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Con voz propia

México, donde “el jefe no se equivoca”

México, uno de los países con la burocracia más leal al “jefe”, pese a todas las evidencias en contra, como es el caso de Ayotzinapa

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Osorio Chong, el secretario de Gobernación.  Foto: Agencias

Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Foto: Agencias

Ricardo V. Santes Álvarez

Hacia adelante, sí queremos que se revise la averiguación […] si los procedimientos son correctos. Pero [los especialistas del GIEI] también vienen como coadyuvantes, también vienen a encontrar esa verdad de la que estoy hablando y entonces hoy [les extendieron] seis meses; si están aquí los expertos, entonces queremos que también nos den las líneas que vamos a investigar, y queremos que nos guíen o nos lleven hacia esas conclusiones para podérselas dar, todos juntos, a los papás, a los familiares y a todo México. Ya no es solamente decir si estuvo bien o no el proceso, sino también que nos den esas líneas -para eso están aquí- [respecto a qué sucedió] exactamente allí en Ayotzinapa. [… S]ería un grave error, porque así se quiere señalar, el desvirtuar, el decir que está mal hecho [el informe del GIEI], lo que vamos a comprobar es si tienen razón o no. […] No estamos ocultando absolutamente nada, Ciro, y lo que se tenga que hacer lo vamos a hacer, porque… pues te diré yo, que… pues ya basta de señalar sólo al gobierno de la República que no tiene absolutamente nada que ver.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Entrevista en Radio Fórmula, 26 de octubre de 2015.

El jefe siempre tiene la razón; nunca se equivoca. Y si se equivoca, vuelve a mandar y se acabó. Ese conocido eslogan, tan asimilado en el imaginario social, tiene pesada connotación política. En muchos países, se lleva hasta en la médula el hecho de que una figura de autoridad siempre debe ser regalada con la razón absoluta; pues cuidado con pensar siquiera que comete equivocaciones. Si alguien está errado será cualquier otro, menos el jefe, la autoridad. Bajo esta premisa, aquellos en cargo de influencia se arrogan la soberbia de ignorar, menospreciar y hasta soterrar, cualquier postura que no sea la propia.

México no está exento de tal consigna. Al contrario, parece que en este país se exacerba la convicción de ver a quien ejerce un cargo público como infalible gran protector. Si el Sr. Jesús Murillo Karam, cuando procurador general de la República (antes de cansarse), afirmaba contundente que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido incinerados en el basurero del vecino municipio de Cocula, ésa era la explicación única y así debía asumirse por todos. Aún más, era la “verdad histórica”; sesuda, indubitable, científicamente probada. No había posibilidad que alguien en sano juicio pudiera refutar el informe del ex-fiscal respecto a la suerte de los jóvenes. No, porque en el Estado mexicano solamente el gobierno contaba (y cuenta) con los recursos necesarios para dar formalidad a la indagatoria sobre los dolorosos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala.

Sin embargo, el peso de la sospecha sobre la investigación realizada, su rechazo tajante por parte de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, de la mano del inmediato reclamo internacional por conocer la verdad-verdad, llevó a la administración federal a admitir la pertinencia que instancias externas coadyuvaran en la labor; en este caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La incomodidad no tardó en surgir, pues los científicos extranjeros, al realizar un trabajo distante de componendas, ataduras políticas y cualquier tipo de sumisión jerárquica, pronto encontraron diferencias sustanciales respecto a la palabra oficial. El rechazo gubernamental al informe del GIEI, cobijado por voces y plumas orgánicas, como el mismo entrevistador en la cita al inicio de esta nota, reveló la furibunda respuesta del sistema al desafío que se abalanzaba sobre un anquilosado statu quo doméstico, el que la autoridad siempre tiene la razón, que nunca se equivoca.

Las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación, de que “hacia adelante” el gobierno sí quiere que se revise la averiguación, desvela que anteriormente (“hacia atrás”) ¡no quería intervención alguna del exterior! Pero ¿es que acaso México está comprometido a ser actor principal del entorno mundial (Meta V. del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: “México con responsabilidad global”) solamente en aquello que le conviene, pero no en lo que le resulta inconveniente? No lo creo. El país está inmerso en la así llamada Comunidad Internacional y, como tal, goza de derechos pero también debe asumir responsabilidades. El compromiso con los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión, y la verdad, no se circunscriben a las fronteras nacionales; de manera que no hay motivo para rasgarse las vestiduras con actitudes parroquiales de soberanía. Menos, cuando sabemos que a esta administración, como a las anteriores, lo que nada ha importado en otros rubros es, justamente, la soberanía nacional.

