Al tiempo que operaba con Los Zetas, tenía dos plazas de maestro

Por Juan Ricardo Montoya

El 3 de diciembre de 2010, en la colonia Magisterio del municipio de Huejutla de Reyes, enclavado en el corazón de la Huasteca Hidalguense, fuerzas federales lograron la captura  de Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’, peligroso lugarteniente de Heriberto Lazcano Lazcano, extinto líder de Los Zetas y quien tenía dos plazas de maestro de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Al igual que Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’, líder de lo que era el grupo delictivo Caballeros Templarios quien también cobraba como maestro en su natal Michoacán, en Hidalgo Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’ -pese a estar ocupado la mayor parte de su tiempo en organizar y ejecutar plagios, levantones y asesinatos que le ordenaba Lazcano-, se las ingeniaba para cubrir sus dos plazas de maestro de secundaria y telesecundaria por las que percibía un sueldo neto de 20 mil pesos mensuales.

En lo que es un capítulo más del surrealismo en que viven los miembros de algunos grupos criminales en México, al momento de ser capturado, el nombre de Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’ aparecía en la nómina de la SEPH correspondiente al primer trimestre de 2010.

En esa nómina, Ramírez Valencia tenía dos claves, que corresponden a una plaza distinta. La primera estaba foliada con el número 78613EO3636.00130541 que lo acreditaba como profesor de secundaria, y la segunda con el folio 78679E278130.00132434 como maestro de telesecundaria.

De acuerdo con el documento, Eduardo Ramírez Valencia, en el primer trimestre de 2010 (enero a marzo) cobró la cantidad de 63 mil 502 pesos.

En el desglose de la nómina, Ramírez Valencia tuvo 36 horas durante esos tres meses, 30 como maestro de una telesecundaria foránea y seis más por secundaria. Por la de docente de telesecundaria recibió, en tres meses, 54 mil, 817 pesos: 21 mil 315 en enero; 15 mil 717 en febrero y 17 mil 784 en marzo de 2010.

Por la plaza de maestro de secundaria foránea, cobró en el primer trimestre de 2010 sólo ocho mil 65 pesos: tres mil 343 en enero; dos mil 516 en febrero y dos mil 825 en marzo.

En la nómina se especificaba que Ramírez Valencia no había participado en concurso de plazas, pero sí en la carretera magisterial. Se ignora en qué planteles escolares dio clases y qué materias impartía. Tampoco se sabe si siguió dando clases de abril a la primera semana del 2010 en que fue capturado.

Entérate: Expedientes Hidalgo: Frustrado secuestro evidenció complicidad de policías ministeriales con Los Zetas – (losangelespress.org)

En aquel entones, con 44 años de edad, y originario del municipio huasteco de Huejutla, en esa región, la gente aseguraba que Ramírez Valencia era maestro jubilado.

Era parte del grupo de maestros del círculo cercano de Mirna García, exdirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE) detenida, en 2014, por un supuesto fraude de 123 millones de pesos y luego liberada.
Actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

A tal grado era la cercanía de Ramírez Valencia con el SNTE que el también profesor Darío Badillo Ramírez, en 2010, diputado local del Partido Nueva Alianza por el XIII distrito, con sede en la región huasteca reconoció que era amigo del narcotraficante.

«Sí, es amigo mío de toda la vida, oriundo de La Huasteca», se limitó a decir el legislador cuestionado por reporteros días después de la detención de Eduardo Ramírez.

«Es un profesor al que conozco de toda la vida; ignoro las situaciones de las que lo acusan, hay otras personas que han sido detenidas, un comerciante que se llama Rubén Monterrubio, una persona que hasta donde yo lo conozco es una persona dedicada al comercio, a los abarrotes», abundó.

Sobre las actividades de Ramírez Valencia, el legislador comentó:»desconozco a qué se dedicaba él, fuera del magisterio».

No obstante, el entonces diputado local puso en duda la veracidad de la información con la que contaban los soldados y policías federales que mediante operativos lograron la captura de los presuntos narcos.

«Hubo otros operativos donde se llevaron a otras personas, incluso uno en Huejutla; entiendo que algunos de ellos fueron liberados. Es el mismo caso que ocurrió en Michoacán«.

 «Que feo es que el área de inteligencia no haga su papel como corresponde, porque eso que digan -a final de cuentas- usted perdone como que es una situación que apena mucho y la imagen que deja en las personas», remató.

El entonces legislador denunció en aquel entonces que los soldados habían irrumpido en la casa de su sobrino Darío Humberto Badillo Zúñiga, se lo llevaron a un cuartel y lo mantuvieron incomunicado por más de una hora; al no tener más elementos para mantenerlo detenido, lo liberaron.

