Connect with us

Justicia pendiente

Mexicali Resiste contra la criminalización de los defensores del agua en Baja California

Published

on

Integrantes del movimiento Mexicali Resiste, surgido en enero de 2017 en la defensa del agua en Baja California, hoy son criminalizados por el Congreso del estado, en su mayoría miembros de MORENA. Ante la continuación de medidas represivas para favorecer a la empresa cervecera Constellations Brands, el colectivo de defensores del agua convocó a manifestarse contra la depredación de los recursos naturales en la entidad, en la audiencia judicial promovida por los diputados locales para imputarles cargos.

Resistencias Unidas de Baja California

Mexicali, Baja California, 8 de julio de 2021.
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS GRUPOS DE RESISTENCIA
ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.
POSICIONAMIENTO Y CONVOCATORIA

Desde 2107, el pueblo de Baja California está librando una férrea lucha contra la corrupción y en defensa del agua ante los intentos del gobierno del estado por privatizar nuestra agua y ponerla a disposición de la transnacional cervecera Constellation Brands. Por lo anterior, los gobernantes y legisladores no dudaron en criminalizar la protesta y reprimir a quienes nos hemos manifestado en defensa de nuestros derechos y de cada vez más escaso el líquido vital.

HECHOS:

Ante los continuos intentos de los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla para dar viabilidad a la trasnacional empresa Cervecera Constellation Brands, subrayando los que la 23 Legislatura llevó a cabo posteriormente a la realización de la Consulta Popular realizada los días 21 y 22 de marzo de 2020, en la que los bajacalifornianos la expulsamos de nuestro estado, los colectivos de Resistencia, particularmente los del municipio de Mexicali, continuamos en Pie de Lucha, con la protesta callejera y la Ruta Jurídica en la cual hemos denunciado en Presidencia de la República desde el hostigamiento a activistas, la creación de una Secretaría del Agua y los intentos gubernamentales de disfrazar el funcionamiento de la planta.

En los hechos Destacan las siguientes denuncias presentadas a nivel municipal, estatal y nacional:

  • Desde 2017 permanecemos vigilantes y denunciamos todo intento de proteger la permanencia de la compañía devoradora de agua en nuestra tierra.
  • Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH; Petición de Acción de Inconstitucionalidad por la creación de la Secretaría del Agua. Junio 15 de 2020.
  • Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro; Denuncia de juicio político en contra de los gobernadores Francisco Arturo Vega de la Madrid, Jaime Bonilla Valdez y las respectivas 22 y 23 legislaturas. Con fecha 16 de junio 2020.
  • Fiscalía General de la República; denuncia penal en contra de los gobernadores Francisco Arturo Vega de la Madrid, Jaime Bonilla Valdez y las respectivas 22 y 23 legislaturas. Con fecha 17 de junio 2020.
  • Atención ciudadana, Palacio Nacional; Petición de Seguimiento a Cancelación de Cervecera Constellation Brands en Mexicali. 17 de junio de 2020.
  • Presidencia de México, Conferencia matutina; Con Apoyo de la Periodista Sandy Aguilera se presentó denuncia de negociaciones del Gobernador Bonilla con la empresa cervecera para su permanencia en Baja California. Agosto 15 de 2020.
  • Suprema Corte de Justicia de la Nación; Entrega de Amicus Curie en el que con apoyo del abogado Daniel Solorio presentamos argumentos para dar amplitud a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la CNDH. Octubre 23 de 2020.
  • Comisión Nacional del Agua. Denuncia de otorgamiento de permisos de Agua Agrícola y solicitud de cancelación de los mismos. Octubre 23 de 2020.
  • Se ha constituido la Contraloría ciudadana del agua con la coordinación del Dr. Alfonso Cortés Lara, en la que participamos defensores del agua y actualmente se da seguimiento a la salida ordenada de la Cervecera de Baja California.
  • En cada visita a Mexicali del Lic. Andrés Manuel López Obrador, P.C.E.U.M., le entregamos la petición de supervisión a las acciones que se anuncian para el desmantelamiento de la devoradora de agua C.B.
  • El pasado 25 de junio denunciamos al Gobernador Jaime Bonilla por el endeudamiento al estado y continuo abuso en el ejercicio de su mandato.

Es así que desde el 30 de septiembre de 2017 después de meses de hostigamiento, represión y cárcel a activistas, el ex diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, en ese tiempo presidente de la Mesa directiva de la XXII Legislatura y la ahora aún diputada Eva María Vázquez Hernández, presentaron una denuncia que obra en el Expediente con NUC 02/2017/42577, que el Ministerio Público resolvió que los y las acusadas no cometieron delito alguno.

