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Justicia pendiente

México vive crisis de inseguridad y criminalización de víctimas

La criminalización de las víctimas, como en el caso Estrada, una práctica frecuente del poder en México, señaló Monseñor Leija, defensor de víctimas de homofobia.

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- “En México hay una crisis de seguridad. No hay un estado de derecho. A las víctimas se les criminaliza y eso hace que la delincuencia crezca potencialmente. El país está lleno de casos de impunidad, como el de Agustín Estrada, víctima de homofobia”, señaló el monseñor Alfonso Leija Salas, de la Iglesia Católica Apostólica Antigua del Río de la Plata y miembro del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia, de Cuernava, Morelos.

En entrevista para Los Ángeles Press, explicó que el país vive una situación de violencia alarmante, especialmente para quien opina o vive abiertamente su sexualidad de manera diferente. A esta violencia se le suma la criminalización de las víctimas, “les plantan pruebas, les fabrican delitos, se burlan de ellos en los ministerios públicos donde van a poner una denuncia”. Sobre los cuestionamientos a la veracidad de las violaciones de derechos humanos por parte de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI, contra Estrada, el sacerdote Leija Salas dijo que la víctima “tiene todas las cartas, ahí están”, ha hecho las denuncias puntuales de cada agresión por parte de las autoridades a las diferentes instancias de justicia, desde la procuraduría hasta los organismos de derechos humanos. Dijo conocer el caso de Agustín Estrada desde 2009, porque se enteró por medio de Facebook y de Internet que estaba siendo víctima de persecución y homofobia por parte del poder y lo invitó a su parroquia y ante la comunidad LGBT a dar su testimonio.

El gobernador Eruviel Avila y Agustín Estrada Negrete Foto: Cortesía AE

Explicó que a esta violencia se le suma la criminalización de las víctimas, “les plantan pruebas, les fabrican delitos, se burlan de ellos en los ministerios públicos donde van a poner una denuncia”. También observó el sacerdote que en muchos casos “estas violaciones se las achacan a grupos narcotraficantes”, y dio el ejemplo del estado de Morelos, con casos ya comprobados judicialmente de asesinatos de civiles perpetrados dentro de los cuarteles, con la complicidad de policías federales y de la localidad. Se refirió también a los casos de asesinatos de estudiantes activistas de la UNAM y la incriminación por estos asesinatos a personas inocentes, así como la fabricación de evidencias. El caso más reciente es el de la periodista Regina Martínez y los fotoperiodistas de Veracruz, mencionó el sacerdote, a quienes, por hacer su trabajo, fueron asesinados. Y basta que se mencione al crimen organizado para que queden esos crímenes impunes, señaló. “Hay mucha desinformación sobre casos de víctimas a manos de los cuerpos de seguridad”. Se trata de violaciones de derechos humanos por parte de políticos, de militares, de policías federales y locales, y que “los casos se pierden en medio de la guerra contra el narcotráfico” quedando los victimarios en completa impunidad, comentó el representante de la Iglesia Católica Antigua, enfatizando que los casos de periodistas y activistas de derechos humanos son los más emblemáticos de la persecución por parte del poder.

“No te imaginas, hay una serie de víctimas, que no son sólo las directamente afectadas, sino también a las que les achacan los crímenes”, lamentó. “Estamos todo el país en un caos, y por la misma inseguridad, no nos permite ser muy abiertos con la denuncia. Pero hay legisladores que pueden hablar. Estamos a muchos niveles de denuncia. Está Amnistía Internacional, Human Rights Watch, está el Centro Pro de Derechos Humanos, del padre Concha”, aseveró el padre sin dejar de insistir en el riesgo que implica la denuncia para quien no tiene una protección institucional.

El padre Leija Salas apoya espiritual y materialmente a las víctimas de homofobia y discriminación y trabaja con la organización de LGBT, de la localidad. Es activista de los derechos homosexuales y promueve el Manifiesto del Día Internacional contra la Homofobia, promulgado el 17 de mayo de 1990 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece “que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana”.

 

Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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