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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

México: Cinco millones de votos comprados por PRI

Para el TEPJF, las tarjetas de Soriana son propaganda válida, y lo que antes era delito por compra de votos, hoy le resulta legal

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La jornada electoral en México con ilegalidades Foto: red

Por Enrique Huerta / Luces del Siglo

La elección presidencial está lejos de concluir. No todo terminó con el anuncio del consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, de la virtual victoria de Enrique peña Nieto en las urnas, ni con las posteriores felicitaciones; no sólo las del presidente Felipe Calderón, sino de varios mandatarios del mundo –incluso de lugares tan lejanos como Tailandia, como presumieron los tricolores. Ahora el PRI enfrentará impugnaciones en instancias internacionales por acusaciones de compra y coacción de votos, es decir, es acusado de ganar ilegalmente y de llegar a Los Pinos de manera ilegítima, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha dado como “propaganda válida” las tarjetas y monederos electrónicos por votos.

Como en el 2006, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, denuncia que hubo irregularidades en los comicios electorales y señala al PRI como el máximo beneficiado de esta situación. Inclusive, en conferencia de prensa el pasado 12 de julio, el tabasqueño acusó que el tricolor “compró” 5 millones de votos.

López Obrador anunció que su equipo jurídico, encabezado por el recién elegido gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, presentó el juicio de inconformidad correspondiente ante las autoridades electorales.

“Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la constitución; que no se cancele en lo hechos la vía democrática. Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos constitucionales. No podemos admitir la ‘antidemocracia’ como forma de vida y como sistema de gobierno”, dijo el pasado jueves en conferencia de prensa.

El coordinador del programa denominado “Defiende tu voto por AMLO”, Martí Batres Guadarrama, presentó 441 denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de las cuales, 297 son por compra de votos, 16 por desvío de recursos, 12 por actos de violencia, siete por prácticas fraudulentas tradicionales y 18 por coacción y represión para la obtención del voto.

El ex secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal dijo que tenían pruebas sobre propaganda en veda electoral, dinero a cambio de credenciales de elector, coacción a alumnos para que las credenciales de elector de sus padres fueran utilizadas para permitirles el ingreso a su plantel escolar; incluso de “propaganda negra” contra López Obrador y destrucción de boletas electorales. También se registraron quejas por actos de violencia electoral, entre otras artimañas.

Martí Guadarrama fue puntual al señalar que de las 441 quejas, 200 atañen al PRI, mientras que 17 son contra el PAN, 13 contra el Partido Verde.

Evidentemente, el PRI anunció que acudirán al Tribunal Electoral para defender su triunfo que califican de legítimo, inclusive, la secretaria del tricolor, Cristina Díaz, instó a López Obrador a presentar las pruebas de sus acusaciones.

Enrique Peña Nieto, hasta ahora ganador de la contienda electoral, comentó que esas acusaciones son un “engaño de la oposición”, que buscan deslegitimar los resultados expresados en las urnas; dijo que el propio Felipe Calderón había caído en la mentira.

El costo de la compra de votos

Las pruebas de esta compra de votos giran en torno a tarjetas de prepago de la tienda Soriana, que supuestamente repartieron los priístas a sectores populares a cambio de su voto.

También se habrían usado monederos electrónicos del grupo financiero Monex y, según denunciaron Dione Anguiano y Karen Quiroga, recién electas diputadas local y federal, respectivamente, se repartieron tarjetas de teléfono en las zonas marginales del Distrito federal y áreas conurbadas.

Ante la ola de pruebas que han inundado las redes sociales, así como algunos medios masivos de comunicación, el propio presidente Felipe Calderón reprobó la compra de votos durante la campaña. Un día después, la plana mayor del PAN, encabezada por el líder nacional blanquiazul, Gustavo Madero, alzó la voz en contra de estas acciones, aunque advirtieron que no acompañarían al PRD en su búsqueda por la anulación de las elecciones.

De hecho, la propia titular de la Fepade, Imelda Calvillo, dijo que el organismo a su cargo investiga la presunta compra de votos mediante los monederos electrónicos de Soriana, ya que al ser un delito electoral se persigue de oficio, a pesar de que no se hubiera presentado denuncia formal de representante o partido político alguno. También dijo que en el caso Monex, sí se recibió una denuncia y ya comenzaron las diligencias para iniciar las pesquisas.

Sin embargo, parece que el castigo más doloroso que le pudieron infligir a Soriana se reflejó con la pérdida de cerca de 414 millones de dólares de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores, en el periodo comprendido entre el 1 y el 9 de julio.

El panorama poselectoral se ha visto empañado por acusaciones, impugnaciones y la exigencia de AMLO para que se anulen los resultados de los comicios del 1 de julio, mientras que los órganos electorales argumentan que están recabando pruebas, aunque juran y perjuran que las elecciones, si bien no fueron prístinas, no se fraguó ningún fraude.

Cinco maneras de coaccionar el voto: Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía, representante ante el IFE del Movimiento Ciudadano, y Jaime Cárdenas, diputado del PT, señalaron que hubo cinco vías para compra de votos en las pasadas elecciones, lo que benefició directamente al PRI.

1) Los abogados citan el desvío de presupuesto público de gobiernos estatales y municipales. “Se consumieron todo el presupuesto público con tal de que ganara Peña Nieto”, afirmó Mejía Berdeja en una entrevista con Animal Político en la sede del Movimiento Ciudadano.

2) Condonación de impuestos como el predial o la tenencia vehicular.

3) Inyección de recursos a la campaña del PRI en Zacatecas por parte de dos grupos financieros extranjeros llamados Global Capital Group y Global Net Services.

4) Presunta compra del voto vía la entrega de tarjetas de beneficios para canjearse en las tiendas de autoservicio Soriana, o también, con crédito para hacer llamadas telefónicas. “Sólo en el Estado de México hubo 1 millón 800 mil tarjetas. Había puñados de tarjetas que iban desde los 100 hasta los mil 750 pesos”, aseguró Mejía.

5) También implica tarjetas, pero con presuntos depósitos en efectivo hechos a través del Grupo Financiero Monex. “Concatenadas cada una arma una operación que consideramos es la más escandalosa del país en compra de votos”, afirma Mejía Berdeja.

Para allegarse de las pruebas que han resultado en la cifra de 5 millones de votos presuntamente comprados, el Movimiento Progresista acepta que una de las fuentes a las que más han recurrido son las redes sociales.

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Gobernador de Tamaulipas nombra como vocero para su defensa al exsenador del PAN denunciado por lavado de dinero

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, nombró a Javier Lozano Alarcón, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), como su vocero para enfrentar el proceso de desafuero.

Lozano Alarcón, quien también fue secretario del Trabajo durante la administración de Felipe Calderón, ha sido denunciado por lavado de dinero y operaciones financieras para el Cartel de Sinaloa por el capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, en prisión desde 2010 y torturado por la Policía Judicial Militar.

En su primer mensaje a favor de Cabeza de Vaca, Lozano Alarcón señaló a Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de ’mal amigo’ por supuestamente haberle dado la espalda al Gobernador de Tamaulipas después de que éste le pidió ayuda.

En 2018, luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón se convirtió en el vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña. Ahí protagonizó algunos debates sin éxito. Su candidato, el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó fuerza política a la contienda presidencial y quedó atrás de Ricardo Anaya Cortés, y muy atrás de Andrés Manuel López Obrador.

El 28 de abril de 2020, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), después de una campaña nacional manifestada en redes sociales, decidió retirar la responsabilidad como vocero especial que su entonces presidente, Gustavo De Hoyos Walther, le había entregado a Lozano unas horas antes, y en comunicado público Coparmex señaló que sería solo uno más entre sus miembros. Al día siguiente, Lozano acusó a Gustavo de Hoyos de mostrar ’poco carácter’ y reconoció que la ’presión interna’ en ese sindicato patronal lo mandó, en menos de 8 horas, al desempleo.

La defensa de Lozano a Cabeza de Vaca

“Este mensaje es en respuesta a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por el infame video que grabó en contra del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y digo infame porque, Mario, tú sabes que mientes. No tienes una sola prueba, ningún elemento para poder afirmar que el gobernador está involucrado en redes de delincuencia organizada o narcotráfico. Mucho menos tienes elementos para decir que la DEA respalda tus acusaciones”, dijo Lozano en su primera defensa del gobernador Cabeza de Vaca.

“Lo que sí tenemos son elementos probatorios de que el 3 de octubre pasado, tú me pediste a mí el contacto del entonces ‘amigo’, como decías del gobernador García Cabeza de Vaca, porque ibas a ir a Reynosa a reunirte con tus huestes de Morena en búsqueda de la dirigencia nacional del partido. Temías que se te armara un desmadre y pediste la intervención del gobernador para que toda la situación política de la entidad pudiera transcurrir en calma y en orden. Hoy le das la espalda. Eso es una cobardía”, agregó.

El proceso contra el gobernador

La Cámara de Diputados notificó a principios de marzo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el arranque del proceso de desafuero en su contra.

Antes, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificaron ante la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los funcionarios de la FGR llegaron a San Lázaro, donde dejaron seis cajas de cartón, con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.

Fue el 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.

De acuerdo con lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra. En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición ’de cualquier autoridad local o federal’.

El gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

Con información de EFE.

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Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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Mexico Violento

Rosario Robles acepta declararse culpable para cumplir sólo seis años de prisión

Ignacio García

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, aceptó declararse culpable por el ejercicio indebido del ejercicio público para cumplir sólo seis años de prisión y no pagar la reparación del daño del caso de la “Estafa maestra”.

La funcionaria federal refirió por medio de un escrito que no procede la reparación del daño por el monto total de la Estafa Maestra de cinco mil 500 millones de pesos, así como una pena de 21 años de prisión, ya que se le acusa de dos cargos del ejercicio indebido del servicio público agravado por el delito que se cometió cuanto estaba en el ejercicio público.

La Fiscalía General de la República (FGR) en su acusación formal pidió la máxima pena contra la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero al declararse culpable ofreció a pagar una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a cinco mil 377 pesos.

Robles Berlanga propuso pasar dos años de prisión por cada delito que se le imputa por el ejercicio indebido del servicio público y uno más en cada uno por el agravante que se le aplica, aunado a que solicitó a la FGR que se designe un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para revisar su propuesta para lograr la autorización.

El pasado 26 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur la FGR señaló que Robles no quiere pagar la reparación del daño, por lo que no procede a conceder ninguna posibilidad de terminar el proceso de manera anticipada.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que fue acusada de haber sido responsable de los desvíos millonarios de esas dependencias en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

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