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Mexico Violento

México y su vieja historia de controlar la migración con militares

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Por Alberto Nájar

MÉXICO – Andrés Manuel López Obrador no es el primer presidente de México que usa militares para contener la migración. Desde 1994, los distintos gobiernos acatan la misma estrategia de Estados Unidos, diseñada por su departamento de defensa y que considera a las personas migrantes como una amenaza a la seguridad nacional.

Se trata de la operación Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond (Plan Estratégico de la Patrulla Fronteriza 1994 y años posteriores), creada en el Centro para Conflictos de Baja Intensidad del Departamento de Defensa (Clic, en inglés), y que es, desde entonces, la columna vertebral de la seguridad en su frontera sur.

El objetivo principal es cerrar el paso a las personas migrantes, a través de una estrategia que las agencias de seguridad estadounidenses conocen como “prevención a través de la disuasión”.

Con distintos nombres, México aplica acciones similares a las estadounidenses, aunque casi siempre acompañadas por el despliegue de militares.

Estados Unidos, en cambio, ha utilizado pocas veces a la Guardia Nacional –que forma parte del Ejército– para vigilar su frontera sur.

Pero hasta ahora, no existía una operación como la emprendida por López Obrador.

México, un muro para la migración

La estrategia del presidente López Obrador tiene como eje el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur.

Se puso en marcha en junio de 2019 y contempla esencialmente dos operaciones simultáneas: en la frontera sur, para disuadir el paso de personas migrantes, y en el norte para impedir que abandonen el territorio nacional.

El objetivo es impedir que los migrantes se acerquen a Estados Unidos, como lo explicó el presidente en su conferencia matutina del 7 de septiembre de 2021:

“Si permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos”, dijo .

Es la primera vez en la historia que un presidente reconoce abiertamente un propósito de esta naturaleza, que convierte al país, en los hechos, en un muro migratorio.

La estrategia ha sido impugnada por organismos de derechos humanos como la Fundación para la Justicia (FJEDD), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A pesar de las críticas, el cerco se ha fortalecido. En 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el despliegue de ocho mil 715 elementos de las fuerzas armadas para vigilar las dos fronteras. Para abril de 2022 el número aumentó a 28 mil 542: más de tres veces la cifra original.

La estrategia involucra a todas las Fuerzas Armadas del país, reconoció el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el pasado 27 de agosto.

“En la frontera sur de nuestro país se han desarrollado una serie de actividades operativas con diferentes fuerzas donde se tiene personal de la Secretaría de Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea”, dijo en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, en la frontera sur del país.

“Todas estas actividades tienen diferentes objetivos, el principal: detener toda la migración, que es uno de los planes que se tienen”, indicó.

No es todo. Desde 2020 se designaron militares, en activo o retirados, como responsables de la mayoría de las delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración (INM).

En el fondo, el espíritu de la estrategia coincide con la forma de cómo el gobierno actual y los anteriores definen a la migración irregular: una amenaza.

Queda claro en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019. En el objetivo 8 del documento, llamado Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz, se define:

“México, al ser uno de los países con mayor extensión territorial y el undécimo más poblado del mundo, se encuentra expuesto a múltiples riesgos y amenazas como pueden ser, entre otros, los flujos migratorios descontrolados, crimen organizado, corrupción gubernamental, cambio climático, fenómenos perturbadores, colapso de instalaciones estratégicas o de infraestructura crítica de la información y problemas en la frontera sur y norte”.

El mismo concepto que Washington mantiene desde hace casi cuatro décadas.

La clave

¿En qué momento Estados Unidos definió a la migración como una amenaza a su territorio? Hay varias explicaciones.

Una de ellas fue la aprobación, en 1986, de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, en inglés), que regularizó la situación de más de tres millones de personas, la mayoría –2,3 millones– mexicanos.

La amnistía pretendía enviar el mensaje de que ya no se permitiría la llegada de más personas sin documentos. Pero fue distinto.

A partir de 1987, cuando finalizó la vigencia de IRCA, empezó una creciente oleada migratoria que encendió las alarmas de la clase política estadounidense.

La Casa Blanca, entonces, endureció las acciones para controlar su frontera sur, como con las operaciones Guardián y Río Grande, que implicaron construir muros físicos en la frontera sur de Texas y California.

Miles de personas migrantes murieron al intentar cruzar por zonas desérticas.

