Raúl Ramírez Baena

Explosivas fueron las revelaciones hechas en el programa Aristegui Noticias el 8 de marzo pasado por Fadlala Akabani, Delegado en Benito Juárez bajo las banderas del PAN en el Distrito Federal en el año 2005, respecto a que el mismísimo Presidente Vicente Fox pidió a los integrantes de la estructura política del PAN en la capital del país “golpear a López Obrador”, entonces Jefe de Gobierno, para bajarlo de la contienda presidencial del 2006, llevando a cabo según él, una reunión en las oficinas de la Secretaría de Gobernación con el entonces titular Santiago Creel, para lograr ese objetivo.

En pleno derecho de réplica, Obdulio Ávila Mayo, diputado panista a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en esa época, negó al día siguiente a la periodista lo dicho por Akabani, hoy aspirante a la Alcaldía (antes Delegación) de Benito Juárez de la capital de la República, ahora por Morena.

Pero la cereza del pastel la pusieron, primero, el Jefe Diego Fernández de Cevallos, asistente a la exclusiva taquiza por el cumpleaños de Meade, quien recientemente declaró en entrevista ofrecida a la periodista Denise Maerker: “Cuando aquel gobierno de Fox trataba de dar un golpe a la mala a López Obrador a través de la PGR, yo me crucé en favor de López Obrador. No porque le tenga aprecio o cariño sino porque era una canallada la que se le iba a hacer. Por eso desde el año dos mil y tantos, 2004 o cuando haya sido, yo me crucé en contra de la PGR y del presidente de México porque le estaban haciendo una felonía a López Obrador que no se consumó por esa intervención”.

Luego, Vicente Fox, en entrevista con Maerker, negó lo anterior: “No tengo idea de lo que está diciendo Diego y cuál es la relación conmigo. No tuve nada que ver con eso y no creo que la PGR tampoco (…) No tengo información de que eso (el desafuero) iba a suceder”.

Las diferencias de los panistas (habrá que agregar los pleitos entre Anaya con Calderón, Margarita y Cordero más la conversión de Fox en favor de Meade), sirven para mostrar los intereses oscuros y cómo se las gastan para intervenir ilegalmente desde el poder político, y de cómo las instancias avocadas a la investigación y sanción de los delitos electorales no actúan y todo queda en la impunidad.

Evidentemente una cosa es que se documenten los mafiosos actos fraudulentos electorales (compra y coacción del voto, guerra sucia, encuestas manipuladas, financiamiento de campañas con dinero ilegal proveniente de las arcas públicas, del sector empresarial, del lavado de dinero y del crimen organizado), y otra es que el INE, el TEPJF y la Fepade investiguen y sancionen hasta sus últimas consecuencias estas acciones.

Recientes ejemplos de maniobras y delitos electorales sobran en el actual sexenio:

1) La fulminante destitución en octubre de 2017 del titular de la Fepade, Santiago Nieto, para frenar la investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Peña Nieto, por conducto de su entonces coordinador de asuntos internacionales, Emilio Lozoya;

2) La publicación por la ONG “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” y por el medio Animal Político, de la investigación denominada “La Estafa Maestra”, que descubre el uso de 128 empresas fantasmas, mediante contratos ilegales por $7 mil 670 millones triangulados por la Sedesol de Rosario Robles, Banobras de Alfredo del Mazo (hoy gobernador del Estado de México) y Pemex de Emilio Lozoya, con 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios (entre ellos los Duarte), dinero que se embolsaron y que supuestamente utilizaron también en campañas electorales, desvío detectado por la Auditoría Superior de la Federación.

3) Un caso escandaloso fue el affaire Javier Corral-SHCP, en el que, a raíz de la retención de $900 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, se investiga y se denuncia el modus operandi de la ilegal transferencia de recursos de la SHCP al PRI cuando era titular de la dependencia el hoy Canciller Luis Videgaray, recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Financiero –incluido en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación– para el financiamiento de las campañas electorales como la de Chihuahua en 2016, por conducto del ex Secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez (hoy detenido y sujeto a proceso penal), siendo presidente nacional de este partido Manlio Fabio Beltrones.

4) La utilización de la PGR –como se hizo en 2005 contra AMLO- para desbarrancar la campaña presidencial de Ricardo Anaya en una expedita investigación sobre presunto lavado de dinero;

5) La publicación por el ex Consejero Local del INE en el Estado de México, Bernardo Barranco, del libro “El infierno electoral. El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018”, compilación que documenta acciones que califica como terrorismo electoral, de “una maquinaria hasta represiva” en la elección local del año pasado en esa entidad, “que tiene como consigna ganar a toda costa, no importa con qué, con grandes recursos humanos, económicos, con recursos lícitos y también con recursos ilícitos”, advirtió.

Hay otros casos de lo que no queremos que vuelvan a suceder en las elecciones de México. ¿Permitiremos más fraudes electorales y que continúen en la impunidad?