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Con voz propia

México: Tras bambalinas, reforma electoral

La reforma electoral, otra iniciativa de ley para modificar el régimen de gobierno en México, en negociación apresurada y disimulada por reforma energética

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Francisco Bedolla Cancino*

Situada en el traspatio mediático de la reforma energética avanza el proceso de discusión de la reforma político-electoral, bajo una agenda en la que, entre otros, se encuentran las iniciativas de la ley de los partidos políticos nacionales; las reformas al régimen de gobierno, que contemplan las prácticas parlamentarias de la aprobación y censura de los miembros del gabinete presidencial; la introducción de la segunda vuelta para el caso de la elección presidencial; la constitución del Instituto Nacional de Elecciones, que supondría la eliminación de los institutos electorales locales; la ampliación de las facultades de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos; y el incremento de las sanciones a los delitos electorales, que implicaría la introducción de las figuras de la pérdida de la elección y la pérdida de registro, en los casos de violaciones flagrantes, tales como el rebase en los topes de los gastos de campaña.

El hecho de que la reforma energética actúe como un poderoso distractor del curso de desahogo de la agenda político-electoral resulta del todo entendible, pero igualmente problemática. Más allá de que las iniciativas de reforma son un tema que será votado en las cámaras de diputados y de senadores, para nadie es un secreto que el Pacto por México constituye el punto de origen y la sede real de la deliberación entre las cúpulas de los partidos políticos y que sus perspectivas e intereses muestran brechas hondas respecto de los imperativos de la producción de una representación nacional legítimamente democrática y de una competencia que estimule la deliberación pública de los temas políticos y saque a las campañas de la inmundicia de la compra-venta de votos y de todo tipo de triquiñuelas, en las que actualmente se encuentran sumidas.

A la espera de que la reforma electoral pierda su fuerza de atracción mediática y de que fluya la información sobre el rumbo de las discusiones, es del todo pertinente advertir sobre las ausencias evidentes en la agenda política elaborada por las cúpulas del PRI, el PAN y el PRD de temas que, desde la perspectiva del interés público, resultan de la mayor relevancia.

En la lista de las prioridades ciudadanas es urgente e impostergable dejar de incurrir en la ceguera del reformismo electoral, consistente en hacer de cada nueva reforma una especie de confesión de culpa de todo lo que salió mal en la elección anterior, a cambio de practicar la ignorancia y la falta de previsión sobre el margen de oportunidad futura a la innovación en materia de trucos y trampas. Una lección histórica incontestable en el lapso de las cinco reformas ocurridas entre 1989 y 2013 es la capacidad de innovación de los partidos políticos, todos, en sus prácticas para sacar provecho de los vacíos y defectos de los diseños normativos e institucionales vigentes. Si alguna prueba hace falta documentar el hecho, basta con referirse a los escándalos conocidos sobre el financiamiento ilegal y el rebase generalizado de los topes en los gastos de campaña ocurridos durante el pasado proceso electoral federal.

Si todo ocurre como es de prever, muchas de las soluciones recaerán en la ley de los partidos políticos, lo que necesariamente conduce al callejón sin salida de que estará en las solas manos de los partidos políticos el impulsar el instrumento legal con el cual habrá de regularse su actuación. Sería ingenuo esperar, pues, que dicha ley innove significativamente en materias cruciales como la introducción de un esquema de sanciones capaz de disuadir las consabidas malas mañas; o, mejor aún, modificar los esquemas para la asignación del financiamiento público, introduciendo, por ejemplo, fórmulas de asignación sobre la base de la votación realmente promovida, y no sobre el tamaño del padrón electoral, así como fórmulas que equilibren la participación de los candidatos independientes, entre otras cuestiones.

Tan relevante como lo anterior, o más, resulta el método para la designación de los consejeros electorales. Como prueban las dos últimas convocatorias emitidas por la Cámara de Diputados, la disputa por el control partidocrático del IFE es abierta y disfuncional el método de la asignación por cuotas, bajo esquemas de competencia meritocrática simulada. Al respecto, dada la actual situación, el mejor de los mundos posible para los partidos sería uno en el cual pudiesen ejercer un control equilibrado y directo del organismo electoral federal, disponiendo de los cargos en el Consejo General como espacios propios. Respecto del interés público y democrático, por su parte, el escenario ideal sería un organismo electoral plenamente autónomo de los partidos políticos y con un margen aceptable de maniobra para prever y sancionar las posibles ilegalidades.

