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Con voz propia

«Mexicali Resiste», vanguardia social

El movimiento ciudadano Mexicali Resiste se ha colocado al frente del cambio en el país liderando la lucha contra la corrupción política del Estado norteño

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Manifestantes frente al Poder Ejecutivo de Baja Calfornia en Mexicali

 “Cortar el presupuesta para que las cosas no funcionen,
 la gente se moleste y usar eso como excusa, 
para pasarlo a manos del capital privado”
Noam Chomsky

Por Raúl Ramírez Baena

Tras las multitudinarias marchas-mítin realizadas semanas atrás en Mexicali y la continuación de las protestas organizadas en respuesta al gasolinazo y a la privatización del agua como demandas fundamentales, la capital del Estado de Baja California se ha colocado al frente del movimiento de cambio en el país.

El proceso social en Mexicali, radical como todos los que a lo largo de la historia de la humanidad han cambiado el statu quo, ha derivado en acciones de resistencia civil que obligaron al gobernador del Estado de Baja California, Francisco Kiko Vega, al presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez, al Congreso local y a autoridades federales de Gobernación, Semarnat y Conagua, entre otras, a sentarse en mesas de diálogo a escuchar y dar respuesta a una lista de demandas y señalamientos de corrupción.

El pasado 13 de febrero, el alcalde de Mexicali cometió el error de enviar a la policía municipal a detener a 13 activistas de entre las decenas de personas que bloqueaban la “Casa Municipal” (llamada así por el movimiento, en lugar de “Palacio Municipal”), detenidos que obtuvieron su libertad el mismo día, lo que reactivó las protestas y fortaleció políticamente al movimiento.

La desobediencia civil pacífica, como los bloqueos y las tomas de calles y edificios públicos y privados, violan leyes y derechos de terceros (son actos intencionales desobedientes de la ley). Es el último recurso que queda a los grupos sociales y colectivos a quienes las autoridades no resuelven sus justas demandas, que son más graves que las leyes que se violan con las protestas y con la afectación a derechos de terceros, demandas que tienen su origen en violaciones a derechos humanos desatendidas a lo largo del tiempo, o reprimidas, que se mantienen en la impunidad a pesar de haber agotado por los demandantes los recursos legales, administrativos y de diálogo para su resolución.

Los activistas de Mexicali y, en general, la población, ya invocan sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; ya comienza a observarse una conciencia colectiva sobre lo que son y representan los derechos humanos, entre ellos la desobediencia civil pacífica, y ello contiene la tentación oficial de reprimir el movimiento por el descrédito en que pueden caer las autoridades y sus partidos, por aquello del costo electoral.

Movimiento anti-neoliberal

Lo más importante del “Mexicali Resiste” es que ha pasado a una fase superior de lucha en la que cuestiona ya el modelo económico de desarrollo, la Economía de Mercado, cuya tendencia es privatizar los bienes y servicios públicos, como el derecho al agua, a la salud, a la educación y a los energéticos, a consecuencia del retiro gradual del Estado de su papel garante de los derechos humanos a que lo obliga la Carta Magna, reduciendo en cambio al gobierno a funciones meramente administrativas (lo que hoy se conoce como “Gerencia Pública”) y no como Estadistas promotores del desarrollo; es decir, la administración pública convertida en una empresa privada encabezada por empresarios-funcionarios, asesorados por expertos egresados de las escuelas de élite llamados “tecnócratas”.

Para favorecer este proceso y consolidar el proyecto neoliberal, los gobiernos han impulsado leyes, como la Ley de Asociaciones Público-privadas o la ya abrogada Ley de Aguas de BC, que, en la lógica del Mercado, favorecen las ganancias del sector privado por encima de los derechos de la población y de la clase trabajadora en lo particular. Peor aún, se aprobaron las Reformas Estructurales en torno a sectores estratégicos tan importantes y sensibles para la Soberanía nacional como el petróleo y la generación de energía eléctrica, o en derechos fundamentales como la educación.

Ahora, la inversión pública en bienes y servicios se concesiona en dudosas licitaciones a empresas privadas, que utilizan incluso la figura de outsourcing, generando lucro a costa de nuestros impuestos, del pago de servicios y de los derechos de los trabajadores.

Una de las virtudes del movimiento “Mexicali Resiste” es que ha puesto al descubierto estos negocios, impulsados al amparo de la corrupción, que se consolidan mediante maniobras políticas y legislativas apoyadas por los partidos hegemónicos y sus satélites, que promueven la inversión pública para crear la infraestructura y así generar para las empresas privadas favorecidas y sus prestanombres.

