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Justicia pendiente

México en alerta amarilla contra imposición del PRI

#YoSoy132 y colectivos contra imposición del PRI en México se declaran en alerta amarilla con marcha en advertencia al Tribunal Electoral

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Marcha contra la imposición del 12 de julio de 2012 Foto: red

Jaime Avilés

Bajar las palancas de emergencia en los vagones del Metro de la ciudad de México, salir a las calles de todos los lugares del país con cucharones soperos y cacerolas haciendo ruido para que otros vecinos se sumen y el escándalo se extienda, reunirse en las principales plazas públicas de cada localidad para emprender acciones sorpresa de protesta…

Estas fueron algunas de las iniciativas que durante el sábado y el domingo pasados discutieron en instalaciones de la UNAM los participantes de la octava asamblea interuniversitaria del movimiento #YoSoy132, que acordó establecer un semáforo de alerta, para coordinar la respuesta que los jóvenes darán al fallo que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribepojufe) sobre los comicios presidenciales del primero de julio.

Otras medidas, que recibieron menor difusión pero no fueron desechadas, contemplan la posibilidad de realizar bloqueos carreteros, encender fogatas en los cruceros de las grandes avenidas, ocupar las tiendas departamentales con largas filas de carritos llenos de mercancías y muchas, muchas más…

Al concluir sus debates, la asamblea intereuniversitaria de #YoSoy!32 encendió el semáforo en “alerta amarilla”, o preventiva, y dio a conocer que no bien se reúnan la y los magistranzas a retocar la versión final de su veredicto, la herramienta simbólica se pondrá en “alerta roja”.

De tal modo, si la decisión de los representantes de los poderes fácticos consiste en validar la mega operación de lavado de dinero y compra de votos a fin de declarar “presidente electo” a Enrique Peña Nieto, la desobediencia civil estallará automáticamente en todo el país, poniendo en marcha aquellas resoluciones que adopten en su lugar de residencia cada una de las asambleas locales de #YoSoy132.

Lo que acordaron los estudiantes y académicos congregados el fin de semana en la UNAM coincide plenamente con lo que Paco Ignacio Taibo II hizo público el domingo por la noche en la ciudad sudcaliforniana de La Paz (véase el Desfiladerito de ayer), en el sentido de que una vez que el Tribepojufe diga su última palabra, las bases de Morena-Cultura también pasarán a la acción con el evidente propósito de demostrar que los magistranzas, en su afán por beneficiar a Peña Nieto, destruyeron la gobernabilidad del país.

¿Es ésta una salida más deseable? No: lo mejor, desde luego, sería que las momias del Tribepojufe, con la mano sobre la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir, declaren inválido el resultado de los comicios, habida cuenta de que éste fue producto de prácticas delictivas calificadas como “graves”, y llamen al Congreso de la Unión a nombrar un presidente interino que, a partir del primero de diciembre, convoque a nuevos comicios en un plazo de 15 a 18 meses.

Pero, si como todos los pronósticos lo auguran, los magistranzas derraman el contenido de sus intestinos gruesos encima de las 25 toneladas de pruebas de fraude cometidas por Peña Nieto y los priístas, entonces será el pueblo el que se convierta en guardián de la legalidad y las acciones de protesta de los jóvenes –que éstos definieron el domingo como “contundentes”— desembocarán en una crisis constitucional de consecuencias previsibles sí, pero también incalculables.

Previsible, por ejemplo, es que para frenar las expresiones del descontento colectivo, Calderón decrete el toque de queda y la suspensión de garantías individuales. Lo incalculable es si de tal manera lograría obligar al pueblo a replegarse.

Pero también es previsible que, si las protestas se desbordan, la autoridad tenga que recular y anule los comicios a un costo político mucho más alto: el de los disturbios y su ingrediente más difícil de calcular: la violencia que engendrrá más violencia.

Tenemos que declararnos todos, en todas partes, en alerta amarilla. El país entró ya en cuenta regresiva. Si los magistranzas y Calderón apuestan a que el pueblo de México no estará a la altura de su histórica grandeza, miles y miles, aquí y allá saldrán a desmentirlos. ¿O no lo creen ustedes? Entre otras razones, por eso, hoy también estaré en Twitter, en la cuenta @Desfiladero132, por si ocupan.

 

 

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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