Inexplicablemente, el pasado día 30 de junio de 2021, la actual legislatura presentó un recurso de impugnación a la resolución del Juez 4to. Firmada por la C. Lic Yésica Yesenia Meza Ochoa y dicha carpeta fue abierta emplazándonos a audiencia a Alma Araceli Peña, León Fierro Resendiz, Jorge Benítez López, Tania Mitzi Gallaga Hernández, Raquel Camacho López, Filiberto Sánchez Gurrola, Francisco Armando Zambrano Contreras y Gabriela Arangure Quevedo, para el día 8 de julio del presente mes, en el Tribunal del Sistema de Justicia Oral Mexicali, Baja California. Calle Sur, Col. San Isidro.

Por lo anterior denunciamos a los gobernadores Kiko Vega y Jaime Bonilla, así como a sus camarillas de legisladores, quienes a todas luces son traidores al pueblo y a los intereses de la nación. Exigimos a la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, que el primer día de su mandato cancele toda denuncia y represión contra el pueblo, y convocamos al heroico pueblo Cachanilla a acompañarnos en esta nueva batalla contra la criminalización por la defensa del agua y nuestros derechos.

 

“Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”

 

Justicia pendiente

INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

Published

on

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

Continue Reading

Justicia pendiente

Ex defensor público desmiente al ministro Zaldívar en temas de discriminación y defensa para pobres

Published

on

By

 

Por Ignacio García

El ex defensor público Alejandro Garduño Real desmintió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldìvar, y al director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros, que aseguran en sus redes sociales que constantemente están preocupados en la defensa de los pobres y de atender la discriminación.

Por medio de una misiva, el ex servidor público refirió que cuando fue cesado como defensor público, siendo abogado de Jacobo Tagle, víctima del caso Wallace, el director del IFDP no consideró que se trató de una persona con discapacidad física y tenía que trasladarse a distintos puntos para ser notificado por la causa de su salida de la institución.

Mientras Zaldívar y Sandoval presumieron en sus respectivas redes sociales sobre su preocupación a los derechos humanos y la defensa de los pobres, el abogado Alejandro Garduño les recordó que siendo una persona en silla de ruedas tuvo que trasladarse a distintos espacios públicos ante la falta de respuesta de las autoridades.

También expresó que fue cesado cuando tomó los casos de defensoría pública de Jacobo Tagle Dobin en el “caso Wallace” y Francisco García Medel en el “caso Nelson Vargas”, debido a que durante su trayectoria como defensor público no había recibido ninguna amonestación, pero fue sustituido por personas allegadas al hermano de la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Sandoval, quienes no cuentan con experiencia e ingresaron sin preparación previa.

Agregó que desde que decidió tomar los casos, Isabel Miranda de Wallace actuó en su contra para dejarlo fuera del caso como sucedió con otros abogados, mientras que durante su trabajo en el IFDP recibió constantes agresiones e incluso atentados con armas de fuego.

Los Ángeles Press documentó que el ex defensor público fue cesado después de tomar los casos de los acusados de Isabel Miranda, además de que el director del IFDP reemplazó a discreción en la nómina a trabajadores con antigüedad en la institución para incorporar a personas cercanas a su círculo.

Continue Reading

Justicia pendiente

UIF vuelve a interponer otra denuncia contra Emilio Lozoya

Published

on

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por lo que en total suman denuncias contra el ex funcionario federal.

El organismo federal identificó un esquema de lavado de dinero de Pemex durante el periodo 2012 y 2016 a través de distintos contratos otorgados a 34 compañías relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht por operaciones millonarias que se concretaron para favorecer a ex servidores públicos y financiar campañas políticas.

De acuerdo con la UIF, en el primer nivel de operaciones las empresas que fueron receptoras de los recursos públicos fueron erogados por Pemex, así como por los organismos gubernamentales de forma injustificada.

De la misma manera, las compañías tenían una relación directa con Odebrecht por medio de distintos vínculos corporativos, financieros y comerciales, por lo que una de las transferencias se realizó entre 2014 y 2016 por más de 3 mil millones de pesos por el pago por la prestación del servicio de la construcción.

Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que con estas investigaciones se determinó la responsabilidad del ex titular de Pemex, por lo que esperarán a que la FGR realice las indagatorias correspondientes, contra Emilio Lozoya.

Emilio Lozoya se encuentra en prisión domiciliaria después de ser acusado de hechos de corrupción con la empresa Odebrecht, cuando estuvo al frente de Pemex, durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que le permitieron a la empresa brasileña seguir operando.

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: