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Mexico Violento

México 2018: ¿Elecciones del narco?

Las elecciones federales de 2018 en México podrían configurar una situación de Estado en favor de grupos narcotraficantes

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Foto: Archivo El Universal

Por Jerónimo Barajas

El proceso electoral que en el 2018 vivirá México, se alza como uno de los más importantes de su historia, no sólo por la posibilidad de que la izquierda por primera vez pueda asumir la Presidencia de la República, sino por la posibilidad latente de injerencia del crimen organizado y los carteles de las drogas que podrían alterar el curso de las votaciones.

En las elecciones del año entrante, además del cargo de presidente de la república, también estarán en juego 128 cargos de senador, 500 de diputado federal, nueve gubernaturas, 585 diputaciones locales de mayoría relativa, 387 diputaciones locales de representación proporcional, mil 608 alcaldías y 184 juntas municipales y de concejales.

En suma, en todos los estados del país habrá elecciones locales, pero en al menos la mitad de las entidades la presencia del crimen organizado y de los carteles de las drogas se considera invasiva, no sólo por los nexos de corrupción que se registran en las esferas de los gobiernos locales, sino por el elevado índice de criminalidad que se ha manifestado al alza a lo largo de este año.

De acuerdo a la estadística oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros 10 meses de este año, se acumularon ya 23 mil 968 homicidios dolosos en todo el territorio nacional, lo que representa la cifra más elevada de ejecuciones de los últimos de los últimos años, y evidencia la brutal presencia del crimen organizado en el seno de la sociedad.

Llama la atención es que el 30.3 por ciento del total de los homicidios contabilizados de enero a octubre de este año, se cometieron sólo en las nueve entidades que durante las elecciones del 2018 habrán de renovar sus gubernaturas, como es el caso de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En estas nueve entidades, en donde a la fecha los partidos políticos nacionales se debate en las posibilidades de elegir a sus candidatos a los cargos de elección popular, también se concentra el 34.9 por ciento de todos los secuestros y el 29.3 por ciento de todos los casos de extorsión que se han registrado en el país en los primeros meses de este año.

Se observa difícil que en estas entidades, salvo el estado de Yucatán que es la entidad con menos índice de violencia en términos generales en el país, el cambio de gobernadores pueda revertir la tendencia al alza de la delincuencia, pues en las entidades que en el 2016 realizaron cambios de gobierno no manifestaron ese comportamiento.

En las 11 entidades que renovaron sus gubernaturas en el 2016, la tendencia delincuencial sigue en términos generales al alza, solamente en una de ellas, Quintana Roo bajó el índice de homicidios en u 35 por ciento, en tanto que en otra, Hidalgo, no se ha registrado variación en ninguno de los dos sentidos.

Pero en Aguascalientes, el índice de homicidios creció en un 100 por ciento, en Chihuahua aumentó en un 84 por ciento, en Zacatecas en 78 por ciento, en Veracruz las ejecuciones aumentaron en un 67 por ciento, en Sinaloa en un 51 por ciento, en Tamaulipas en un 47 por ciento, en Durango en un 44 por ciento, en Oaxaca en un 33 por ciento y en Tlaxcala en un 17 por ciento.

De acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de la Republica (PGR), en base al mapa delictivo elaborado por la dependencia, en las elecciones del 2018 “existe la posibilidad de que integrantes de los grupos delincuenciales asociados con los cárteles de las drogas, intenten interferir en el resultado de las elecciones, como ya ocurrió en el estado de Michoacán en las elecciones de 2012”.

Cabe recordar que en el 2012 el Cártel de los Caballeros Templarios ejecutó acciones de presión social sobre el electorado, a fin de favorecer en el resultado de las urnas al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Fausto Vallejo Figueroa, quien finalmente renunció al cargo en medio de un escándalo, en donde se le asoció con la delincuencia por medio de videograbaciones que evidenciaron reuniones de Rodrigo Vallejo con el jefe del Cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

Por eso desde la PGR no se descarta la posibilidad de que el crimen organizado intente, durante el proceso de campaña y los comicios del primero de julio del 2018, coaccionar el voto del electorado hacia algunos de los candidatos en contienda, toda vez que la presencia de los cárteles de las drogas es reconocida en al menos ocho de las nueve entidades que habrán de renovar gobernador el año entrante.