En el comunicado de prensa que se emitió por la captura de Eduardo Ramírez Valencia, se informó que había sido detenido en un operativo conjunto realizado por la Policía Federal Preventiva y el Ejército en Huejutla de Reyes.

Era considerado como responsable de las negociaciones para el tráfico de droga desde Panamá. También del envío de armas, venta y distribución de drogas en los estados de Veracruz y Tamaulipas, y también de administrar las finanzas y realizar los pagos a los miembros de la organización en el estado de Hidalgo.

Supuestamente, El Profe brindaba seguridad a Heriberto Lazcano, cuando éste visitaba Huejutla de Reyes, para descansar y tratar asuntos de venta y distribución de droga.

Durante el operativo en el que fue detenido Ramírez Valencia, también fue aprehendido Rubén Barragán Monterrubio, alias ‘El Montes’ y fueron incautadas cuatro armas largas, una pistola, 288 cartuchos, seis cheques por 430 mil pesos, así como 32 mil 500 pesos en efectivo y cuatro vehículos.

Para la captura se utilizaron tres helicópteros del tipo Mil Mi-17 y UH-60 Black Hawk de la Policía Federal que estuvieron sobrevolando a baja altura por toda la ciudad en respaldo a las fuerzas de tierra que llevaban a cabo cateos y detenciones en la colonia Magisterial -del SNTE- donde fue capturado El Profe y otros de sus cómplices.

Tras ser aprehendidos fueron conducidos e introducidos  de inmediato a uno de los helicópteros el cual los llevó a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El 9 de diciembre de 2010 Eduardo Ramírez Valencia fue trasladado al Cereso de Pachuca.

El acaparamiento del agua ha obligado a ciudadanos a hacer tomas de agua sobre todo en asentamientos irregulares donde Sapal envía pipas de agua insalubre.

Por Rosario Martínez De la Vega

Mientras León, principal ciudad del estado, la más poblada y sede de la quinta industria más grande del país celebra el Día internacional del agua con cortes terciados en el servicio debido a la falta de abasto para consumo doméstico, la Conagua entregó 3,264 concesiones en la entidad durante la presente administración: políticos, empresarios y multinacionales, los ricos del agua en Guanajuato.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) —operador del servicio de agua municipal— limita servicio a sus ciudadanos como medida para enfrentar la crisis hídrica; pero al mismo tiempo, la Conagua hace entrega de concesiones en el estado. De acuerdo con los registros existen 22,662 concesiones de agua en la entidad, de éstas 3,264 fueron otorgadas durante la presente administración.

Incurriendo en acaparamiento, sobre concesión y simulación, políticos y familiares de éstos, empresarios locales y multinacionales, son los dueños del agua en Guanajuato. Algunos disponen de tanta que, con ella, sería posible atender no sólo a colonias, sino a comunidades completas. La brecha de desigualdad se marca profundamente para los 180 mil guanajuatenses que no cuentan con un sistema formal para el suministro del vital líquido en sus hogares.

Concesiones de Conagua Guanajuato en Guanajuato. (c) 2023 Los Ángeles Press

Políticos

El día 3 de agosto del año pasado, la oficina central de Conagua otorgó la concesión número 844 174 por 1 millón 041 mil 984 m3, en el municipio de San Felipe, Guanajuato, al político del Partido Acción Nacional (PAN) Ramón Zamanillo Pérez.  El panista, quien además ha desfilado por diferentes puestos en la administración pública federal, cuenta con cuatro concesiones anteriores; en total, dispone de 2 millones 354 mil 164 metros cúbicos de agua al año. Nunca señaló sus propiedades ni conflicto de interés ante la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es integrante del Consejo Empresarial Potosino.

Durante noviembre de 2022, la Dirección de Conagua Guanajuato otorgó a José Luis Fox Quezada, hermano del expresidente Vicente Fox la concesión número 850527 por 54 mil m3, en el municipio de San Francisco del Rincón, y comparte otras nueve concesiones con su familia. En total, los Fox Quezada cuentan con diez concesiones, ocho fueron obtenidas mientras éste se desempeñaba como gobernador de Guanajuato. Estas concesiones les permite utilizar al año un volumen de 2 millones 170 mil metros cúbicos al año.

La familia del diputado por MORENA, Cuauhtémoc Becerra, cuenta con 291,600.00 m3 anuales de aguas subterráneas a nombre de María de la Consolación Becerra González, hermana del legislador. Título a 30 años, mismo que han explotado desde 1996 y se encuentra próximo a vencer en 2026, no obstante, la ley les brinda capacidad de renovar por 30 años más. Según los datos de georreferenciación disponibles en el registro, el pozo se ubica a 20 metros del rancho ganadero “El Baúl”, justo a un costado del río Balsas, el cual se encuentra seco.

El exgobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez cuenta con tres concesiones activas por parte de Conagua, mismas que obtuvo por cada puesto político – diputado local, alcalde de Purísima del Rincón y gobernador; las concesiones se localizan en los estados de Jalisco (2) y Guanajuato (1), otorgada ésta última en el municipio de Purísima del Rincón, que le representa 150,000.00 metros cúbicos de agua anuales con fin agrícola.

El procurador de Profeco Ricardo Sheffield Padilla cuenta con dos concesiones activas en el rancho que tiene en la ciudad de León, le fueron concedidas mientras era diputado local por el PAN (1999-2000), lo cual le representa 14 mil metros cúbicos de aguas superficiales al año, con distintos fines de uso.

El 16 de diciembre de 2020, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo obtuvo la concesión 834 264 por 5 000 m3 anuales, para un terreno en el municipio de Silao, Guanajuato, la cual refiere ser con fin agrícola. No obstante, alrededor de la finca no se ubica ningún tipo de cultivo y al interior -desde visión satelital de las coordenadas proporcionadas en la concesión- puede percibirse un área hípica y una casa de campo.

Fraccionamiento Gran Jardín, en León, Guanajuato.

El gobernador no paga por el agua que utiliza, ya que la Ley Federal de Derechos, en su Artículo 224, establece que las concesiones para uso agrícola están exentas de pago. Así mismo, la concesión de Conagua, incluye un subsidio de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, el cual permite pagar una tarifa mínima por la electricidad que se emplea para el funcionamiento de la bomba con la que extrae el agua.

Quienes poseen títulos de concesión para uso agrícola, pero utilizan el agua para fines distintos incurren en desviación del subsidio y delitos fiscales.

Una constante: la simulación en el uso de las concesiones

En Guanajuato durante los últimos años, se ha impulsado un concepto turístico de lujo denominado “La ruta del vino”, a través de la Ley del Fomento a la Actividad Vitivinícola, aprobada en diciembre del 2020 por el Congreso del Estado. El ejecutivo estatal se obliga a proporcionar apoyos económicos por medio de sus distintas secretarías; además de estos beneficios, la dirección de Conagua Guanajuato otorga concesiones con fines agrícolas a viñedos.

Uno de los beneficiados es Viñedos SMA S.A. de C.V. que, de acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, fue constituida con tan sólo 5 mil pesos en el año 2013, por los hermanos Héctor David, Francisco Javier y Fernando, de apellidos Cuadra Muñoz. Los empresarios zapateros disponen de cinco concesiones por parte de Conagua. La primera data del año 2000 y obtuvieron cuatro más entre los años 2019 y 2020. En total, disponen de 484,280 m3 anuales. Héctor Cuadra tiene otras dos concesiones en el estado de Jalisco.

Viñedos San Lucas S.A. de C.V. se anuncia como “un hotel estilo toscano con restaurante, campo de polo, viñedos, cultivo de olivos y lavanda, así como terrenos con preciosas propiedades residenciales”. El desarrollo inmobiliario destinado para ciudadanos extranjeros, principalmente estadounidenses, cuenta con cinco concesiones, todas registradas con fines agrícolas, lo que le otorga 1 millón 111 mil 200 m3 de agua al año.

Hotel estilo toscano en Viñedos San Lucas.

Para los residentes de fraccionamientos de alta plusvalía no es problema abrir el grifo.

Una de las colonias que se incluye en los recortes de agua de la ciudad de León es el fraccionamiento Gran Jardín, el cual contaba con un pozo irregular que fue detectado en abril 2018. Cuatro meses después de que éste fuera localizado, Leonardo Lino Briones, quien llevaba dos años como director de Sapal abandonó el cargo. Lino Briones trabajó durante varios años como representante del grupo inmobiliario Gran Jardín.

Perforar el pozo de manera ilegal no impidió que, el 17 de agosto de 2020, la Conagua autorizara a la inmobiliaria el registro del mismo con un fin público urbano, recibiendo otra concesión el 15 de julio de 2022 con fin agrícola. Ésta fue la concesión número 841 056. Dispone de otras seis concesiones, lo cual le representa un total de 788 mil m3 de agua al año.  Incluso desde la imagen satelital obtenida a través de Google Earth, se percibe cómo la colonia es verde, mientras todo a su alrededor se encuentra seco.

Finca del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en Silao, Guanajuato.

Sin consecuencias para la inmobiliaria, la directiva de Sapal sostuvo en noviembre de 2022 que, de acuerdo con la normativa vigente, era imposible dotar de agua a colonias irregulares.

El activista Manuel Mancilla, representante de habitantes de fraccionamientos irregulares señala que “la falta de acceso a servicios, principalmente el de agua potable es un problema grave que lleva décadas, no sabemos si sea por falta de capacidad técnica o por corrupción (…) los colonos de asentamientos irregulares somos vistos como personas de quinta categoría para las administraciones”. Señala que, las pipas que manda Sapal como parte de un programa de abasto de servicio, vienen con agua insalubre “como en el caso de las pipas que envían a -la colonia- San Juan de Abajo”.

