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México, inoperante ante creciente contaminación marítima

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México cae en la omisión ante la contaminación marítima de sus mares

México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima

Por Emilio Godoy

VERACRUZ, México – México tiene más de 11 000 kilómetros cuadrados de litoral continental y un intenso tráfico marítimo. Este país latinoamericano acogió 12 045 embarcaciones durante julio, comparadas con las 11 971 en el mismo mes de 2021.

En el puerto de la ciudad de Veracruz, el segundo mayor de México por carga recibida, atracan al menos cinco barcos diarios, según datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en 2022.

En este estado del sureste mexicano, la circulación marítima se expandió 5% en julio, al recibir  254 naves frente a las 1192 en el mismo mes de 2021. Pero México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima.

A nivel mundial, este sector representa cerca de 3 % de los gases de efecto invernadero (GEI), un porcentaje similar al del sector de la aviación. Si fuera una nación, sería la sexta en el mundo por su contribución a la crisis climática. La meta actual internacional consiste en la reducción de GEI en al menos 50 % en 2050.

En 2020, la Organización Marítima Internacional (OMI) dispuso que los barcos limiten el contenido de azufre en los combustibles a 50 % m/m (la masa del soluto dividida entre la masa de la solución, por 100), en una disminución significativa desde el límite previo de 3,5 %.

Sin embargo, México tampoco tiene hoja de ruta para su contracción o planes concretos para producir combustibles marítimos con menor contenido de azufre, elemento nocivo para la salud humana y el ambiente.

Por ello, el país enfrenta desafíos para alcanzar los objetivos de la estrategia de la OMI para disminuir las emisiones en el área marítima.

Lee más del autor: Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

 

En 2023, esta organización revisará el plan mundial, para avalar uno nuevo, que examinará cada cinco años, porque estimó que las emisiones procedentes del transporte marítimo crecieron de 977 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2012 a 1 076 millones en 2018 –una aumento de 9,6 %–,  y podrían aumentar 90-130 % a 2050.

El peso global de sus emisiones pasó de representar 2,76 % a 2,89 % del total en ese lapso.

Las emisiones de dióxido sulfúrico (SO2) por la quema de combustibles con alto contenido de azufre derivan en partículas sulfurosas en el aire, que pueden desatar asma y empeorar males cardíacos y pulmonares, además de amenazar ecosistemas marinos y terrestres, según la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En el agua, los hidrocarburos bloquean la entrada de luz y limitan la fotosíntesis de algas y otras plantas, y en la fauna pueden ocasionar envenenamiento, alteraciones de ciclos reproductivos e intoxicación, de acuerdo con la EPA.

El SO2, que no es uno de los GEI pero sí altamente contaminante, permanece solo unos días en la atmósfera, pero al disolverse en el agua genera ácidos que le confieren su peligrosidad para la salud humana.

Mientras, las emanaciones de dióxido nitroso (NOx), derivadas de la quema de hidrocarburos, mezcladas con ozono a nivel de suelo, desembocan en smog. El NOx permanece 114 años en la atmósfera, según varios estudios científicos.

Problema menospreciado

El reportero constató la problemática que ocasiona este tipo de contaminación, al analizar los datos obtenidos a través de 30 solicitudes de información pública a varias dependencias gubernamentales y la consulta de imágenes satelitales de derrames de hidrocarburos provenientes de embarcaciones ocurridos en varias zonas del país entre 2019 y 2022.

Con colaboración exclusiva de la empresa española Orbital EOS (Earth Observation Solutions) –especializada en el hallazgo de este tipo de contaminación en alta mar–, IPS identificó mediante imágenes satelitales cuatro vertidos en zonas marinas mexicanas ocurridos entre 2019 y 2021.

El 14 de diciembre de 2021, una embarcación no identificada derramó 3,14 metros cúbicos de una sustancia que se sospecha es un hidrocarburo, en un área de casi 79 kilómetros cuadrados, a 147 kilómetros de la costa mexicana, frente a Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, según consta en una toma realizada por el satélite Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea.