Cabe recordar que en Chiapas, en donde se renovará el cargo de gobernador, 24 diputados locales de mayoría relativa, 16 diputados locales de representación proporcional y 123 alcaldías, es un territorio en donde el control de las acciones criminales se atribuye a los grupos delincuenciales asociados con los cárteles de Los Zetas y de Sinaloa.

En la Ciudad de México, en donde se renovará la jefatura de gobierno, 33 diputados de mayoría relativa, 33 diputados de representación proporcional, 16 alcaldías y 160 concejales, el predominio delincuencial se atribuye a grupos armados al servicio de los cárteles de los Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el estado de Guanajuato, en donde se renueva la gubernatura, 22 diputaciones locales de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional y 46 alcaldías, el mayor control delincuencial se atribuye a los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya disputa por el territorio ha hecho de esta entidad una de las más violentas de todo el país.

En Jalisco también se presume que el Cártel Jalisco Nueva Generación intervenga directamente en la dirección del voto del electorado, con la intención de influir en los resultados finales de los comicios para renovar la gubernatura, 20 diputaciones locales de mayoría relativa, 18 diputaciones locales de representación proporcional y 125 alcaldías.

Fuentes de la PGR también indican la posibilidad de que en Morelos, en donde se renovará la gubernatura y 30 diputaciones locales, entre de mayoría relativa y de representación proporcional, y 33 alcaldías, también se hagan presentes los grupos criminales al servicio del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

En Puebla, donde el control del territorio actualmente se disputa entre los cárteles de Beltrán Leyva, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la PGR presume que podría haber injerencia de las células delincuenciales para orientar el voto con el que se habrá de renovar la gubernatura, 26 diputaciones locales de mayoría relativa, 15 diputaciones de representación proporcional y 217 alcaldías.

Lo mismo se espera en el estado de Tabasco, en donde se renovará la gubernatura, 30 diputaciones locales y 17 alcaldías, toda vez que el control del territorio para el trasiego de drogas actualmente se disputa entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, igual que sucede en Veracruz, en donde habrá elección para gobernador y 50 diputados locales.

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Investigaciones

México, inoperante ante creciente contaminación marítima

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México cae en la omisión ante la contaminación marítima de sus mares

México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima

Por Emilio Godoy

VERACRUZ, México – México tiene más de 11 000 kilómetros cuadrados de litoral continental y un intenso tráfico marítimo. Este país latinoamericano acogió 12 045 embarcaciones durante julio, comparadas con las 11 971 en el mismo mes de 2021.

En el puerto de la ciudad de Veracruz, el segundo mayor de México por carga recibida, atracan al menos cinco barcos diarios, según datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en 2022.

En este estado del sureste mexicano, la circulación marítima se expandió 5% en julio, al recibir  254 naves frente a las 1192 en el mismo mes de 2021. Pero México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima.

A nivel mundial, este sector representa cerca de 3 % de los gases de efecto invernadero (GEI), un porcentaje similar al del sector de la aviación. Si fuera una nación, sería la sexta en el mundo por su contribución a la crisis climática. La meta actual internacional consiste en la reducción de GEI en al menos 50 % en 2050.

En 2020, la Organización Marítima Internacional (OMI) dispuso que los barcos limiten el contenido de azufre en los combustibles a 50 % m/m (la masa del soluto dividida entre la masa de la solución, por 100), en una disminución significativa desde el límite previo de 3,5 %.

Sin embargo, México tampoco tiene hoja de ruta para su contracción o planes concretos para producir combustibles marítimos con menor contenido de azufre, elemento nocivo para la salud humana y el ambiente.

Por ello, el país enfrenta desafíos para alcanzar los objetivos de la estrategia de la OMI para disminuir las emisiones en el área marítima.

Lee más del autor: Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

 

En 2023, esta organización revisará el plan mundial, para avalar uno nuevo, que examinará cada cinco años, porque estimó que las emisiones procedentes del transporte marítimo crecieron de 977 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2012 a 1 076 millones en 2018 –una aumento de 9,6 %–,  y podrían aumentar 90-130 % a 2050.

El peso global de sus emisiones pasó de representar 2,76 % a 2,89 % del total en ese lapso.

Las emisiones de dióxido sulfúrico (SO2) por la quema de combustibles con alto contenido de azufre derivan en partículas sulfurosas en el aire, que pueden desatar asma y empeorar males cardíacos y pulmonares, además de amenazar ecosistemas marinos y terrestres, según la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En el agua, los hidrocarburos bloquean la entrada de luz y limitan la fotosíntesis de algas y otras plantas, y en la fauna pueden ocasionar envenenamiento, alteraciones de ciclos reproductivos e intoxicación, de acuerdo con la EPA.

El SO2, que no es uno de los GEI pero sí altamente contaminante, permanece solo unos días en la atmósfera, pero al disolverse en el agua genera ácidos que le confieren su peligrosidad para la salud humana.

Mientras, las emanaciones de dióxido nitroso (NOx), derivadas de la quema de hidrocarburos, mezcladas con ozono a nivel de suelo, desembocan en smog. El NOx permanece 114 años en la atmósfera, según varios estudios científicos.

Problema menospreciado

El reportero constató la problemática que ocasiona este tipo de contaminación, al analizar los datos obtenidos a través de 30 solicitudes de información pública a varias dependencias gubernamentales y la consulta de imágenes satelitales de derrames de hidrocarburos provenientes de embarcaciones ocurridos en varias zonas del país entre 2019 y 2022.

Con colaboración exclusiva de la empresa española Orbital EOS (Earth Observation Solutions) –especializada en el hallazgo de este tipo de contaminación en alta mar–, IPS identificó mediante imágenes satelitales cuatro vertidos en zonas marinas mexicanas ocurridos entre 2019 y 2021.

El 14 de diciembre de 2021, una embarcación no identificada derramó 3,14 metros cúbicos de una sustancia que se sospecha es un hidrocarburo, en un área de casi 79 kilómetros cuadrados, a 147 kilómetros de la costa mexicana, frente a Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, según consta en una toma realizada por el satélite Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea.

Otro accidente petrolero monitoreado por el Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry lanzó entre 0,81 y 6,08 m3 de combustible ligero y entre 17,65 y 176,6 m3 de combustible pesado, a 35 kilómetros de tierra, en el mar de Cortés una zona de gran biodiversidad y amenazada por el desarrollo inmobiliario, frente a la costa del nororiental estado de Sinaloa.

El hidrocarburo ligero cubrió 20,26 km2 y el restante, 3,53 km2, según el análisis de Orbital EOS.

No te pierdas: México en el centro del debate internacional sobre minería marina por barcos de exploración

La embarcación, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, se libró de sanciones de las autoridades mexicanas, pues no aparece en los listados de incidentes de Semar ni de naves sancionadas por la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental.

El barco fue construido en 2001, y cambió de nombre y de bandera en mayo de 2019, semanas después del vertido. Su última ubicación se reportó en un puerto del centro de Italia.

El Sentinel-1 detectó otro derrame el 8 de diciembre de 2021, cuando un barco no identificado botó 1,15 m3 de probable hidrocarburo sobre 28,6 km2, a 180 kilómetros de la costa, frente a Veracruz.

Además, este satélite registró el 27 de septiembre de 2021 otro vertido de 0,28 m3 de probable hidrocarburo en 7,1 km2, a 390 kilómetros de la costa, en el golfo de México, en las occidentales costas del Atlántico.

El accidente más reciente ocurrió el 21 de agosto, cuando un yate privado se hundió y soltó combustible en Balandra, en el estado noroccidental de Baja California Sur, un área de protección especial por su biodiversidad.

Asimismo, la no gubernamental estadounidense SkyTruth, dedicada principalmente a rastrear derrames, registró 11 descargas de aguas residuales aceitosas en aguas mexicanas entre julio de 2020 y diciembre de 2021.

Ian McDonald, académico del Departamento de Ciencias Terrestres, Oceánicas y Atmosféricas de la estadounidense Universidad Estatal de Florida, resaltó la presencia persistente de petróleo en el agua debido a la operación de plataformas y pozos; fugas naturales del suelo submarino y movimiento marítimo en zonas marinas mexicanas.

“Ha faltado mantenimiento preventivo (de las instalaciones). El problema es el impacto acumulativo sobre una zona. Las actividades de los barcos, como el dragado y la generación de residuos. El impacto potencial puede ser muy grande”, dijo desde la ciudad de Miami.

La investigación “Derrames petroleros crónicos en los océanos globales”, de la cual McDonald es coautor y divulgada en junio, halló que 97 % de los rastros petroleros provienen de embarcaciones y descargas terrestres y 3 % de escapes naturales del fondo marino en costas aztecas.

Un portavoz de la OMI dijo, desde su sede en Londres, que la organización no puede comentar sobre la situación de un país e informó que realizará una revisión sobre México en 2024. Mientras, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo declinó comentar para este reportaje y Semar no respondió a una consulta.