Sin embargo, reconoce “se han ido conquistando logros por la organización de la ciudadanía, como es el caso de las tomas de agua, que han servido como estrategia adaptativa, pero no es suficiente, no resuelve el problema, continuamos con el acarreo de agua por parte de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas a las casas, tampoco hay drenaje”.

Las tomas que la administración municipal instaló cuentan con una tarjeta, que se entrega a cada una de las familias para medir la cantidad de litros. Mientras a los colonos de fraccionamientos irregulares Sapal les contabiliza el consumo, la Conagua no tiene la capacidad institucional para verificar si los concesionarios extraen más metros cúbicos de agua de la que declaran.

Empresarios

El 25 de octubre y el 4 de noviembre de 2022, la empresa Provincia de Galomo S.A. de C.V. propiedad del fallecido político priista Juan Ignacio Torres Landa y sus hermanos Juan Antonio y Juan José, recibió dos concesiones en San José de Iturbide por 588 mil m3.  Estos últimos cuentan con un par de concesiones anteriores cada uno por 216 mil y 136,445 mil metros cúbicos; en total, los hermanos Torres Landa disponen de 940 mil 445 m3 de agua al año. (Acta constitutiva en anexos)

El dueño de Flexi, Roberto Plasencia Torres, recibió tres concesiones en San Miguel de Allende, entre marzo y junio de 2022, por parte de la dirección Guanajuato por 520 mil metros cúbicos de agua anuales; en el registro obran cuatro concesiones previas a nombre de su padre, el finado empresario Roberto Plasencia Saldaña; en total, la familia Plasencia dispone de 934,168 metros cúbicos de agua al año.

Carlos González Orejas recibió en febrero del año pasado una concesión por 344,196.96 m3; de acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, es accionista de Agrícola Riaño S.P.R. de R.L., la cual cuenta con una concesión de fecha 23 de junio del 2020 por 57,000.00 m3.  Su hijo Juan Carlos González Albo cuenta también con una más activa que data de 1998 por 240,000.00 m3. En total, disponen anualmente de 641,196.96 metros cúbicos de agua anuales en Abasolo.

Vicente Reyes Magaña, hijo del fallecido Vicente Magaña que fue fundador de Grupo Reyma, registró entre 2020 y 2022, seis concesiones, cuatro de pozos que se encuentran activos al interior de las instalaciones de la empresa en la ciudad de León, lo cual le representa 388,000 metros cúbicos de agua anuales. Es probable que, al igual que en el caso de Gran Jardín, estos pozos fueran irregulares y que los registraran hasta esos años ante Conagua.

Al ser cuestionado respecto de los tandeos, en relación con los millones de metros cúbicos de agua que extraen las concesionarias, el director de Sapal, Enrique de Haro se limitó a señalar a través de un comunicado que “la dependencia no tiene nada que ver con el otorgamiento de concesiones (…) somos respetuosos con la independencia de las instituciones”.

Lo que representa un desarrollo económico para el estado también conlleva consecuencias ambientales e inequidad en la distribución del agua, ante la falta de vigilancia y control gubernamental sobre las concesionarias.

Multinacionales

El 30 de septiembre de 2022, un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara que iba a pedir que no se otorgarán más concesiones, la dirección de Conagua en Guanajuato concedió el título 849 682 a la empresa Bachoco para extraer al año 250 mil m3 de agua. Este corporativo dispone de 48 concesiones, dando un total de 3,019,677,594 tres mil diecinueve millones seiscientos setenta y siete mil quinientos noventa y cuatro metros cúbicos de agua anualmente en el estado de Guanajuato; la empresa Bachoco lidera la lista como una de las más explotadoras a nivel nacional.

A través de la subsidiaria Inmobiliaria Hills, S.A. de C.V., Grupo Colgate Palmolive obtuvo nueve registros de concesiones de agua, la última data del año 2018; a pesar haber sido registrada bajo el nombre de inmobiliaria, se trata de una fábrica de jabones que fue inaugurada por el ex gobernador Miguel Márquez Márquez en 2014. Dispone de un total de 2 millones 502 mil 340 m3 al año.

El banco HSBC, en su carácter de beneficiario del extinto Banco del Atlántico, recibió por parte de la Conagua el 23 de junio de 2018 una concesión en San José de Iturbide por 312,000 m3, que se suma a otras cinco bajo esa misma razón social en el estado. Actualmente dispone de 894 mil m3, que se suman al millón 205 mil 615 m3 del resto de concesiones que tiene HSBC en la entidad. Bajo estos registros, el banco dispone en total de 2 millones 99 mil 615 m3 de agua en Guanajuato.