Está en lo cierto el secretario Osorio Chong al decir flemáticamente “ya basta de señalar sólo al gobierno de la República”, pues es claro que hay otras instancias relevantes para el esclarecimiento de los hechos. En lo que parece no asistirle certeza al secretario es en afirmar que en el asunto Iguala-Ayotzinapa el gobierno federal “no tiene absolutamente nada que ver”, pues aparte de que estuvo enterado de los pormenores del caso en el momento en que acontecían, según evidencia ventilada, ha sido acérrimo defensor de uno de los presuntos actores principales de la señalada tragedia: el ejército mexicano.

Twitter del autor: @RicSantes

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Nosotros, los periodistas, “los que nos cuidan” y la subcontratación consentida por Jenaro Villamil

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

En el principio López Obrador anunció que iniciaría la sección “quién es quién en las mentiras” y los periodistas no vimos que esto era bueno. Más que bueno, resultó buenísimo.

Ahora ha quedado de manifiesto, que, sin la participación del periodismo libre, sólo queda lugar para un Estado Fallido.

El presidente tiene razón, escudados en el periodismo, muchas de las personas que tienen espacio en los medios informativos se dedican a la gacetilla, o como en los viejos anuncios del Aviso de Ocasión, al pago por palabra, sea para repetir las grotescas y falsas campañas de propaganda del PRI, Acción Nacional, y en menor medida las de los dueños del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, o bien por venganza por la ausencia de publicidad oficial.

En donde sí se equivocó López Obrador, y gravemente, es en ponernos a todos en el mismo saco. Incluso hizo famosa la frase “benditas redes sociales”, ignorando que éstas también se corrompieron y hay gobernadores que las patrocinan para esconder sus delitos de lavado de dinero. Otros actores, por cierto, de MORENA, lucran con los apoyos que el presidente Biden ofreció por el COVID a indocumentados mexicanos, como quedó plenamente demostrado con los ataques y montajes en contra de nuestro cónsul en Nueva York, Jorge Islas.

Sus fans más incultos, en consecuencia, se dieron a la tarea de motejar como “chayoteros” a todo periodista, que hiciera incluso las observaciones más amables y comedidas al presidente. Como buenos “bots”, pero sin inteligencia siquiera artificial, estas personas se aprendieron la palabrita, “chayoteros”, sin tener la más p…equeña idea de lo que esto significa.

La realidad es que en su afán de ahorro y protección a la sociedad que más lo necesita, al gobierno de la Cuarta Transformación se olvidó de un pequeño gran detalle: sin periodismo libre ni se hacen las revoluciones, ni se politiza a la sociedad, ni se le informa, y por lo tanto se fomenta el sub desarrollo; la dependencia a los programas de apoyo y la manipulación de gesticuladores, de los cuales Alfredo Jalife Rahme, quien se escuda en el trasero del presidente, sería un muy buen ejemplo.

Para no dejar el enfoque histórico, recuerdo que mi padre tuvo como compañero, en la cuarta década del siglo pasado, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a Pedro Joaquín Chamorro. El estudiante nicaragüense era monotemático, de lo único que hablaba era de que regresaría a su país a hacer la revolución. Para ello, lo primero que hizo fue fundar un periódico La Prensa. Y en efecto, pese a todo el dinero que invirtió la CIA para comprar armas, con el dinero que obtenía de las drogas que importaba de Irán y vendía en Los Ángeles, la revolución triunfó. Usted lo recuerda, la historia recoge este suceso con el nombre de Operación Irán Contras.

Por cierto, al menos dos periodistas fueron asesinados por descubrir la trama, el mexicano Manuel Buendía y el estadounidense Gary Webb, Menos mal, el estadounidense pudo disfrutar, antes de ser “suicidado de dos balazos en la cabeza”, del reconocimiento máximo que se le puede dar a un periodista en el mundo, el Premio Pulitzer.

Continuamos. El asesinato de periodistas en México es a la fecha, uno de los de mayor alta tasa a nivel mundial, un promedio de dos cada mes. Esto es solo una muestra de la indefensión en que nos encontramos.

