Connect with us

Investigaciones

México empantanado en desapariciones forzadas, antes y después de Ayotzinapa

Published

on

México empantanado en desapariciones forzadas, antes y después de Ayotzinapa

 

Por Emilio Godoy

MÉXICO – Mientras México da nuevos pasos en la resolución de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, el caso aún enfrenta incógnitas cruciales y el reto de aclarar la participación del poder militar.

Edith Olivares, directora de la oficina mexicana de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), subrayó que todos los avances reportados en los últimos meses se deben a la lucha de las familias a casi ocho años de los sucesos y enumeró los retos del expediente.

“Localizar a los 40 estudiantes aún desaparecidos, la investigación de los responsables debe estar totalmente apegado a derecho, debe haber garantía de no repetición (de los hechos), en un contexto de creciente militarización, y acceso de las víctimas a la justicia”, explicó la activista.

No te pierdas: SEDENA notificada con órdenes de captura a militares implicados en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

 

El último giro del caso proviene del informe presentado el 18 de agosto por la gubernamental Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y que reveló que la organización criminal Guerreros Unidos, funcionarios de los niveles municipales, regionales y federales complotaron para desaparecer al grupo, encubrir el crimen y fabricar pruebas, en lo que calificó como “un crimen de Estado”.

El organismo informó de que uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa era un soldado infiltrado por el ejército, seis estudiantes habrían sobrevivido cuatro días después del secuestro y los autores disolvieron en ácido a al menos cinco víctimas.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con el informe de la comisión que él mismo creó en diciembre de 2018 al llegar al poder y se instaló un mes después, el caso “no está cerrado” y que queda entre otras muchas cosas “la impartición de justicia”.

A petición de la Procuraduría (fiscalía) General de la República, un tribunal federal emitió 83 órdenes de captura, entre ellas las del exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Para entender más del tema: De qué se acusa a Omar García Harfuch en caso Ayotzinapa y qué dijo el presidente López Obrador

 

Un juez federal determinó el miércoles 24 su prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.

Además, dictó la aprehensión de 20 militares, funcionarios estatales, policías e integrantes de Guerreros Unidos, sindicados de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Los jóvenes desaparecidos estudiaban en la pública escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, que prepara maestros para comunidades rurales.

Los llamados localmente normalistas de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el mismo Guerrero, cuando se dirigían a una manifestación en Ciudad de México en autobuses interestatales que habían tomado por la fuerza.

Miembros de la Procuraduría General de México, tras la audiencia en que el 24 de agosto se confirmó la prisión provisional de su antiguo jefe, Jesús Murillo, por su participación en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio, en 2014. Foto: Isabel Briseño / Pie de Página

En enero de 2015, el ahora detenido exprocurador Jesús Murillo Karam presentó la llamada “verdad histórica”, según la cual policías municipales detuvieron a los normalistas y los entregaron a Guerreros Unidos, cuyos miembros los mataron, quemaron en un basurero aledaño a Iguala y arrojaron las cenizas en un río cercano.

Los hechos ocurrieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien ahora reside en España, y en el cual varios altos funcionarios construyeron y divulgaron la “verdad histórica” de la evaporación estudiantil.

Pero la investigación actual aún no alcanza a Peña Nieto ni a su secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien el gobierno de López Obrador rescató de la justicia estadounidense en 2020 por acusaciones de colusión con grupos narcotraficantes, por no haber compartido esa investigación con autoridades mexicanas.

 

Eso sí, la versión de Murillo Karam la desvirtuó en septiembre de aquel mismo año el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), integrado por especialistas de Chile, Colombia, España y Guatemala y Chile, y creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, aportó elementos para reencauzar la investigación, como la influencia castrense y el tráfico de heroína desde Guerrero a Estados Unidos, y sugirió una pesquisa sobre encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

Las autoridades hasta ahora solo identificaron los restos óseos de tres de los  estudiantes: Alexander Mora, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero.

Pero el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia no despeja las cuestiones de la causa de la desaparición, el destino de los muchachos y su paradero.

Herida supurante

Ayotzinapa representa un caso emblemático de la desaparición forzada que aqueja a este país latinoamericana y que representa una herida lacerante en su aguda crisis de derechos humanos.

Desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), inició una campaña militar contra las bandas de narcotraficantes, hay al menos 77 762 personas desaparecidas y 10 007 no localizadas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

El Estado de México, contiguo a Ciudad de México, aglutina a la mayoría de los casos (23 720)-, seguido por el occidental territorio de Jalisco (21 795) y el nororiental Tamaulipas (16 429). Guerrero tiene 4871 personas desaparecidas.