También recibieron nuevas concesiones en la presente administración Gamesa (total 487,289 m3 anuales), Herdez (122 mil 350 m3), Comercializadora de Lácteos y derivados, subsidiaria de Lala, (total 926 mil m3 de agua al año), Danone- Bonafont (total 274,000m3) y Nestlé (463,000 m3).

Generación de energía

La compañía metalúrgica De Acero -que cuenta con diez concesiones activas en el estado de Guanajuato, que le representa 2 millones 279 mil 488 m3 de agua al año-, anunció a través de su representante Raúl Gutiérrez Muguerza la firma de un contrato con la empresa Energía de Celaya, S.A. de C.V.   para la creación de una planta termoeléctrica en Cortázar, de acuerdo con los registros ante Conagua, Energía de Celaya, S.A. de C.V. obtuvo cinco concesiones entre 2018 y 2019 por 744 mil m3 anuales. Según el Registro Público de Comercio, Energía de Celaya, S.A. de C.V.  se encuentra registrada a nombre de David Manuel Gutiérrez Muguerza, hermano de Raúl Gutiérrez Muguerza.

La concesión más grande que se entregó en Guanajuato la presente administración fue la 08GUA100324/12FVGC20, para Energías alternas, Estudios y Proyectos S.A. de C.V. por 18 millones de metros cúbicos de agua al año. La subsidiaria de grupo Carso, desarrolló en 2017, conjuntamente con la Universidad de Guanajuato (UG), un proyecto para la instalación de una planta geotérmica móvil, lo que les valió el Premio al Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable que la Secretaría de Energía (Sener) impulsó junto con el Banco Mundial (BM), y se tradujo en un premio económico de 2 millones de dólares. Pese a que se solicitó información al respecto del avance de este proyecto a la UG, el Comité de Transparencia resolvió clasificar la información como reservada durante cinco años. El documento consta de diez páginas.

Hasta el momento ninguno de estos proyectos ha sido terminado y a pesar de que se anunciaron como de producción de energía, se encuentran bajo registro ante la Conagua como de uso de tipo industrial.

Sobre concesiones y simulación

Respecto a por qué continúan entregando concesiones pese al estrés hídrico, Vicente Zepeda, director de Conagua en Guanajuato desde abril de 2021, explicó que “es posible otorgarlas porque en la entidad existen volúmenes de agua disponibles para nuevos permisos”. Refiere que “todo está dentro de la legalidad en la entrega de éstas, siempre y cuando se tengan los documentos y el pozo”. Y precisó que “los volúmenes de metros cúbicos concedidos dependen directamente de la dirección federal”.

Las sobre concesiones y simulación de fines en la justificación para el otorgamientos de estas concesiones, el funcionario señaló que no había verificación exprofeso a los beneficiarios, “ya que el registro se realiza a través de medios electrónicos”, que “las inspecciones por lo general se realizan hasta que hay una denuncia”, que ellos como autoridad están obligados a regularizar esos pozos, sin embargo, reconoce “hay un retraso con 5 mil expedientes”.

Además, dice, en Guanajuato “existe un problema particular con la judicialización de las concesiones, en las que el tribunal nos obliga a otorgarles el registro”.

SEGUNDA PARTE: La fiscalía intentaba simular los vínculos con el narcotráfico a imputados

Por Guadalupe Lizárraga

“Me amenazaron de encarcelar a mi hijo, por eso acepté el juicio abreviado. Mis abogados, los primeros que tenía, se reunieron en un hotel en la Ciudad de México con los agentes del Ministerio Público, de la FEADLE. Con ellos me mandaron decir:

‘Sabemos que el profe es inocente y puede salir, pero no podemos permitir que salga, y díganle que ni le busque, porque podemos afectar a su familia; que si no agarra el abreviado vamos a culpar a su hijo de secuestro’.

Si aceptaba, ellos iban a encargarse de que pasara en prisión sólo tres o cuatro años.

Yo me iba a ir a juicio, pero me presentaron la carpeta de investigación que le abrieron a mi hijo, y pues yo no podía dejar que lo perjudicaran, así que agarré la responsabilidad de esta situación…”.

Es la voz de Hugo Amed Schultz Alcaraz, en la pequeña celda de bloque y varilla, del penal de Aquiles Serdán, Chihuahua, donde lleva tres años compurgados, de una sentencia de ocho, por la supuesta participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación a los que se refiere es Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez M., ambos adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México. Los mismos responsables de la investigación sobre el homicidio de la periodista Miroslava Breach desde enero de 2018, a partir de que la autoridad federal atrajo el caso a su jurisdicción.

