Cabral: “pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo”.

En contraste con lo anterior, frente al escándalo provocado por el artículo de la reforma política que otorga a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo sueldo actual ronda los 180 mil pesos mensuales, el derecho a un vitalicio y millonario “haber de marcha”, las respuestas de los diputados y senadores dejan mucho que pensar: “era un compromiso contraído desde el Pacto por México”, dicen algunos de los legisladores impulsores; otros, peor aún, se confiesan sorprendidos por no estar enterados de lo que con su voto aprobaron. Tan sintomático como ello, o más, es la defensa que hacen los propios beneficiarios del jugoso pago, bajo el argumento de poner a salvo la autonomía del órgano electoral juzgador y la independencia en el desempeño de los magistrados, habida cuenta del flagelo que les significa el impedimento legal de ejercer su profesión por dos años.

En auxilio del contraste argumentativo que debe hacerse entre ambas hipótesis, cabe mencionar en el caso de la hipótesis de la austeridad, además del hecho de que la tasa de pobreza en Uruguay alcanza apenas al 10% de la población, una de las tasas más bajas en el mundo;   la popularidad y el aprecio creciente de los uruguayos hacia su mandatario, situación que le permite andar confiado por las calles sin necesidad de escoltas o medidas de seguridad.

En auxilio de la hipótesis de que la gobernabilidad depende de la asignación de  magnos incentivos a los miembros de las elites política y burocrática, salvo el argumento teórico de que el ejercicio eficiente de las altas responsabilidades estatales reclama personal altamente especializado y bien remunerado, no hay evidencia empírica ni buenos argumentos que hagan aceptable la abismal brecha entre el nivel de ingresos de dichas elites y el nivel medio de de ingresos de la población. Peor aún, si se atiende a la eficiencia socialmente percibida en el desempeño de la alta burocracia del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE o el IFAI, medida por los estudios de confianza institucional, es inevitable colegir que la política de remuneración dispendiosa apunta en sentido inverso al descenso en el aprecio por la eficiencia, la autonomía y la imparcialidad de los altos funcionarios.

Si pese a las malas cuentas públicas que magistrados y consejeros electorales han entregado durante la última década persiste la obcecación de la clase política por tratarles salarialmente como profesionales de excepción, quizás haya que preguntarse si la alta remuneración adquiere sentido frente a la expectativa de volverlos dóciles y disciplinados a los intereses estratégicos de los contubernios entre las facciones partidistas y las grandes corporaciones empresariales rentistas.

Más consistente con el hecho resulta la hipótesis de que las mega-remuneraciones a la alta burocracia se inscriben en una especie de mercado negro en el que las diversas facciones de la clase política compiten por apadrinar el pago de favores por adelantado en las cruciales decisiones que los magistrados deberán tomar en los procesos electorales intermedios y en la próxima contienda presidencial.

De entre los graves problemas que dichas pautas de retribución provocan en las organizaciones se encuentra la muy evidente de la brecha que instauran entre la elite minoritaria de quienes gozan de sueldos estratosféricos y el resto de los integrantes. El punto es que cuando una organización resulta tan asimétrica en el reparto de los sueldos y en la valoración de la importancia de lo que individualmente se contribuye al logro de los fines institucionales, carece de credibilidad el discurso del involucramiento con la misión y la visión, la solidaridad y el trabajo en equipo, que los líderes deben vindicar.

A estas alturas del siglo y el milenio, existe suficiente conciencia en las organizaciones acerca de que la motivación al profesionalismo no es algo que se logre principal ni exclusivamente a través del dinero, sino de la integridad ético-moral.

Claro está que la carencia de integridad apoya la perspectiva cínica a la que la lealtad a los valores y los fines colectivos, como cualquier otra mercancía, se adquiere con dinero. Se trata seguramente de ese tipo de hombres retratados a la perfección por el escritor Oscar Wilde, porque “saben del precio de todo y el valor de nada”.

  • Analista político

@franbedolla

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Con voz propia

El Gobierno francés prohíbe el “lenguaje inclusivo” por ser una aberración

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Toda vez que un lenguaje evoluciona de manera libre y espontánea, para los individuos de una comunidad lingüística las nuevas palabras pasarán a ser aceptadas y empleadas sin el menor matiz de oposición. Pero en cuanto interceden grupos de carácter militante o activistas para imponer un neolenguaje la situación es distinta. Y más si responden a lo que quien esto escribe ha dado en llamar doctrina de género.

