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Con voz propia

México ¿a un paso del cambio profundo y permanente?

En México se configura un escenario que podría cambiar su sistema político de manera profunda y permanente; para ello se requieren nuevas instituciones.

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Amador Rodríguez Lozano

Si las encuestas no cambian, AMLO será presidente de México. Ello significaría un cambio político y social en nuestro país, pero ¿tendríamos un cambio profundo y permanente? Yo creo que no. Explico por qué. Los cambios profundos requieren de nuevas instituciones, de nuevas normas y mecanismos para hacerlas efectivas. Dice mi amigo Rolando Tamayo y Salmorán en su libro La idea de Constitución que, si no existe un procedimiento cierto para ejercer un derecho, éste en realidad no existe, es tan sólo una declaración política.

La democracia contemporánea exige instituciones para que el pueblo participe en la gestión de gobierno. Muchas veces he repetido la frase de J.J. Rousseau, que expresó con motivo de las elecciones inglesas: “Los ingleses creen que son libres, pero sólo lo son a la hora de votar”, dijo el filósofo ginebrino. Sí, eso pasa también con los mexicanos; sólo ejercemos nuestra libertad a la hora de votar y después nos marginan de las decisiones públicas. ¡Esto debe terminar! Requerimos para que de verdad exista democracia, que se creen nuevas instituciones tales como el Referéndum, para que participemos con nuestro voto en aceptación o rechazo de reformas constitucionales.

Es necesario contar con la revocación del mandato, para retirar de su cargo a los políticos, que no cumplan con sus promesas de campaña o bien que no trabajen en beneficio del pueblo. Es indispensable que se cuente con una acción popular para sancionar a aquellos que violen la Constitución. En la actualidad el presidente esta violando la Constitución, al no enviar la propuesta al Senado para designar al Fiscal General, nombrando a un encargado de despacho, con los cual evita la participación del Senado, pues éste encargado de despacho, que por cierto no cumple algunos requisitos para ser fiscal, por lo tanto, no podría ser encargado del despacho, es en los hechos un nuevo fiscal general y como hay complicidad de los senadores, chicanamente violan la Constitución.

Lo mismo sucede con el Senado al postergar el nombramiento del fiscal Anticorrupción o la Cámara de Diputados, que no ha nombrado al titular del Órgano Superior de Fiscalización. Todos ellos violan la Constitución impunemente, pues solo a través del juicio político podrían ser castigados, pero como hay complicidad entre ellos, nada pasa. Por eso propongo una acción popular para castigar la violación a la Constitución y la sanción con pérdida del cargo al que reiteradamente la viole, como es el caso.

La corrupción que se da en las obras públicas, tanto en la adjudicación como en su realización, debe ser vigilado por los ciudadanos, por ellos cada obra debería tener un comité de vigilancia ciudadana, que monitoree la adjudicación y su ejecución. Creo también que la Constitución debería dividirse en tres grandes apartados, aquellas normas fundacionales del Estado mexicano, las cuales Jorge Carpizo denominaba las decisiones jurídico-político fundamentales, que necesariamente deberían aprobarse por referéndum o a través del sistema francés, que una legislatura las apruebe y la siguiente lo ratifique o rechace. Un segundo paquete de normas donde se encontrarían las garantías sociales, las cuales deberían seguir aprobándose como hasta ahora, con el sistema norteamericano, en el cual intervienen el congreso federal y los congresos estatales Y un tercer paquete de normas, las llamadas programáticas, que son las que cada gobierno puede incluir en la Constitución, para establecer su programa político, que deberían ser aprobadas con el 51% de la totalidad de los legisladores.

Una nueva institución debería incorporarse a la Constitución, misma que ha sido propuesta por el gran jurista mexicano, Héctor Fix Zamudio, que consiste en crear normas similares a las brasileñas, para que en caso de que el Congreso no legisle, la Suprema Corte, intervenga creando una legislación de emergencia, que tendría vigencia hasta en tanto no legisle el Poder Legislativo. Así se reducirían las violaciones constitucionales y el vacío legislativo. Este sistema ya existe en Chiapas. En los municipios de la Ciudad de México deberían crearse asambleas legislativas municipales, con atribuciones reglamentarias, como los arrondissements (Barrios) parisinos, especialmente con la facultad de aprobar el cambio de uso de suelo. Esta última atribución se debería establecer para todos los ciudadanos del país en los municipios. También la consulta ciudadana para las obras municipales. Es realmente terrible que llegue un presidente municipal y cambie el concreto por adoquín en las calles, y el siguiente presidente municipal quite el adoquín y ponga concreto, en un juego sin fin de caprichos y corruptelas.

Sin embargo, hay un problema serio, alrededor de mi propuesta. Ningún partido por sí sólo puede reformar la Constitución. El número máximo que puede tener un partido en la Cámara de Diputados, son 300. Eso quiere decir que deberá haber acuerdos. Sin los acuerdos no habrá avance democrático ni reformas profundas y permanentes. Estoy seguro de que, si gana AMLO, habrá una actitud obstructiva de los legisladores de oposición. Ya lo viví en la época de Fox, el PRI se oponía prácticamente a todo. Así sería si gana AMLO. Criticarían todo PAN, PRD y PRI y a todo se opondrán, lo que demandará enorme sensibilidad y capacidad de concertación de los operadores del Peje, para llegar acuerdos. Estoy convencido que de aprobarse la reformas que propongo, más otras instituciones similares, el país si tendría un cambio profundo y permanente.

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Con voz propia

Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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