En tiempos del PRI, parte de los beneficios de ser reportero, era acceder a los programas de vivienda popular; sin embargo, más de la mitad del gremio no quiso, o no pudo, o por cualquier razón no aprovechó esta situación y de estos, una buena parte, al llegar a la edad de adulto mayor, divorciados, sin familia y enfermos sobreviven en una situación muy precaria, algunos en el Club de Periodistas de Filomeno Mata.

Justo es decir que, para muchos, el “chayo” resultaba tan vergonzoso, que, en lugar de acudir al sicólogo, se lo gastaban bebiendo”. Parece que fue el mismo Buendía quien dijo que un periodista sin aliento alcohólico era como “una flor sin aroma”.

Lo cierto es que había otras razones para el vicio: los periodistas generalmente éramos contratados por honorarios, sin seguro social, por lo que muchos no tenemos derecho a una pensión de retiro. Por otra parte, una jornada normal de trabajo es de 14 horas diarias, con lo que nuestra tasa de divorcios, es de las más altas entre todas las profesiones liberales.

Si no queríamos cobrar por honorarios, lo que permitía mejores salarios, teníamos que someternos a las condiciones de los sindicatos “charros”, entre los cuales ocupa el primer lugar mundial, el de la cadena de “los soles” desde que la adquirió, con dinero que le dio Luis Echeverría, Mario Vázquez Raña.

Le doy dos ejemplos, los reporteros nuevos trabajábamos en El Sol de México siete días de la semana, no teníamos descanso, pero sólo nos pagaban seis, el otro se lo robaba el sindicato.

Recuerdo que Rafael Loret de Mola, (hijo de Carlos, el ex gobernador de Yucatán y papá de Carlos, el de Latin Us), quien fue mi director en la agencia Lemus, fue contratado para encabezar uno de los periódicos de la cadena de “los soles”. Cuando preguntó que sueldo le asignarían, le respondieron que “para que se preocupaba por eso”. Llegando, le dijeron, “el gobernador se va a encargar de mandarle un coche, chofer y asignarle una casa para que viva dignamente”.

Si acaso el gobernador se negaba al chantaje, los ataques eran incesantes, hasta tirarlo “de la silla”.

Por eso Abel Quezada dibujaba a los periodistas como sujetos famélicos sostenidos por cuerdas en una posición muy incómoda.

Hoy, que tanto se ataca, justificadamente, desde el gobierno al “outsorcing”, (llamémoslo mejor en español, pues los anglicismos no son necesarios) la subcontratación en el sistema de Radiodifusión Pública que dirige Jenaro Villamil, es norma y no excepción.

Nuestro admirado “homozzapping” como él mismo firma sus videos, ha sido incapaz de exigirle al presidente López Obrador, las condiciones más elementales que el Artículo 123 ofrece a los trabajadores. Sí, no se sorprenda, aunque hay quienes no reparen en ello, los periodistas también comemos, tenemos necesidad de vivienda, y si no fuera mucho pedir, que nos paguen por nuestro trabajo, no estamos diciendo que nos den una retribución digna, solo digo que nos paguen o, lo que sea, pues solemos financiar nuestro internet, transporte y vestido, con otros ingresos, comúnmente como maestros, correctores de estilo, asesores de tesis, o la venta de nuestros libros.

Ya no se diga Notimex, que para evadir el para ellos molesto sindicalismo, recurre a la práctica de contrato de esquiroles. Tampoco los culpamos, tienen que comer, y no es fácil para 250 personas, hombres y mujeres, compartir el mismo baño en una bodega.

En este tema debemos hacer un pequeño paréntesis para hablar del Canal 21, administrado por el gobierno de la Ciudad de México, quizá sea la única señal del planeta, en que los conductores de noticiarios van vestidos apenas con una camiseta, a pesar de ello no solo hacen noticieros buenos y baratos, sino incluso programas especiales, como los que han narrado las atrocidades de Isabel Miranda de Wallace. Nuestra admiración y respeto a los colegas, pero también un llamado a Claudia Sheinbaum para que invierta más en la producción de este canal. No solo es una inversión social, sino que le va a dar réditos políticos. Consejo gratis:  por lo menos que los gobiernos de la Ciudad de México inviertan mil pesos en una campaña de Google para promocionar sus contenidos y que la gente los vea.