El problema que representaría para los partidos políticos avanzar en esquemas ajenos a los de las cuotas es que elevaría su incertidumbre, sobre todo porque todo indica que tienen contemplada la introducción de nuevas figuras punitivas, entre las que se encuentran la pérdida de la elección para los candidatos y del registro para los partidos políticos. Hasta donde se alcanza a advertir, la introducción de un método novedoso de selección de los consejeros, que ponga fin a las cuotas partidistas no es una cuestión prioritaria para los partidos. El hecho es que si no se parte del reconocimiento del imperativo de la autonomía del árbitro electoral, es nula la probabilidad de que se resuelva la partidización del Consejo General.

Los indicios actualmente a la vista es que el reparto por cuotas seguirá siendo la primera opción de los tres principales partidos políticos, bajo el entendido de que si se ponen de acuerdo en el tamaño de las cuotas correspondientes para cada uno, lo de menos sería elegir a los aspirantes. El gran peligro de avanzar en tal ruta es que si no existe acuerdo previo sobre la magnitud de las cuotas, el proceso de selección interna se convertirá en una gran simulación con final de desastre anticipado. En tales circunstancias, por la salud de los partidos y de la competencia democrática, más valdría que las dirigencias se pusieran de acuerdo en un método que les diera a todas ellas las suficientes certezas sobre la imparcialidad y la autonomía de los consejeros, preferentemente bajo umbrales mínimos y bien definidos de profesionalismo.

Sin incurrir en simplismos, hay varias opciones técnicamente factibles para despartidizar la integración del IFE. El método de sorteo, como ha sido mencionado, es una opción digna de tener en cuenta, que bien podría operar como mecanismo último de decisión, siempre y cuando la integración de la lista final no estuviera viciada, como sucedió en la última convocatoria. El futuro del IFE, como el de la democracia electoral mexicana es, incierto. Menos incierto que eso es el hecho de que si la reforma electoral deja sin resolver el problema de la autonomía del árbitro electoral, los avances y logros cosechados en los últimos 23 años pueden acabar en el basurero de la historia.

*Analista político

@franbedolla

 

 

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La desinformación, la gran estafa de la opinión publicada

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«Argumentando el bien común, nos someten a la desinformación más conveniente al poder»: analista

Por Alberto Vila

Cada vez se presta más atención al fenómeno de la desinformación qué opera como una gran manipulación de conductas políticas, sociales y económicas, de grandes colectivos sociales. El uso del falseamiento de informes, la proliferación de las mentiras intencionadas para favorecer a los intereses de los propietarios de los medios, son la expresión frecuente desinformativa. La desinformación sobre la guerra de Ucrania es un caso de censura informativa en el espacio OTAN.

Estas conclusiones sobre la desinformación partieron de los datos de un informe que la Universidad de Princeton publicó recientemente y que detectó que los adultos mayores tienen más probabilidades de compartir noticias falsas. En ese estudio los investigadores estadounidenses identificaron el aumento de usuarios hombres y mujeres de más de 65 años en Facebook y concluyeron que en esa red social los usuarios de mayor edad compartieron más del doble de artículos de noticias falsas que el grupo de edad más próximo, los de 45 a 65 años, y casi siete veces más que el grupo de edad más joven, de 18 a 29 años.

El efecto que tiene la información falsa sobre las empresas y la economía en general es enorme. Las audiencias tienden a ser receptivas a las noticias falsas. El control hegemónico de los grupos mediáticos facilita tal situación. Inclusive esos medios dicen actuar de fact-checking, de la información publicada. En cualquier caso, se verifica poco quién las fabrica y con qué motivos. Cómo combatir actualmente la desinformación, es la batalla que se libra en el mercado de los mensajes difundidos.

Sin razón aparente, el 29 de marzo de 2018, las acciones de Amazon bajaron un 5%, lo que equivale a la pérdida de 60.000 millones de dólares en valoración. Pero siempre existe un motivo para que una cotización baje tan repentinamente. Puede ser, simplemente, una percepción o una realidad, pero cuando hay un descenso de esta magnitud, significa que el mercado espera “algo”, y, en este caso, era una acción del Gobierno Federal Americano en contra de la compañía. El presidente Trump había usado su medio de comunicación preferido, Twitter, para quejarse de que Amazon no pagaba impuestos estatales ni locales, usaba el servicio de correos como su “chico de los recados”, causándole grandes pérdidas, y, además, era responsable de la quiebra de miles de comercios. Sin haberlo dicho explícitamente, el mercado de valores esperaba que la administración Trump actuara en contra de la empresa.

En Argentina, un grupo de investigadores, de Proyecto Desconfío y del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad (MESO), que trabaja para combatir el impacto de la desinformación en medios y redes sociales detectó que los adultos mayores de 60 años son los más afectados por las campañas de noticias falsas que circulan a través de WhatsApp. El consumo de mensajes engañosos y el desconocimiento de recursos para poder detectarlos motivó un estudio de campo con el fin de alertar sobre las consecuencias de la desinformación en esta población adulta y a aportar herramientas para poder combatirla.

En sus orígenes, la verificación de hechos era un proceso interno de los medios de comunicación que consistía en la revisión de los datos y los hechos de una noticia antes de su publicación. Los actores encargados de verificar eran los periodistas, que tenían que salir al exterior a buscar la noticia y tenían las herramientas y los conocimientos para identificar información falsa o engañosa. El paradigma cambia radicalmente con la llegada de internet. Este nuevo canal amplía el acceso a la información y permite al usuario generar y difundir sus propios contenidos, lo que abre las puertas a la infoxicación. El exceso de información y la llegada de múltiples canales por dónde difundirla, como son las redes sociales y la mensajería instantánea, entre otros, provoca una crisis de confianza hacia los periodistas, que redefine el ejercicio del fact-checking.

La infoxicación y los múltiples canales de difusión hacen que los periodistas no lleguen a todo. Los fact checkers actúan de manera reactiva desmintiendo hechos e información que ya circula en internet, pero nunca opiniones personales. Así pues, el fact-checking, tal como lo entendemos hoy, es un producto de la era digital. En 1994 nace en Estados Unidos Snopes, la primera plataforma de verificaciones en línea que aparece con el objetivo de validar y desmentir mitos, rumores y leyendas urbanas que circulaban por internet. La evolución de las falsedades en medios no ha hecho más que agravarse.

España es el escenario de imperios mediáticos que, a cualquier precio, sostienen el relato oficial de una monarquía directa heredera del franquismo. Para eso, argumentando el bien común, nos someten a la desinformación más conveniente al poder. Aquí, la tarea de los fact-checkers o verificadores es esencial en la era del exceso informativo y las redes sociales, pero para que la misión de acabar con la información falsa se cumpla, es necesario que cualquier ciudadano, alfabetizado digitalmente, sepa identificar este tipo de contenidos sin caer en falsedades o engaños.

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El autor es economista  y analista político, experto en comunicación institucional.

Este artículo se publicó originalmente en elobrero.es

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El Tren Maya, la ceguera de la ambición: Obispo Raúl Vera

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Raul Vera obispo

Raúl Vera, fraile dominico y obispo emérito de Saltillo, reflexiona en este texto sobre su experiencia como jurado del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que condenó la construcción del Tren Maya durante la sesión del 9 al 12 de marzo de 2023 y de cuya sentencia dimos cuenta en Los Ángeles Press, el 13 de marzo.

La ceguera de la ambición: El Tren Maya

La Iglesia nos presenta el capítulo 9 del Evangelio de San Juan para este cuarto Domingo de Cuaresma, cuyo tema es la curación de un ciego de nacimiento.

Cuando van pasando frente a ese ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Quién pecó, éste o sus padres? Ello para saber por qué estaba ciego. A lo que Jesús les dijo que ni él ni sus padres, sino que es así para que se cumpla la obra de Dios.

“Jesús escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con vista (Jn.9,6-7). La gente preguntaba si era el ciego que se sentaba a pedir en la plaza, a lo que él respondía: «Soy yo». Y cuando le preguntaban qué había pasado, él explicaba lo que había sucedido, afirmando: «Jesús es un profeta». Por ello, porque él decía la verdad y porque los fariseos no querían reconocerlo, los fariseos lo expulsaron del lugar, quitándole con ello la protección y atención.

Quisiera reflexionar con ustedes este Evangelio junto a la experiencia que acabo de tener desde el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado del 9 al 12 de marzo pasado en algunos de los estados por donde atravesará el megaproyecto del llamado Tren Maya. Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios de las personas que nos dijeron de manera contundente todos los daños que están haciendo a toda la naturaleza y cómo están dañando la vida de ellas y ellos, así como a la cultura maya. Ahí vimos la ceguera del gobierno federal.

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera y Mina Morsán, al visitar las áreas afectadas por la construcción del Tren Maya el 13 de marzo de 2023.

Vimos la ceguera de los encargados de construir este tren, los militares. Vimos la ceguera de quienes están alterando el sistema ecológico y la vida de nuestros hermanos maya. Eso es un ecocidio y un etnocidio y sólo lo pueden hacer personas que no ven, que no tienen la mirada para reconocer la riqueza cultural que el mundo maya tiene, ni el destrozo terrible de la selva, la destrucción de los cenotes, depósitos de agua dulce y casa para una gran cantidad de fauna de la región. ¿Cómo es posible que estén con los ojos cerrados? ¿Cómo es posible que sólo tengan una visión económica y de negocio? Hemos visto la ceguera de la ambición de parte de quienes están conduciendo la construcción de ese tren.

Les doy un abrazo,

Fr. Raúl Vera López, O.P.
Obispo Emérito de Saltillo

Lecturas del domingo 19 de marzo del 2023, Cuarto Domingo de Cuaresma:

1Sam.16,1b.6-7.10-13a;

Sal.22,1-3a.3b-4.5.6;

Ef.5,8-14;

Jn.9,1.6-9.13-17.34-38.

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México: Unidad perdida, agresión y difamación

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TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

A menos de 48 horas de haberse conmemorado el día internacional de la mujer, el presidente de México arremetió verbalmente, el viernes 10 de marzo de 2023, contra la reportera Nayeli Roldán, de Animal Político.

La difamó. La señaló como parte de una prensa corrupta y rechazó la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata. “Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos”, le dijo.

Así, sin hacer distingos, en una más de sus generalizaciones, sumó a la reportera a ese grupo de la corrupción, ¿Por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?, remató en ese episodio, que dejó patente un inconmensurable abuso de poder.

Sin embargo, los mexicanos, acostumbrados a normalizar la violencia, simplemente reprocharon lo sucedido, expresaron solidaridad, pero hasta el momento no hay un sólo intento por emprender una acción legal por ese suceso.

Por lo menos, exigir al mandatario una disculpa pública tras lo dicho a una periodista que, con una gran madurez y altura, solo dejó el expediente sobre el uso de Pegasus por el Ejército contra luchadores sociales y le agradeció el espacio.

Como ha ocurrido con otros abusos en estos últimos dos años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha guardado un pesado silencio. Lo más triste es que no parece haber institución alguna que detone un procedimiento de censura por agresión verbal y difamación.

Lo ocurrido en Palacio Nacional el viernes 10 de marzo es un hecho gravísimo, nunca visto, que echa por tierra la afirmación presidencial de que el suyo ha sido el régimen más feminista de toda la historia de México.

El 8 de marzo, en México, fue el Día del Macho Alfa. Un pequeño grupo de mujeres, reunidas en Palacio, protegidas por enormes vallas de acero, mientras afuera, más de 100 mil mujeres se arremolinaban para pedir justicia, sororidad y respeto.

A un costado del Palacio, en la Suprema Corte, otra mujer protagonizó uno de los episodios más grotescos que se han visto. Disfrazada con toga, birrete y ametralladora de juguete, le mentó la madre a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández. Agresión de mujer a mujer. Ha cundido el mal ejemplo, las malas conductas. Los agravios e insultos aumentan. El presidente de la República debiera ser el más preocupado y comprometido en atacar este fenómeno. Pero, increíblemente, lo provoca, lo incita, lo alimenta y envía a sus huestes a agredir, incluso dentro de la Cámara de Diputados, a través de transgéneros que amedrentan mujeres.

No hay término legal que dimensione, en su real magnitud, lo ocurrido este 10 de marzo en Palacio Nacional. En medio de una crisis de feminicidios, el mandatario bañó de oprobio, infundios y descalificaciones sin pruebas a una reportera.

No, él no mató a nadie, pero sí a su proyecto de Nación. Un hombre así no merece respeto, mucho menos apoyo. Lo más triste es que la propia sociedad ha dejado pasar este incidente.

Para los medios nacionales como El Universal, Excelsior y La Jornada, ni siquiera mereció primera plana el sábado 11 de marzo. Otros, se fueron por la cabeza de que el nuevo régimen no espía, ahora es “inteligencia”.