Según organizaciones como Ángeles de la Frontera o la Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes, las víctimas fueron más de diez mil.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) estima que desde 1998, cuando empezó a contar las muertes de migrantes, y hasta 2018, la cifra de fallecidos es de siete mil 505.

Además de construir muros fronterizos, el gobierno estadounidense emprendió la operación Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond, que pretendía, desde el inicio, capturar al mayor número posible de migrantes.

“El efecto disuasorio no se vuelve efectivo para detener el flujo hasta que las aprehensiones se acercan al 100 por ciento de los que intentan ingresar”, reconoce el documento.

“El objetivo estratégico es maximizar la tasa de aprehensión”, añade. El plan del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, en inglés) contemplaba, desde el principio, la deportación casi inmediata de las personas detenidas por ingresar irregularmente a suelo estadounidense.

La estrategia del INS se aplica desde 1994, el mismo año en que empezó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que pretendía -con la creación de empleos- desanimar la migración a Estados Unidos.

No fue así y, por el contrario, la salida de personas mexicanas alcanzó niveles históricos. El Pew Hispanic Center estima que, entre 1995 y 2000, más de tres millones de personas abandonaron su país.

El éxodo fue la justificación ideal para endurecer aún más la política migratoria de Estados Unidos. Y un argumento central para obligar a México a seguir el mismo camino.

Operación sellamiento: el inicio

Antes de la firma del TLCAN, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) intensificó los controles a la migración irregular hacia Estados Unidos.

No formaron parte de las negociaciones trilaterales, sino que fueron una especie de mensaje para facilitar el acuerdo.

Un ejemplo fue el nacimiento del Instituto Nacional de Migración (INM), en 1993, que desde el primer momento tuvo objetivos parecidos al INS, asegura Elisa Ortega Velázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el artículo México como tercer país ¿seguro? Instrumentalización del derecho de asilo, publicado por el Colegio de la Frontera Norte.

“Se creó el Instituto Nacional de Migración para la gestión migratoria y la contención de la migración irregular en tránsito”, señala la investigadora. “Los dispositivos de detención y deportación fueron las bases de este proceso y son ejes de la política migratoria mexicana hasta nuestros días”, añade.

El perfil inicial del INM fue el principio de la misma línea en la política migratoria que, desde entonces, aplican todos los gobiernos de México y que es muy similar al Border Patrol Strategic Plan.

El espíritu ha sido privilegiar el uso de la fuerza, casi siempre acompañado de operaciones militares.

Por ejemplo, en 1996 “el gobierno estadounidense entrenó agentes migratorios mexicanos, fuerzas militares y de seguridad para profesionalizar sus labores”, recuerda la investigadora.

El siguiente paso para asegurar la frontera sur fue la Operación Sellamiento, implementada por el presidente Ernesto Zedillo, en 1998.

En la estrategia participaron la entonces Procuraduría General de la República (hoy, FGR), la Policía Federal de Caminos y las secretarías de Defensa, Marina, Hacienda, Gobernación y Comunicaciones y Transportes.

Oficialmente el objetivo era combatir delitos como el narcotráfico y trata de personas, pero las operaciones se extendieron también hacia la migración.

“Involucró acciones coordinadas entre México y Estados Unidos en la frontera con Guatemala para detectar migrantes irregulares”, señala Ortega Velázquez.

“Además, bajo la Operación Sellamiento, México tenía la tarea de fungir como enlace de Estados Unidos con Centroamérica”, algo que se concretó con distintos programas en los años siguientes.

Una de las consecuencias de la Operación Sellamiento, indican académicos como Jorge Durand, de la Universidad de Guadalajara, fue criminalizar a las personas migrantes.

También las puso en riesgo debido a que fueron obligadas a utilizar rutas que en muchos casos estaban controladas por la delincuencia, alejadas de ciudades y pueblos.

Fue el mismo efecto que se presentó en el norte. Las operaciones Guardián y Río Grande empujaron al flujo migratorio hacia las zonas desérticas, donde curiosamente no se construyeron muros físicos.

No fue casualidad. La Operación Sellamiento siguió el plan estadounidense de “prevención a través de la disuasión” del INS, es decir que las personas migrantes no cruzaran zonas urbanas y evitar la percepción pública de que la frontera sur estaba fuera de control.

