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Justicia pendiente

‘Megaproyectos’ provocan nuevos flujos migratorios

La demanda de los recursos naturales de México y Centroamérica está provocando la expulsión de comunidades campesinas e indígenas enteras de sus tierras.

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En el camino

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento en la venta de los recursos naturales en México y Centroamérica están provocando conflictos sociales que expulsan de sus tierras a comunidades campesinas e indígenas enteras, lo que afecta su desarrollo, de acuerdo con la Mesa Transfronteriza de Migración y Género entre México y Centroamérica.

Estas comunidades se están viendo forzadas a dejar sus tierras por la hostilidad con la que grandes empresas llegan a apoderarse de sus tierras para instalar proyectos ya sean mineros, de monocultivo, hidroeléctricos, o de cualquier otro tipo de explotación.

Esta fue la conclusión que el pasado 18 de diciembre, día del migrante, publicó la Mesa Transfronteriza a un mes de haber realizado una misión de internacional de observación de derechos humanos entre Guatemala y México, a través de un informe preliminar.

La misión se llevó a cabo del 10 al 16 de noviembre y tuvo la participación de 24 defensores de derechos humanos internacionales que recorrieron dos rutas entre México y Guatemala a través de las que constataron las violaciones a Derechos Humanos provocadas por estos grandes proyectos, así como los cambios en los fenómenos migratorios de la región.

En el informe, se sostiene que a pesar de que la respuesta de los gobiernos debería ser la de apoyar a las comunidades originarias a sostener su derecho sobre la tierra, los gobiernos han ayudado a agudizar el problema al implementar una fuerte militarización de la zona fronteriza y campesina.

Esta securitización, como llama la Mesa Transfronteriza, ejerce presión sobre las comunidades y sobre las personas migrantes que pasan por ellas al criminalizarlas y al ejercer un acoso silencioso contra ellas y a favor de las empresas.

Como respuesta derivada de la misión, la Mesa creará un observatorio permanente de derechos humanos en la región fronteriza de México con Guatemala, la cual pueda servir como un apoyo a la vinculación social en la región de diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

La Mesa Transfronteriza es una red formada por 30 organizaciones civiles, comunitarias y colectivos de Guatemala y México que trabajan en la promoción de los Derechos Humanos de migrantes y comunidades originarias en la región.

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Justicia pendiente

Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Justicia pendiente

Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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