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Medios simulan equidad informativa sobre el falso caso Wallace para dar juego a Isabel Miranda

Medios dan juego a Isabel Miranda simulando equidad informativa sobre el caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- En una simulación de imparcialidad y con una entrevista a Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión sin sentencia por el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, el señor Ricardo Raphael –en alianza con el periodista Julio Hernández “Astillero”– anunció la subida al escenario mediático de nueva cuenta de Isabel Miranda Torres, indiciada por la fabricación de pruebas y secuestro en grado tentativa en la Fiscalía General de la República, dándole trato “equitativo” pese al apoyo gubernamental que ha tenido en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña.

Ricardo Raphael, quien también tiene una denuncia de hechos por el probable delito de plagio de la investigación El falso caso Wallace, y una demanda por daño moral admitida en tribunales, se negó a entrevistar a Enriqueta Cruz Gómez en diciembre de 2018, después de que entrevistara a Isabel Miranda en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, diciendo que la madre de Brenda “no era de su interés”. No obstante, ocho meses después decide hacerlo, luego de entrevistar al padre Solalinde, entrevistas que han funcionado para seguir dando juego a Isabel Miranda en los medios con la misma historia del supuesto secuestro que ha mantenido en prisión injusta a ocho personas por 13 años.

Con un tuit, Miranda llamó la atención reclamando “ser escuchada” a través de los micrófonos de Radio Centro, de la Ciudad de México, por cuestión de “equidad”, pese a las campañas desplegadas con recursos públicos durante los gobiernos del PAN y del PRI para sostener la historia fabricada del hijo. Incluso, en días pasados, inició nueva campaña en los medios con las mismas calumnias a las víctimas del falso secuestro Wallace, y en aparente coincidencia con las entrevistas de Ricardo Raphael que sirvieron de plataforma para su reclamo.


La primera entrevista de quien sostuvo haber trabajado para el CISEN durante el mismo periodo en que se fabricó el caso Wallace, fue al presbítero Alejandro Solalinde luego de que publicara un tuit sobre su visita solidaria a Brenda Quevedo en la prisión. Ello dio pie para que en el portal julioastillero.com se publicara la reacción inmediata de Isabel Miranda, promovida desde Notimex, señalando al padre Solalinde de “defender a secuestradora”. Y posterior a ello, en entrevista al presbítero, Raphael hizo alarde de “su investigación”, apenas metido en el caso como “reportero” en abril de 2019.

“He investigado, he hecho una larga lista de entrevistas…”, dice Raphael de la Madrid al padre Solalinde. No obstante, su primera entrevista directamente relacionada con El falso caso Wallace fue el 12 de diciembre de 2018, a esta periodista por su investigación en formato de libro, con la que apenas se daba por enterado de la fabricación que diera poder político y económico a Miranda y a su red de complicidad con el apoyo de Genaro García Luna. Ese mismo día, entrevistó a Isabel Miranda, dándole el juego de “imparcialidad”, como en esta ocasión, cuando a Miranda la había entrevistado diez años antes haciendo eco en su favor, mientras había ignorado a las víctimas y sus familiares todo ese tiempo.

Ahora, Raphael de la Madrid entrevista por primera vez a una de las madres de las víctimas, después de 14 años de la fabricación del caso, a quien le pregunta:

–¿Ha sido difícil de ser escuchada?

–Muy difícil –responde Enriqueta Cruz– nos cerraron las puertas muchos años.

Sin embargo, en los últimos cinco años, la madre de Brenda Quevedo Cruz ha tenido la atención de manera sistemática de la fundadora de Los Ángeles Press, y otros periodistas, con más de cien notas y reportajes, más videos y entrevistas en audio, al igual que a las demás madres de las víctimas. Asimismo, se le han abierto foros para su denuncia en diferentes ciudades de México y España y en instancias públicas como la Secretaría de Gobernación, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, donde se escucharon a cientos de víctimas más de fabricación de culpables.

