La letra con abuso entra
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El 14 de abril de este año, el mundo se despertó con la ingrata noticia de que uno de los más prestigiados profesores en los mundos de habla portuguesa, española e inglesa, el portugués Boaventura de Sousa Santos había sido suspendido de algunos de sus muchos cargos académicos luego de que algunas de sus alumnas lo denunciaron por distintos tipos de abuso sexual.
La noticia impactó directamente a universidades mexicanas que han invitado en distintos momentos en los últimos 30 años a De Sousa que, más allá de las acusaciones que parecen haber terminado con su carrera pública, ha sido una de las mentes más críticas de los modelos de desarrollo.
Sin embargo, las consecuencias del anuncio sobre la suspensión de conferencias y cursos que habrían de ser encabezados por De Sousa, paró ahí. Uno supondría, al ver la relativa calma que predomina en las universidades mexicanas que—como sucedía con la Iglesia Católica en México hace 20 años—el abuso y el acoso son hechos ajenos a nuestra realidad.
En la Iglesia, allá en los ahora lejanos ochenta, antes de que se conocieran los abusos de Marcial Maciel, Fernando Karadima y Carlos Miguel Buela, los depredadores religiosos más conocidos de México, Chile y Argentina, Juan Pablo II esparció la idea de que los abusos eran un problema causado por “los homosexuales”.
De manera más precisa, culpó a los homosexuales de habla inglesa. No era un problema de América Latina. Acá, decía el papa polaco a sus incondicionales, la Iglesia estaba libre de ese mal.
En la primera década de este siglo, sin embargo, la tonada tuvo que cambiar. En México se abrieron todas las compuertas que resguardaban los secretos de Maciel, quien pasó de ser el héroe de las derechas mexicanas, a ser un pederasta a quien no le bastaba abusar de los hijos de otros.
También abusaba de los hijos que había engendrado y mantenido en secreto como parte de la gran mentira que fue su vida. Vida que era presentada por Juan Pablo II como un modelo a los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Sin el componente del abuso de sus propios hijos, pero los pedestales que construyeron para sí mismos Karadima y Buela, también fueron destruidos en la medida que se conocían más detalles de sus vidas y de la escala del abuso del que eran capaces.
En México, a pesar del predominio de la Universidad Nacional Autónoma de México y, de manera más general, de las instituciones de educación superior ubicadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, no existe el equivalente de un “papa de la educación superior” que trate de encontrar, como hicieron Juan Pablo II o Benedicto XVI, a chivos expiatorios a modo.
La conspiración del silencio
Lo que hay, más bien, es una conspiración del silencio, articulada por una suerte de confederación de pequeños cacicazgos, desesperados por probar que no hay problemas en sus instituciones.
Aceptar que hay problemas, podría implicar la pérdida de los recursos que ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ha sido uno de los blancos preferidos de los embates del gobierno, como recurso para acallar las críticas que pudieran articular instituciones de educación superior como el Centro para la Investigación y la Docencia Económicas.
Esta conspiración del silencio toma muchas formas. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por ejemplo, se sabe que existen al menos 120 denuncias contra profesores que de alguna manera acosan, abusan o depredan a otras personas vinculadas a la UACM.
Es una situación muy lamentable, porque esa institución nació, como muchas otras, con la aspiración de compensar el descuido de otras instituciones de educación superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con las poblaciones más marginadas. Lejos de ello, es en esa zona metropolitana un ejemplo de lo que no debe hacerse con las denuncias de acoso y abuso sexual.
No es que de plano no reconozcan que existe un problema en la UACM. Esa institución cuenta, como muchas otras, con complejos documentos que, a su vez, crean estructuras que supuestamente han sido conformadas para prevenir y/o castigar la violencia contra quienes estudian y/o trabajan en esas instituciones.
En 2020, los órganos colectivos de la UACM aprobaron el así llamado Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Sin embargo, en la universidad que creó Andrés Manuel López Obrador en la capital de la República durante su gestión como jefe de gobierno, no existe un órgano, colegiado o unipersonal, que sea responsable de vigilar que efectivamente se cumplan con las condiciones que crea ese protocolo al menos en el papel.
Quienes tenemos cuenta en Twitter sabemos de la existencia de Rumbera Lacónica (@RLaconica), que es el nombre en esa red social de la historiadora Roxana Rodríguez, quien durante varios años prestó sus servicios en la UACM y fue obligada a renunciar por la violencia que ejercía en su contra un profesor de esa misma institución, como lo narra ella misma en esta entrevista de televisión.
En Oaxaca también
Una situación similar, pues también es una institución de educación superior que nació con el propósito de atender a las poblaciones más marginadas en un estado con altos índices de marginación, es el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el llamado SUNEO, que incluye un grupo de universidades como la Universidad del Mar con sus tres pequeños campus en los puertos de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido.
Una de las manifestaciones públicas de las alumnas de la Universidad del Istmo, integrada en el SUNEO.
No conozco cifras precisas sobre la cantidad de denuncias que se han presentado ahí, pero durante la gestión del primer rector, el ahora finado Modesto Seara Vázquez, la política fue la de castigar a quienes denunciaran acoso, abuso u otra forma de violencia. Si eran alumnos o alumnas, forzarlos de alguna manera a irse y si eran académicos despedirlos por incumplir el contrato o algún otro pretexto.