Otro accidente petrolero monitoreado por el Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry lanzó entre 0,81 y 6,08 m3 de combustible ligero y entre 17,65 y 176,6 m3 de combustible pesado, a 35 kilómetros de tierra, en el mar de Cortés una zona de gran biodiversidad y amenazada por el desarrollo inmobiliario, frente a la costa del nororiental estado de Sinaloa.

El hidrocarburo ligero cubrió 20,26 km2 y el restante, 3,53 km2, según el análisis de Orbital EOS.

No te pierdas: México en el centro del debate internacional sobre minería marina por barcos de exploración

La embarcación, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, se libró de sanciones de las autoridades mexicanas, pues no aparece en los listados de incidentes de Semar ni de naves sancionadas por la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental.

El barco fue construido en 2001, y cambió de nombre y de bandera en mayo de 2019, semanas después del vertido. Su última ubicación se reportó en un puerto del centro de Italia.

El Sentinel-1 detectó otro derrame el 8 de diciembre de 2021, cuando un barco no identificado botó 1,15 m3 de probable hidrocarburo sobre 28,6 km2, a 180 kilómetros de la costa, frente a Veracruz.

Además, este satélite registró el 27 de septiembre de 2021 otro vertido de 0,28 m3 de probable hidrocarburo en 7,1 km2, a 390 kilómetros de la costa, en el golfo de México, en las occidentales costas del Atlántico.

El accidente más reciente ocurrió el 21 de agosto, cuando un yate privado se hundió y soltó combustible en Balandra, en el estado noroccidental de Baja California Sur, un área de protección especial por su biodiversidad.

Asimismo, la no gubernamental estadounidense SkyTruth, dedicada principalmente a rastrear derrames, registró 11 descargas de aguas residuales aceitosas en aguas mexicanas entre julio de 2020 y diciembre de 2021.

Ian McDonald, académico del Departamento de Ciencias Terrestres, Oceánicas y Atmosféricas de la estadounidense Universidad Estatal de Florida, resaltó la presencia persistente de petróleo en el agua debido a la operación de plataformas y pozos; fugas naturales del suelo submarino y movimiento marítimo en zonas marinas mexicanas.

“Ha faltado mantenimiento preventivo (de las instalaciones). El problema es el impacto acumulativo sobre una zona. Las actividades de los barcos, como el dragado y la generación de residuos. El impacto potencial puede ser muy grande”, dijo desde la ciudad de Miami.

La investigación “Derrames petroleros crónicos en los océanos globales”, de la cual McDonald es coautor y divulgada en junio, halló que 97 % de los rastros petroleros provienen de embarcaciones y descargas terrestres y 3 % de escapes naturales del fondo marino en costas aztecas.

Un portavoz de la OMI dijo, desde su sede en Londres, que la organización no puede comentar sobre la situación de un país e informó que realizará una revisión sobre México en 2024. Mientras, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo declinó comentar para este reportaje y Semar no respondió a una consulta.

La polución por hidrocarburos en alta mar depende del volumen y lugar, y la contaminación crónica tiene efectos a largo plazo.

“Cualquier derrame va a tener un impacto. Donde es menos directo es en aguas abiertas, porque hay más dilución, pero tiende a acumularse en la profundidad del océano y afecta a algunos organismos. El impacto es mayor cuando el derrame llega a las playas, porque tiene menos movimiento allí», explicó a IPS el investigador Adolfo Gracia, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde Ciudad de México destacó un factor importante: la importancia de analizar la contaminación crónica, proveniente de la industria, la agricultura y el transporte marítimo, como una amenaza creciente para la flora y la fauna marinas.

Un accidente petrolero, detectado por el satélite Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry botó combustibles ligero y pesado –el color azul corresponde al primero–, a 35 kilómetros de tierra, en el Mar de Cortés, una zona sensible de gran biodiversidad y amenazada por varios factores, frente a la costa del nororiental estado mexicano de Sinaloa. El barco quedó impune y el suceso no aparece en los registros públicos de las autoridades mexicanas, como otros incidentes identificados por IPS. Imagen: Emilio Godoy-Orbital EOS / IPS

Incompletos

De 819 incidentes que Semar rastrea desde 2017, solo 16 los cataloga de contaminación marina, de estos dos consistieron en derrames de hidrocarburos y uno en “daños graves al ambiente”, sin pormenorizar su causa, según datos obtenidos vía transparencia. Semar solo sancionó en dos casos, pero no especificó las penas.

