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Justicia pendiente

México, destino de niños migrantes centroamericanos

Niños migrantes que aspiran llegar a los Estados Unidos se quedan en México sin condiciones para una vida digna

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Niños centroamericanos tras «La Bestia», tren que atraviesa de México a EEUU. Foto: IPS

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR, El Salvador.- Para muchos niños y niñas centroamericanos migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos su sueño termina en México.  «Los niños siempre han emigrado, siempre han estado allí, y siempre han sido los más vulnerables» explica Carolina Rivera académica mexicana del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), de México.

De acuerdo a estimaciones del Departamento de Seguridad Interna de los  Estados Unidos  15 por ciento de los 11.5 millones de inmigrantes  indocumentados son guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Muchas son las causas que motivan a niños y niñas a emigrar hacia los Estados Unidos, siendo el maltrato intrafamiliar y violaciones sufridas por padrastros u otros parientes  unas de las causas más impactantes. Rivera comenta que algunos jóvenes homosexuales hondureños o salvadoreños se ven obligados a emigrar después de sufrir maltrato dentro del seno familiar.

Las denuncias por violencia intrafamiliar se incrementaron en El Salvador entre enero y junio, llegando a una cifra de  1 028, casi el doble de las registradas en todo el año 2011, según reportes de la Policía Nacional salvadoreña.

Los niños centroamericanos  carecen de opciones después de ser detenidos en México por autoridades de migración, en algunos casos son deportados, en otros sufren violaciones a sus derechos.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración en México,  3 391 niños guatemaltecos, hondureños y salvadoreños fueron deportados entre enero y julio. El 50% más que en el mismo periodo del año anterior. De ese total, 2 801 viajaban solos, poniendo en evidencia el grado de vulnerabilidad al que están expuestos.

Muchos de estos niños son abandonados a su suerte por “coyotes”, quienes en muchos casos forman parte de redes de tráfico de personas comenta  el coordinador del Programa Migraciones de la  Dirección Nacional de Investigaciones, Jaime Rivas.

Otra de las razones que obliga a niños y niñas centroamericanos a emigrar es la presencia de pandillas en sus países de origen,  quienes los obligan a incorporarse a sus filas. Sólo en El Salvador se calcula que existen 60 000 pandilleros.

La organización humanitaria Coalición Internacional contra la Detención (con sus siglas en ingles IDC) indicó a través de su publicación Niñez Capturada que el sólo hecho de estar tras unas rejas, a los niños i niñas   les produce un impacto negativo profundo  independientemente de las condiciones en que se encuentren; sufren de ansiedad y depresión, así como insomnio y otros síntomas.

La IDC destacó la ausencia de políticas públicas en los gobiernos para que protejan a los niños que son victimas del fenómeno de la migración, agregó que lo niños indocumentados no deben ser detenidos.

En México a pesar de que en abril del 2011 se aprobó una ley que garantiza los derechos humanos de los extranjeros en transito por su territorio, aún no ha sido reglamentada, dejando en condiciones de vulnerabilidad a los niños y adolescentes migrantes, señaló la antropóloga mexicana.

Carolina Rivera indicó que 33% de los inmigrantes menores laboraban en la agricultura, recibiendo salarios inferiores al mínimo señalado por la ley mexicana.  En el caso de las niñas, 16% de ellas se dedican a laborar como bailarinas en centros nocturnos, quedando expuestas a todo tipo de vejaciones. Otro 17% de niños y adolescentes se desempeña en el comercio ambulante.

Quienes deciden quedarse en México sin documentación migratoria quedan muy vulnerables comenta Carolina Rivera.

Fuente: Agencia IPS  

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Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

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Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Sedena identificó a 20 alcaldes vinculados con el caso Ayotzinapa; Morena, PAN, PRI son los institutos políticos a los que pertenecen estos ediles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

Para saber más del tema: Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

Lee más: Caso Ayotzinapa: los mensajes de WhatsApp que se ocultaron en el informe de la Comisión de la Verdad

 

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

 

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Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

Te puede interesar: Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

Lee más: La extraña discriminación en el mantenimiento de la línea 12 del Metro

Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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