Ese fue el caso de la profesora Virginia Illescas, quien fue despedida por la Universidad del Istmo, integrante del SUNEO, que se encuentra en Ixtepec. Su crimen fue apoyar las denuncias que hacían las alumnas de esa institución.
Contra ella Seara impuso una lógica que atinadamente ha sido descrita como de “linchamiento” o que, en otro contexto, podría considerarse como una variación del “culpar a la víctima”.
El “argumento”—copiado al carbón de las estrategias desarrolladas por la Iglesia Católica en los últimos dos siglos—es que las denuncias afectan a las instituciones de educación superior y por ello es preferible no hablar del tema. Lo que es peor, también como sucede en la Iglesia Católica, quienes insisten en hablar del tema se convierten en los enemigos, del SUNEO, de la UACM.
La sucesora de Seara, María de los Ángeles Peralta, ha optado por un enfoque menos brutal, pero que también le apuesta a acallar las críticas. Hace eso en lugar de atacar las causas estructurales de las críticas que estudiantes y académicos del SUNEO hacen sobre las prácticas en los 18 distintos establecimientos del SUNEO en un número similar de pequeñas localidades del estado de Oaxaca.
La conspiración del silencio en el SUNEO incluye, además, la indisposición, primero de Seara y ahora de Peralta a acatar las simbólicas recomendaciones del ombudsman oaxaqueño, la llamada Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca que, por su propia naturaleza no puede imponer castigos ni puede exigir el pago de indemnizaciones a las víctimas.
Ello fue así luego de que Illescas, la valiente exprofesora que apoyó a sus alumnas en sus denuncias, logró que distintas autoridades oaxaqueñas resolvieran los recursos que presentó a su favor, pero dado el carácter omnímodo del cacicazgo que ejercía Seara sobre el SUNEO, nunca reconocieron el error ni, mucho menos, lo enmendaron (y ver también aquí).
Seara y Peralta, desoyen al ombudsman de esa entidad, porque saben que lo sigue una vez que reconozcan el primer caso, es un avalancha de quejas y denuncias de distinta naturaleza. Y es cierto, el SUNEO fue una desesperada respuesta de las autoridades de Oaxaca al caos permanente en el que vive la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con sus varias decenas de sindicatos, sus huelgas eternas y sus caciques.
Tristemente, el remedio fue tan malo como la enfermedad. Si la UABJO es famosa por el despilfarro que los conflictos perpetuos entre sus caciques inducen, en el SUNEO se optó por un cacique único. Habrá quien crea que fue bueno que quienes se han graduado de esa universidad lo hayan hecho así, pero es una apuesta con el diablo y, tarde o temprano, el diablo va a cobrársela.
La violencia en las universidades es un reflejo de las violencias que existen en otros ámbitos de la vida pública. En el caso del SUNEO, sería absurdo suponer que las historias que narran sus alumnas y exalumnas, algunas de las cuales no lograron graduarse, pues los pequeños establecimientos del SUNEO son la única opción cerca de sus casas, no tienen relación con el hecho que, por ejemplo, en lo que va del presente año, en Oaxaca han muerto 50 mujeres como resultado de distintas formas de violencia machista, de violencia de género.
Abuso desde el bachillerato y antes
Y los problemas no existen sólo en la educación superior. El acoso es una realidad a la que estudiantes mujeres y varones deben enfrentarse en algunos casos desde la primaria. Este 15 de marzo, un mes antes de que se supiera del abuso perpetrado por De Sousa, el superacadémico portugués, distintos diarios de la Ciudad de México daban cuenta de la toma del plantel del Colegio de Bachilleres ubicado en la colonia Nueva Atzacoalco. La medida corrió a cargo de sus alumnas, todas ellas menores de edad, que hartas del abuso trataban de enviar de esa manera un mensaje a las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero. En total, denunciaron al hacer la toma del plantel, once casos de abuso.
Y no es un problema sólo de las universidades públicas. Hace siete años, en 2016, ocurrió el caso de los Porkys, una pandilla de jóvenes de clase media alta del Puerto de Veracruz. Ellos practicaban como una suerte de deporte el acoso e incluso la violación de sus compañeras en el bachillerato del Instituto Rougier, vinculado a una orden católica femenina mexicana. El caso adquirió una dimensión internacional pues los acusados contaban con contactos en España que estuvieron dispuestos a ocultarlos.
De los cuatro inculpados, uno probó su inocencia, dos más ya purgaron la pena que les fue impuesta en su momento y uno más todavía se encuentra prófugo de la justicia mexicana.
Todos estos casos demuestran que en México el problema del abuso sexual no se limita a los que pudieran ocurrir en contextos religiosos. Las universidades, públicas y privadas, son espacios en los que también ocurren estas prácticas que, como ocurre también con el abuso en contextos eclesiásticos, es muy difícil de probar, pero para el que se requiere de una voluntad firme de las autoridades en distintos ámbitos, así como de la disposición de los medios a hablar de estos temas.