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Justicia pendiente

Mexicali Resiste contra la criminalización de los defensores del agua en Baja California

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Integrantes del movimiento Mexicali Resiste, surgido en enero de 2017 en la defensa del agua en Baja California, hoy son criminalizados por el Congreso del estado, en su mayoría miembros de MORENA. Ante la continuación de medidas represivas para favorecer a la empresa cervecera Constellations Brands, el colectivo de defensores del agua convocó a manifestarse contra la depredación de los recursos naturales en la entidad, en la audiencia judicial promovida por los diputados locales para imputarles cargos.

Resistencias Unidas de Baja California

Mexicali, Baja California, 8 de julio de 2021.
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS GRUPOS DE RESISTENCIA
ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.
POSICIONAMIENTO Y CONVOCATORIA

Desde 2107, el pueblo de Baja California está librando una férrea lucha contra la corrupción y en defensa del agua ante los intentos del gobierno del estado por privatizar nuestra agua y ponerla a disposición de la transnacional cervecera Constellation Brands. Por lo anterior, los gobernantes y legisladores no dudaron en criminalizar la protesta y reprimir a quienes nos hemos manifestado en defensa de nuestros derechos y de cada vez más escaso el líquido vital.

HECHOS:

Ante los continuos intentos de los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla para dar viabilidad a la trasnacional empresa Cervecera Constellation Brands, subrayando los que la 23 Legislatura llevó a cabo posteriormente a la realización de la Consulta Popular realizada los días 21 y 22 de marzo de 2020, en la que los bajacalifornianos la expulsamos de nuestro estado, los colectivos de Resistencia, particularmente los del municipio de Mexicali, continuamos en Pie de Lucha, con la protesta callejera y la Ruta Jurídica en la cual hemos denunciado en Presidencia de la República desde el hostigamiento a activistas, la creación de una Secretaría del Agua y los intentos gubernamentales de disfrazar el funcionamiento de la planta.

En los hechos Destacan las siguientes denuncias presentadas a nivel municipal, estatal y nacional:

  • Desde 2017 permanecemos vigilantes y denunciamos todo intento de proteger la permanencia de la compañía devoradora de agua en nuestra tierra.
  • Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH; Petición de Acción de Inconstitucionalidad por la creación de la Secretaría del Agua. Junio 15 de 2020.
  • Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro; Denuncia de juicio político en contra de los gobernadores Francisco Arturo Vega de la Madrid, Jaime Bonilla Valdez y las respectivas 22 y 23 legislaturas. Con fecha 16 de junio 2020.
  • Fiscalía General de la República; denuncia penal en contra de los gobernadores Francisco Arturo Vega de la Madrid, Jaime Bonilla Valdez y las respectivas 22 y 23 legislaturas. Con fecha 17 de junio 2020.
  • Atención ciudadana, Palacio Nacional; Petición de Seguimiento a Cancelación de Cervecera Constellation Brands en Mexicali. 17 de junio de 2020.
  • Presidencia de México, Conferencia matutina; Con Apoyo de la Periodista Sandy Aguilera se presentó denuncia de negociaciones del Gobernador Bonilla con la empresa cervecera para su permanencia en Baja California. Agosto 15 de 2020.
  • Suprema Corte de Justicia de la Nación; Entrega de Amicus Curie en el que con apoyo del abogado Daniel Solorio presentamos argumentos para dar amplitud a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la CNDH. Octubre 23 de 2020.
  • Comisión Nacional del Agua. Denuncia de otorgamiento de permisos de Agua Agrícola y solicitud de cancelación de los mismos. Octubre 23 de 2020.
  • Se ha constituido la Contraloría ciudadana del agua con la coordinación del Dr. Alfonso Cortés Lara, en la que participamos defensores del agua y actualmente se da seguimiento a la salida ordenada de la Cervecera de Baja California.
  • En cada visita a Mexicali del Lic. Andrés Manuel López Obrador, P.C.E.U.M., le entregamos la petición de supervisión a las acciones que se anuncian para el desmantelamiento de la devoradora de agua C.B.
  • El pasado 25 de junio denunciamos al Gobernador Jaime Bonilla por el endeudamiento al estado y continuo abuso en el ejercicio de su mandato.

Es así que desde el 30 de septiembre de 2017 después de meses de hostigamiento, represión y cárcel a activistas, el ex diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, en ese tiempo presidente de la Mesa directiva de la XXII Legislatura y la ahora aún diputada Eva María Vázquez Hernández, presentaron una denuncia que obra en el Expediente con NUC 02/2017/42577, que el Ministerio Público resolvió que los y las acusadas no cometieron delito alguno.

Inexplicablemente, el pasado día 30 de junio de 2021, la actual legislatura presentó un recurso de impugnación a la resolución del Juez 4to. Firmada por la C. Lic Yésica Yesenia Meza Ochoa y dicha carpeta fue abierta emplazándonos a audiencia a Alma Araceli Peña, León Fierro Resendiz, Jorge Benítez López, Tania Mitzi Gallaga Hernández, Raquel Camacho López, Filiberto Sánchez Gurrola, Francisco Armando Zambrano Contreras y Gabriela Arangure Quevedo, para el día 8 de julio del presente mes, en el Tribunal del Sistema de Justicia Oral Mexicali, Baja California. Calle Sur, Col. San Isidro.

Por lo anterior denunciamos a los gobernadores Kiko Vega y Jaime Bonilla, así como a sus camarillas de legisladores, quienes a todas luces son traidores al pueblo y a los intereses de la nación. Exigimos a la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, que el primer día de su mandato cancele toda denuncia y represión contra el pueblo, y convocamos al heroico pueblo Cachanilla a acompañarnos en esta nueva batalla contra la criminalización por la defensa del agua y nuestros derechos.

 

“Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

No te pierdas: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando GonzálezIván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

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El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

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De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

 

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