Sobre la agente Santoyo Cuervo pesan ya dos acusaciones de torturas relacionadas con el caso de Breach Velducea: la del sentenciado Juan Carlos Moreno Ochoa El Larry, detenido el 25 de diciembre de 2017, y la de Édgar Salazar Gaxiola, después de su detención arbitraria el 22 de enero de 2019. La agente del Ministerio Público quería que Salazar Gaxiola señalara al expresidente municipal de Chínipas, Schultz Alcaraz de tener una relación con su padre, Crispín Salazar Zamorano, a quien la fiscalía le atribuye el liderazgo del grupo Los Salazar.

Santoyo Cuervo ya había sido denunciada, en diciembre de 2019, por Los Ángeles Press ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina por la tortura a Édgar Salazar, fabricado como testigo protegido Apolo, a quien la fiscalía le pagó 25 mil pesos mensuales durante un año. El acuerdo, bajo coacción, era que acusars también a su padre, Salazar Zamorano, de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista.

Para entonces, Santoyo Cuervo no lograba probar los supuestos vínculos del expresidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz, con el narcotráfico. La hipótesis era más difícil de sostener porque asumía vínculos con dos grupos antagónicos: La Línea y Los Salazar, según lo que Miroslava Breach había escrito en 2016, en su columna Don Mirone y en el diario La Jornada.

La primera tortura

El Larry fue el primer torturado, tras su detención, el 25 de diciembre de 2017. Los responsables fueron los policías federales Ramiro Obregón García, Antonio Andrés Barcelata y Óscar Silva Mendoza, así como el oficial Cristián Camacho Llaguno, adscritos a la Dirección General de Supervisión y Vigilancia de Operaciones Encubiertas, de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal Preventiva.

Lo detuvieron y lo golpearon frente a su esposa y sus dos hijos menores. Así lo explica Moreno Ochoa a pregunta expresa de esta periodista sobre los responsables de su tortura: «fue la SIEDO». “Pero mi lic. me dijo que mi tortura no pegaba—agrega—porque no me hicieron decir nada de lo que me preguntaron”. Reitera el detenido que él siempre le dijo a su abogado: “tengo las huellas bien marcadas, pero me tiraron al león; no me hicieron caso. A mi familia la torturaron sicológicamente; a mis niños. Estaban chiquitos, están traumados todavía”.

Moreno Ochoa dijo a Los Ángeles Press que no había documentos de registro: “No creo que haya nada de papeles; nomás donde dicen que me caí de un hotel de dos pisos. De mi detención no entregaron nada. Y no nomás traigo fracturado el brazo y el talón del pie izquierdo; fueron chingadazos en la espalda y el pecho. Si hubiera sido por esa caída del hotel me hubiera matado, se me hubiera quebrado la cabeza; traería rotas otras partes del cuerpo, pero nomás traigo las huellas donde me golpearon”.

El abogado defensor de Moreno Ochoa, Jesús Enrique Valencia Díaz, el 7 de junio de 2018 señaló a la agente Santoyo Cuervo que su defendido había sido torturado:

Vengo a dar a conocer a usted que, al momento de entrevistarme con mi representado, previo a la audiencia de formulación de imputación, me hizo saber que después de su detención fue golpeado por los agentes de policía que lo detuvieron para que confesara que pertenecía a la delincuencia organizada y que había participado en la muerte de la ahora víctima. Pero, dado que no les confesó nada, le quebraron la clavícula izquierda, el brazo izquierdo y el tobillo izquierdo, golpeándolo con el tubo de fierro con el que tumban las puertas en sus operativos, por lo que también resultó lesionado de su columna vertebral…

El documento del abogado defensor Jesús Enrique Valencia Díaz, defensor de Moreno Ochoa, informa que se requiere de una cirugía urgente por el dolor constante que sufría el detenido y ofrece pruebas periciales médicas.

El perito médico legista José Ángel Salayandia Méndez, con cédula 153214-a-VIII, certificó el mismo día, 25 de diciembre de 2017, a las 11:20 horas, el estado físico de Moreno Ochoa, de 43 años. Dio cuenta de los hematomas y las fracturas de clavícula, de la cabeza del húmero izquierdo y del hueso calcáneo de su pie izquierdo. La petición del examen médico, tras la detención, la hizo el coordinador regional de la Policía Única de la Fiscalía General de Justicia del estado, después de que lo entregaron los policías federales. Poco tiempo después, el médico fue despedido, sin justificación, de la Secretaría de Salud, donde había prestado sus servicios durante quince años.