Finalmente: ¿Por qué será que quienes solicitan el apoyo del mecanismo de Protección de defensores humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación resultan los más amedrentados, encarcelados e incluso asesinados?

No lo hemos podido constatar, pero tampoco tenemos razón para dudar la denuncia que nos han enviado, sobre que este mecanismo, en pleno gobierno de López Obrador, es controlado por familiares de Genaro García Luna. Lo que sí sabemos es que escoltas del licenciado Alejandro Garduño, defensor público federal fueron esposados y encarcelados temporalmente en el Estado de México, y luego de que le quitaron el trabajo, recibió amenazas que lo llevaron a solicitar y obtener el asilo humanitario en Estados Unidos, apenas hace unas semanas, ya en la gestión del presidente Biden.

Otro periodista, quien acusó de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al gobernador de Quintana Roo, ha sido sentenciado a 16 años de prisión por un delito aparentemente fabricado. No nos extendemos más, porque su abogado le ha recomendado que no se mediatice el caso. Sin embargo, esto nos da pie para concluir con nuestra final y acostumbrada…

Bitácora Suplementaria

29 de julio de 2021, 13:59

Olivia Arrieta, comenta a nuestro programa Defensoría Pública contra Isabel Miranda de Wallace: “Dejen de enfocarse en el hermano de Irma Eréndira y enfóquense en la Wallace”

Le respondo:

“Entendemos su postura, pero mire, tanto peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata. Primero Netzaí privó ilegalmente de la libertad a los abogados de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle Dobín para obligarlos a renunciar, luego dejó sin defensor a Brenda, en la audiencia en la que se decidía su libertad, así que, es un corrupto, o un inepto, o las dos cosas.

Agrego:  intempestivamente la abogada de la Defensoría Pública Federal quien debía acudir a la audiencia donde se decidiría la libertad de Brenda Quevedo decidió que se iba de vacaciones. No me extraña, las amenazas y encarcelamiento de letrados que han defendido a las víctimas de Wallace, hacen que estos se hayan visto obligados.

Y digo más: Entiendo que el presidente López Obrador haya influido en el nombramiento de Netzaí Sandoval en el poder judicial. El nepotismo que esto representaba al tener en la nómina de la 4T a Irma Eréndira Sandoval, como secretaria de la Función Pública, a Pablo Amilcar Sandoval como super delegado en Guerrero y ahora como senador de Morena;  a Netzaí con doble cargo como director de la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, (subsidiada por el gobierno federal) y como director de la Defensoría Pública; y a el esposo o  cuñado de estos personajes, John Ackerman, en la nómina de canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, es un exceso.

Cierto, el Poder Judicial, como lo admitió entre líneas el presidente López Obrador en la conferencia de este jueves, es una cloaca, pero recomendar a Netzaí no le ha traído ningún beneficio, y menos porque lo único que hizo para acusar a Wallace, fue “refritear” la denuncia legal que ya había emprendido la periodista Guadalupe Lizárraga y también argumentar la falsedad representada por el ADN, que no era de Wallace, lo que también fue posible gracias a la investigación periodística que logró encontrar al padre biológico, del multi nombrado Hugo Alberto y no gracias al trabajo que no quisieron hacer los gobiernos de Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto, ni hasta ahora el de López Obrador.

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Con voz propia

Foro Público: La pandemia que revive por negligencia e irresponsabilidad social

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Foro Público

Durante las últimas semanas en México se ha registrado un incremento de casos de Covid-19 por la circulación de la variante Delta, la cual es más contagiosa, ante el lento avance de la campaña nacional de vacunación y la irresponsabilidad social que permea entre varios sectores de la población que se han rehusado a vacunarse y a seguir las medidas sanitarias.

Después de haber mostrado una tendencia a la baja a partir del segundo trimestre de este año por el avance de la campaña nacional de vacunación entre la población mayor de 60 años de edad, con el arribo de la variante Delta, surgida en la India, los casos comenzaron a aumentar, y con las nulas restricciones a la movilidad implementadas por el gobierno de México para recibir a viajeros internacionales con pruebas PCR, el virus comenzó a extenderse con mayor celeridad.

Mientras México ha recibido vacunas de forma paulatina en los últimos meses, la variante Delta se ha propagado en todo el territorio nacional causando una tercera ola de contagios que ha puesto nuevamente en jaque al sistema de salud público del país con un alza permanente de hospitalizados, y mientras las autoridades estatales y federales se resisten a volver a imponer confinamientos, la variante Delta puede provocar que la salida de la pandemia todavía sea lejana.

