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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

México: Cinco millones de votos comprados por PRI

Para el TEPJF, las tarjetas de Soriana son propaganda válida, y lo que antes era delito por compra de votos, hoy le resulta legal

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La jornada electoral en México con ilegalidades Foto: red

Por Enrique Huerta / Luces del Siglo

La elección presidencial está lejos de concluir. No todo terminó con el anuncio del consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, de la virtual victoria de Enrique peña Nieto en las urnas, ni con las posteriores felicitaciones; no sólo las del presidente Felipe Calderón, sino de varios mandatarios del mundo –incluso de lugares tan lejanos como Tailandia, como presumieron los tricolores. Ahora el PRI enfrentará impugnaciones en instancias internacionales por acusaciones de compra y coacción de votos, es decir, es acusado de ganar ilegalmente y de llegar a Los Pinos de manera ilegítima, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha dado como «propaganda válida» las tarjetas y monederos electrónicos por votos.

Como en el 2006, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, denuncia que hubo irregularidades en los comicios electorales y señala al PRI como el máximo beneficiado de esta situación. Inclusive, en conferencia de prensa el pasado 12 de julio, el tabasqueño acusó que el tricolor “compró” 5 millones de votos.

López Obrador anunció que su equipo jurídico, encabezado por el recién elegido gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, presentó el juicio de inconformidad correspondiente ante las autoridades electorales.

«Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la constitución; que no se cancele en lo hechos la vía democrática. Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos constitucionales. No podemos admitir la ‘antidemocracia’ como forma de vida y como sistema de gobierno», dijo el pasado jueves en conferencia de prensa.

El coordinador del programa denominado “Defiende tu voto por AMLO”, Martí Batres Guadarrama, presentó 441 denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de las cuales, 297 son por compra de votos, 16 por desvío de recursos, 12 por actos de violencia, siete por prácticas fraudulentas tradicionales y 18 por coacción y represión para la obtención del voto.

El ex secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal dijo que tenían pruebas sobre propaganda en veda electoral, dinero a cambio de credenciales de elector, coacción a alumnos para que las credenciales de elector de sus padres fueran utilizadas para permitirles el ingreso a su plantel escolar; incluso de “propaganda negra” contra López Obrador y destrucción de boletas electorales. También se registraron quejas por actos de violencia electoral, entre otras artimañas.

Martí Guadarrama fue puntual al señalar que de las 441 quejas, 200 atañen al PRI, mientras que 17 son contra el PAN, 13 contra el Partido Verde.

Evidentemente, el PRI anunció que acudirán al Tribunal Electoral para defender su triunfo que califican de legítimo, inclusive, la secretaria del tricolor, Cristina Díaz, instó a López Obrador a presentar las pruebas de sus acusaciones.

Enrique Peña Nieto, hasta ahora ganador de la contienda electoral, comentó que esas acusaciones son un “engaño de la oposición”, que buscan deslegitimar los resultados expresados en las urnas; dijo que el propio Felipe Calderón había caído en la mentira.

El costo de la compra de votos

Las pruebas de esta compra de votos giran en torno a tarjetas de prepago de la tienda Soriana, que supuestamente repartieron los priístas a sectores populares a cambio de su voto.

También se habrían usado monederos electrónicos del grupo financiero Monex y, según denunciaron Dione Anguiano y Karen Quiroga, recién electas diputadas local y federal, respectivamente, se repartieron tarjetas de teléfono en las zonas marginales del Distrito federal y áreas conurbadas.

Ante la ola de pruebas que han inundado las redes sociales, así como algunos medios masivos de comunicación, el propio presidente Felipe Calderón reprobó la compra de votos durante la campaña. Un día después, la plana mayor del PAN, encabezada por el líder nacional blanquiazul, Gustavo Madero, alzó la voz en contra de estas acciones, aunque advirtieron que no acompañarían al PRD en su búsqueda por la anulación de las elecciones.

De hecho, la propia titular de la Fepade, Imelda Calvillo, dijo que el organismo a su cargo investiga la presunta compra de votos mediante los monederos electrónicos de Soriana, ya que al ser un delito electoral se persigue de oficio, a pesar de que no se hubiera presentado denuncia formal de representante o partido político alguno. También dijo que en el caso Monex, sí se recibió una denuncia y ya comenzaron las diligencias para iniciar las pesquisas.

