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Justicia pendiente

Medios y diputados sabían de violaciones de derechos humanos de Peña Nieto en caso Estrada

Desde 2007, periodistas y diputados conocían las agresiones y atentados de parte Enrique Peña Nieto a Agustin Estrada. Y se guardó silencio.

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“Pena Nieto, tratando de ocultar su homosexualidad, grave que
haya atentado contra la vida de una persona”: Diputado Fernández Noroña

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- El diputado Gerardo Fernández Noroña conocía el testimonio de Agustín Estrada Negrete, desde 2009, y volvió a saber de ello el 25 de septiembre de 2011, al entrevistarse con la vícitma en Estados Unidos. El legislador dijo que tenía un vídeo y los detalles de la información. Incluso, sostuvo que intentó incorporar el caso a la Comisión Permanente, en enero de 2012, por la violación de derechos humanos y homofobia de parte del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, pero no obtuvo el consenso.

Lo grave de la situación para el diputado Fernández Noroña es que “Peña Nieto, tratando de ocultar su preferencia sexual, haya atentado contra la vida de una persona”. Afirmó que la persecución contra Estrada existe claramente y “de eso no hay duda, como tampoco hay duda de que no se aplicaron las medidas cautelares” tal como había observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la integridad física de Estrada Negrete y la de su familia, quienes aún están en riesgo.

Las medidas cauterales a las que se refiere Fernández Noroña fueron indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al estado mexicano, y notificadas a Estrada Negrete el 7 de abril de 2010. El atentado en el que casi pierde la vida fue el 15 de septiembre de 2010. El estado debía haber protegido a Agustín Humberto y Leticia Estrada Negrete y a Guadalupe Negrete Silva. La Comisión Interamericana también solicitó al estado mexicano que informara sobre las medidas adoptadas dentro de un plazo de 20 días, lo cual fue ignorado por Enrique Peña Nieto.

Diputados sabían de la discriminación y relación de Peña Nieto

Después del 16 de febrero de 2009, el gobierno del Estado de México negó a Agustín Estrada Negrete su derecho a reincorporarse al sistema educativo. Fue entonces que intercedió en su favor la senadora Rosario Ibarra de Piedra e hizo una recomendación al gobernador por discriminación laboral. Sin embargo no fue atendida.

Estrada no dejó de buscar ayuda y desde fines de 2008, se había puesto en contacto con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. El día en que se perpetró la primera agresión, febrero de 2009, le llamó directamente al diputado y, sostiene Estrada, que le respondió que se alejara del lugar y que fuera al Ministerio Público de Ecatepec, para poner la denuncia (EM/MR/I/124/2009).

Estrada señala que Moreira sabía de su relación sexual con Enrique Peña Nieto, porque le preguntó directamente “¿por qué tanto odio?”. Y con la promesa de ayudarlo, lo convocó a varias reuniones para sacar un punto de acuerdo sobre su caso de discriminación laboral. Un mes después, Moreira le dijo a Estrada que no podía ayudarlo, y lo hizo públicamente frente a los diputados compañeros de su comisión.

Entonces intervino la diputada del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien –de acuerdo a la versión de Estrada– también conocía de esta relación homosexual. La diputada preaparó el punto de acuerdo (10), en coordinación con el diputado Óscar González Yáñez y lo presentaron el 30 de junio durante la sesión de la Comisión permanente de la LXI Legislatura del Senado de la República. En el documento, se exhortó al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a que detuviera los actos de discriminación por parte de sus funcionarios en contra de Agustín Humberto Estrada Negrete. Y se reconoció en ese punto de acuerdo que la víctima empezó a ser públicamente hostigada a raíz de que decidiera expresar su homosexualidad en el Día Internacional contra la Homofobia.

Medios de comunicación guardaron silencio sobre responsables

Varios de los medios de comunicación mexicanos llegaron a tener la información con oportunidad y tenían la capacidad para denunciar la discriminación laboral, e incluso los atentados contra su vida. Entre los medios más destacados que tenían esta información a detalle era Milenio, Proceso, Televisa, TV Azteca, Proyecto 40, El Universal, La Jornada y Telemundo México.

Estrada dice haber hablado directamente con Ciro Gómez Leyva, y le dijo también de su relación homosexual. Pero no sacó la noticia, y al preguntar Estrada por su noticia, el periodista respondió que “había una consigna, que no podía sacarla”. Lo mismo sucedió con Adela Micha, de Televisa. Carmen Aristegui lo entrevistó sólo sobre la violación en la cárcel.

El Universal y La Jornada también omitieron la información que comprometía al político Enrique Peña Nieto como responsable de las violaciones de derechos humanos. Proyecto 40 y Televisa con Denisse Maerker hicieron un video reportaje dando cobertura con mayor seguimiento a la discriminación laboral, pero también omitieron a los funcionarios responsables.

La revista Proceso ignoró el correo electrónico donde Estrada solcitaba la ayuda a un reportero, ya en tono de súplica, el 20 de abril de 2010. Telemundo México desistió de publicar la información el 14 de julio de 2010, al igual que su cadena en Estados Unidos, NBC Universal, donde su reportero se justifícó el 15 de junio de 2011 que no podía cubrir la información.

La información ha estado disponible desde que pasaron los hechos, el 17 de mayo de 2007 hasta el presente. La violación de derechos humanos y las irregularidades en el proceso de denuncia que ha padecido Agustín Estrada Negrete han sido ignoradas sistemáticamente. Algunos medios han intentado minimizar su caso, mientras las madres de familia de la escuela en la que estuvo trabajando lo apoyaron y tocaron puertas para lograr ayudarlo. Pero no han sido pocos los diputados, senadores  y periodistas mexicanos que conocían a detalle el caso de discriminación y las denuncias ante los organismos de derechos humanos.

Fotografía: Cortesía de Agustín Estrada, tomada de la campaña a diputado por el PRI de Enrique Peña Nieto.

 

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Interpol busca a exsecretarios de la Policía Federal por lavado de dinero

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la extinta Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El organismo internacional busca a los exfuncionarios federales que laboraron en la gestión de Enrique Peña Nieto, y por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión.

De acuerdo con la indagatoria que realiza la FGR, se desviaron cerca de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha interpuesto también la denuncia penal correspondiente.

Frida Martínez Zamora fue colaboradora del ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que Jesús Orta Martínez fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actual gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Asimismo, la FGR emitió otras 17 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de la Policía Federal que se desempeñaron en la administración de Enrique Peña Nieto, luego de que la Policía Federal dependió directamente de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

La FGR investiga diferentes irregularidades cometidas en la Policía Federal desde la administración de Felipe Calderón, luego de haber sido detenido Genaro García Luna, cuando fue titular de la SSP, enjuiciado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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