Un ejemplo de lo anterior es la trasnacional cervecera Constellation Brands en el agrícola Valle de Mexicali (cuyas instalaciones fueron tomadas el domingo 19 de febrero pasado por “Mexicali Resiste”), que requiere de vastas cantidades de agua potable para su producción, para la exportación al vecino país del norte. Ello fue posible al amparo del Decreto 57 del Congreso de Baja California, que promueve la inversión público-privada, entre otras obras, para construir un canal que surta de agua potable a dicha empresa cervecera, comprometiendo a futuro el abasto del vital líquido a la población de la región, que si no se cuida por el Estado es un recurso natural no renovable.

En la lucha ideológica, es obvio que el poder político-económico ha intentado descalificar al movimiento y sus demandas que, como todo proceso social, tiene su dinámica natural de ajuste de objetivos políticos, estrategias y liderazgos.

No cabe duda, las cosas comienzan a cambiar en el país.

 

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El silencio ante los crímenes de Isabel Miranda de Wallace

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Las autoridades han guardado silencio con los delitos de Isabel Miranda de Wallace

Por Miguel Montesinos León

El 24 de enero de este 2023 fue lanzado el libro La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace. La autora Guadalupe Lizárraga, periodista y directora de Los Ángeles Press, con estudios en la UNAM y maestría y doctorado en Europa, da a conocer al público y a la clase política los alcances que una persona perversa, coludida con políticos de la talla de Genaro García Luna, Felipe Calderón, y los que participaron en los actos violatorios de la Ley en todos los sentidos. La periodista revela cómo estos personajes han ido dejando a su paso personas detenidas injustamente y torturadas, impunemente, y hasta la fecha algunas con sentencias exageradas, pero todos con secuelas físicas de por vida.

A las autoridades no les ha importado ser expuestos públicamente por brindarle todo el apoyo político y económico a Isabel Miranda de Wallace aún cuando se han evidenciado sus acciones ilícitas.

Para saber más del tema: ‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

El actual fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, la ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez se han entrevistado con la autora de este y otros libros, en los que a través de sus investigaciones ha recopilado, editado y publicado el historial criminal de Isabel Miranda de Wallace.

Los funcionarios todos se comprometieron a iniciar las investigaciones pertinentes y necesarias, para darle seguimiento a estas denuncias públicas; y hasta la fecha no se han pronunciado al respecto. ¿Es tanto el poder con el que cuenta Miranda que a este gobierno también lo tiene de rodillas?

Nos hace suponer que detrás de toda su impunidad y protección del gobierno federal -tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto y el actual con López Obrador– están corrompidos por las células criminales a las qué pertenece Isabel Miranda. No se entendería de otra forma el por qué la justicia no se aplica en su contra ni tampoco se libera a las víctimas de sus violaciones de derechos humanos y detenciones evidenciadas en los libros de la periodista Guadalupe Lizárraga, quien ha presentado ante organismos extranjeros solicitud de apoyo para liberar a los presos de Isabel Miranda.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

Guadalupe Lizarraga ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en las investigaciones durante diez años y ha tenido dos intentos de secuestro y privación de su vida misma, ha interpuesto denuncias ante la FGR y con todas las pruebas fehacientes del caso, las autoridades siguen ciegas y mudas. Ha denunciado la persecución también ante López Obrador en sus conferencias mañaneras y así como ése y otros casos los ha expuesto, casos de detenidos por falsa acusación con delitos inventados, todos documentados.

Ni el mismo presidente de México ha intentado por lo menos aplicar la justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el poder de indultar a las personas detenidas por este caso y llevar a la justicia a los autores intelectuales y materiales de estas graves violaciones; sin embargo, se irá López Obrador y las víctimas seguirán en prisión, mientras sus acusadores criminales libres.

 

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México: violencia sin par

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José García Segura habla sobre los hechos violentos en los últimos años del sexenio de AMLO

CONTRAFILO

Por José García Segura

Podría decir que Veracruz se convirtió este fin de semana en el estado más violento del país, pero no, porque inmediatamente reclamarían esa posición los estados de México, Sonora, Sinaloa o Nayarit.

Se inconformarían de igual modo, Michoacán, Guerrero (donde colocan cabezas humanas sobre vehículos) , Jalisco o Guanajuato. De Zacatecas, entidad en la que a diario aparecen cuerpos colgados, Colima o Nuevo León, mejor ni hablamos.