Sí, periodísticamente eso es importante, pero jurídicamente esta agresión debe quedar plasmada, con posibilidades de sentar jurisprudencia, pues no sólo arremetió contra la prensa.

Nayeli Roldán. Fotografía publicada en su cronología de Twitter (@nayaroldan).

Él arremetió, desde la cúspide del poder, contra una mujer y ese es un acto doblemente cobarde. Hay un infundio, pues insultó y difamó sin pruebas. Eso jurídicamente se debe esclarecer.

Pero eso sí, ahora el presidente ha iniciado una campaña patriotera, para “defendernos de las acechanzas de Estados Unidos” que, según él, quieren intervenir militarmente a nuestro país.

Ahora sí quiere esa unidad a la que nunca ha convocado, porque llama “aspiracionista” y “fifís” a una clase media, “totalmente Palacio”, que únicamente quiere mejores niveles de vida y de disfrute.

El próximo 18 de marzo, de eso versará el discurso. Su concentración en el Zócalo de la gesta petrolera hablará del intervencionismo yanqui. Lloverán los insultos, pancartas. Renacerá el chauvinismo.

Está tentado a iniciar ese juego, pero antes tendrá que explicar varias cosas, como el arribo de “médicos” cubanos y militares venezolanos, aparejado con el anuncio de una reforma al artículo 33 de la Constitución.

¿Ahora ellos podrán, no sólo opinar, sino actuar libremente en el país? Mala apuesta, porque de igual manera los estadunidenses pretenderán inmiscuirse en nuestros asuntos electorales, así como AMLO lo hace ahora con los republicanos.

Se quiere empujar una penetración ideológica a través de dos proyectos fracasados. Los gobiernos de Cuba y Venezuela no son ejemplo de nada y lo más curioso es que todos los migrantes quieren irse, precisamente, a los Estados Unidos.

Por todo esto, llama la atención la convocatoria de una marcha de militares, este domingo 12 de marzo. Concurrida o desairada, el hecho concreto es que ya hay malestar también en ese sector.

Exigen respeto y posibilidad de defenderse del crimen organizado. Justo cuando hay cinco jóvenes acribillados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y cuando el nuevo gobernador de ese estado se ve señalado por complicidad.

En las redes sociales se dice que Américo Villarreal protege a una parte de los cárteles criminales y de ahí la increíble “disculpa” del Cártel del Golfo”, que entregó a cinco de los suyos, bajo la promesa de que “no volverá a ocurrir”.

¿Quién gobierna entonces? ¿Quién manda? Resulta sospechoso. Más aún porque en el caso de los estadounidenses secuestrados hubo una pronta acción, pero ahora el FBI revela que hay otros secuestros de los que no se ha dicho cosa alguna. Desde febrero pasado, tres mexicanas que viven en Estados Unidos, desaparecieron después de que cruzaron la frontera para vender ropa en un mercado de pulgas, según versiones dadas a conocer al otro lado del Bravo. En este caso no hay disculpa, ni información.

El fracaso es evidente. Por donde se le quiera ver, la lucha contra el narcotráfico no sólo tiene un saldo de 144 mil muertes violentas. Tiene al Estado mexicano contra la pared, profundamente penetrado.

En estos momentos, el presidente convoca a la unidad de los mexicanos para oponerse a las presiones de Estados Unidos, pero la respuesta es evidente: no sólo hay escepticismo; hay también un gran desprecio y polarización.

Las ofensas y la difamación que han salido de Palacio Nacional han sido muchas y escalonadas. A eso debemos añadir, auténticas campañas de propaganda, de desinformación, respecto a la verdadera intención para despedazar al Instituto Nacional Electoral.

El régimen de Morena gasta más en salarios para Servidores de la Nación, que en apoyos sociales a ciudadanos con becas y pensiones. Es evidente que el objetivo, es la compra de conciencias y votos.

La estructura con que los mueven, semeja más células de propaganda que la de una auténtica burocracia que cumple un trabajo de apoyo social. Invaden colonias y barrios para impulsar, también, propuestas como la revocación de mandato.

¿A eso llegaron los militares cubanos y venezolanos? Por ese patrioterismo exaltado ahora se enfrenta a sus propios demonios. ¿Qué impedirá que los gringos no traten de intervenir también? No hay rumbo, ni estrategia.

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