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Mexico Violento

México 2018: ¿Elecciones del narco?

Las elecciones federales de 2018 en México podrían configurar una situación de Estado en favor de grupos narcotraficantes

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Foto: Archivo El Universal

Por Jerónimo Barajas

El proceso electoral que en el 2018 vivirá México, se alza como uno de los más importantes de su historia, no sólo por la posibilidad de que la izquierda por primera vez pueda asumir la Presidencia de la República, sino por la posibilidad latente de injerencia del crimen organizado y los carteles de las drogas que podrían alterar el curso de las votaciones.

En las elecciones del año entrante, además del cargo de presidente de la república, también estarán en juego 128 cargos de senador, 500 de diputado federal, nueve gubernaturas, 585 diputaciones locales de mayoría relativa, 387 diputaciones locales de representación proporcional, mil 608 alcaldías y 184 juntas municipales y de concejales.

En suma, en todos los estados del país habrá elecciones locales, pero en al menos la mitad de las entidades la presencia del crimen organizado y de los carteles de las drogas se considera invasiva, no sólo por los nexos de corrupción que se registran en las esferas de los gobiernos locales, sino por el elevado índice de criminalidad que se ha manifestado al alza a lo largo de este año.

De acuerdo a la estadística oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros 10 meses de este año, se acumularon ya 23 mil 968 homicidios dolosos en todo el territorio nacional, lo que representa la cifra más elevada de ejecuciones de los últimos de los últimos años, y evidencia la brutal presencia del crimen organizado en el seno de la sociedad.

Llama la atención es que el 30.3 por ciento del total de los homicidios contabilizados de enero a octubre de este año, se cometieron sólo en las nueve entidades que durante las elecciones del 2018 habrán de renovar sus gubernaturas, como es el caso de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En estas nueve entidades, en donde a la fecha los partidos políticos nacionales se debate en las posibilidades de elegir a sus candidatos a los cargos de elección popular, también se concentra el 34.9 por ciento de todos los secuestros y el 29.3 por ciento de todos los casos de extorsión que se han registrado en el país en los primeros meses de este año.

Se observa difícil que en estas entidades, salvo el estado de Yucatán que es la entidad con menos índice de violencia en términos generales en el país, el cambio de gobernadores pueda revertir la tendencia al alza de la delincuencia, pues en las entidades que en el 2016 realizaron cambios de gobierno no manifestaron ese comportamiento.

En las 11 entidades que renovaron sus gubernaturas en el 2016, la tendencia delincuencial sigue en términos generales al alza, solamente en una de ellas, Quintana Roo bajó el índice de homicidios en u 35 por ciento, en tanto que en otra, Hidalgo, no se ha registrado variación en ninguno de los dos sentidos.

Pero en Aguascalientes, el índice de homicidios creció en un 100 por ciento, en Chihuahua aumentó en un 84 por ciento, en Zacatecas en 78 por ciento, en Veracruz las ejecuciones aumentaron en un 67 por ciento, en Sinaloa en un 51 por ciento, en Tamaulipas en un 47 por ciento, en Durango en un 44 por ciento, en Oaxaca en un 33 por ciento y en Tlaxcala en un 17 por ciento.

De acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de la Republica (PGR), en base al mapa delictivo elaborado por la dependencia, en las elecciones del 2018 “existe la posibilidad de que integrantes de los grupos delincuenciales asociados con los cárteles de las drogas, intenten interferir en el resultado de las elecciones, como ya ocurrió en el estado de Michoacán en las elecciones de 2012”.

Cabe recordar que en el 2012 el Cártel de los Caballeros Templarios ejecutó acciones de presión social sobre el electorado, a fin de favorecer en el resultado de las urnas al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Fausto Vallejo Figueroa, quien finalmente renunció al cargo en medio de un escándalo, en donde se le asoció con la delincuencia por medio de videograbaciones que evidenciaron reuniones de Rodrigo Vallejo con el jefe del Cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

Por eso desde la PGR no se descarta la posibilidad de que el crimen organizado intente, durante el proceso de campaña y los comicios del primero de julio del 2018, coaccionar el voto del electorado hacia algunos de los candidatos en contienda, toda vez que la presencia de los cárteles de las drogas es reconocida en al menos ocho de las nueve entidades que habrán de renovar gobernador el año entrante.

Cabe recordar que en Chiapas, en donde se renovará el cargo de gobernador, 24 diputados locales de mayoría relativa, 16 diputados locales de representación proporcional y 123 alcaldías, es un territorio en donde el control de las acciones criminales se atribuye a los grupos delincuenciales asociados con los cárteles de Los Zetas y de Sinaloa.

En la Ciudad de México, en donde se renovará la jefatura de gobierno, 33 diputados de mayoría relativa, 33 diputados de representación proporcional, 16 alcaldías y 160 concejales, el predominio delincuencial se atribuye a grupos armados al servicio de los cárteles de los Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el estado de Guanajuato, en donde se renueva la gubernatura, 22 diputaciones locales de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional y 46 alcaldías, el mayor control delincuencial se atribuye a los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya disputa por el territorio ha hecho de esta entidad una de las más violentas de todo el país.

En Jalisco también se presume que el Cártel Jalisco Nueva Generación intervenga directamente en la dirección del voto del electorado, con la intención de influir en los resultados finales de los comicios para renovar la gubernatura, 20 diputaciones locales de mayoría relativa, 18 diputaciones locales de representación proporcional y 125 alcaldías.

Fuentes de la PGR también indican la posibilidad de que en Morelos, en donde se renovará la gubernatura y 30 diputaciones locales, entre de mayoría relativa y de representación proporcional, y 33 alcaldías, también se hagan presentes los grupos criminales al servicio del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

En Puebla, donde el control del territorio actualmente se disputa entre los cárteles de Beltrán Leyva, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la PGR presume que podría haber injerencia de las células delincuenciales para orientar el voto con el que se habrá de renovar la gubernatura, 26 diputaciones locales de mayoría relativa, 15 diputaciones de representación proporcional y 217 alcaldías.

Lo mismo se espera en el estado de Tabasco, en donde se renovará la gubernatura, 30 diputaciones locales y 17 alcaldías, toda vez que el control del territorio para el trasiego de drogas actualmente se disputa entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, igual que sucede en Veracruz, en donde habrá elección para gobernador y 50 diputados locales.

Mexico Violento

Líder de Guerreros Unidos vinculado a caso Ayotzinapa murió por Covid-19

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La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que Mario Casarrubias Salgado, alías “El Sapo Guapo”, líder del cártel “Guerreros Unidos”, vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, falleció por complicaciones por Covid-19.

La dependencia federal detalló el presunto narcotraficante estaba internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Altiplano en el Estado de México, aunque desde el pasado 8 de julio fue trasladado al Centro Médico “Adolfo López Mateos”, debido a las complicaciones que presentó por el coronavirus.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, refirió que el presunto narcotraficante padecía diabetes mellitus Tipo II, así como hipertensión arterial, dos de los factores principales de comorbilidad, por lo que después del tratamiento que recibió en el centro médico fue intervenido.

Desde el pasado 21 de julio el fundador de Guerreros Unidos fue intubado, pero murió por complicaciones de la enfermedad, por lo que se trató del primer delincuente vinculado a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa que falleció por el virus que ha causado la pandemia mundial.

Casarrubias Salgado fue detenido en Toluca, Estado de México, en abril de 2014 al detectarse drogas y armas en su vehículo, por lo que sentenciado a diez años de prisión por posesión de cocaína, portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Fue señalado como uno de los principales traficantes de droga a Estados Unidos provenientes de Guerrero, por lo que era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por sus presuntos vínculos con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la “prueba de la gota de sangre”, que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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