Familaires de los 43 jóvenes víctimas de desapareción forzada en Iguala se reunieron con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 10 de julio de 2020 en el Palacio Nacional. El 18 de agosto de 2022 una comisión especial reveló un plan para desaparecer a los estudiantes de Magisterio, encubrir el delito y fabricar versiones sin sustento. Foto: Presidencia de México

“Se siguen dando las desapariciones, a pesar de las investigaciones para hallar a los jóvenes. Uno de los temas centrales es la persistencia del fenómeno debido a la presencia de grupos delincuenciales y el vínculo evidente con fuerzas estatales y municipales”, precisó a Juan Gutiérrez, director de la no gubernamental Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Colectivos de búsqueda han hallado 245 cuerpos en fosas clandestinas en la zona de Iguala. Además, documentaron más de 110 desapariciones antes y después de las de los estudiantes en Iguala que no han sido investigados.

En el segundo país latinoamericano, en extensión, población y economía, la desaparición forzada se ha convertido en el “paradigma de crimen perfecto”, como lo calificó en un informe de abril pasado del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, integrado por 10 expertos independientes, entre ellos, de Argentina, Ecuador y Perú.

El informe fue el resultado de una visita del Comité a México en noviembre anterior, como parte del mandato de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones forzadas.

La editora recomienda: FGR acusa a Murillo Karam de orquestar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa

En sus observaciones y recomendaciones, el grupo planteó la necesidad de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas; el fortalecimiento de las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, así como garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones.

Además, demandó facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos antiguos, como el de Ayotzinapa, para atender la crisis forense, facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación; reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección; y registrar las desapariciones forzadas.

México respondió el 12 de agosto a las 85 recomendaciones del Comité, facultado para evaluar el cumplimiento de la Convención vigente desde 2010.

Entre las medidas adoptadas, el gobierno resaltó la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la construcción del Centro Nacional de Identificación Humana.

En noviembre de 2021, solo entre 2 % y 6 % de los casos habían sido judicializados, y los tribunales solo habían emitido 36 sentencias vinculadas al flagelo de las desaparicioines.

Para Olivares, de AI, Ayotzinapa es la punta del iceberg de las desapariciones, cuya mayoría ha ocurrido en los últimos 15 años, y cuyas víctimas el Estado está obligado a hallar, además de ubicar y entregar a los responsables a los responsables.

 

“Las familias perdieron confianza en las instituciones del Estado, con toda razón. Debería ser un punto de inflexión ante esta desproporcionada confianza en las instituciones militares y fortalecer las de carácter civil, a las que podemos exigir rendición de cuentas. El pacto oscuro (del gobierno y el ejército) probablemente da origen a violaciones de derechos humanos que quedan en la impunidad”, señaló.

Gutiérrez, de Idheas, achaca el problema a la corrupción institucional existente, especialmente en Guerrero, entre grupos policiacos, criminales y las fiscalías.

“Hay un patrón generalizado antes, durante y después de Ayotzinapa. No ha habido una política real para atacar el fenómeno. Existe el riesgo de que las otras desapariciones queden impunes”, alertó.

Aunque resuelva el caso Ayotzinapa, coinciden los activistas de derechos humanos, México debe aún atender otros miles de casos y prevenir más desapariciones forzadas.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Feminicidios y trata sexual

Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

Published

on

By

Las fiscalías corrompen investigaciones en los casos de feminicidio para evitar escarnio público.

Nueva necropsia a Ariadna López revela que su muerte fue por traumatismo múltiple y no por congestión alcohólica como señaló Fiscalía de Morelos

Por Rosario Martínez De la Vega

Ariadna López desapareció en la Ciudad de México la noche del domingo 30 de octubre.  El martes 1 de noviembre su cuerpo fue localizado bajo de un puente en Tepoztlán, Morelos, con marcas de moretones en el cuello, brazos y piernas. Tres días después del hallazgo, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, señaló que Ariadna había fallecido debido a una broncoaspiración a causa de una congestión alcohólica.

En una nueva necropsia a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizada a petición de la familia de Ariadna, se dio a conocer que la causa de su muerte no era ‘congestión alcohólica’, sino a consecuencia de un traumatismo múltiple.  Ariadna fue víctima de feminicidio.

En un adelanto de las investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, fueron revelados los videos en los que se aprecia a Ariadna departir con sus presuntos asesinos, Vanessa “N” y Rautel “N” -amiga y novio de esta respectivamente- y otras personas en un restaurante, para después arribar a un departamento en la colonia Condesa.