De esos 819 incidentes, un vertido de hidrocarburos y un suceso de polución ocurrieron en Veracruz.

Semar también contabilizó 42 incendios a bordo y 13 hundimientos que tenían potencial contaminante.

“Existe la legislación (Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas), pero nadie la vigila. No hay medición precisa. Petróleos Mexicanos (Pemex) no investiga el tema”, dijo a IPS Rodolfo Navarro, director de la no gubernamental Comunicar para Conservar.

Navarro trabaja en el municipio de Cozumel, la mayor isla del Caribe mexicano, en el sudoriental estado de Quintana Roo, y uno de los mayores receptores de cruceros del mundo, que ha atestiguado el impacto del transporte marítimo sobre los ecosistemas.

Semar, responsable de la administración de los puertos desde 2017–incluyendo el control de la contaminación–, dijo que carece de registros de violaciones a la Ley de Vertimientos.

Semar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las administraciones portuarias de las instalaciones situadas en el golfo de México, adolecen de registros de contaminación en zonas portuarias.

Tampoco cuentan con hojas de ruta para materializar los objetivos de la Estrategia Inicial que, en 2018, adoptó la OMI para reducir las emisiones de CO2 en al menos 40 % a 2030, para todo el transporte marítimo internacional, y aspirar a 70 % en 2050 comparado con los niveles de 2008.

buques contaminantes Veracruz

En Veracruz, la actividad diaria de arribo de barcos y movimiento de carga es incesante, lo que genera emisiones contaminantes. Pero el gobierno mexicano carece de mediciones de esa polución atmosférica y marina, así como de medidas para su acotamiento. Foto: Emilio Godoy / IPS

Un convenio determinante

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Marpol, en inglés), vigente desde 1978, constituye una de las herramientas vitales para cumplir con los objetivos de la OMI, el cual está integrado por el Anexo I sobre la prevención de la polución por hidrocarburos, II sobre sustancias líquidas nocivas transportadas a granel y III sobre las transportadas en bultos.

Consta también de los anexos IV sobre residuos, V sobre basura y VI sobre la contaminación atmosférica de los buques. México pertenece a los anexos I, II y IV, pero no al III, V y VI.

A partir de 2020, la OMI aplica regulaciones que limitan el contenido de azufre utilizado en buques de carga a 0,5 %. El organismo busca su abatimiento en 77 %, equivalente a 8,5 millones de toneladas de SO2.

La omisión sobre el manejo de la polución por hidrocarburos supone una violación al Anexo I del Marpol. Al pertenecer a OMI, cada país debe alcanzar sus metas.

Además, el capítulo 24 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) vigente desde 2020 y que sustituyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), estipula el control de la producción, consumo y comercio de sustancias que dañen la capa de ozono, así como la disminución de la contaminación atmosférica.

Este apartado estipula prioridades de calidad del aire, incluyendo la reducción de emisiones del tráfico marítimo.

La editora recomienda: UNAM alerta sobre desaparición de arrecifes de Veracruz por contaminación industrial

Pero México carece de regulaciones para acotar las emisiones navieras y tampoco suscribió en noviembre de 2021 durante la cumbre climática de Glasgow la “Declaración de Clydebank para corredores marítimos verdes”, que aspira a la creación de al menos seis rutas de bajas emisiones en 2025 y que solo firmaron 24 países.

La omisión en el control de la contaminación implica la dificultad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS13 y 14, adoptados por la comunidad internacional en 2015 y que deben alcanzarse en 2030.

El 13 de los 17 ODS trata del combate a la crisis climática y sus efectos, mientras que el 14 se centra en la conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

buques mercantes

Buques mercantes esperan su entrada al puerto de Veracruz. La Organización Marítima Internacional ha estipulado metas de reducción de contaminantes a mediano y largo plazos, para que el transporte marítimo mundial tenga operaciones más limpias, pero este país carece de planes para alcanzar esos objetivos. Foto: Emilio Godoy / IPS

Muelles ocupados

El sistema portuario mexicano manejó 169,77 millones de toneladas de carga en julio, un crecimiento de 3 % en comparación con el mismo periodo de 2021, según cifras de Semar.

