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Mexicali Consciente urge a gobierno de BC al diálogo sobre cervecera

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Contrucción de la cervecera Constellation Brands. Foto: Los Ángeles Press

MEXCALI, Baja California.- El colectivo Mexicali Consciente informa en un comunicado de prensa sobre los recientes actos de desobediencia civil por la construcción de la cervecera Constellation Brands, en el Ejido Choropo del Valle de Mexicali, y urgió al gobierno de Baja California al diálogo sobre este proyecto empresarial que pone en riesgo la provisión de agua para la comunidad.

En estos actos de desobediencia, se hace mención a la huelga de hambre que sostienen dos activistas desde el lunes 6 de noviembre montados en la cima de una grúa torre dentro de las instalaciones de la planta cervecera.

Comunicado público

Con relación a la huelga de hambre que mantienen los CC. FILIBERTO SÁNCHEZ GURROLA (Don Fili) y CRISTIAN IVÁN LÓPEZ, del movimiento “Resistencia Civil Baja California”, desde las 5:30 de la mañana del lunes 6 de los presentes, en la cima de una grúa torre dentro de las instalaciones en construcción de la planta Cervecera Constellation Brands, en el Ejido El Choropo del Valle de Mexicali, demandando: 1) que se suspenda la construcción de la planta cervecera; 2) que como condición para bajar de la grúa torre se presente en el lugar el Gobernador del Estado, Francisco Kiko Vega de la Madrid; 3) que se presenten los permisos de construcción de la planta; 4) que se presente el gerente general de la Constellation Brands, y 5) que no haya represalias físicas ni legales en contra de los dos huelguistas, al respecto, los integrantes del colectivo Mexicali Consciente,

MANIFESTAMOS

1.- Que la huelga de hambre de los dos activistas es una acción decidida por sí mismos para impedir la instalación de la planta cervecera, a la que se oponen amplios sectores de la población mexicalense y del estado de Baja California por poner en riesgo el derecho humano al agua;

2.- Que la huelga de hambre es un acto voluntario, de libre albedrío, no un acto suicida, que implica el ejercicio del legítimo derecho a la Desobediencia Civil Pacífica amparada por el artículo 9º, segundo párrafo de nuestra Carta Magna y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acción que responde al agotamiento de los recursos legales y de diálogo con las autoridades estatales y municipales para satisfacer la demanda de cancelación de la planta cervecera;

3.- Que rechazamos todo intento de las autoridades y de los directivos de la empresa Constellation Brands, de bajar de la grúa torre a los dos activistas en contra de su voluntad, ya que ello implicaría una flagrante violación a sus derechos humanos;

4.- Que el no permitir por parte de la empresa Constellation Brands que entren a las instalaciones privadas de la cervecera los servicios médicos, de protección civil y bomberos para asistir a los dos huelguistas, constituye un acto contrario a la ley que pone en peligro la integridad física y la vida de los activistas;

5.- Que es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar, entre otros derechos, la integridad física de todas las personas en el país, como el Derecho a la Salud, por lo que demandamos que la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Baja California y/o los Servicios Médicos Municipales de Mexicali, realicen de manera urgente todas las acciones que sean necesarias, sin importar su costo, para proporcionar a los huelguistas de hambre la asistencia médica suficiente y monitorear constantemente su estado de salud en tanto se mantenga su protesta, así como los medicamentos y líquidos indispensables para preservar su salud y su vida.

En virtud de lo anterior y dado que no se han abierto los canales de diálogo para la resolución del conflicto motivo de la protesta, el colectivo Mexicali Consciente urge al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, al Presidente Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez y a la XXII Legislatura de Baja California, para que en un acto de voluntad y de responsabilidad legal y política, abran de inmediato el proceso de diálogo con los grupos de la sociedad civil que se han manifestado en contra de la instalación de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, para que se revisen los permisos oficiales correspondientes y los procesos legales que se siguieron, con el fin dar una salida legal, política, social y justa al diferendo.

Así mismo, reiteramos el llamado a las autoridades estatales de Baja California y municipales de Mexicali para que, por encima de cualquier otra consideración, hagan todo lo que esté a su alcance y ponderen la importancia de preservar la integridad, la vida y los derechos de Filiberto Sánchez Gurrola y de Cristian Iván López, y que su huelga de hambre se resuelva a través del diálogo negociado.

Atentamente,

CARLOS MAYA QUEVEDO, SILVIA BELTRAN GOLDSMITH, JUAN PABLO LEYVA RODRÍGUEZ, JESÚS GALAZ FONTES, DANIEL SOLORIO RAMÍREZ, RAÚL RAMÍEZ BAENA, MILTON CASTELLANOS GOUTH, JORGE GUTIÉRREZ, LUIS ALFONSO VARGAS SILVA, JOSUE GUISEPPE SOLORIO SANDOVAL.

