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Justicia pendiente

Medios y diputados sabían de violaciones de derechos humanos de Peña Nieto en caso Estrada

Desde 2007, periodistas y diputados conocían las agresiones y atentados de parte Enrique Peña Nieto a Agustin Estrada. Y se guardó silencio.

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«Pena Nieto, tratando de ocultar su homosexualidad, grave que
haya atentado contra la vida de una persona»: Diputado Fernández Noroña

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- El diputado Gerardo Fernández Noroña conocía el testimonio de Agustín Estrada Negrete, desde 2009, y volvió a saber de ello el 25 de septiembre de 2011, al entrevistarse con la vícitma en Estados Unidos. El legislador dijo que tenía un vídeo y los detalles de la información. Incluso, sostuvo que intentó incorporar el caso a la Comisión Permanente, en enero de 2012, por la violación de derechos humanos y homofobia de parte del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, pero no obtuvo el consenso.

Lo grave de la situación para el diputado Fernández Noroña es que «Peña Nieto, tratando de ocultar su preferencia sexual, haya atentado contra la vida de una persona”. Afirmó que la persecución contra Estrada existe claramente y “de eso no hay duda, como tampoco hay duda de que no se aplicaron las medidas cautelares” tal como había observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la integridad física de Estrada Negrete y la de su familia, quienes aún están en riesgo.

Las medidas cauterales a las que se refiere Fernández Noroña fueron indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al estado mexicano, y notificadas a Estrada Negrete el 7 de abril de 2010. El atentado en el que casi pierde la vida fue el 15 de septiembre de 2010. El estado debía haber protegido a Agustín Humberto y Leticia Estrada Negrete y a Guadalupe Negrete Silva. La Comisión Interamericana también solicitó al estado mexicano que informara sobre las medidas adoptadas dentro de un plazo de 20 días, lo cual fue ignorado por Enrique Peña Nieto.

Diputados sabían de la discriminación y relación de Peña Nieto

Después del 16 de febrero de 2009, el gobierno del Estado de México negó a Agustín Estrada Negrete su derecho a reincorporarse al sistema educativo. Fue entonces que intercedió en su favor la senadora Rosario Ibarra de Piedra e hizo una recomendación al gobernador por discriminación laboral. Sin embargo no fue atendida.

Estrada no dejó de buscar ayuda y desde fines de 2008, se había puesto en contacto con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. El día en que se perpetró la primera agresión, febrero de 2009, le llamó directamente al diputado y, sostiene Estrada, que le respondió que se alejara del lugar y que fuera al Ministerio Público de Ecatepec, para poner la denuncia (EM/MR/I/124/2009).

Estrada señala que Moreira sabía de su relación sexual con Enrique Peña Nieto, porque le preguntó directamente “¿por qué tanto odio?”. Y con la promesa de ayudarlo, lo convocó a varias reuniones para sacar un punto de acuerdo sobre su caso de discriminación laboral. Un mes después, Moreira le dijo a Estrada que no podía ayudarlo, y lo hizo públicamente frente a los diputados compañeros de su comisión.

Entonces intervino la diputada del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien –de acuerdo a la versión de Estrada– también conocía de esta relación homosexual. La diputada preaparó el punto de acuerdo (10), en coordinación con el diputado Óscar González Yáñez y lo presentaron el 30 de junio durante la sesión de la Comisión permanente de la LXI Legislatura del Senado de la República. En el documento, se exhortó al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a que detuviera los actos de discriminación por parte de sus funcionarios en contra de Agustín Humberto Estrada Negrete. Y se reconoció en ese punto de acuerdo que la víctima empezó a ser públicamente hostigada a raíz de que decidiera expresar su homosexualidad en el Día Internacional contra la Homofobia.

Medios de comunicación guardaron silencio sobre responsables

Varios de los medios de comunicación mexicanos llegaron a tener la información con oportunidad y tenían la capacidad para denunciar la discriminación laboral, e incluso los atentados contra su vida. Entre los medios más destacados que tenían esta información a detalle era Milenio, Proceso, Televisa, TV Azteca, Proyecto 40, El Universal, La Jornada y Telemundo México.

Estrada dice haber hablado directamente con Ciro Gómez Leyva, y le dijo también de su relación homosexual. Pero no sacó la noticia, y al preguntar Estrada por su noticia, el periodista respondió que “había una consigna, que no podía sacarla”. Lo mismo sucedió con Adela Micha, de Televisa. Carmen Aristegui lo entrevistó sólo sobre la violación en la cárcel.

El Universal y La Jornada también omitieron la información que comprometía al político Enrique Peña Nieto como responsable de las violaciones de derechos humanos. Proyecto 40 y Televisa con Denisse Maerker hicieron un video reportaje dando cobertura con mayor seguimiento a la discriminación laboral, pero también omitieron a los funcionarios responsables.

La revista Proceso ignoró el correo electrónico donde Estrada solcitaba la ayuda a un reportero, ya en tono de súplica, el 20 de abril de 2010. Telemundo México desistió de publicar la información el 14 de julio de 2010, al igual que su cadena en Estados Unidos, NBC Universal, donde su reportero se justifícó el 15 de junio de 2011 que no podía cubrir la información.

La información ha estado disponible desde que pasaron los hechos, el 17 de mayo de 2007 hasta el presente. La violación de derechos humanos y las irregularidades en el proceso de denuncia que ha padecido Agustín Estrada Negrete han sido ignoradas sistemáticamente. Algunos medios han intentado minimizar su caso, mientras las madres de familia de la escuela en la que estuvo trabajando lo apoyaron y tocaron puertas para lograr ayudarlo. Pero no han sido pocos los diputados, senadores  y periodistas mexicanos que conocían a detalle el caso de discriminación y las denuncias ante los organismos de derechos humanos.

Fotografía: Cortesía de Agustín Estrada, tomada de la campaña a diputado por el PRI de Enrique Peña Nieto.

 

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FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Justicia pendiente

Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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