La carga de exportación totalizó 66,4 millones de toneladas, 2,6 % menos que en julio de 2021 –68,19 millones–, mientras que la importación creció 8,8 %, de 66,51 millones a 72,36.

En el Puerto de Veracruz, con 17 muelles, esta viene en alza desde 2008. Frente a la costa se observa la hilera de embarcaciones en espera de entrar al puerto. Una línea de faros y boyas rojas y verdes señala la ruta a los muelles.

Dentro del recinto portuario, el ajetreo no para. Vehículos, camiones, trenes y grúas van y vienen para sacar y meter la carga, de la que depende la actividad económica de la zona y también en parte del país y segunda economía latinoamericana.

En sus entrañas, los barcos trasladan combustibles, mercancías, vehículos o materias primas, y también conllevan una amenaza ambiental, de la cual hay evidencias.

En 2020, la instalación gestionó 26,2 millones de toneladas, cantidad que aumentó 22 % al año siguiente –32 millones–. En julio último, movilizó 19,97 millones, 7,6 %  más que en mismo mes de 2021.

El rubro marítimo representa 5 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.

Para México, la urgencia radica también en la proyectada expansión de las emisiones, como calcula el informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) “Reduciendo emisiones del movimiento de bienes vía transporte marítimo en América del Norte”, centrado en 35 puertos mexicanos, entre 2011 y 2030 debido al aumento del tránsito marítimo.

Por la borda

El Anexo VI del Marpol, vigente desde 1997, encierra relevancia para México, pues, al dirigirse al control de emisiones de SO2, NOx y material particulado (PM), implica la creación de un área de control de emisiones (ECA, en inglés) en su zona marítima.

Las ECA determinan la adopción de métodos especiales obligatorios para la prevención de polución marina de barcos, por petróleo, residuos líquidos o basura, como combustible de bajo azufre, incineradores de lodos y un sistema de limpieza del gas quemado, según las condiciones oceanográficas y ecológicas de la zona y las particularidades del tráfico marítimo.

Semarnat y la EPA de Estados Unidos argumentan que el establecimiento de la ECA tendría efectos positivos sobre la salud pública y el ambiente, sin costos exorbitantes para México.

Entre 2009 y 2018, Estados Unidos y México, con el apoyo de la CCA –instituida por el Tlcan–, colaboraron para que este país latinoamericano se adhiriese al Anexo VI y creara la ECA.

Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no envió esa petición al Senado ni la actual administración de Andrés Manuel López Obrador parece interesada en hacerlo. Entre 2010 y 2019, el Senado mexicano votó seis exhortos para que el Ejecutivo remita la solicitud de incorporación al Anexo VI del Marpol.

En la Cumbre de Líderes de América del Norte de junio de 2016, los entonces gobernantes de Estados Unidos, Barack Obama; de México, Enrique Peña Nieto, y de Canadá, Justin Trudeau, acordaron el trabajo conjunto para concluir el diseño de la ECA mexicana y enviarla a la OMI, Pero ello nunca se concretó.

Navarro, el conservacionista de Cozumel, enfatizó desde allí que México no está en camino de alcanzar las metas. “Podría hacerlo, pero no hay la mínima voluntad. Y en aguas internacionales nadie vigila nada”, denunció.

El académico McDonald urgió a la atención del problema. “El gobierno debe abordarlo. México tiene enormes recursos marinos y es una lástima que no los proteja. Hay beneficios económicos en la conservación de los ecosistemas marinos. Los barcos son buenos para los gobiernos porque representan ingresos, pero los daños ambientales pueden ser cuantiosos”, estimó.

El investigador Gracia cuestionó la eficacia de la vigilancia en alta mar. «Depende de la buena conciencia de todos. Es un poco complicado. En México, el control exclusivo existe cuando un barco entra en puerto. No hay un plan general de vigilancia”, dijo.

Ante un México inoperante, las embarcaciones proseguirán con su arribo y su estela de contaminación.

***

Fuente: IPS elaboró este artículo con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

 

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Investigaciones

Las violaciones constitucionales de Javier Corral y Jenaro Villamil a personas privadas de libertad

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Caso Duarte y el caso Miroslava, temas manipulados por el exgobernador de Chihuahua en SPR, un medio del Estado

Por Guadalupe Lizárraga

El 11 de enero, el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado visitó los estudios del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano (SPR) que dirige Jenaro Villamil Rodríguez. Dos personajes de la vida pública que se presentan -al menos- como enterados de las leyes y la comunicación.

Sin embargo, no se puede tomar como desinformación o descuido el contenido de la entrevista que Jenaro hace a Corral en su programa “Versiones públicas”, en el Canal 14. Villamil, desde hace décadas, se ha mostrado como un experto en comunicación televisiva y manejo de medios. Incluso con obra publicada en la materia.

Corral, por su parte, cuenta con una cédula profesional como licenciado en Derecho de una universidad sinaloense expedida en 2006, y su perfil de Wikipedia dice ser “catedrático” de la UNAM, “institución que le otorgó el Premio Nacional de Derecho a la Información, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas”, un extraño premio que sólo se ha otorgado una vez y ha sido a él, aunque no se encuentra registrado en el sitio digital del instituto.

De cualquier manera, ninguno de los dos ignora lo que es una violación a las garantías constitucionales, a los derechos humanos ni las implicaciones del grave daño moral que ocasiona la violencia de su narrativa, más tratándose de un medio del Estado; por lo que el proceder de ambos parecería responder más que a un ejercicio de la libertad de expresión, a un ejercicio de violencia institucional deliberadamente planeado.

Dos elementos de la entrevista: Por un lado, la docilidad de un periodista como Jenaro Villamil, que antes era un feroz crítico de las televisoras por sus contenidos tendenciosos y sesgos ideológicos, hoy hace lo mismo, utiliza los recursos públicos para una promoción política y empresarial de Javier Corral. Y dos, la grandilocuencia de Corral se traduce a una burda táctica bajo los principios de Goebbels: negar, distorsionar y banalizar los asuntos de la agenda pública que lo incomodan: El gobierno de Maru Campos, la debilidad jurídica del caso César Duarte, y las irregularidades en la investigación del homicidio de Miroslava Breach.

Para el recuento de las violaciones observemos en primer lugar el escenario del estudio. La fotografía en primer plano de César Duarte Jáquez como fondo de la entrevista representa un grave daño moral no sólo para él y su familia, sino para la sociedad en su conjunto. César Duarte aún no tiene sentencia. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, lo cual significa que al momento de esa entrevista es todavía inocente.

La violación a su derecho a la presunción de inocencia, en el que la presunción es un principio jurídico estipulado en el artículo 20, apartado B de la Constitución mexicana, se está dando desde el Estado, por un organismo público responsable de garantizar el derecho a la información, un derecho fundamental que va de la mano con el derecho humano a la libertad de expresión.

Sin embargo, César Duarte ya fue juzgado por SPR, este sistema nacional de radio y televisión que dirige Jenaro Villamil, y que se paga con recursos públicos, es decir, de los impuestos de la ciudadanía. Por tanto, se incrementa la gravedad de la conducta del servidor público Jenaro Villamil Rodríguez, no nada más por desviar recursos del erario para vendettas políticas, sino porque un representante del Estado mexicano es el que está promoviendo las violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad.

Al tratarse de un medio público su capacidad corruptora es incalculable, porque la fractura es la del Estado de derecho. De acuerdo con estadísticas del INEGI, existen más de cien mil personas que se encuentran en la situación jurídica similar a la de César Duarte, con una prisión preventiva prolongada -hay casos hasta de 26 años sin sentencia- y que, independientemente de si son culpables o no, sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso son violentados.

El principio de presunción de inocencia “es un derecho fundamental que garantiza a toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme”. Esto es a través de un juicio. En este caso, el Estado no está garantizando este derecho fundamental a César Duarte, a quien no sólo expuso públicamente su fotografía, con los ojos cubiertos con una cinta negra, sino el mismo servidor público hace elocuciones del tipo “los cómplices de Duarte”.