La intervención de la FEADLE

Los policías federales querían la confesión de El Larry. Querían que se dijera socio del narcotráfico. En concreto de Los Salazar. Respecto al homicidio de Miroslava, la Fiscalía General de Chihuahua tenía pruebas por los análisis informáticos de varios celulares encontrados en el domicilio del imputado Wilber Jaciel Vega Villa, obtenidos con la localización de su automóvil utilizado en el crimen, registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Desde el 27 de marzo de 2017, los agentes de la FEADLE exigían la información a la fiscalía de Chihuahua sobre los datos del vehículo, pues el cateo al domicilio de Vega Villa y los testimonios de los vecinos habían sido acopiados por la fiscalía estatal. En este cateo, además de los celulares, huellas digitales e identificaciones oficiales, observaron una cartulina que indicaba la propiedad del bote de basura en la calle, la cual tenía una caligrafía muy similar a la de la cartulina sobre la adjudicación del crimen contra Miroslava en el lugar de los hechos. El análisis grafológico verificaba que se trataba de la misma persona.

No obstante, el gobernador Javier Corral Jurado, manipuló la información a los medios. Alteró el mensaje de la cartulina en dos ocasiones. Hizo público un segundo mensaje en una lona o manta, en la que se reiteraban las supuestas amenazas contra su persona, el 30 de marzo de 2017. La caligrafía de esa supuesta lona no correspondía a la del crimen del 23 de marzo. Tampoco eran las mismas huellas digitales.

En 2018, a partir de que la FEADLE atrajo el caso por la presión de los colectivos de periodistas y las diferencias entre la familia de la víctima y el gobernador Corral, quien—para entonces—culpaba a Miroslava de su propia muerte, la agente de la FEADLE Santoyo Cuervo, al frente de la investigación, buscaba probar que el motivo del asesinato de Miroslava Breach era silenciar su libertad de expresión y, específicamente, buscaba probar que estaba relacionada con Los Salazar.

El 19 de mayo de 2018, Santoyo Cuervo estuvo en presencia de Carlos Arturo Quintana Quintana El 80, de 34 años, quien ya estaba detenido en calidad de sospechoso por narcotráfico. Quintana se encontraba acompañado de su abogado, dentro de las instalaciones de la SIEDO, y no respondió a las preguntas. La comunicación fue por medio de su defensor. Le leyeron sus derechos como imputado y se los dieron por escrito, de acuerdo con la evidencia en el tomo 26, de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017. Derechos estipulados en la Constitución mexicana, en el artículo 20, apartado B; que fueron violados en los casos de Schultz Alcaraz y Moreno Ochoa.

Declaración de Carlos Arturo Quintana Quintana, El 80, como indiciado en la PGR. Archivo Los Ángeles Press.

La segunda tortura

El arresto de Édgar Salazar Gaxiola, el 21 de enero de 2019, a quien se exhibió en los medios como autor del crimen de Miroslava Breach el 9 de febrero de ese año, fue orquestada por la misma agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo y por el oficial ministerial Jean Paul Rodríguez M. Tras la detención de Salazar , fue torturado para que señalara a Hugo Amed Schultz por un supuesto parentesco con Los Salazar, intentando cuadrar la información que había dado en falso la periodista, en la que refería que Schultz era tío de Juan Miguel Salazar y que había impulsado su candidatura a la presidencia municipal de Chínipas. Al no poder sustentarlo, Édgar Salazar fue torturado para forzarlo a declarar sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano. Finalmente, lo indujeron a que firmara la incriminación contra su padre.

A raíz de la entrevista de Los Ángeles Press sobre esta agresión de la FEADLE a Édgar Salazar Gaxiola, la defensa de Hugo Amed Schultz obtuvo la evidencia de quien había sido fabricado como el testigo protegido Apolo, torturado y coaccionado a hacer señalamientos en contra de Schultz y de su padre.

El abogado defensor de Schultz, Manuel Norberto Cortez Vázquez, confirmó a este medio que el peritaje sobre la tortura de Salazar Gaxiola era positivo y que, en su declaración como «testigo protegido Apolo», con fecha de 8 de marzo de 2021, se le había obligado a firmar una declaración falsa sobre el hijo de Hugo Amed Schultz, la cual fue utilizada para amenazar a su defendido sobre posibles consecuencias contra su familia.

En esa declaración, Édgar Salazar Gaxiola fue obligado a firmar y poner su huella digital en un documento presentado como una declaración voluntaria ante la agente del Santoyo Cuervo sobre el homicidio de Miroslava Breach:

«Yo conozco al señor que se llama Hugo Schultz y lo conozco porque era presidente municipal de Chínipas, cuando estaba allá estudiando y vivía con mi papá Crispín Salazar Zamorano, y el Hugo Schultz iba a la casa de mi papá, su relación con él era de negocios, porque como el Hugo era el presidente municipal y mi papá es encargado del cártel de Los Salazar en la región, era el que le decía cuánto dinero del municipio se iba a ocupar, por ejemplo Hugo Schultz quería meter a su familia a los proyectos del municipio porque quería seguir robando, porque ese wey es el presidente municipal que más ha robado  y de ahí se hizo todo su varo y mi papá le dijo que no, que tenía que poner a la gente de la sierra; y el Hugo Schultz me conoce a mí porque él era muy barbero conmigo y con cualquiera de la familia porque quería quedar bien con mi papá y con mi primo Alfredo Salazar Ramírez…”

El 5 de abril de 2021, en entrevista de Los Ángeles Press, Édgar Salazar describió cómo lo habían torturado para que declarara contra Hugo Amed Schultz y su padre Crispín Salazar. Una tortura que confirmó su madre, Lilia Gaxiola.