La polución por hidrocarburos en alta mar depende del volumen y lugar, y la contaminación crónica tiene efectos a largo plazo.

“Cualquier derrame va a tener un impacto. Donde es menos directo es en aguas abiertas, porque hay más dilución, pero tiende a acumularse en la profundidad del océano y afecta a algunos organismos. El impacto es mayor cuando el derrame llega a las playas, porque tiene menos movimiento allí», explicó a IPS el investigador Adolfo Gracia, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde Ciudad de México destacó un factor importante: la importancia de analizar la contaminación crónica, proveniente de la industria, la agricultura y el transporte marítimo, como una amenaza creciente para la flora y la fauna marinas.

Un accidente petrolero, detectado por el satélite Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry botó combustibles ligero y pesado –el color azul corresponde al primero–, a 35 kilómetros de tierra, en el Mar de Cortés, una zona sensible de gran biodiversidad y amenazada por varios factores, frente a la costa del nororiental estado mexicano de Sinaloa. El barco quedó impune y el suceso no aparece en los registros públicos de las autoridades mexicanas, como otros incidentes identificados por IPS. Imagen: Emilio Godoy-Orbital EOS / IPS

Incompletos

De 819 incidentes que Semar rastrea desde 2017, solo 16 los cataloga de contaminación marina, de estos dos consistieron en derrames de hidrocarburos y uno en “daños graves al ambiente”, sin pormenorizar su causa, según datos obtenidos vía transparencia. Semar solo sancionó en dos casos, pero no especificó las penas.

De esos 819 incidentes, un vertido de hidrocarburos y un suceso de polución ocurrieron en Veracruz.

Semar también contabilizó 42 incendios a bordo y 13 hundimientos que tenían potencial contaminante.

“Existe la legislación (Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas), pero nadie la vigila. No hay medición precisa. Petróleos Mexicanos (Pemex) no investiga el tema”, dijo a IPS Rodolfo Navarro, director de la no gubernamental Comunicar para Conservar.

Navarro trabaja en el municipio de Cozumel, la mayor isla del Caribe mexicano, en el sudoriental estado de Quintana Roo, y uno de los mayores receptores de cruceros del mundo, que ha atestiguado el impacto del transporte marítimo sobre los ecosistemas.

Semar, responsable de la administración de los puertos desde 2017–incluyendo el control de la contaminación–, dijo que carece de registros de violaciones a la Ley de Vertimientos.

Semar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las administraciones portuarias de las instalaciones situadas en el golfo de México, adolecen de registros de contaminación en zonas portuarias.

Tampoco cuentan con hojas de ruta para materializar los objetivos de la Estrategia Inicial que, en 2018, adoptó la OMI para reducir las emisiones de CO2 en al menos 40 % a 2030, para todo el transporte marítimo internacional, y aspirar a 70 % en 2050 comparado con los niveles de 2008.

buques contaminantes Veracruz

En Veracruz, la actividad diaria de arribo de barcos y movimiento de carga es incesante, lo que genera emisiones contaminantes. Pero el gobierno mexicano carece de mediciones de esa polución atmosférica y marina, así como de medidas para su acotamiento. Foto: Emilio Godoy / IPS

Un convenio determinante

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Marpol, en inglés), vigente desde 1978, constituye una de las herramientas vitales para cumplir con los objetivos de la OMI, el cual está integrado por el Anexo I sobre la prevención de la polución por hidrocarburos, II sobre sustancias líquidas nocivas transportadas a granel y III sobre las transportadas en bultos.

Consta también de los anexos IV sobre residuos, V sobre basura y VI sobre la contaminación atmosférica de los buques. México pertenece a los anexos I, II y IV, pero no al III, V y VI.

A partir de 2020, la OMI aplica regulaciones que limitan el contenido de azufre utilizado en buques de carga a 0,5 %. El organismo busca su abatimiento en 77 %, equivalente a 8,5 millones de toneladas de SO2.

La omisión sobre el manejo de la polución por hidrocarburos supone una violación al Anexo I del Marpol. Al pertenecer a OMI, cada país debe alcanzar sus metas.

Además, el capítulo 24 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) vigente desde 2020 y que sustituyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), estipula el control de la producción, consumo y comercio de sustancias que dañen la capa de ozono, así como la disminución de la contaminación atmosférica.

Este apartado estipula prioridades de calidad del aire, incluyendo la reducción de emisiones del tráfico marítimo.

La editora recomienda: UNAM alerta sobre desaparición de arrecifes de Veracruz por contaminación industrial

Pero México carece de regulaciones para acotar las emisiones navieras y tampoco suscribió en noviembre de 2021 durante la cumbre climática de Glasgow la “Declaración de Clydebank para corredores marítimos verdes”, que aspira a la creación de al menos seis rutas de bajas emisiones en 2025 y que solo firmaron 24 países.

La omisión en el control de la contaminación implica la dificultad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS13 y 14, adoptados por la comunidad internacional en 2015 y que deben alcanzarse en 2030.

El 13 de los 17 ODS trata del combate a la crisis climática y sus efectos, mientras que el 14 se centra en la conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

buques mercantes

Buques mercantes esperan su entrada al puerto de Veracruz. La Organización Marítima Internacional ha estipulado metas de reducción de contaminantes a mediano y largo plazos, para que el transporte marítimo mundial tenga operaciones más limpias, pero este país carece de planes para alcanzar esos objetivos. Foto: Emilio Godoy / IPS

Muelles ocupados

El sistema portuario mexicano manejó 169,77 millones de toneladas de carga en julio, un crecimiento de 3 % en comparación con el mismo periodo de 2021, según cifras de Semar.

La carga de exportación totalizó 66,4 millones de toneladas, 2,6 % menos que en julio de 2021 –68,19 millones–, mientras que la importación creció 8,8 %, de 66,51 millones a 72,36.

En el Puerto de Veracruz, con 17 muelles, esta viene en alza desde 2008. Frente a la costa se observa la hilera de embarcaciones en espera de entrar al puerto. Una línea de faros y boyas rojas y verdes señala la ruta a los muelles.

Dentro del recinto portuario, el ajetreo no para. Vehículos, camiones, trenes y grúas van y vienen para sacar y meter la carga, de la que depende la actividad económica de la zona y también en parte del país y segunda economía latinoamericana.

En sus entrañas, los barcos trasladan combustibles, mercancías, vehículos o materias primas, y también conllevan una amenaza ambiental, de la cual hay evidencias.

En 2020, la instalación gestionó 26,2 millones de toneladas, cantidad que aumentó 22 % al año siguiente –32 millones–. En julio último, movilizó 19,97 millones, 7,6 %  más que en mismo mes de 2021.

El rubro marítimo representa 5 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.

Para México, la urgencia radica también en la proyectada expansión de las emisiones, como calcula el informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) “Reduciendo emisiones del movimiento de bienes vía transporte marítimo en América del Norte”, centrado en 35 puertos mexicanos, entre 2011 y 2030 debido al aumento del tránsito marítimo.

Por la borda

El Anexo VI del Marpol, vigente desde 1997, encierra relevancia para México, pues, al dirigirse al control de emisiones de SO2, NOx y material particulado (PM), implica la creación de un área de control de emisiones (ECA, en inglés) en su zona marítima.

Las ECA determinan la adopción de métodos especiales obligatorios para la prevención de polución marina de barcos, por petróleo, residuos líquidos o basura, como combustible de bajo azufre, incineradores de lodos y un sistema de limpieza del gas quemado, según las condiciones oceanográficas y ecológicas de la zona y las particularidades del tráfico marítimo.

Semarnat y la EPA de Estados Unidos argumentan que el establecimiento de la ECA tendría efectos positivos sobre la salud pública y el ambiente, sin costos exorbitantes para México.

Entre 2009 y 2018, Estados Unidos y México, con el apoyo de la CCA –instituida por el Tlcan–, colaboraron para que este país latinoamericano se adhiriese al Anexo VI y creara la ECA.

Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no envió esa petición al Senado ni la actual administración de Andrés Manuel López Obrador parece interesada en hacerlo. Entre 2010 y 2019, el Senado mexicano votó seis exhortos para que el Ejecutivo remita la solicitud de incorporación al Anexo VI del Marpol.

En la Cumbre de Líderes de América del Norte de junio de 2016, los entonces gobernantes de Estados Unidos, Barack Obama; de México, Enrique Peña Nieto, y de Canadá, Justin Trudeau, acordaron el trabajo conjunto para concluir el diseño de la ECA mexicana y enviarla a la OMI, Pero ello nunca se concretó.