Corral también usó las expresiones como “cogobierno de Duarte” y “corruptos del PRIAN”, entre otros, implicando a la gobernadora Maru Campos, a quien acusa de tener un “control de medios de comunicación”. En este sentido, Corral asevera que no hay libertad de expresión en Chihuahua y que la sociedad está siendo manipulada por la corrupción de los medios. No obstante, no da más elementos ni analíticos ni seguimiento de casos o evidencias para sostener su dicho.

De tu interés: Carta al gobernador de Chihuahua por crimen contra Miroslava Breach – Los Ángeles Press

 

Por otra parte, las garantías constitucionales de César Duarte no fueron las únicas que se violaron en ese ejercicio mediático. Javier Corral acusó directamente a “Los Salazar” al habar del asesinato de la periodista Miroslava Breach y fue enfático en sus sentencias. Algunas de sus afirmaciones en la entrevista fueron:

“Larry es el autor intelectual del asesinato” (59:15), “Por parte de las mismas bandas delictivas se ejecutó al pistolero” (50:47), “Jaciel Vega Villa es el otro autor intelectual” (50:57), “Jaciel como El Chueco son protegidos de Los Salazar” (51:23); “Al pistolero lo ejecutaron ellos mismos porque lo habían contratado para eso” (51:43); “El Chueco está estrechamente vinculado al cártel de Los Salazar” (52:01), entre otras frases temerarias del exgobernador.

De acuerdo con la versión de Corral, habría varios autores intelectuales del asesinato de Miroslava, además de los dos que mencionó por sus nombres o alias específicos ante las cámaras de SPR. Pero su entrevistador no le preguntó al exgobernador ¿quiénes son los Salazar a los que se refiere -en plural- como responsables del crimen? ¿Por qué insiste en la acusación mediática ambigua años después de que tuvo en sus manos la investigación criminal del caso? ¿Por qué inmediatamente después del crimen señaló como responsable al narcotraficante Carlos Arturo Quintana, alias El 80, del grupo delictivo La Línea, y se sintió amenazado por él, y horas más tarde -sin aclarar la situación- cambió su versión contra “Los Salazar”? ¿Por qué se alteró la escena del crimen de plantando una cartulina con un supuesto narco-mensaje de amenazas hacia él? ¿Por qué entró a la casa de Miroslava un par de horas después del asesinato y se llevó su computadora? ¿Por qué en mayo de 2017 mantuvo privado de libertad a Hugo Amed Schultz en su oficina de Palacio de Gobierno por más de seis horas, en presencia del fiscal César Peniche y cuatro agentes del Ministerio Público, para obtener una declaración bajo coacción que incriminara a Los Salazar?

Más información: Preguntas abiertas al fiscal de Chihuahua sobre el presunto asesino de Miroslava Breach – Los Ángeles Press

Hay muchas más cuestiones que tendría que responder el exgobernador en una comparecencia pública, pero con respecto a sus calumnias televisivas, solo quedan en eso, porque hasta el momento, confirmado por su abogado, no hay una denuncia judicial por el homicidio de Miroslava en contra de Jesús Alfredo Salazar Ramírez ni de Adán Salazar Zamorano, quienes se encuentran en prisión preventiva por más de diez años acusados de delitos contra la salud, lo cual significa que bajo los principios del Estado de derecho, son inocentes.

Con respecto a Crispín Salazar Zamorano, Corral ha filtrado a los medios que hay una orden de aprehensión en contra de esta persona, y en la entrevista con Jenaro Villamil lo vuelve a sugerir sin ser explícito. No obstante, cuando tuvo a su cargo la investigación criminal del homicidio de Miroslava no tuvo pruebas para ejecutarla. Y una vez que atrajo el caso la FEADLE, los agentes Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez detuvieron de manera arbitraria al hijo de Crispín, Edgar Salazar Gaxiola, el 22 de enero de 2019, dado a conocer en los medios hasta el 9 de febrero como si hubiera sido detenido este día y no quince días antes. Primero, los medios lo presentaron como presunto autor intelectual del crimen y después como hijo del presunto autor intelectual, y finalmente, meses más tarde, como el testigo protegido Apolo.

La situación mediática fue fabricada por la FEADLE, y Édgar Salazar Gaxiola fue torturado. Durante los primeros quince días que lo tuvieron retenido le negaron la visita a su madre, quien entrevistada por Los Ángeles Press, confirmó que aún después de dos semanas su hijo presentaba las secuelas físicas de la tortura. El encarcelamiento de Édgar por dos años y la amenaza latente de volver a golpearlo sirvió a la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo para coaccionarlo de aceptar declaraciones elaboradas previamente para que incriminara a su padre Crispín Salazar, y a los sentenciados Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, y Hugo Amed Schultz.

Javier Corral, licenciado en Derecho, lo que ha hecho es acusar de nueva cuenta en los medios del Estado, sin pruebas y sin denuncia judicial, a personas que no han sido sentenciadas y que tienen todo el derecho a que se respete su presunción de inocencia y tengan un debido proceso.

En tanto él, lo que debería de responder con transparencia ante una sociedad democrática que se apega al Estado de derecho es por qué, si tiene pruebas de quién más es la responsabilidad del crimen perpetrado contra Miroslava Breach, obstaculizó la investigación con torturas, coacciones, fabricación de declaraciones y contaminó la escena del crimen al momento siguiente de los hechos.

Entrevista Jenaro Villamil a Javier Corral.

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

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Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Estados Unidos

Tirso Martínez, ‘El Futbolista’, confiesa sus actividades con el Cártel de Sinaloa en juicio a García Luna

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Tirso Martínez "El Futbolista" señaló que sabía de los sobornos que hacía el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna

Testimonio busca ligar decomisos con las operaciones de Genaro García Luna

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

«El futbolista», Tirso Martínez, dio su testimonio hoy en la corte de Brooklyn, en el que asumió la responsabilidad de tres decomisos celebrados entre el 2002 y el 2003 que presuntamente pertenecían a los narcotraficantes Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Vicente Carrillo Fuentes.

Martínez hace una referencia a la reacción que tuvo Carrillo Fuentes en ese entonces: “A ver si no se enoja el Patas Cortas y el Corajudo”. La alusión era a ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’, al momento de que se enteraran de las incautaciones. Los eventos habrían ocurrido en una bodega ubicada en Brooklyn y otra en el barrio de Queens, las cuales ya habían sido utilizados como pruebas en el 2018 en el juicio en contra de Joaquín Guzmán.

Para saber más del caso: Genaro García Luna: avanza la selección del jurado para el juicio del exsecretario de seguridad pública

El testimonio del futbolista incluyó haber aceptado el dinero que ganó por sus actividades con el narcotráfico, y dijo haberlo gastado en comprar equipos de futbol, en peleas de gallos, en mujeres, autos, y propiedades, “hasta compré un avión”, remató.

– ¿Qué son las peleas de gallos?- Le preguntó el fiscal.

– Es cuando dos gallos con navajas en las patas los echan a pelear hasta que uno muere.

Lee también: Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?

Tirso Martínez profundizó en su historia personal como miembro del Cártel de Sinaloa, y dijo haberse encargado de una ruta de tren entre 2000 y 2003. Llevaba la cocaína de la Ciudad de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, “donde la droga se vende más cara y el cártel gana más”.

También declaró que pagaba sobornos a militares para que le permitieran hacer su trabajo, entre éstos, a un militar en Chiapas, un comandante en Guadalajara y un oficial en León. A pregunta del fiscal sobre si alguna vez había dado un soborno a García Luna, aceptó que no, pero si sabía “que otros miembros del cártel” lo hacían.

Soltó que cuando lo arrestaron en el 2014 intentó sobornar al comandante que estaba a cargo de la operación, pero que este le respondió “¡cabrón, sé que no tienes dinero!”. Dijo que aunque ya obtuvo su libertad en el 2001 aun debía pagar al gobierno de Estados Unidos dos millones de dólares de multas para lo cual “ya estoy trabajando en eso”.

Ahora de nueva cuenta la defensa deberá hacerle un contrainterrogatorio para intentar hacerlo caer en contradicciones aunque, al igual, que Sergio Villarreal Barragán, ‘El Grande‘, pero se nota que Tirso Martínez ha sido bien entrenado por la fiscalía para responder sin salirse de la estrategia.

 

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