Para saber más del caso: Juez vincula a proceso a ex candidato a la gubernatura de Puebla y a ex delegado de la SRE por presunto feminicidio de activista

Los victimarios señalaron que Ariadna había abandonado esa misma noche el departamento y abordado un taxi. No obstante, las imágenes proporcionadas por la Fiscalía de la CDMX, dan cuenta de cómo la mañana siguiente, su cuerpo fue subido a una camioneta por Rautel “N” para ser abandonado en el estado de Morelos, lugar donde fue localizada al día siguiente por unos ciclistas. Hasta el momento se presume una relación entre Rautel “N” y la Fiscalía de Morelos, motivo por el cual éste, habría abandonado el cuerpo de Ariadna en dicho estado. No se ha revelado el móvil o las causas del crimen.

Resulta escabroso que los presuntos responsables del crimen también manifestaron sus condolencias e incluso se presentaran al funeral de su víctima y brindaron entrevistas a los medios. Actualmente se encuentran detenidos y el caso será atraído por el área especializada en feminicidios de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, existen similitudes entre el caso de Ariadna y otras muertes violentas de mujeres, que apuntan indicios de cómo las fiscalías investigadoras son parte de la violencia machista que vive México. Tan sólo este año 2022, se encuentran los siguientes casos:

  • Debanhi Escobar. 18 años, desapareció el 9 de abril en Monterrey Nuevo León, tras acudir a una fiesta, fue hallada el 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla a unos metros del lugar donde fue vista con vida por última vez; fue revictimizada debido a que se señaló se encontraba alcoholizada al momento de caer por sí misma en la cisterna en la que fue localizada dos semanas después de su desaparición. Tras la realización de tres necropsias se determinó que murió por asfixia por sofocación, entre tres y cinco días antes del hallazgo y que su cuerpo había sido sembrado en el lugar donde se encontró. No hay ningún detenido y su caso no ha sido judicializado pese a haber sido atraído por la FGR.
  • Yolanda Martínez. 26 años, desapareció tras salir de su domicilio el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue localizada sin vida el 8 de mayo, investigaciones de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, señalaron de que se trató de un suicidó debido a que en el lugar de los hechos se encontró una nota póstuma escrita en un vaso desechable y dos recipientes con veneno. Con el apoyo de instancias internacionales se le practicó una segunda autopsia que arrojó que Yolanda había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo había sido exhumado y colocado finalmente en el lugar donde fue localizado.
  • Luz Raquel Padilla. 35 años, Zapopan Jalisco, había denunciado desde mayo ante las autoridades locales las agresiones y amenazas por parte de uno de sus vecinos, fue quemada viva el 16 de julio por un grupo de personas que la atacaron en un parque cerca de su domicilio. Murió tres días después a causa de las heridas. El 26 de julio, una semana después de su fallecimiento, el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que las quemaduras habrían sido ocasionadas por ella misma y mencionó un “autoataque” como una de las líneas de investigación.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Por décadas, investigaciones periodísticas han revelado que las fiscalías en México desvirtúan las investigaciones y maquillan las cifras para evitar aumentar las estadísticas y optan por clasificar la mayoría de los asesinatos de mujeres como «homicidios», y en algunos casos como suicidios, ya que de ser asumidos como feminicidios se tendría un alto costo político, lo cual contribuye a seguir repitiendo patrones de impunidad y corrupción.

Según el último reporte del INEGI realizado en 2020, en México mueren asesinadas 11 mujeres diariamente, no obstante, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo aparecen reportados 946 feminicidios en 2020 y 978 durante 2021, esto significa menos de tres feminicidios en promedio al día durante dos años.

 

Al corte de septiembre de este 2022, el SESNSP contemplaba 695 feminicidios, lo cual registra una baja estadística en el número de feminicidios con relación al año anterior, sin embargo, en conferencia matutina del presidente el pasado 9 de noviembre, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el delito de feminicidio tuvo un repunte en los meses de agosto y septiembre, con 70 y 78 casos, respectivamente.

 

Continue Reading

Estados Unidos

Gobierno de EEUU dice tener pruebas suficientes contra García Luna y se declara listo para el juicio

Published

on

By

García Luna

 

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

Los fiscales del Distrito Este de Nueva York a cargo de la acusación que involucra a Genaro García Luna y dos de sus lugartenientes, solicitan al juez rechazar las peticiones de la defensa del mexicano, argumentando que la participación del acusado en la conspiración para el tráfico de drogas está debidamente probada.

El pasado 14 de octubre la defensa del ex secretario de Seguridad Pública pidió desestimar cuatro cargos por narcotráfico asentados en la acusación en su contra, para que quedara únicamente la de mentir a la autoridad.