Navarro, el conservacionista de Cozumel, enfatizó desde allí que México no está en camino de alcanzar las metas. “Podría hacerlo, pero no hay la mínima voluntad. Y en aguas internacionales nadie vigila nada”, denunció.

El académico McDonald urgió a la atención del problema. “El gobierno debe abordarlo. México tiene enormes recursos marinos y es una lástima que no los proteja. Hay beneficios económicos en la conservación de los ecosistemas marinos. Los barcos son buenos para los gobiernos porque representan ingresos, pero los daños ambientales pueden ser cuantiosos”, estimó.

El investigador Gracia cuestionó la eficacia de la vigilancia en alta mar. «Depende de la buena conciencia de todos. Es un poco complicado. En México, el control exclusivo existe cuando un barco entra en puerto. No hay un plan general de vigilancia”, dijo.

Ante un México inoperante, las embarcaciones proseguirán con su arribo y su estela de contaminación.

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Fuente: IPS elaboró este artículo con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

 

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Justicia pendiente

Gobierno de Guerrero busca prolongar condena a preso político Jerónimo Hernández tras 20 años de prisión

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Jerónimo hernández podría pasar otros cuatro años de prisión, por intención del gobierno de Guerrero

OCSS denuncia que el Gobierno federal y estatal utilizan doble discurso, porque en los hechos obstaculizan la liberación de los presos políticos

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur señaló que el gobierno del Estado de Guerrero busca que se sume otra pena de cuatro años de prisión al preso político y sobreviviente de Aguas Blancas, Jerónimo Hernández Refugio, después de cumplir su condena de 20 veinte años de cárcel.

Hernández Refugio fue sentenciado a 20 años de prisión por el supuesto delito de secuestro, que está por cumplir en este mes de diciembre debido a que se encuentra privado de su libertad desde el año 2002. Sin embargo, el Gobierno de Guerrero, a través del Director General de Reinserción Social en el Estado, Isaías Juárez Martínez, pretende sumarle una sentencia más de cuatro años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, Armada y Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, con lo cual su privación de libertad se prolongaría hasta el 2026.

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El abogado defensor de Jerónimo Hernández Refugio, Hegel Mariano Ramírez, señaló que es cierto que existe una diversa sentencia de cuatro años en contra de Jerónimo, pero no se está tomando en cuenta el tiempo que estuvo en prisión preventiva, por lo que no existe fundamento para que ahora se le sumen cuatro años más; circunstancia que debatirán este día en una audiencia ante la Jueza de Ejecución.

Por esta razón, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) reprochó el doble discurso de los gobiernos federal y estatal, con quienes se han establecido mesas de trabajo y han señalado su disposición para dar seguimiento y propiciar la salida de los presos políticos, pero en los hechos no están otorgando ningún apoyo, y al contrario, en ocasiones como ahora se convierten en el primer obstáculo para la libertad de sus compañeros.

jeronimo hernandez ocss

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Mexico Violento

Tribunal de Zacatecas pide crear figura de jueces sin rostro tras asesinato de juzgador

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Tras el asesinato de un juez por el crimen organizado, el poder judicial de zacatecas pidió crear la figura de juzgadores sin rostro

Luego del asesinato del juez de control del Poder Judicial de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, por un grupo armado el fin de semana pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, solicitó al Congreso de la Unión crear la figura de jueces sin rostro para garantizar la integridad de los impartidores de justicia en el país.

Por medio de un comunicado, el juzgador consideró que los jueces de control especializados están expuestos a las agresiones del crimen organizado como sucedió el fin de semana pasado con su homólogo, pues al girar órdenes de aprehensión o sentencias los líderes de los grupos delictivos los amenazan.

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De acuerdo con el representante del Poder Judicial de Zacatecas, existe un riesgo permanente en esa entidad, principalmente en Cieneguillas, donde los trabajadores temen regresar a las actividades regulares en los juzgados de control.

Por su parte, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) pidió al Estado mexicano que garantice las condiciones de seguridad para los trabajadores del Poder Judicial de las 32 entidades del país ante las condiciones de violencia.

El organismo judicial sostuvo que existen condiciones de violencia e inseguridad que vulneran las acciones de los juzgadores, por lo cual enfatizó en la importancia de reforzar la seguridad en los distintos juzgados, así como garantizar la protección de los impartidores de justicia.

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Según las áreas de inteligencia del gobierno federal, en Zacatecas existe una pelea permanente entre los Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que buscan el control de la entidad para el control y tráfico de las drogas y otras actividades que van contra la ley.

 

 

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