Sin embargo, parece que el castigo más doloroso que le pudieron infligir a Soriana se reflejó con la pérdida de cerca de 414 millones de dólares de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores, en el periodo comprendido entre el 1 y el 9 de julio.

El panorama poselectoral se ha visto empañado por acusaciones, impugnaciones y la exigencia de AMLO para que se anulen los resultados de los comicios del 1 de julio, mientras que los órganos electorales argumentan que están recabando pruebas, aunque juran y perjuran que las elecciones, si bien no fueron prístinas, no se fraguó ningún fraude.

Cinco maneras de coaccionar el voto: Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía, representante ante el IFE del Movimiento Ciudadano, y Jaime Cárdenas, diputado del PT, señalaron que hubo cinco vías para compra de votos en las pasadas elecciones, lo que benefició directamente al PRI.

1) Los abogados citan el desvío de presupuesto público de gobiernos estatales y municipales. “Se consumieron todo el presupuesto público con tal de que ganara Peña Nieto”, afirmó Mejía Berdeja en una entrevista con Animal Político en la sede del Movimiento Ciudadano.

2) Condonación de impuestos como el predial o la tenencia vehicular.

3) Inyección de recursos a la campaña del PRI en Zacatecas por parte de dos grupos financieros extranjeros llamados Global Capital Group y Global Net Services.

4) Presunta compra del voto vía la entrega de tarjetas de beneficios para canjearse en las tiendas de autoservicio Soriana, o también, con crédito para hacer llamadas telefónicas. “Sólo en el Estado de México hubo 1 millón 800 mil tarjetas. Había puñados de tarjetas que iban desde los 100 hasta los mil 750 pesos”, aseguró Mejía.

5) También implica tarjetas, pero con presuntos depósitos en efectivo hechos a través del Grupo Financiero Monex. “Concatenadas cada una arma una operación que consideramos es la más escandalosa del país en compra de votos”, afirma Mejía Berdeja.

Para allegarse de las pruebas que han resultado en la cifra de 5 millones de votos presuntamente comprados, el Movimiento Progresista acepta que una de las fuentes a las que más han recurrido son las redes sociales.

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Estafa Siniestra en Hidalgo se fraguó incluso sin la intermediación de alcaldes

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En la Estafa Siniestra se detectó que el gobierno de Omar Fayat, incluido el otorgamiento de contratos a empresas fachada

Incluso sin la intermediación de alcaldes, la administración de Omar Fayad usó empresas fachada para desviar recursos. Es el caso de Aktaion Digital, una empresa que realiza páginas web que recibió un contrato por 7.2 MDD para recuperar datos hackeados, o eso afirmaron. Ésta es la tercera entrega de la serie Lavandería de contratos en Hidalgo

Por Emmanuel Ameth

El esquema de desvío de recursos mediante simulación de obras y servicios a través de empresas fachada denominado Estafa Siniestra, mismo que tiene en la cárcel a 3 alcaldes hidalguenses, 2 prófugos y 8 más investigados, no necesitó de los ayuntamientos para desviar recursos ni fueron ellos los únicos responsables: todo operó desde las entrañas de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. En esta tercera entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo se analizan 220 millones de pesos otorgados a Aktaion Digital, entre los que se encuentra un contrato de 144 millones de pesos que tuvo un proceso turbio.

A los 220 millones de pesos que en esta investigación se demuestra fueron otorgados mediante irregularidades, se suman los 228 millones de la segunda parte de esta serie y los 40 millones de la primera, los que en conjunto prácticamente igualan los 500 millones por los que se investiga a 13 alcaldes… y la presente no es la última entrega.

 

El contrato millonario que se celebró en lo oscurito

El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones de pesos, es decir, 10 veces más.

Para saber más del tema: El Gobierno de Hidalgo gastó 228 millones para estudio de Salud con una institución cuestionable

Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que se tuviera acceso al mismo.

Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.

El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.

El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.

Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.

Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.

Lo raro del asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.

Pero aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.

Lee más: El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.

 

La empresa fachada donde se lavaron los contratos

Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.

Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.

Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.

Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.

Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.

 

Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.

*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.

 

Una mina de oro el gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital

Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).

A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.

Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.

Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.

La editora recomienda: Acusan despojo de predio donado por gobierno de Hidalgo

Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”

Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.

Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.

Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.

 

 

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Mexico Violento

Senadora de Guanajuato por MORENA arrienda oficinas a ‘empresa fantasma’, que incluye listado del SAT

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Antares Vázquez, senadora por Guanajuato de Morena, arrienda oficinas a empresas fantasmas

La senadora Antares Vázquez Alatorre gestiona operaciones simuladas desde 2019 y es investigada por probable delito fiscal.

Por Rosario Martínez De la Vega

La Senadora por Guanajuato Antares Vázquez Alatorre renta las oficinas de su casa de gestión localizada en Av. Guanajuato 144, Colonia Jardines del Moral, en León, Guanajuato, a la empresa Torbex S.A. de C.V., empresa que se encuentra dentro de la ‘lista negra’ del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La empresa Torbex S.A de C.V.  fue constituida con 50 mil pesos, y fue inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía en 2019. Sus dueños son María Gabriela Ortíz Mares y Luis Felipe López Ortíz, los cuales no aparecen en ningún otro registro de contratistas de la administración pública local, estatal o federal.

Para leer más de la autora: Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

Según la documentación que se obtuvo a través de la Solicitud de Transparencia 330030322000837, el contrato por el arrendamiento de la Casa de gestión de la senadora fue suscrito a nombre de la empresa Torbex S.A. de C.V., la cual fue declarada durante el año pasado por el Sistema de Administración Tributaria como ‘EFOS’ (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas). Además, la senadora no presentó las facturas concernientes y testó información que por ley debe ser pública en el contrato de arrendamiento, como lo son el domicilio y la firma del contratista.

Vázquez Alatorre no ha reportado ninguno de sus gastos ante la Plataforma Nacional de Transparencia, desde que adquirió el cargo como senadora plurinominal por el partido Morena, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LGTAIP-.

La legisladora morenista gesta operaciones simuladas con cargo al Senado de la República desde septiembre de 2019, fecha desde la cual arrienda su casa de gestión a la facturera identificada por el SAT.  El desfalco detectado al erario ascendería a 740 mil pesos hasta la fecha.

Lee más: Las reinas del Bienestar: la ‘pasarela’ de los programas sociales en Guanajuato

 

Ante las anomalías fiscales, Antares Vázquez Alatorre ya es investigada, pues cuenta con una denuncia ante al SAT, bajo el folio 113287, ya que podría ser indiciada por el posible delito de lavado de dinero y/o defraudación y evasión fiscal, lo cual se castiga con hasta 9 años de prisión.

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Con voz propia

El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

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En el gobierno de Omar Fayad, se utilizaron lavandería para hacer contratos de obra pública irregulares

Estando Omar Fayad Meneses al frente del gobierno de Hidalgo (Méx), se instauró una red de prestanombres y empresas fachada donde se “lavaron y plancharon” contratos de obra pública, estando involucrados al menos 6 personajes de su gabinete así como otros de sus cercanos. Ésta es la primera parte de la serie de investigaciones denominada «Lavanderías de contratos en Hidalgo»

Por Emmanuel Ameth

Millones de pesos fueron “lavados y planchados” durante la administración del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, mediante contratos de obra pública y de adquisición de bienes a través de adjudicaciones directas ilegales, pero también mediante la simulación de competencia en los procesos de licitación, operando de forma sistemática para beneficiar a unos cuántos.

Tras ser analizados cientos de contratos se encontraron dispersiones de recursos hacia obras malhechas, adquisiciones a sobreprecio e incluso para servicios que nunca se efectuaron, habiendo tres momentos cruciales para ello: cuando iniciaron con el esquema -que es cuando más errores cometieron-, cuando llegaron recursos extraordinarios para mitigar el impacto del COVID, y finalmente en el corto lapso comprendido entre la derrota en las urnas y los últimos suspiros en el poder por parte del gabinete.

La clave de los hallazgos se dio cuando fueron identificados una serie de domicilios o “lavanderías” donde diversas empresas que participaban en una misma licitación compartían desde la dirección hasta los datos de contacto; incluso compartieron representantes legales, lo que llevó a descubrir una red de proveedores que se comieron todo el pastel, participando también el Sindicato de Salud así como presidentes municipales.

Ésta es la primera parte de la investigación que identifica el amañamiento de contratos que en conjunto -sumando todas las investigaciones-, alcanzan la cifra de mil millones de pesos.

Para leer más del autor: Exgobernador Omar Fayad Meneses, entre nombres de ‘Niños Héroes’ en calles de Tepeapulco, Hidalgo

La sucursal Velasco 52

Una casa de interés social que presumiera con orgullo una lona para apoyar al entonces candidato Enrique Peña Nieto se encuentra ubicada en la calle Velasco #52, Parque de Poblamiento, 2da sección, en la capital hidalguense. Pese a no contar con una superficie especialmente extensa, ha sido “fraccionada” para ser habitada por dos familias y contar además con un local.

Durante la visita que realizó este medio se documentó que actualmente se encuentra vacía la parte del local y que el resto de los inquilinos no se encontraban o no abrieron la puerta, respondiendo los vecinos que nunca hubo mucha actividad en la vivienda. Alguno de ellos se refirió a los habitantes como “Los oaxaqueños”.

Y es que ese es el domicilio fiscal dado por los “constructores” Raquel García Montes y Aarón López Hernández, así como por las empresas Bali Arquitectura y Construcción y la Constructora Coscacuauhtli, mismas que en conjunto obtuvieron 39 millones 432 mil 504.65 pesos en contratos.

Las empresas señaladas recibieron todas las facilidades por parte del oficial mayor Martiniano Vega, de los secretarios de Salud Marco Escamilla y Efraín Benítez, de la secretaria de Finanzas Jessica Blancas, del secretario de Obras Públicas José Meneses Arrieta, así como de los contralores Citlalli Jaramillo y César Román Mora para llevarse los contratos mediante procedimientos turbios. Todos los mencionados fueron funcionarios y gente de confianza de Fayad Meneses.

También están embarrados los ayuntamientos de Chilcuautla (Isidro Alvarado Ramos), Ixmiquilpan (Enrique Simón Romero), Tolcayuca (Humberto Mérida de la Cruz), Villa de Tezontepec (Luis Castañeda Muñoz), Zapotlán de Juárez (Erick Edgardo Islas Cruz) y la propia gerencia regional de la CFE en Oaxaca (Arturo Lavariega Domínguez).

Del lado de Bali Arquitectura y Construcción destaca que celebraron 26 contratos con el Gobierno de Hidalgo, uno más con el ayuntamiento de Chilcuautla y otro más con el de Ixmiquilpan.

Con el Gobierno de Hidalgo, en 5 de las licitaciones que participaron, pese a lo atractivo de los montos y a que su área de especialidad puede ser cubierta por diversas entidades, sus propuestas fueron únicas, siendo estos los contratos SSH-RE19-LE-052-2019, LO-913055954-E48-2019, LO-913055954-E38-2019, SSH-FEIEF-LE-047-2020 y LO-913055954-E62-2019.

En otros 10 de los casos se entregó mediante una adjudicación directa. Aquí señalar que en 8 de los casos habría sido ilegal, por otorgarse mediante dictamen de justificación y solamente en 2 se hizo de forma correcta al anexar una excepción a la convocatoria. Los referidos fueron los contratos SSH-ASE20-AE-018-2020, SSH-ASE20-AE-020-2020, SSH-FASSA21-AE-009-2021, SSH-FASSA21-AE-019-2021, SSH-FASSA20-AE-007-2020, SSH-RE20-AE-051-2020, SSH-FASSA21-AE-023-2021, SSH-FASSA20-AE-054-2020, SSH-ASE20-AE-016-2020 y SSH-ASE20-AE-032-2020.

Cuando no fue propuesta única ni adjudicación directa (justificada o no), simularon competencia entre los interesados, pues en las propuestas contempladas, la mayoría o hasta en la totalidad de los “participantes” en realidad tenían vínculos, es decir, que detrás de ellos se encontraban las mismas personas que representaron las mismas empresas en diferentes procesos. Los 8 casos corresponden a los contratos SSH-ASEE21-LE-017-2021, SSH-PU013-AF-029-2020, SSH-FASSA20-AE-003-2020, SSH-FASSA20-AE-004-2020, SSH-FASSA20-AE-002-2020, SSH-ASE20-AE-027-2020, SSH-ASE20-AE-008-2020 y SSH-FASSA21-AE-001-2021.

La editora recomienda: Diputados de Hidalgo buscan terminar con autos de lujo y escoltas del gobierno de Fayad

 

El colmo de las facilidades concedidas a Bali Arquitectura y Construcción fue que cuando no pudieron implementar ninguno de los esquemas mencionados y se presentó alguna empresa ajena a la red de “lavanderías”, descalificaron a sus competidores ilegalmente, pues pese a no contar con observaciones a la hora de presentar propuestas y tener proyectos de costo más bajo, de un plumazo decidieron otorgarlos a sus consentidos. Así sucedió con los contratos SSH-ASEL22-LE-003-2022 y SSH-ASEL22-LE-007-2022.

Finalmente con Chilcuautla e Ixmiquilpan los concejos interinos adjudicaron de manera ilegal al no justificar el criterio de excepción y superar el monto las leyes vigentes en la materia, lo que se aprecia en los contratos 2021/FAISM030019 y 2020/FEIEF019001. Es así que solamente en uno de los 28 contratos celebrados, la empresa habría ganado la licitación sin trampa alguna de por medio.

Bali Arquitectura y Construcciones ha sido representada por la referida Raquel García Montes,  pero también por Josué Azibadam Gallardo Dorantes, Reyna Ruth García Montes y por Irving David Mayen Castillo.

Del lado de Constructora Coscacuauhtli aparentemente es representada por Ricardo Cervantes López, sin embargo, como los anteriores, también comparte domicilio con Aarón López Hernández, lo mismo que teléfonos y correos, es decir, que los 4 mencionados son, en esencia, un mismo grupo de personas, y por lo tanto, se observaron las mismas prácticas por parte de los ayuntamientos para otorgarles ”facilidades”.

 

De sus 7 contratos se observa que en al menos 5 recibieron una adjudicación directa de manera ilegal, pues el monto rebasó lo que la Ley estipula en la materia y no hubo un dictamen del comité de adquisiciones que justificara la excepción, lo que sucedió en Villa de Tezontepec con los contratos FAISM/2017-006, FOFYR/2017/001, MTO-COP-075/2017-05, FGP/2017/001 y FAISM/2017-009. Incluso en ese mismo ayuntamiento celebraron el contrato PMVTREPOOP2017002 del que no se puede hacer una evaluación sobre la legalidad o no del proceso al no encontrarse disponible en ninguna plataforma, es decir, que fue escondido.

La misma constructora realizó un contrato con CFE foliado con el número LO-018TOQ078-N48-2015 donde ganaron el contrato no sin que antes rechazaran a dos de sus competidores. Quien autorizó el fallo fue Arturo Lavariega Domínguez, mismo que no prestó atención en el domicilio fiscal allí presentado por la constructora, pues la Av. Hidalguense 229, en Parque de Poblamiento, no fue encontrado en dicho asentamiento por no haber nomenclatura de tal número en la calle referida, anuncio ni números consecutivos o sucesivos que permitieran dar con dicho domicilio.

Por último, Aarón López Hernández, como persona física, también fue beneficiado por una adjudicación directa ilegal del ayuntamiento de Zapotlán de Juárez que puede consultarse con el folio PMZ/FAISM-018/082-003.

Lee más: Omar Fayad y su acostumbrada demagogia sobre el gasolinazo

 

La sucursal Moctezuma 205

La sucursal de las “lavanderías” ubicada en Moctezuma 205 en el centro de Pachuca se considera sumo importante para esta investigación. Y no es porque actualmente haya un comercio que se dedica a poner tatuajes -la empresa huyó hace meses-, ni porque sea relativamente pequeña ni porque sea una de las direcciones dadas por Bali Arquitectura y Construcciones.

Es porque se trata de una dirección que se encuentra al lado de una de las oficinas de la Secretaría de Finanzas, donde precisamente se almacenan contratos que tienen que ver con las licitaciones. Así lo confirmaron trabajadoras de dicha dependencia que estaban “nerviosas” al ser cuestionados sobre si sabían del paradero de las empresas en cuestión. Las entrevistadas incluso dijeron en un principio que ese era el número que correspondía a su área de trabajo, saliendo posteriormente un “encargado” que dijo que ellos eran el 203, no el 205.

Es mediante dicho domicilio que se explicaría la forma en que diversos documentos fueron firmados por los supuestos concursantes de licitaciones con muy poco tiempo de diferencia y que existía una coordinación para que aquellos representantes legales de las mismas empresas se fueran “turnando” para que en un mismo proceso no firmaran en más de un espacio para distintas entidades.

 

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