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Justicia pendiente

Medios y diputados sabían de violaciones de derechos humanos de Peña Nieto en caso Estrada

Desde 2007, periodistas y diputados conocían las agresiones y atentados de parte Enrique Peña Nieto a Agustin Estrada. Y se guardó silencio.

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«Pena Nieto, tratando de ocultar su homosexualidad, grave que
haya atentado contra la vida de una persona»: Diputado Fernández Noroña

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- El diputado Gerardo Fernández Noroña conocía el testimonio de Agustín Estrada Negrete, desde 2009, y volvió a saber de ello el 25 de septiembre de 2011, al entrevistarse con la vícitma en Estados Unidos. El legislador dijo que tenía un vídeo y los detalles de la información. Incluso, sostuvo que intentó incorporar el caso a la Comisión Permanente, en enero de 2012, por la violación de derechos humanos y homofobia de parte del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, pero no obtuvo el consenso.

Lo grave de la situación para el diputado Fernández Noroña es que «Peña Nieto, tratando de ocultar su preferencia sexual, haya atentado contra la vida de una persona”. Afirmó que la persecución contra Estrada existe claramente y “de eso no hay duda, como tampoco hay duda de que no se aplicaron las medidas cautelares” tal como había observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la integridad física de Estrada Negrete y la de su familia, quienes aún están en riesgo.

Las medidas cauterales a las que se refiere Fernández Noroña fueron indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al estado mexicano, y notificadas a Estrada Negrete el 7 de abril de 2010. El atentado en el que casi pierde la vida fue el 15 de septiembre de 2010. El estado debía haber protegido a Agustín Humberto y Leticia Estrada Negrete y a Guadalupe Negrete Silva. La Comisión Interamericana también solicitó al estado mexicano que informara sobre las medidas adoptadas dentro de un plazo de 20 días, lo cual fue ignorado por Enrique Peña Nieto.

Diputados sabían de la discriminación y relación de Peña Nieto

Después del 16 de febrero de 2009, el gobierno del Estado de México negó a Agustín Estrada Negrete su derecho a reincorporarse al sistema educativo. Fue entonces que intercedió en su favor la senadora Rosario Ibarra de Piedra e hizo una recomendación al gobernador por discriminación laboral. Sin embargo no fue atendida.

Estrada no dejó de buscar ayuda y desde fines de 2008, se había puesto en contacto con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. El día en que se perpetró la primera agresión, febrero de 2009, le llamó directamente al diputado y, sostiene Estrada, que le respondió que se alejara del lugar y que fuera al Ministerio Público de Ecatepec, para poner la denuncia (EM/MR/I/124/2009).

Estrada señala que Moreira sabía de su relación sexual con Enrique Peña Nieto, porque le preguntó directamente “¿por qué tanto odio?”. Y con la promesa de ayudarlo, lo convocó a varias reuniones para sacar un punto de acuerdo sobre su caso de discriminación laboral. Un mes después, Moreira le dijo a Estrada que no podía ayudarlo, y lo hizo públicamente frente a los diputados compañeros de su comisión.

Entonces intervino la diputada del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien –de acuerdo a la versión de Estrada– también conocía de esta relación homosexual. La diputada preaparó el punto de acuerdo (10), en coordinación con el diputado Óscar González Yáñez y lo presentaron el 30 de junio durante la sesión de la Comisión permanente de la LXI Legislatura del Senado de la República. En el documento, se exhortó al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a que detuviera los actos de discriminación por parte de sus funcionarios en contra de Agustín Humberto Estrada Negrete. Y se reconoció en ese punto de acuerdo que la víctima empezó a ser públicamente hostigada a raíz de que decidiera expresar su homosexualidad en el Día Internacional contra la Homofobia.

Medios de comunicación guardaron silencio sobre responsables

Varios de los medios de comunicación mexicanos llegaron a tener la información con oportunidad y tenían la capacidad para denunciar la discriminación laboral, e incluso los atentados contra su vida. Entre los medios más destacados que tenían esta información a detalle era Milenio, Proceso, Televisa, TV Azteca, Proyecto 40, El Universal, La Jornada y Telemundo México.

Estrada dice haber hablado directamente con Ciro Gómez Leyva, y le dijo también de su relación homosexual. Pero no sacó la noticia, y al preguntar Estrada por su noticia, el periodista respondió que “había una consigna, que no podía sacarla”. Lo mismo sucedió con Adela Micha, de Televisa. Carmen Aristegui lo entrevistó sólo sobre la violación en la cárcel.

El Universal y La Jornada también omitieron la información que comprometía al político Enrique Peña Nieto como responsable de las violaciones de derechos humanos. Proyecto 40 y Televisa con Denisse Maerker hicieron un video reportaje dando cobertura con mayor seguimiento a la discriminación laboral, pero también omitieron a los funcionarios responsables.

La revista Proceso ignoró el correo electrónico donde Estrada solcitaba la ayuda a un reportero, ya en tono de súplica, el 20 de abril de 2010. Telemundo México desistió de publicar la información el 14 de julio de 2010, al igual que su cadena en Estados Unidos, NBC Universal, donde su reportero se justifícó el 15 de junio de 2011 que no podía cubrir la información.

La información ha estado disponible desde que pasaron los hechos, el 17 de mayo de 2007 hasta el presente. La violación de derechos humanos y las irregularidades en el proceso de denuncia que ha padecido Agustín Estrada Negrete han sido ignoradas sistemáticamente. Algunos medios han intentado minimizar su caso, mientras las madres de familia de la escuela en la que estuvo trabajando lo apoyaron y tocaron puertas para lograr ayudarlo. Pero no han sido pocos los diputados, senadores  y periodistas mexicanos que conocían a detalle el caso de discriminación y las denuncias ante los organismos de derechos humanos.

Fotografía: Cortesía de Agustín Estrada, tomada de la campaña a diputado por el PRI de Enrique Peña Nieto.

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

No te pierdas: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando GonzálezIván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

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El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

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De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

 

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