La fallida «enchilada completa»

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Vicente Fox (2000-2006) anunció que buscaría la regularización de millones de mexicanos residentes en Estados Unidos.

Fue prioridad en la relación que estableció con el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Era tal el interés por alcanzar un acuerdo que inclusive incrementó sensiblemente el número de soldados en la frontera sur.

El objetivo, recuerda el exembajador estadounidense Jeffrey Davidow en su libro El oso y el puercoespín, era “reforzar la vigilancia en temas de narcotráfico, contrabando de personas y otros delitos que se cometían contra los migrantes”.

El plan de regularización, bautizado coloquialmente por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, como “la enchilada completa”, se vino abajo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

A partir de ese momento, la máxima prioridad de la Casa Blanca fue proteger sus fronteras, y para ello era necesaria la cooperación de Canadá y México.

En respuesta, el gobierno de Fox estableció la Operación Centinela, donde participaron más de 18 mil elementos de las Fuerzas Armadas y otros 12 mil de la Policía Federal Preventiva (PFP).

La estrategia pretendía proteger las fronteras e instalaciones estratégicas como aeropuertos, pozos petroleros, puertos y las comunidades con una presencia importante de estadounidenses, incluida la embajada de ese país. Pero el despliegue militar también se convirtió en una estrategia de control migratorio.

Un informe de 2003 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que en los 20 días que duró la operación, se detuvieron a 15 ciudadanos iraquíes y 62 de otras nacionalidades, por ejemplo.

El siguiente paso fue el Plan-Sur, que incrementó la detención de personas migrantes, sobre todo procedentes de Centroamérica. Para ello se establecieron dos cinturones de seguridad en el sureste, donde como en la operación anterior participaron miles de elementos del INM, la PFP y el Ejército.

Además, la Secretaría de Marina aumentó su patrullaje en el Golfo de Tehuantepec.

La misión de los militares fue detener a las personas migrantes para su expulsión del país, reconoció entonces el comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado.

La razón: representaban una amenaza para el territorio mexicano.

“Si nosotros no deportáramos a los 170 mil ciudadanos de diversos países que estuvieron en forma indocumentada, los tendríamos causando problemas a la seguridad y soberanía nacional”, dijo en un foro de política migratoria, en noviembre de 2001.

Calderón: violencias sin freno

Para el presidente Felipe Calderón (2006-2012) la migración fue, esencialmente, un asunto vinculado a la seguridad.

Una muestra fue el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno donde asigna la “protección” de las personas migrantes a unidades mixtas de policías federales y estatales “con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

Otra fue incluir el tema en la Iniciativa Mérida, que fue el eje central de su cooperación con Estados Unidos.

A través de este acuerdo se entrenaron agentes del INM para detectar terroristas y se compró equipo para almacenar datos biométricos de los migrantes.

La información se envió a las agencias de seguridad estadounidenses.

Más allá de estas acciones, Calderón poco hizo para contener la violencia contra quienes cruzaban la frontera sur sin documentos.

Por ejemplo, el Informe especial sobre secuestro de migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), documentó en 2011 que se cometía un promedio de 20 mil víctimas de plagios masivos cada año.

También durante ese gobierno ocurrieron las masacres de 72 migrantes en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y el asesinato de otros 49 que aparecieron desmembrados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.

Plan Frontera Sur: reprobado

Durante la primera parte de su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) mantuvo una estrategia de bajo perfil en torno a la migración irregular.

Durante la primera parte de su sexenio utilizó a militares y la Policía Federal en la vigilancia de la frontera con Belice y Guatemala.

Pero el escenario cambió en 2014, cuando más de 60 000 menores migrantes fueron detenidos en Estados Unidos.

El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, definió el tema como una crisis humanitaria, y demandó a sus vecinos aplicar acciones urgentes para contener el creciente río humano hacia el norte.

La respuesta mexicana fue la Estrategia integral de atención a la frontera sur, que empezó a aplicarse en julio de 2014 y que oficialmente buscaba proteger a las personas en tránsito.

En la práctica el Plan Frontera Sur, como también se le conoce aumentó la presencia de soldados, agentes del INM y de la PF en el sureste del país, con retenes en carreteras y estaciones de ferrocarril.

Nunca se informó el número de militares asignados al programa, cuya validez fue refutada por organizaciones civiles…. Y por el mismo gobierno de Peña Nieto.

Una revisión externa del plan, ordenada en 2016 por la Secretaría de Gobernación, reconoció que no había elementos para demostrar la utilidad de una estrategia de contención de esa naturaleza.

Se trata de la Evaluación en materia de diseño al Pp E008 Política y servicios migratorios.

La Secretaría de Hacienda dio al Plan frontera sur la clave presupuestaria Pp E008. El dictamen de los auditores externos establece:

“No se encontró como parte de los documentos que sustentan al Pp E008 algún documento de carácter internacional que valide o compare las acciones en materia migratoria diseñadas en este programa ni de evidencia de ser la vía más eficaz para dar solución al problema que se atiende”.

A pesar de esos señalamientos, el Plan se mantuvo, al menos en el discurso y presupuestos oficiales, hasta diciembre de 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el poder.

El nuevo gobierno se comprometió a sustituir la política de mano dura de sus antecesores, por acciones para atender las causas de la migración.

Seis meses después la intención se esfumó. El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se detenía el creciente flujo migratorio a su territorio.

Se creó entonces el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur que se convirtió, en los hechos, en el inédito muro militar mexicano contra las personas migrantes.

***

Fotografía de portada: Ignacio Marín

Este artículo se publicó originalmente en la plataforma mexicana Pie de Página.

RV: EG

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando GonzálezIván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

No te pierdas: Libertad por Amnistía a víctima de violencia de género acusada de homicidio en Estado de México

 

El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El editor recomienda: Penales del Estado de México, un premio a la impunidad y violación de los derechos humanos de los internos

 

De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

 

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El Caso Wallace

Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

César Freyre Morales es el principal acusado del supuesto secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, difundido desde 2005 como “caso Wallace”. Fue detenido el 23 de enero de 2006 directamente por la madre de la supuesta víctima, María Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace” o “Isabel Miranda de Wallace”. En la detención ilegal a Freyre, estuvo acompañada por los agentes del Ministerio Público de la Federación Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez.

Tres días después de su detención César Freyre fue presentado a la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ésa fue su primera tortura para que se incriminara por el caso Wallace, a la que siguieron otras con la detención de su madre María Rosa Morales y su hermana Julieta Freyre, el 8 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraban en la visita a la casa de arraigo.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace) tuvo acceso indiscriminado a los centros federales de readaptación social donde torturaban a Freyre; primero con el apoyo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y después con el de Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante los primeros cuatro años de encarcelamiento, de enero de 2006 a octubre de 2010, César Freyre Morales negó ser responsable del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, pese a las torturas y al encarcelamiento de sus familiares por año y medio. Sin embargo, el 2 de octubre de 2010, después de una de las más brutales torturas, previo a una audiencia judicial decide incriminarse e incriminar a sus coprocesados, primero por escrito y después ante el juez, cuando escucha a su madre por teléfono llorando que la tienen encañonada en su casa. En ese momento, Freyre firma la declaración que le presentó el MP Braulio Robles Zúñiga.

Después de esa tortura, el 22 de octubre de 2010, los mismos agentes de la SIEDO volvieron a sacarlo ilegalmente del CEFERESO No. 1, para torturarlo de nuevo, con la misma brutalidad, a fin de que ratificara su confesión incriminatoria. Horas más tarde, le dieron la noticia de la muerte de su hermana Julieta, a quien le dio un infarto cerebral en la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pidiendo ayuda para su hermano. Julieta falleció en el hospital.

No te pierdas: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

César Freyre, después de sus confesiones incriminatorias, fue sentenciado a 131 años de cárcel por la presión a jueces por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, las torturas continuaron para mantener su silencio, con traslados frecuentes de un penal a otro, donde era golpeado tanto en la salida como en la llegada al nuevo CEFERESO. Durante los trayectos, solo a él en jet, era golpeado, le daban toques eléctricos y al llegar al penal le echaban gas lacrimógeno, además de las amenazas de matar a su familia. El mayor tiempo en prisión lo ha pasado en aislamiento, otra forma de tortura, además de negarle el medicamento por el síndrome de Renaud que se le desarrolló a raíz de las golpizas.

El 1 de agosto de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en coordinación con la CNDH, bajo el peritaje del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, certificó que César Freyre Morales había sido sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud. Se trata del Protocolo de Estambul positivo en tortura.

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