Ccp. Lic. Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California;

Ccp. Lic. Gustavo Sánchez Vázquez, Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali;

Ccp. CC. Diputadas y diputados de la XXII Legislatura de Baja California;

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México destaca entre 180 países por su historial trágico de periodistas asesinados: Reporteros Sin Fronteras

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PARÍS (IPS).– El ejercicio del periodismo está parcialmente bloqueado en más de 130 países, afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) al publicar recientemente su clasificación sobre la libertad de prensa en 180 naciones, entre los cuales, del continente americano, México destaca en el número 143 por su historial trágico de periodistas asesinados, junto con Brasil en el ranking 111 y Colombia en el 134. 

Solo 12 países –Costa Rica y Jamaica en América Latina y el Caribe- destacan en una zona blanca en el mapa de RSF, por una buena situación de la libertad de prensa según esa oenegé, mientras que en 73 por ciento de los Estados hay graves impedimentos o serios obstáculos para la profesión periodística, como es en Brasil que ocupa el lugar 111 y Colombia 134, Argentina 69 y Perú 91, mientras que el país sudamericano con mejor situación es Uruguay, en el puesto 18 de la tabla.

El periodismo “es la mejor vacuna contra la desinformación. Por desgracia, su producción y distribución se ven bloqueadas con demasiada frecuencia por factores políticos, económicos y tecnológicos, y, en ocasiones, incluso culturales”, dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

La zona blanca la encabezan cuatro países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, escoltados por Costa Rica y Países Bajos, mientras que los seis con peor desempeño son Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, China, Yibuti y Vietnam.

En los “países totalitarios” se mantienen la censura, la vigilancia, la propaganda en internet y las situaciones de peligro para los periodistas, quienes además, “por causa o con el pretexto de la crisis sanitaria” provocada por la covid-19, enfrentan cierre de accesos a coberturas sobre el terreno y a las fuentes de información, indicó RSF.

“La pandemia representó una forma de oportunidad para algunos Estados que restringieron la libertad de prensa”, dijo Deloire, y la situación se exacerbó en países como Irán (en el puesto 174 de la lista) o Arabia Saudita (170).

La región de Medio Oriente y Norte de África siguió siendo la más represiva, dura y peligrosa para los periodistas en 2020, según el informe, en tanto que Malasia registró el peor deterioro, cayendo 18 lugares en el ranking hasta el puesto 119, con respecto a los informes de RSF del año precedente.

Europa y América (Norte, Centro y Sur) se mantienen como los continentes más favorables a la libertad de prensa, aunque América Latina registra el “mayor desgaste” (2,5 por ciento más) este año, según RSF.

La mayor caída en la región el último año es la de El Salvador (82 en la tabla), que descendió ocho puestos, porque en ese país “los periodistas tienen muchas dificultades para obtener información oficial sobre la gestión de la epidemia”.

Los países latinoamericanos peor clasificados son Cuba (171, sin cambios), Honduras (151, descendió tres lugares) y Venezuela (148, bajó un puesto).

En África, con un buen número de países rezagados, las mejores posiciones las ocupan Namibia (24), Cabo Verde (27) y Ghana (30), y en Asia y Oceanía los mejor valorados son Nueva Zelanda (8), Samoa (21), Corea del Sur (42) y Taiwán (43).

El reporte indicó que el nivel mundial de libertad de los medios de comunicación se había mantenido en general estable durante 2020, aunque con un deterioro cifrado en 12 por ciento desde que se lanzó la clasificación por primera vez en 2013.

Parte del problema es la pérdida de confianza en los periodistas, impulsada por la polarización política y la desinformación en línea, dijo RSF. Un sondeo de la firma estadounidense Edelman Trust encontró que 59 por ciento de encuestados en 28 países creían que los periodistas engañaban deliberadamente al público.

RSF recordó que su Índice Mundial de Libertad de Prensa se basa en cuestionarios enviados a expertos de todo el mundo, combinados con datos sobre abusos y actos de violencia contra periodistas, para formar una imagen que incluye el pluralismo, la independencia de los medios, la autocensura y otros factores.

A-E/HM

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Más de 400 personas ejecutadas por pena de muerte en 18 países, en medio de la pandemia covid-19

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LONDRES (IPS).- Los desafíos planteados por la pandemia covid-19 no disuadieron a 18 países de aplicar la pena capital, y en 2020 fueron ejecutadas al menos 483 personas, deploró en su más reciente informe la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

Agnès Callamard, secretaria general de AI, observó que “la pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su inherente crueldad”.

Las 483 ejecuciones representaron una disminución de 26 por ciento respecto de las 657 de 2019, de 70 por ciento en relación al tope de 1634 en 2015, y se trata del número más bajo registrado por AI en los últimos 10 años.