Mire usted:

En Oaxaca asesinaron, en horas recientes, a una regidora. En Michoacán perdió la vida un ex diputado local y, un transporte blindado del CJNG («Monstruo», le llaman) sepultó en vida a un coronel del Ejército Mexicano.

No te pierdas: Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

En Guerrero fue acribillado un ex dirigente partidista. Hombres armados masacraron este domingo a una familia que viajaba en su camioneta por la carretera federal Xalapa-Veracruz. Dos niños y 3 adultos fallecieron.

También en Veracruz desconocidos emboscaron a migrantes centroamericanos para asaltarlos. Hoy hace un año, en Tijuana, fue asesinada de un balazo en la cara la periodista Lourdes Maldonado. El presunto responsable y ex gobernador de Baja California es actualmente senador de la República.

La joven Debanhi Escobar fue asesinada en Nuevo León. Hombres armados acribillaron a una cuadrilla de trabajadores en San José de Gracia, Michoacán. Maniatados y sin vida fueron encontrados los cuerpos de dos funcionarios de Puente de Ixtla, Morelos.

Podría hacer un recuento de los hechos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los sucesos serían los mismos: robos, asaltos, secuestros, asesinatos… Lo que cambiaría serían las cifras. Como ocurre siempre, las autoridades llamaron a “mantener la calma”.

Lee también: Crean el primer Mural en Memoria de Periodistas Desaparecidos; «a víctimas les han negado el derecho a ser buscadas», acusan organismos

Lo sabemos bien:

La inseguridad y violencia en nuestro país tienen su raíz en la desigualdad social y el desempleo. La escasa o nula educación convierte a ese círculo vicioso en un abismo cada vez mayor.

Una Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (2022) sitúa a Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima como los lugares más inseguros para vivir. Aguascalientes, Puerto Vallarta, Mexicali, Toluca, Tijuana, Ecatepec, La Paz, Ciudad Nezahualcóyotl, Los Cabos, Naucalpan, Campeche, Tlalnepantla de Baz, Ciudad del Carmen, Cuautitlán Izcalli, Saltillo, Atizapán de Zaragoza, La Laguna, Coahuila, Durango. Chimalhuacán, Piedras Negras y Morelia reportan inseguridad.

 

Las alcaldías de la Ciudad de México que registran mayor violencia son Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Tlalpan e Iztapalapa.

***

Mail: josegarciasegura@gmail.com.

 

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¿Autoatentado o autogolpe de Estado? 

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Las recientes declaraciones de AMLO sobre el sabotaje en el Metro dejan dudas si son autoatentados

TRAS BAMBALINAS.

Por Jorge Octavio Ochoa

El presidente de la República ya empezó a hablar de subversión. La expresión se suma a los términos sabotaje y autoatentado y dice que son “asuntos de Estado”.

Hace meses planteamos la hipótesis aquí y el viernes 20 de enero se empezaron a confirmar los temores: México no está exento de un AUTOGOLPE de Estado.

AMLO se refiere a la subversión, como un acto oculto, siniestro, pero imputable sólo a los “conservadores” que, en todo caso, no son más que los partidos de oposición y la clase media que está en contra de sus ideas y proyectos.

Esto ocurre en uno de los momentos más delicados de la guerra del narcotráfico.

Está la captura de Ovidio Guzmán, el juicio contra Genaro García Luna y la detención de Gerardo Soberanes, lugar teniente del Mayo Zambada y relacionado con la élite política.

Hace meses decíamos aquí, en este mismo espacio, que López Obrador ha generado tal ambiente de polarización y enfrentamiento social, para propiciar que para julio del año próximo sea realmente peligroso llevar a cabo elecciones generales en todo el país.

Para leer más del autor: Control de daños y diplomacia provinciana

Con un INE mutilado, profundamente debilitado y denigrado por el mismísimo presidente de la República, será sumamente complicado. Entonces él querrá pretextar inestabilidad, sedición, violencia y sabotaje, para suspender elecciones y declarar un impasse en caso de que los resultados no le sean favorables.

Por eso el intento fallido de asumir el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí pasarían todos los procesos de asonada, sedición, alzamiento, insurrección y subversión, término éste último, que López Obrador utilizó en su conferencia del pasado viernes 20 de enero.

Más vale que desde ahora empecemos a presionar al mandatario para que aclare posturas, porque esa salida sólo generaría un estallido social mayor a lo que él se pueda imaginar. Es falso, contra lo que dicen muchos observadores, que sus “corcholatas” tengan ganada la elección presidencial, menos el Congreso.

También que nos aclare el por qué de la repentina erogación de 726 millones de pesos en equipo antimotines para proteger a la Guardia Nacional que participe en operaciones de seguridad interior como protestas, manifestaciones y motines.

Las versiones del sabotaje 

Durante 3 días seguidos ese fue el discurso: “sabotaje”, luego del choque de trenes que ocasionó la muerte de Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM de la que, por cierto, ese mismo gobierno no se ha acordado ni una sola vez. Y se desplegó a 6 mil elementos de la Guardia Nacional.

Para especular sobre SABOTAJES armaron “cuatro incidentes”, según relató Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX. Así intentaron montar una presunta conspiración contra AMLO, Sheinbaum y la 4T.

Lee también: Mal inicia el año para quien ejecutan en enero 

Uno de ellos, en contra de una mujer humilde, Viviana Salgado, a quien mantuvieron dos días en el Penal de Santa Marta y le abrieron carpeta de investigación por presunto sabotaje. Su pecado: habérsele caído a las vías del metro una aspa de lavadora que compró en el centro de la CDMX.

Ese es el nivel de miseria moral que han mostrado tanto el gobierno de la Ciudad como el gobierno federal. Y es el propio secretario de la Defensa quien planteó ese ambiente de inestabilidad a partir del “degollamiento” de pernos de vagones del Metro.

No mostró la bitácora, ni la zona de donde pudo partir esa maquinación tenebrosa para descarrilar trenes. Sólo son planteamientos generales para demostrar que México se encuentra al borde del terrorismo.

Es ahí donde López Obrador asienta su teoría de que hay grupos sociales, “conservadores”, dispuestos a generar muerte. Todo esto, aunado al intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leyva, que el presidente insiste en denominar autoatentado.

Quizá parezca tremendista o amarillista esta visión que planteamos aquí, pero las declaraciones de la última semana del Primer Mandatario de la Nación han propiciado todo este tipo de especulaciones debido, precisamente, a la gran irresponsabilidad con que el mandatario declara.

Insistimos: cuando habla de subversión, él coloca a la sociedad, fundamentalmente a las clases medias, como parte de un grupo de civiles contrarios su régimen, capaces de, por debajo de la mesa o de manera subrepticia, armar sabotajes o actos de terrorismo para desestabilizarlo y menguar su poder.

López Obrador no ha sido capaz de colocar en su teoría, a una parte del crimen organizado que se ha sentido afectado por ese favoritismo del régimen con “Los Chapitos”; las deferencias a la madre de “El Chapo” y la intermediación para que se le respeten derechos humanos.

No ha querido o no se le ha ocurrido pensar que hay cárteles antagónicos que quizá pretendan generar inestabilidad para debilitarlo. No. Contra ellos, ni con el pétalo de una rosa. Para él, todo está en el ámbito político de la polarización y son los “conservadores” con las clases medias, quienes lo quieren dañar.

Es decir: el presidente no quiere ni testerear a los capos. Ese solo dato resulta sumamente sospechoso.

Ve la subversión como un acto oculto, siniestro, pero sólo imputable a los “conservadores” que, en todo caso, no son más que los partidos de oposición y todos los que no están de acuerdo con sus ideas. Esto se encuadra en los márgenes de la sedición, que implica un “alzamiento abierto contra la autoridad”.

Desde su paranoia dialéctica, hay quienes quieren atacar las bases de la fe, que hoy se llama Lopezobradorismo. De ahí la reflexión en torno al autogolpe de Estado: hacerse la víctima para mantenerse en el poder otro rato. Un año o más.

Otro dato que debemos tomar en cuenta es que, entre la feligresía Amloísta, los apóstoles han empezado a abdicar y a dejar el Arca. Son los arrepentidos. Ahí se enmarca la reciente renuncia de Ricardo Mejía.

Pero también hay otros, que han empezado a detectar los pecados: Destacan el doctor en derecho Jaime Cárdenas, que renunció en menos de un año a la dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, luego de descubrir que hubo un gran robo para armar la falsa rifa de un avión.

La editora recomienda: En busca de la impunidad transexenal

Se encuentran también Carlos Urzúa y Víctor Toledo, ex miembros del gabinete de López Obrador y que hoy son sus principales críticos, junto con Germán Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. Se han distanciado también Javier Jiménez Espriú, Julio Scherer, Tatiana Clouthier, Santiago Nieto, Irma Eréndira Sandoval.

El hecho es que Andrés Manuel ha creado su propia gama de enemigos, entre los que menciona a los “intelectuales orgánicos”. Quizá él prefiera a los “intelectuales inorgánicos”, porque están todos muertos y ya no pueden opinar. En fin, cada quien sus fantasmas.

 

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