Al repasar la petición y argumentos de García Luna en el sentido de que “incluso si hubiera aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa, se retiró de la conspiración cuando dejó el gobierno en 2012 y se mudó a los Estados Unidos”, le responden que su partida del cargo como no sirvió “para poner fin a la conspiración ni para frenar el gran poder del Cártel de Sinaloa, que continúa prosperando en México hasta el día de hoy”. Por lo que observan, “el fin forzoso del mandato del acusado debido al cambio de gobierno en México” no lo exime “de su asociación criminal en la conspiración”.

Te puede interesar: Fiscalía de EUA no retirará cargos contra García Luna por narcotráfico

García Luna insistía que luego de abandonar su cargo público en el 2012 y venir a los Estados Unidos, “el delito ya habría prescrito pues pasó el periodo legal de 5 años”, luego de que la acusación en su contra se presentó en diciembre del 2019 .

En ese punto los fiscales sugieren que “la conducta del acusado posterior a 2012 demuestra que nunca abandonó la conspiración”. Explican que pueden probar con amplitud en el juicio cómo García Luna mintió al menos un par de veces sobre la conspiración. La primera cuando intentó convertirse en ciudadano de los Estados Unidos en 2018 y en el 2019, “durante su entrevista posterior al arresto con agentes del orden público”, en la que repetidas veces el también ex director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, negó haberse reunido o hablado alguna vez con algún narcotraficante, ignorando además si alguno de sus subordinados sí lo hizo. “Estas mentiras específicas son muestra de un engaño a los investigadores que estaban examinando específicamente las actividades del cártel”, y según los fiscales pruebas contundentes de que García Luna continuaba protegiendo la conspiración.

También en la moción para desestimar los cargos, César de Castro, defensor del mexicano, solicitó detalles como una lista de conspiradores y testigos para el juicio, esto con el fin, según indicó, “de evitar sorpresas”. Se quejó asimismo de que la evidencia entregada por la fiscalía no vincula a su cliente con los crímenes imputados e insistió que no hay evidencia de “pagos, envíos, recursos lavados o incluso órdenes dadas por el señor García Luna”.

No te pierdas: Justicia de EEUU presenta miles de grabaciones y evidencias contra Genaro García Luna

En su respuesta, el gobierno detalla haber entregado a la defensa del acusado un volumen extraordinario -incluido material- para la presentación de 15 testigos policiales y seis posibles testigos cooperantes. Le recuerda cómo el 1 de marzo del 2021, le entregaron notas e informes de entrevistas con 25 socios personales y ex profesionales del acusado, además material de descubrimiento producido como informes de incautación, análisis de laboratorio, fotografías o videos con respecto a cada una de las seis violaciones y el papeleo de inmigración del acusado.

Recuerdan que en todo ese material hay cientos de “notas de declaraciones que ciertos testigos hicieron sobre el acusado, los sobornos que aceptó y lo que hizo el acusado a cambio de esos sobornos”. Y finalmente regresan sobre la acusación original donde se señala que “desde enero de 2001 hasta julio de 2020 el acusado conspiró con miembros del Cártel de Sinaloa al aceptar sobornos y brindar asistencia a sus actividades de narcotráfico”.

Refuerzan su argumento con las violaciones que habría cometido García Luna para promover la empresa criminal como son no interferir con los envíos de drogas del Cártel de Sinaloa en México, brindar información confidencial a miembros del cártel, atacar a miembros de organizaciones criminales contrarias, dar información confidencial a fuerzas del orden sobre miembros de otros cárteles y ubicar a funcionarios corruptos en posiciones de poder en las áreas que controlaba el Cártel de Sinaloa, esto con el fin de ampliar los sobornos y las áreas de operación.

En los siguientes días, el juez Brian Cogan deberá analizar ambas solicitudes y decidir si acepta la moción de Genaro García Luna para desestimar los cuatro cargos por narcotráfico en su contra o si decide dar la razón al gobierno y mantiene la agenda del juicio programado para iniciar el 9 de enero, fecha en la que se estaría seleccionando al jurado que participaría en las seis semanas que se tiene contempladas para el litigio.

 

Continue Reading

Mexico Violento

Narcotraficante colombiano que comparte prisión y abogado con García Luna, sentenciado a 35 años

Published

on

By

don Mario narcotraficante de Colombiacomparte abogado con Genaro García Luna

 

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

El colombiano Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, al cual defiende César de Castro, también abogado del mexicano Genaro García Luna, fue sentenciado en Nueva York a 35 años de prisión luego de que el 2 de noviembre del 2021 se declarara culpable de narcotráfico tras dirigir una empresa criminal.  No obstante, continúa como líder de la multimillonaria organización paramilitar que traficaba cocaína de Colombia a los Estados Unidos.