La amenaza de la FEADLE al hijo de Schultz

La agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo incorporó en la declaración fabricada de Édgar Salazar Gaxiola como testigo protegido Apolo que, el 26 de febrero de 2021, a las ocho de la mañana, el hijo mayor de Hugo Amed Schultz lo había secuestrado para que firmara una declaración ante notario que favoreciera a su padre.

La historia de la FEADLE indicaba una notaría pública en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a 504 kilómetros de donde trabaja el hijo de Schultz, en la Mina Palmarejo, la cual expidió una constancia de asistencia con fecha del 30 de abril de 2021, en la que el representante legal Ramón Norberto Parra Rascón, hacía constar que Hugo Schultz Martínez había cumplido con la asistencia laboral de ese día. La constancia de asistencia abarca del 6 de febrero al 1 de marzo de 2021, en la que se especifica que el 26 de febrero Schultz Martínez se había presentado a trabajar a la mina a las 6:37, según el reloj checador, y su hora de salida estaba registrada a las 18:00.

Al hijo de Schultz lo describe que iba acompañado con dos hombres, uno de ellos supuestamente era el abogado de Schultz, montado en una Cheyenne gris, dice, “bien armados”.

En entrevista con el abogado Julio Iván Ramírez Muñoz, el 24 de enero de 2023, en la ciudad de Chihuahua, quien fue el primer abogado defensor de Schultz, negó a esta periodista que él hubiera estado en esa notaría. Conocía bien las referencias que hacía la FEADLE. Él mismo explicó que era una notaría de la ciudad de Delicias, y que por su trabajo y la pandemia le hubiera sido imposible acompañar al hijo de Hugo Schultz a ese lugar.

La negociación de los primeros abogados de Schultz y Santoyo Cuervo

El abogado Ramírez Muñoz reconoció que a Hugo Amed Schultz lo habían obligado a declarar bajo coacción. Lo explicó como un “testimonio de coartada”, junto a otras 12 personas más que utilizaba la FEADLE, sin especificar quiénes habían sido. También hizo notar que la fiscalía le había pedido el dinero de reparación de daño para la víctima indirecta Rosa María Breach Velducea, por un monto de 500 mil pesos.

“La diferencia del profe Hugo es que no se acreditaba un dolo; eventualmente puede escalar. No quiere decir que acepta la conducta, pero acepta el resultado”, explicó Ramírez Muñoz, del despacho Venzor y Ramírez.

El abogado hace un recuento rápido de la situación en la que supuestamente se encontraba su cliente: “El profe Hugo en la presidencia municipal de Chínipas por el PAN, hay posibles candidatos del PRI que van a llegar, entre ellos familiares de estas personas (en referencia al narcotráfico), bajan a esos candidatos, pero la cara visible del PAN y que tenía una función partidista, era el profe Hugo”.

Continúa de prisa: “acreditamos que tú no fuiste (en referencia a Schultz) y saca el desplegado que diga ‘yo no fui. Yo no llevé los audios, ni vi la camioneta negra’. Todo a través de los abogados. Entonces nos sentamos Santoyo y nosotros (en referencia al abogado Javier Fernando Venzor Morales, su socio) y platicamos. Entre nosotros no se oculta nada. Las dos partes a favor y en contra. Vimos que todo el juicio se basa en si entregó los audios. Había testigos de las dos partes”.

Al preguntar cómo era el trato con la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo, el abogado señaló que “tenían un trato cordial, oficial”. Y continuó: “El profe Hugo declara en su propia contra; la investigación del Estado y la de la FGR recaen en una facultad concurrente. Lo tratan como testigo protegido, pero la FGR pedía de 30 a 60 años de cárcel, porque la verdad legal o jurídica (independientemente de lo que sucedió) es que sí entregó los audios”.

El abogado Ramírez Muñoz, después de concluir esta entrevista, se despidió de mano, y dijo a esta periodista, que todo lo había dicho off the record, y su publicación tendría consecuencias legales para quien esto escribe.

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Primera parte: Hugo Amed Schultz: un cabo suelto en el caso de Miroslava Breach (losangelespress.org)