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Justicia pendiente

Mexicali Resiste contra la criminalización de los defensores del agua en Baja California

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Integrantes del movimiento Mexicali Resiste, surgido en enero de 2017 en la defensa del agua en Baja California, hoy son criminalizados por el Congreso del estado, en su mayoría miembros de MORENA. Ante la continuación de medidas represivas para favorecer a la empresa cervecera Constellations Brands, el colectivo de defensores del agua convocó a manifestarse contra la depredación de los recursos naturales en la entidad, en la audiencia judicial promovida por los diputados locales para imputarles cargos.

Resistencias Unidas de Baja California

Mexicali, Baja California, 8 de julio de 2021.
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS GRUPOS DE RESISTENCIA
ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.
POSICIONAMIENTO Y CONVOCATORIA

Desde 2107, el pueblo de Baja California está librando una férrea lucha contra la corrupción y en defensa del agua ante los intentos del gobierno del estado por privatizar nuestra agua y ponerla a disposición de la transnacional cervecera Constellation Brands. Por lo anterior, los gobernantes y legisladores no dudaron en criminalizar la protesta y reprimir a quienes nos hemos manifestado en defensa de nuestros derechos y de cada vez más escaso el líquido vital.

HECHOS:

Ante los continuos intentos de los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla para dar viabilidad a la trasnacional empresa Cervecera Constellation Brands, subrayando los que la 23 Legislatura llevó a cabo posteriormente a la realización de la Consulta Popular realizada los días 21 y 22 de marzo de 2020, en la que los bajacalifornianos la expulsamos de nuestro estado, los colectivos de Resistencia, particularmente los del municipio de Mexicali, continuamos en Pie de Lucha, con la protesta callejera y la Ruta Jurídica en la cual hemos denunciado en Presidencia de la República desde el hostigamiento a activistas, la creación de una Secretaría del Agua y los intentos gubernamentales de disfrazar el funcionamiento de la planta.

En los hechos Destacan las siguientes denuncias presentadas a nivel municipal, estatal y nacional:

  • Desde 2017 permanecemos vigilantes y denunciamos todo intento de proteger la permanencia de la compañía devoradora de agua en nuestra tierra.
  • Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH; Petición de Acción de Inconstitucionalidad por la creación de la Secretaría del Agua. Junio 15 de 2020.
  • Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro; Denuncia de juicio político en contra de los gobernadores Francisco Arturo Vega de la Madrid, Jaime Bonilla Valdez y las respectivas 22 y 23 legislaturas. Con fecha 16 de junio 2020.
  • Fiscalía General de la República; denuncia penal en contra de los gobernadores Francisco Arturo Vega de la Madrid, Jaime Bonilla Valdez y las respectivas 22 y 23 legislaturas. Con fecha 17 de junio 2020.
  • Atención ciudadana, Palacio Nacional; Petición de Seguimiento a Cancelación de Cervecera Constellation Brands en Mexicali. 17 de junio de 2020.
  • Presidencia de México, Conferencia matutina; Con Apoyo de la Periodista Sandy Aguilera se presentó denuncia de negociaciones del Gobernador Bonilla con la empresa cervecera para su permanencia en Baja California. Agosto 15 de 2020.
  • Suprema Corte de Justicia de la Nación; Entrega de Amicus Curie en el que con apoyo del abogado Daniel Solorio presentamos argumentos para dar amplitud a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la CNDH. Octubre 23 de 2020.
  • Comisión Nacional del Agua. Denuncia de otorgamiento de permisos de Agua Agrícola y solicitud de cancelación de los mismos. Octubre 23 de 2020.
  • Se ha constituido la Contraloría ciudadana del agua con la coordinación del Dr. Alfonso Cortés Lara, en la que participamos defensores del agua y actualmente se da seguimiento a la salida ordenada de la Cervecera de Baja California.
  • En cada visita a Mexicali del Lic. Andrés Manuel López Obrador, P.C.E.U.M., le entregamos la petición de supervisión a las acciones que se anuncian para el desmantelamiento de la devoradora de agua C.B.
  • El pasado 25 de junio denunciamos al Gobernador Jaime Bonilla por el endeudamiento al estado y continuo abuso en el ejercicio de su mandato.

Es así que desde el 30 de septiembre de 2017 después de meses de hostigamiento, represión y cárcel a activistas, el ex diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, en ese tiempo presidente de la Mesa directiva de la XXII Legislatura y la ahora aún diputada Eva María Vázquez Hernández, presentaron una denuncia que obra en el Expediente con NUC 02/2017/42577, que el Ministerio Público resolvió que los y las acusadas no cometieron delito alguno.

Inexplicablemente, el pasado día 30 de junio de 2021, la actual legislatura presentó un recurso de impugnación a la resolución del Juez 4to. Firmada por la C. Lic Yésica Yesenia Meza Ochoa y dicha carpeta fue abierta emplazándonos a audiencia a Alma Araceli Peña, León Fierro Resendiz, Jorge Benítez López, Tania Mitzi Gallaga Hernández, Raquel Camacho López, Filiberto Sánchez Gurrola, Francisco Armando Zambrano Contreras y Gabriela Arangure Quevedo, para el día 8 de julio del presente mes, en el Tribunal del Sistema de Justicia Oral Mexicali, Baja California. Calle Sur, Col. San Isidro.

Por lo anterior denunciamos a los gobernadores Kiko Vega y Jaime Bonilla, así como a sus camarillas de legisladores, quienes a todas luces son traidores al pueblo y a los intereses de la nación. Exigimos a la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, que el primer día de su mandato cancele toda denuncia y represión contra el pueblo, y convocamos al heroico pueblo Cachanilla a acompañarnos en esta nueva batalla contra la criminalización por la defensa del agua y nuestros derechos.

 

“Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”

 

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Justicia pendiente

Diputada de Morena pide intervención de Encinas para atender violaciones de derechos humanos del gobierno de Barbosa

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La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Inés Parra Juárez, pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para que atienda las constantes violaciones de derechos humanos que se han cometido contra diferentes ciudadanos por parte del gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa.

La legisladora federal dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla ha integrado carpetas de investigación de forma inquisitoria contra los habitantes del municipio de Zinacantepec, debido a que actúa a modo a favor de los intereses del mandatario estatal.

De acuerdo con la representante popular, la fiscalía estatal de Puebla funciona también para los intereses caciquiles de los familiares del gobernador de extracción morenista, pues se han acusado a los ciudadanos de delitos que no cometieron, por lo que también han ejercido violencia política de género.

Agregó que la policía estatal ha agredido a los ciudadanos que se manifestaron la semana pasada en la explanada de Zinacantepec, en donde resultaron heridas ocho personas, mientras que la fiscalía sigue recibiendo órdenes de Barbosa para ejercer procedimientos penales contra los manifestantes a quienes no les reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución Política Mexicana.

Asimismo, pidieron la intervención de forma contundente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que también ha sido agredida de forma mediática por defender a los habitantes de Zinacantepec e incluso ha sido acusada de ser la incitadora de la violencia en la Sierra Negra.

Recordó que fueron los diputados locales de Puebla los que aprobaron el impuesto al alumbrado público para los habitantes de Zinacantepec sin tomar en cuenta las necesidades de los pobladores de la región, por lo que también el alcalde Miguel Huerta ha actuado en contubernio con su primo, el gobernador de Puebla.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vigile el desempeño de Barbosa, pues aseguró que ha actuado de forma contraria a los intereses de la denominada cuarta transformación violando permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos para permitir prácticas caciquiles.

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Justicia pendiente

Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

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Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

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Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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