Por ello, nuevamente la responsabilidad no sólo recae en las autoridades en todos sus niveles, sino también entre la ciudadanía que debe recordar que la pandemia no ha terminado y si bien es cierto que hay un sector de la sociedad que ha sido vacunada, esto no garantiza una plena inmunidad, específicamente a la variante Delta que ha mostrado ser más resistente a los inoculantes, por lo cual todavía se deben mantener las medidas preventivas como el uso permanente de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social.

Es por ello, que todos los establecimientos comerciales y espacios públicos deben evitar aglomeraciones para evitar nuevos contagios, ya que se han presentado nuevos casos, principalmente por la elevada movilidad entre los jóvenes, que ha sido también el sector que menos se ha vacunado.

Todavía no existen estudios científicos que muestren la razón por la cual existe un bajo interés de los jóvenes para vacunarse, pero el factor causal más común es la falta de confianza hacia las dosis inoculantes que no han garantizado su completa eficacia y que algunos producen efectos secundarios que pueden durar varias horas.

La pandemia de Covid-19 que inició en marzo de 2020 se ha prolongado por más de un año, debido a que se ha convertido en una enfermedad que ha amenazado a la economía y estabilidad del mundo, siendo la primera con estas características desde que comenzó el siglo.
La tercera ola de contagios representa nuevos riesgos para la población joven, que sigue siendo el principal ente contagiante fundamental de la variante Delta y en la medida que no se respeten las medidas sanitarias y se priorice la salud como un modelo que causará la caída de los padecimientos, esta enfermedad continuará en lo que resta del año.

El gobierno federal estima vacunar a más del 90 por ciento de la población al cierre de este año, sin embargo, hasta el momento menos de una tercera parte de la población ha sido inoculada, por lo que se requieren de nuevas medidas específicas para acelerar la vacunación para la población más vulnerable.

El gobierno federal debe instalar centros permanentes de vacunación en las cabeceras municipales de todo el país y promover una gran campaña de comunicación para dar a conocer la importancia de vacunarse como un mecanismo de escudos específicos para proteger a la ciudadanía o de lo contrario se mantendrá ese rezago permanente que seguirá afectando tanto la salud como la recuperación económica.

Nota aparte: Los jóvenes deben entender la importancia de resistir más tiempo el hedonismo que prioriza el interés individual sobre el colectivo, por lo que se debe ser consciente sobre la importancia de cuidar a las personas que los rodean a partir de estas medidas sanitarias.

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Con voz propia

El genocidio de niños indígenas en Canadá: contubernio del gobierno con la Iglesia Católica

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Por Alberto Farfán

Información como ésta no puede ni debe ser soslayada bajo ningún aspecto, en todo caso debe ser expuesta todas las veces que sea necesario. Pues hablamos de 6 mil menores de ambos sexos asesinados a manos de personal de la Iglesia católica con la complicidad del gobierno canadiense, todo lo cual salió a la luz por la serie de descubrimientos de osamentas en fosas cercanas a los internados en que sometían a dichos niños.

Sin embargo, podría ser una cifra mayor si consideramos que alrededor de unos 150,000 niños nativos, mestizos e inuit, algunos con edad de tres años, fueron prácticamente secuestrados de sus hogares desde 1863 hasta la década de 1990, con el objeto de recluirlos en 140 de esos internados estatales de todo Canadá, donde fueron aislados de sus familias, idioma y cultura. Los forzaban a convertirse al cristianismo, a abandonar sus idiomas nativos y a hablar inglés o francés, entre otras imposiciones.

Cabe aclarar que este asunto surgió de tiempo atrás, cuando en 2008 se estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) para revelar todos los aspectos de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los recintos en cuestión, al darse a conocer los primeros hallazgos de tumbas. Esta comisión entrevistó a más de 6 mil sobrevivientes y concluyó su trabajo en 2015 con la publicación de un informe de 4 mil páginas en el que calificó los hechos como “genocidio cultural”, cuyo ridículo eufemismo me niego a utilizar. Fue genocidio y punto.