Don Mario” también recibió de la juez Dora Irizarry otros 15 años de prisión por conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), castigo que correrá simultáneo al primero. La juez ordenó además el decomiso de 45 millones de dólares de las ganancias del grupo criminal al cual se le culpa de trasladar al menos 73 toneladas de cocaína de Colombia a Estados Unidos.

Para saber más del tema: Justicia de EEUU presenta miles de grabaciones y evidencias contra Genaro García Luna

Rendón Herrera, uno de los líderes de la organización Los Urabeños o Clan del Golfo, ligados a las AUC, recibirá los 13 años de crédito transcurrido desde su detención en abril del 2009 en Colombia. Pero, aunque por ese motivo su sentencia se reduce a 22 años, es una cadena perpetua de facto dados los 57 años que ya cumplió sumado al deteriorado estado de su salud.

Tras de la detención de “Don Mario”, fue Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel”, quien se quedó al mando del Clan del Golfo, hasta que fue detenido en octubre del 2021 también en Colombia. En mayo de este año fue extraditado de ese país a Nueva York, y se halla a la espera de un juicio al estar incluido en la misma acusación por la que “Don Mario” acaba de ser sentenciado.

El Clan del Golfo era una de las sociedades aliadas del Cártel de Sinaloa desde los tiempos que “El Chapo Guzmán” aparecía como uno de sus dirigentes. Al iniciar el siglo, el grupo Los Urabeños, era considerada como la única organización criminal de alcance nacional en Colombia, luego de la dispersión de los grupos criminales más longevos en aquel país.

La editora recomienda: Fiscalía de EUA acusa a Genaro García Luna de sobornar y silenciar a periodistas que lo investigaban

Rendón Herrera, quien un tiempo fue el narcoterrorista más temido de Colombia, hoy marca el final de su carrera criminal. Fue responsable de importar toneladas de cocaína, alimentar la violencia, perpetuar el abuso de drogas y dejar una estela de destrucción desde Colombia a Estados Unidos, además de estar manchado con la sangre de narcotraficantes rivales y civiles torturados y asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia”, acusó el Fiscal del Distrito Este neoyorquino, Breon Peace tras anunciar la sentencia.

Además de compartir abogado con García Luna (que pidió hace unos días le sean retirados los cargos por narcotráfico), Daniel Rendón Herrera igualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitana de esta ciudad, donde también cumple su proceso el ex secretario de Seguridad Pública, García Luna. Empero, durante la audiencia del martes se ordenó que “Don Mario” sea trasladado a centro médico penitenciario capaz de atender sus necesidades médicas.

Durante la audiencia del 2021 donde se declaró culpable el juez preguntó a Rendón Herrera también conocido como “El Viejo” si estaba tomando medicamentos.

—Sí, tomo medicamento, su señoría—, aclaró el acusado.
— Sé que tiene algunos problemas de salud porque los hemos abordado— recordó el juez. —¿Está tomando algún medicamento en este momento?
— Sí, señoría, tomó 13 pastillas al día y esta mañana ya tomé la del cardio.

Según documentos oficiales, las AUC se fundaron en 1997 como una organización paramilitar y de narcotráfico cuyo objetivo era sacar a los simpatizantes del entonces principal grupo guerrillero de ese país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de posiciones de poder e influencia. En el 2001 las AUC fueron designadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Organización Extranjera Terrorista y Organización Global de Terrorismo Especialmente Designada.

Para apoyar sus objetivos, las AUC cobraron “impuestos” al paso de la cocaína traficada a través de su territorio además de ordenar asesinatos y secuestros. Para el 2006, miembros de esta organización se acogieron al proceso de Justicia y Paz propuesto por el gobierno, entregándose así a la policía y renunciando a los bienes obtenidos con las ganancias del crimen a cambio de sentencias reducidas y amnistía de extradición.

Sin embargo, Rendón Herrera prefirió rearmar a las AUC y como lo dijo en la audiencia de culpabilidad, propuso nombrarlas “Héroes de Castaño, que luego se conocieron como Audodefensas Gaitanistas de Colombia, aunque el gobierno nos llamaba ´Urabeños´”, con los cuales continuó traficando con grupos del crimen organizado mexicano como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

Los Urabeños etiquetaban a sus cargamentos de cocaína con los apelativos “Lacoste”, “Apple”, “Hecho en Colombia” que, además de México, tenían como destino Europa y Asía, según informes realizados por la policía de Colombia.

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: