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Mexico Violento

México 2018: ¿Elecciones del narco?

Las elecciones federales de 2018 en México podrían configurar una situación de Estado en favor de grupos narcotraficantes

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Foto: Archivo El Universal

Por Jerónimo Barajas

El proceso electoral que en el 2018 vivirá México, se alza como uno de los más importantes de su historia, no sólo por la posibilidad de que la izquierda por primera vez pueda asumir la Presidencia de la República, sino por la posibilidad latente de injerencia del crimen organizado y los carteles de las drogas que podrían alterar el curso de las votaciones.

En las elecciones del año entrante, además del cargo de presidente de la república, también estarán en juego 128 cargos de senador, 500 de diputado federal, nueve gubernaturas, 585 diputaciones locales de mayoría relativa, 387 diputaciones locales de representación proporcional, mil 608 alcaldías y 184 juntas municipales y de concejales.

En suma, en todos los estados del país habrá elecciones locales, pero en al menos la mitad de las entidades la presencia del crimen organizado y de los carteles de las drogas se considera invasiva, no sólo por los nexos de corrupción que se registran en las esferas de los gobiernos locales, sino por el elevado índice de criminalidad que se ha manifestado al alza a lo largo de este año.

De acuerdo a la estadística oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros 10 meses de este año, se acumularon ya 23 mil 968 homicidios dolosos en todo el territorio nacional, lo que representa la cifra más elevada de ejecuciones de los últimos de los últimos años, y evidencia la brutal presencia del crimen organizado en el seno de la sociedad.

Llama la atención es que el 30.3 por ciento del total de los homicidios contabilizados de enero a octubre de este año, se cometieron sólo en las nueve entidades que durante las elecciones del 2018 habrán de renovar sus gubernaturas, como es el caso de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En estas nueve entidades, en donde a la fecha los partidos políticos nacionales se debate en las posibilidades de elegir a sus candidatos a los cargos de elección popular, también se concentra el 34.9 por ciento de todos los secuestros y el 29.3 por ciento de todos los casos de extorsión que se han registrado en el país en los primeros meses de este año.

Se observa difícil que en estas entidades, salvo el estado de Yucatán que es la entidad con menos índice de violencia en términos generales en el país, el cambio de gobernadores pueda revertir la tendencia al alza de la delincuencia, pues en las entidades que en el 2016 realizaron cambios de gobierno no manifestaron ese comportamiento.

En las 11 entidades que renovaron sus gubernaturas en el 2016, la tendencia delincuencial sigue en términos generales al alza, solamente en una de ellas, Quintana Roo bajó el índice de homicidios en u 35 por ciento, en tanto que en otra, Hidalgo, no se ha registrado variación en ninguno de los dos sentidos.

Pero en Aguascalientes, el índice de homicidios creció en un 100 por ciento, en Chihuahua aumentó en un 84 por ciento, en Zacatecas en 78 por ciento, en Veracruz las ejecuciones aumentaron en un 67 por ciento, en Sinaloa en un 51 por ciento, en Tamaulipas en un 47 por ciento, en Durango en un 44 por ciento, en Oaxaca en un 33 por ciento y en Tlaxcala en un 17 por ciento.

De acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de la Republica (PGR), en base al mapa delictivo elaborado por la dependencia, en las elecciones del 2018 “existe la posibilidad de que integrantes de los grupos delincuenciales asociados con los cárteles de las drogas, intenten interferir en el resultado de las elecciones, como ya ocurrió en el estado de Michoacán en las elecciones de 2012”.

Cabe recordar que en el 2012 el Cártel de los Caballeros Templarios ejecutó acciones de presión social sobre el electorado, a fin de favorecer en el resultado de las urnas al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Fausto Vallejo Figueroa, quien finalmente renunció al cargo en medio de un escándalo, en donde se le asoció con la delincuencia por medio de videograbaciones que evidenciaron reuniones de Rodrigo Vallejo con el jefe del Cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

Por eso desde la PGR no se descarta la posibilidad de que el crimen organizado intente, durante el proceso de campaña y los comicios del primero de julio del 2018, coaccionar el voto del electorado hacia algunos de los candidatos en contienda, toda vez que la presencia de los cárteles de las drogas es reconocida en al menos ocho de las nueve entidades que habrán de renovar gobernador el año entrante.

Cabe recordar que en Chiapas, en donde se renovará el cargo de gobernador, 24 diputados locales de mayoría relativa, 16 diputados locales de representación proporcional y 123 alcaldías, es un territorio en donde el control de las acciones criminales se atribuye a los grupos delincuenciales asociados con los cárteles de Los Zetas y de Sinaloa.

En la Ciudad de México, en donde se renovará la jefatura de gobierno, 33 diputados de mayoría relativa, 33 diputados de representación proporcional, 16 alcaldías y 160 concejales, el predominio delincuencial se atribuye a grupos armados al servicio de los cárteles de los Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el estado de Guanajuato, en donde se renueva la gubernatura, 22 diputaciones locales de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional y 46 alcaldías, el mayor control delincuencial se atribuye a los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya disputa por el territorio ha hecho de esta entidad una de las más violentas de todo el país.

En Jalisco también se presume que el Cártel Jalisco Nueva Generación intervenga directamente en la dirección del voto del electorado, con la intención de influir en los resultados finales de los comicios para renovar la gubernatura, 20 diputaciones locales de mayoría relativa, 18 diputaciones locales de representación proporcional y 125 alcaldías.

Fuentes de la PGR también indican la posibilidad de que en Morelos, en donde se renovará la gubernatura y 30 diputaciones locales, entre de mayoría relativa y de representación proporcional, y 33 alcaldías, también se hagan presentes los grupos criminales al servicio del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

En Puebla, donde el control del territorio actualmente se disputa entre los cárteles de Beltrán Leyva, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la PGR presume que podría haber injerencia de las células delincuenciales para orientar el voto con el que se habrá de renovar la gubernatura, 26 diputaciones locales de mayoría relativa, 15 diputaciones de representación proporcional y 217 alcaldías.

Lo mismo se espera en el estado de Tabasco, en donde se renovará la gubernatura, 30 diputaciones locales y 17 alcaldías, toda vez que el control del territorio para el trasiego de drogas actualmente se disputa entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, igual que sucede en Veracruz, en donde habrá elección para gobernador y 50 diputados locales.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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