Estos supuestos colegios eran administrados por el gobierno y regidos por la Iglesia católica en su mayoría, como parte de políticas estatales para obligar a los menores a someterse a la visión occidental de los colonizadores, por ello no se les permitía hablar su idioma o ejercer su cultura ancestral y muchos eran maltratados y sufrían abusos. Tanto físicos, golpizas brutales, como de salud y psico-emocionales, y asimismo de índole sexual. E incluso fueron utilizados para pseudo experimentos nutricionales, muriendo de inanición.

En realidad, si somos claros, lo que ocurría era que gobierno e Iglesia buscaban mantenerlos en campos de concentración para exterminarlos y detener su futura progenie. ¿Exagero?  Si no fuera de otro modo, entonces por qué al llevar a cabo esta abyecta tarea era el Estado canadiense el que obtendría grandes ventajas, pues al cumplir con esta política de genocidio lograba desprenderse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes a lo cual estaba obligado jurídicamente, amén de que con ello obtendría el control de sus tierras y recursos sin mayor problema.

Más aún, si no fuera así, ¿por qué entonces ciertos expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron a Ottawa y al Vaticano a efectuar una investigación expedita y profunda sobre la gestión de esos internados? Porque además de todo ellos saben perfectamente bien que ambas instituciones deben tener bajo un riguroso resguardo documentación que confirme los hechos y acredite responsabilidades.

Ya ofreció disculpas el primer ministro Justin Trudeau: “lo sentimos. Fue algo que no podemos deshacer en el pasado, pero podemos comprometernos todos los días a arreglarlo en el presente y en el futuro”. Trudeau también hizo énfasis en que solicitaría al papa Francisco una disculpa oficial por la participación de la Iglesia católica, pero hasta ahora el sumo pontífice se ha negado. Esto es, ni cumplió con su petición a Francisco, así como tampoco en apoyar a los indígenas de su país, como veremos más abajo.

Retomando mis interrogantes, a continuación citaré a Mumilaaq Qaqqaq, representante del territorio norteño de Nunavut en la Cámara de los Comunes de Canadá, parlamentaria del grupo indígena inuit (comúnmente denominados esquimales), quien en entrevista coloca lo anterior expuesto en su justa dimensión (BBC NEWS, 08/07/21).

Puntualiza: “a través de los internados, cuando miras la experiencia del norte y los inuit específicamente, a través de la matanza de perros de trineo, la reubicación forzada, el traslado forzoso de familias para el tratamiento de la tuberculosis, entre muchas otras estrategias bien pensadas, la institución federal estaba tratando de eliminar de nuestras vidas a los indios, las Primeras Naciones, los inuit o cualquier aspecto de ser los primeros pueblos de este país”. Es decir, se buscó siempre el genocidio, en efecto.

Y acerca de en quién recae la responsabilidad de lo ocurrido en el pasado y el presente, dice: “La institución federal, la institución de la Policía Montada y quienquiera que dirija esas instituciones en este momento es responsable. El primer ministro Justin Trudeau puede decir todo lo que quiera, que no fue él quien implementó estas cosas, pero aún está llevando a los niños indígenas a los tribunales, sigue sin proporcionar agua potable a las reservas en todo el país…”. “Entonces, cuando él dice que la relación con los pueblos indígenas de Canadá es lo más importante, es ridículo porque se da la vuelta y no hace nada por los pueblos indígenas de Canadá”.

Y aún más esclarecedor y contundente. Ante la pregunta sobre si no es suficiente que el primer ministro haya llamado a reconocer los “terribles errores del pasado”. La parlamentaria declara: “Absolutamente no. Hay miles de registros que tiene la institución canadiense sobre estos depredadores, estos pedófilos que se enfocaron en los niños indígenas durante los tiempos de los internados. El Departamento de Justicia de Canadá tiene miles de nombres y siguen señalando con el dedo y diciendo que es la Iglesia católica, lo cual es verdad en cierto sentido, pero también es completamente falso. Necesitamos ayuda, pero la institución federal que se supone que nos representa se niega a darla”.

En definitiva, el genocidio que se perpetró nadie lo puede negar en modo alguno. Y jamás debe volver a ocurrir. Y por supuesto que se deben fincar responsabilidades en la medida de lo posible, pues han pasado décadas desde los hechos, pero por lo menos se deben dar a conocer nombres y apellidos de los criminales y las víctimas, y toda la información relativa a este terrible y ominoso exterminio en masa.

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