Sin embargo, esas cifras pueden ser mucho mayores porque no consideran informes de países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam.

Amnistía Internacional cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a ese país en “el verdugo más prolífico del año”, por delante de Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27).

Esos cuatro países efectuaron 88 por ciento de todas las ejecuciones de las que tuvo conocimiento Amnistía Internacional el año pasado.

El anterior gobierno estadounidense, liderado pro Donald Trump, “ejecutó la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses de 2020”, y se reanudaron las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años.

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y al menos 23 de las personas ejecutadas fueron condenadas en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada, según Amnistía Internacional.

Irán “utilizó cada vez más la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios, lo cual contraviene del derecho internacional”, indicó el  reporte.

Países de Asia y Oceanía violaron normas internacionales que prohíben la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional, y se impuso por delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán.

En Bangladesh y Pakistán se impusieron esas condenas en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes a los de tribunales ordinarios, y en Maldivas fueron condenadas cinco personas que tenían menos de 18 años al momento de cometerse el delito.

En América, sólo Estados Unidos aplicó la pena de muerte en 2020.

“Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”, declaró Callamard.

Según la responsable “la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo debieron exponerse a riesgos considerables para la salud”.

“El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”, agregó.

El número de condenas a muerte dictadas en todo el mundo y de las que se tuvo noticia en 2020 fueron 1477, una disminución de 36 por ciento respecto de 2019.

El año pasado Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a abolirla, y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.

Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han abolido en la ley o en la práctica.

A-E/HM

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Activistas del mundo se solidarizan con la periodista Helena Maleno ante su violenta deportación de Marruecos

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La comunidad internacional de derechos humanos y periodistas envían carta al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, en apoyo a la activista Helena Maleno, quien denunció este lunes que Marruecos la ha “deportado y expulsado con violencia”, y ha acusado al Ministerio del Interior de España y a la Policía marroquí de hostigamiento y de haber puesto en peligro su vida y la de su hija.

“Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales de la Policía Nacional), en colaboración con la Policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento, que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija”, ha aseverado Maleno en un vídeo publicado este lunes, por lo que activistas de diferentes países envían una carta al Gobierno español.

Dirigido al Señor D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón,

Presidente del Gobierno de España.

El 23 de enero de 2021, la defensora de derechos humanos Helena Maleno fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España. Marruecos ha sido el país de residencia de Helena y su familia durante los últimos 20 años. Tras ser objeto de una violenta y repentina deportación, Helena se vio obligada a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad, temiendo por la seguridad de la misma mientras permanecía en el país que la había expulsado. A pesar de que tanto los tribunales de España como de Marruecos han reconocido que la labor de Helena no es delito, la criminalización orquestada durante años desde el Ministerio del Interior de España – y en concreto, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de España- ha logrado que Helena y su familia hayan tenido que abandonar forzosamente su hogar.

Helena Maleno es defensora de derechos humanos y fundadora del Colectivo Caminando Fronteras. Es experta en migración y trata de seres humanos, centrada en derechos de mujeres e infancia. Su labor de defensa ha permitido salvar la vida de más de 100 000 personas migrantes en nuestras fronteras, tal y como registra Caminando Fronteras. Cuenta con el reconocimiento de la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, destacando el apoyo de la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de derechos Humanos. Ha sido distinguida con más de veinte premios de derechos humanos nacionales e internacionales, y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.

No obstante, después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, derivados de montajes policiales, que terminaron con el reconocimiento de su defensa de derechos de las personas migrantes, las violencias contra ella y su familia no han cesado.

Durante el proceso judicial en Marruecos vio su derecho y el de sus hijos a vivir en el país vulnerado: se les arrebató la residencia y las solicitudes de ser restituida han sido sistemáticamente rechazadas. Finalmente, la policía marroquí la expulsó violentamente del país como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos.

De tal forma, exigimos:

    • El reconocimiento público del trabajo de Helena Maleno como defensora de derechos humanos y el impacto positivo de su labor para la democracia y el Estado de derecho.
    • El cese de la criminalización, depurando responsabilidades en las instituciones pertinentes para la no repetición de acciones persecutorias contra su persona.
    • La protección de Helena Maleno y de su familia, permitiendo el ejercicio de su legítima labor de defensa de derechos humanos.
    • La reparación de los innumerables daños instigados contra la defensora y su familia.

Atentamente,

FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, International Service for Human Rights, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Women’s Link Worldwide, Front Line Defenders, Oxfam Intermón, Coordinadora Estatal de ONGD, Red Migrantes con Derechos, CEAR, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, Servicio Jesuita al Migrante, Alianza por la Solidaridad, ALUNA – Acompañamiento psicosocial.

Más información: Caminandofronteras.org

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