México 2018: ¿Elecciones del narco?

Foto: Archivo El Universal

Por Jerónimo Barajas

El proceso electoral que en el 2018 vivirá México, se alza como uno de los más importantes de su historia, no sólo por la posibilidad de que la izquierda por primera vez pueda asumir la Presidencia de la República, sino por la posibilidad latente de injerencia del crimen organizado y los carteles de las drogas que podrían alterar el curso de las votaciones.

En las elecciones del año entrante, además del cargo de presidente de la república, también estarán en juego 128 cargos de senador, 500 de diputado federal, nueve gubernaturas, 585 diputaciones locales de mayoría relativa, 387 diputaciones locales de representación proporcional, mil 608 alcaldías y 184 juntas municipales y de concejales.

En suma, en todos los estados del país habrá elecciones locales, pero en al menos la mitad de las entidades la presencia del crimen organizado y de los carteles de las drogas se considera invasiva, no sólo por los nexos de corrupción que se registran en las esferas de los gobiernos locales, sino por el elevado índice de criminalidad que se ha manifestado al alza a lo largo de este año.

De acuerdo a la estadística oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros 10 meses de este año, se acumularon ya 23 mil 968 homicidios dolosos en todo el territorio nacional, lo que representa la cifra más elevada de ejecuciones de los últimos de los últimos años, y evidencia la brutal presencia del crimen organizado en el seno de la sociedad.

Llama la atención es que el 30.3 por ciento del total de los homicidios contabilizados de enero a octubre de este año, se cometieron sólo en las nueve entidades que durante las elecciones del 2018 habrán de renovar sus gubernaturas, como es el caso de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En estas nueve entidades, en donde a la fecha los partidos políticos nacionales se debate en las posibilidades de elegir a sus candidatos a los cargos de elección popular, también se concentra el 34.9 por ciento de todos los secuestros y el 29.3 por ciento de todos los casos de extorsión que se han registrado en el país en los primeros meses de este año.

Se observa difícil que en estas entidades, salvo el estado de Yucatán que es la entidad con menos índice de violencia en términos generales en el país, el cambio de gobernadores pueda revertir la tendencia al alza de la delincuencia, pues en las entidades que en el 2016 realizaron cambios de gobierno no manifestaron ese comportamiento.

En las 11 entidades que renovaron sus gubernaturas en el 2016, la tendencia delincuencial sigue en términos generales al alza, solamente en una de ellas, Quintana Roo bajó el índice de homicidios en u 35 por ciento, en tanto que en otra, Hidalgo, no se ha registrado variación en ninguno de los dos sentidos.

Pero en Aguascalientes, el índice de homicidios creció en un 100 por ciento, en Chihuahua aumentó en un 84 por ciento, en Zacatecas en 78 por ciento, en Veracruz las ejecuciones aumentaron en un 67 por ciento, en Sinaloa en un 51 por ciento, en Tamaulipas en un 47 por ciento, en Durango en un 44 por ciento, en Oaxaca en un 33 por ciento y en Tlaxcala en un 17 por ciento.

De acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de la Republica (PGR), en base al mapa delictivo elaborado por la dependencia, en las elecciones del 2018 “existe la posibilidad de que integrantes de los grupos delincuenciales asociados con los cárteles de las drogas, intenten interferir en el resultado de las elecciones, como ya ocurrió en el estado de Michoacán en las elecciones de 2012”.

Cabe recordar que en el 2012 el Cártel de los Caballeros Templarios ejecutó acciones de presión social sobre el electorado, a fin de favorecer en el resultado de las urnas al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Fausto Vallejo Figueroa, quien finalmente renunció al cargo en medio de un escándalo, en donde se le asoció con la delincuencia por medio de videograbaciones que evidenciaron reuniones de Rodrigo Vallejo con el jefe del Cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

Por eso desde la PGR no se descarta la posibilidad de que el crimen organizado intente, durante el proceso de campaña y los comicios del primero de julio del 2018, coaccionar el voto del electorado hacia algunos de los candidatos en contienda, toda vez que la presencia de los cárteles de las drogas es reconocida en al menos ocho de las nueve entidades que habrán de renovar gobernador el año entrante.

Cabe recordar que en Chiapas, en donde se renovará el cargo de gobernador, 24 diputados locales de mayoría relativa, 16 diputados locales de representación proporcional y 123 alcaldías, es un territorio en donde el control de las acciones criminales se atribuye a los grupos delincuenciales asociados con los cárteles de Los Zetas y de Sinaloa.

En la Ciudad de México, en donde se renovará la jefatura de gobierno, 33 diputados de mayoría relativa, 33 diputados de representación proporcional, 16 alcaldías y 160 concejales, el predominio delincuencial se atribuye a grupos armados al servicio de los cárteles de los Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el estado de Guanajuato, en donde se renueva la gubernatura, 22 diputaciones locales de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional y 46 alcaldías, el mayor control delincuencial se atribuye a los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya disputa por el territorio ha hecho de esta entidad una de las más violentas de todo el país.

En Jalisco también se presume que el Cártel Jalisco Nueva Generación intervenga directamente en la dirección del voto del electorado, con la intención de influir en los resultados finales de los comicios para renovar la gubernatura, 20 diputaciones locales de mayoría relativa, 18 diputaciones locales de representación proporcional y 125 alcaldías.

Fuentes de la PGR también indican la posibilidad de que en Morelos, en donde se renovará la gubernatura y 30 diputaciones locales, entre de mayoría relativa y de representación proporcional, y 33 alcaldías, también se hagan presentes los grupos criminales al servicio del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

En Puebla, donde el control del territorio actualmente se disputa entre los cárteles de Beltrán Leyva, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la PGR presume que podría haber injerencia de las células delincuenciales para orientar el voto con el que se habrá de renovar la gubernatura, 26 diputaciones locales de mayoría relativa, 15 diputaciones de representación proporcional y 217 alcaldías.

Lo mismo se espera en el estado de Tabasco, en donde se renovará la gubernatura, 30 diputaciones locales y 17 alcaldías, toda vez que el control del territorio para el trasiego de drogas actualmente se disputa entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, igual que sucede en Veracruz, en donde habrá elección para gobernador y 50 diputados locales.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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