Por eso es importante la noticia de que el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, prohíba el denominado lenguaje inclusivo en la educación nacional de su país. Al sostener, entre otros argumentos, que el lenguaje inclusivo ─o también conocido como no sexista o incluyente─ “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura” (Tal y como se indica en el portal de Antena 3 Noticias del 8/05/21).

De los elementos que el ministro destaca para fundamentar el veto de este seudo lenguaje nos encontramos que al utilizar el lenguaje inclusivo éste modifica las reglas de concordancia que deben ser “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza”. Y añade que también “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura”, y que afecta a la comprensión oral y a la lectura en voz alta, al no ser posible una transcripción oral de ese tipo de grafías.

Esto último corre paralelo con lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) con respecto a nuestro bello idioma, al indicar que las supuestas marcas de género como la “e”, la “x” y el símbolo “@”, en efecto no abonan en nada a la comprensión textual ni oral y menos aún a la lectura en voz alta. No imagino a los miembros de esta doctrina de género pronunciar con un micrófono frente a un gran auditorio algo así como “todxs por el cambie de la lengüe para el bien de tod@s”.

Y como corolario es pertinente resaltar la postura que en 2017 la prestigiosa Academia Francesa de la Lengua presentó, al acusar de “aberración” al lenguaje inclusivo: “La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que conduce a una lengua desunida, dispar en su expresión, creando una confusión que roza la ilegibilidad”.

Otro argumento de Blanquer reside en la absurda contradicción de que el lenguaje supuestamente inclusivo se orienta a discriminar a los niños con ciertas discapacidades o con problemas de aprendizaje, los cuales serían los principalmente perjudicados, en oposición a lo que podría sugerir el adjetivo “inclusivo”.

Para el ministro, además, el aprendizaje y el dominio del francés “contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”, y considera que esto se ve penalizado por el uso del lenguaje inclusivo porque “su complejidad e inestabilidad” suponen un obstáculo para ese objetivo. Cualquier análisis riguroso de este lenguaje inclusivo del país de que se trate observará, en definitiva, complejidad e inestabilidad. Por ejemplo, con el español, revisen las redes sociales de Camila Vallejo ─figura pública importante de la política en Chile─ y podrán constatar lo aquí referido: indistintamente usa las marcas de género, simplemente las omite o las entrecruza.

No obstante, Blanquer respalda la feminización de algunas palabras, sobre todo las profesiones, siempre y cuando se respeten las reglas gramaticales. Amén de que en documentos oficiales también se aplica esta norma a los cargos. Esto es, sí se visibiliza a la mujer. Lo cual no es para menos y es sumamente plausible. 

Y para redondear lo hasta aquí expuesto, citaré a la doctora y especialista en lingüística y feminista Concepción Company: El lenguaje inclusivo “deja tranquilos a muchos y obstaculiza la percepción del problema real.  Tiene efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía la atención del problema fundamental: la discriminación por sexo”.  (La Jornada 10/03/20). Es decir, obsesionarse con imponer dicho lenguaje no propicia, en el caso de la mujer, su visibilización y/o igualdad social.

En virtud de lo anterior, considero que ni por decreto de Estado ni por activismo el lenguaje va a cambiar para ser aceptado sin mayor problema. Más bien su evolución obedecerá al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos derivados de la forma en que se conjugan en materia económica para los hablantes dentro de su esfera social; en donde acaso se alcance el fin de la discriminación por sexo. Es decir, es todo un proceso paulatino y multifactorial.

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Con voz propia

De lords y ladies en las redes sociales, ¿clasismo o burla?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Pareciera que en México no existen en lo absoluto fenómenos de otras latitudes como la discriminación, sea por origen étnico, diferencias de clase social, creencias religiosas o por ideas políticas, entre otras. No obstante, la realidad se ha encargado de plantearnos todo lo contrario. Y es importante considerar a este respecto esa especie de clasismo que ha tomado fuerza a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, con los denominados lords y ladies.

Las conductas socialmente reprobables de estas fugaces “celebridades” se nos dan a conocer a través de videos, memes y demás, que podemos encontrar en las diversas redes sociales existentes, a manera de denuncia preponderantemente al principio, y acaso de forma burlona en la actualidad.

Recordemos que todo inició en 2011 cuando Azalia Ojeda, exparticipante de la primera edición de Big Brother México en 2002, y otra mujer de alto nivel económico fueron captadas por el usuario de un smartphone cuando agredieron a oficiales de la policía durante un operativo del alcoholímetro en la zona exclusiva de Polanco; ocurriendo más exactamente el incidente en plena avenida Mazaryk, considerada por muchos como el equivalente a Rodeo Drive, Fifth Avenue o Les Champs Elysées en Ciudad de México. El video se viralizó en Twitter en cuestión de minutos, surgiendo de esta manera el trending tropic “Ladies de Polanco”. Exponerlas como mujeres adineradas actuando violentamente y sin respeto alguno para con los demás que no forman parte de su clase social era el objetivo.

Y en efecto, en un principio los lords y ladies sí pertenecían a la clase media-alta y alta, distinguiéndose por ser personajes prepotentes con personas de estatus inferior, comportándose de manera abusiva, que se saltan las normas o que buscan ser atendidos de inmediato, haciendo a un lado a los que estaban delante de ellos, ofendiendo con el “eres un naco, un indio, un muerto de hambre”, etcétera.

No obstante, también es necesario destacar que últimamente en las redes sociales se nos presentan a estos seres con una llamativa particularidad, y es que no son precisamente de alto nivel económico. Pero, paradójicamente, proceden como si fuesen lords o ladies, conduciéndose sobre todo de manera prepotente y haciendo alarde de un estatus que no tienen, caricaturizándose de tal modo que obligan el reír.

Esta gran paradoja resulta interesante porque indicaría que personas de clase baja y media-baja, gracias a poseer un teléfono celular de gama media y acceso a internet, pueden poner en evidencia la violencia física o verbal de alguien de su misma clase social sólo por el hecho de tener a la mano un teléfono móvil. Y no por exhibir a un rico malvado haciendo cosas horribles a los pobres.

Por ende, pareciera que en sentido estricto el aludir a los lords o ladies no es un asunto de orden clasista como podría pensarse, pues este fenómeno social ha evolucionado de una manera peculiar. Ahora, reitero, no necesariamente se requiere ser de clase alta y conducirse con desprecio hacia personas ajenas a su estatus social para adquirir el título de lord o lady. Más bien parece una pugna de todos contra todos, donde la violencia genera violencia, pero también carcajadas y éstas son válidas y esperadas.

Y aunque hay momentos en que el señalamiento toma forma de una legítima denuncia, en otros sólo adquiere relieves de sarcasmo o burla. Y al final el asunto puesto a la luz de la opinión pública difícilmente pasa por las manos de las autoridades respectivas, cuando hay un delito que perseguir; o lamentablemente termina en el inconsciente colectivo como un hecho normal y cuyo objetivo sólo era hacernos reír. 

 

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Con voz propia

Sandoval, Delgado y otros Judas de López Obrador

Ramses Ancira

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Historias para A(r)mar la Historia

Por Ramsés Ancira

México es el único país del mundo civilizado en el que un grupo de personas pueden sumar sentencias por más de 500 años de prisión, por un supuesto crimen, cuando nunca se encontró el cuerpo del delito.

Y no se trata de que lo hayan disuelto en ácido como lo hacen los narcotraficantes, o quemado, como se supone ocurrió con las víctimas de Ayotzinapa. Para eso no hay pruebas, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace según su madre, solo se desvaneció, como si le hubieran disparado con la máxima potencia de un faser de la serie futurista Viaje a las Estrellas.

Un cadáver supuestamente destazado en 2005, que siguió utilizando su tarjeta de crédito y hablándole borracho a Houston, en 2007, a su antigua amante, Claudia Patricia Muñoz Acosta, con la que procreó a una hija, a la que había estado a punto de reconocer en el registro civil; pero que se arrepintió de ultimo momento porque su madre, una mujer castradora llamada Isabel Miranda de Wallace se lo prohibió. Así lo declaró la propia Claudia Muñoz.

Un cuerpo que fue demandado en 2006, por un asunto inmobiliario cuando se supone, que había desaparecido el año anterior.

La misma persona, Hugo Alberto, que fue detenida por narcotráfico en 2001 por traer drogas ocultas en refacciones de motocicleta, pero que luego se reclasificó como contrabando y que sin embargo fue remitido a una agencia del ministerio público en Coyoacán, a 17 kilómetros de distancia y liberado en tres días, cuando se supone que la pena mínima por este delito es de 3 meses de prisión y debió ser vista por un ministerio público federal.

El viernes nueve de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado Mexicano cumpliría con la petición que hizo el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se reparara el daño a Brenda Quevedo, detenida y torturada sistemáticamente por el caso Wallace durante 12 años continuos.

Esta posición del primer mandatario fue en respuesta al reportero Hans Salazar del medio Sin Censura.

Por esas mismas fechas y por razones similares, la Secretaría de Gobernación dio el reconocimiento de preso político a George Khoury Layón.

Han transcurrido más de seis meses y el presidente no ha podido cumplir su palabra, en parte por la traición de gente de su equipo de trabajo como el director de la escuela de derecho Benito Juárez, Netzaí Sandoval, quien además de hermano de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y de Pablo Sandoval, representante del gobierno federal en el Estado de Guerrero y cuñado de John Ackerman, todos los cuales se encuentran en la nómina de la 4T, además, decíamos, cobra como director de la Defensoría Pública Federal.

Sandoval cedió a las presiones de Isabel Miranda de Wallace y corrió sin indemnización alguna al abogado defensor de Jacobo Tagle Dobín, Alejandro Garduño Real.

El abogado no sólo sufrió una injusticia laboral, sino que además tendrá que pagar desde el desempleo todos los costos del juicio que se le sigue por demanda de Isabel Miranda de Wallace, ya que, al menos en principio no le dejaron defenderse por sí mismo.

El pretexto de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, es que el abogado, en pleno uso de sus derechos como defensor, declaró que Tagle Dobin fue secuestrado en una fecha anterior a la que Isabel Miranda de Wallace lo presentó ante las autoridades judiciales.

El abogado solo cumplió con su deber, el problema es que si el argumento se da por válido demostraría que la presidenta de Alto al Secuestro, fue previamente una secuestradora.

Pero, además, Wallace ha presentado amparos contra la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República que le impiden al presidente López Obrador cumplir con su palabra.

En otro frente, el presidente del Partido Morena, Mario Delgado impuso por dedazo a varios candidatos a puestos de elección popular que están dañando al presidente López Obrador.

El grupo más numeroso es el de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se registraron como diputados migrantes. Cipriana Jurado, una de sus voceros dijo que en casi todos los partidos se cometieron irregularidades, que esperaban que Morena fuera diferente, pero al igual que los demás postuló a personas que hace mucho tiempo regresaron al país y por lo tanto no podrán hacer nada donde se les requiere, que es en los consulados de México.

También esta el caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, condiscípula de Delgado en Nxivm, quien creyó que no pasaría nada si argumentaba que nunca había visto al líder de la secta, a pesar de que sabía que la habían grabado con él. La intención del voto por Clara Luz se cayó más de 10 puntos y ahora ronda por el 18 por ciento, debajo de los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, en el norte del país, Mario Delgado eligió como candidatos a integrantes que pertenecen al partido local Unión Democrática de Coahuila, quienes terminaron su gestión con la deuda histórica más alta, este es el caso de Ciudad Acuña en donde se quedan a deber 201 millones 400 mil pesos.

En contraste el Municipio de Saltillo, que está gobernado por el PRI, a quien según Mario Delgado solo le interesa el presupuesto, la deuda es de Cero, igual que en Monclova, donde gobierna el PAN.

No son los únicos, Judas hay en todos lados, pero son los que han destacado últimamente después de que la titular de Notimex, Sanjuana Martínez, usando los recursos del Estado, sólo le diera voz de manera reiterada a la victimaria del falso caso Wallace en perjuicio de las verdaderas víctimas.

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