 

Quien juega el papel de entrevistador en Radio Centro, enfatizó en que “el poder del micrófono de la señora Wallace ha sido muy superior…”. Una obviedad que responde a la fabricación de culpables desde el Estado, ya que el silencio de los medios –en el que él mismo participó durante los gobierno anteriores– era compensado con recursos públicos.

Un ejemplo de las imprecisiones en la entrevista al padre Solalinde hechas por Ricardo Raphael es el comentario que “desde la época de finales de Fox, se inicia esta suerte de política punitiva de circo romano, los empiezan a fabricar pruebas, a fabricar culpables…”. Sin embargo, Isabel Miranda Torres participaba desde 2001 en el tema de las investigaciones de los secuestros y sus recompensas de la PGR, por medio de su abogado particular Ricardo Martínez Chávez, quien al mismo tiempo fungía como agente ministerial de la entonces SIEDO, junto con Iñaki Blanco, quien fabricó el expediente de Nestora Salgado (2013), y Braulio Robles Zúñiga, uno de los torturadores identificados por Brenda Quevedo, Albert Castillo y Jacobo Tagle (2009-2017).

Incluso, la fabricación de culpables de manera sistemática en la PGR data de 1996, con Samuel González Ruiz, actual abogado de Isabel Miranda, quien en ese tiempo fungió hasta 1999 como subprocurador de la entonces UEDO, como se denominaba a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, y desde donde se fabricaron culpables relacionados con el “Maxiproceso”, cuando la PGR intervino al Cártel de Juárez, y González Ruiz favoreció a algunos de sus miembros, incriminando a personas inocentes, algunas aún en el exilio y otras en prisión.  

En referencia a un último punto como ejemplo de la manipulación mediática sobre el caso por parte de Ricardo Raphael, fue cuando el padre Solalinde dijo que esperaba que la Fiscalía General de la República ya tomara cartas en el asunto respecto al caso, y Ricardo Raphael cuestiona:

–¿Por qué la fiscalía? Le toca al juez. Esto ya está en manos la Defensoría de oficio.

El abogado tras el micrófono de Radio Centro mal informa a la audiencia, tratando de ignorar las carpetas de investigación abiertas contra María Isabel Miranda Torres, una por secuestro en grado tentativa, y otra por la fabricación de pruebas para sostener el caso Wallace. Uno de los testigos claves que presentó su denuncia ante la FGR por la fabricación de pruebas, entre otros, fue el doctor Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien señaló a Ricardo Raphael de generarle daño moral por las inexactitudes publicadas sobre su familia.

De acuerdo con la información del fiscal general Alejandro Gertz Manero, el caso volvió a abrirse en mayo de 2019 en la FGR por la fabricación de pruebas y la participación de agentes ministeriales, a quienes se les denunció ante la Visitaduría General de la Fiscalía Anticorrupción.

 

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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Estados Unidos

Trump adopta estrategia de “inmunidad colectiva” contra pandemia, catalogada como amoral por la OMS

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Estados Unidos presenta un aumento drástico en los casos de coronavirus, mientras el gobierno de Donald Trump -según medios- adopta la medida de “inmunidad colectiva”, al tiempo que el clima de otoño se asienta en el país.

Hasta el martes, 13 de octubre, el registro de contagio sobrepasó los 54.000 casos y se ha alcanzado niveles récords de la enfermedad en 20 estados.

Los funcionarios de la ciudad de Oklahoma sostienen que se han quedado sin lugar en las unidades de terapia intensiva. En la ciudad de Bismarck, en el estado de Dakota del Norte, se informó que sólo queda una cama disponible para los pacientes en terapia intensiva. Asimismo, seis hospitales importantes del estado de Misisipi ya no tienen más capacidad en las unidades de cuidados intensivos.

Oficialmente, se ha registrado una cifra de 216.000 muertos por COVID-19 en Estados Unidos este año, pero un nuevo estudio de la revista de la Asociación Médica Estadounidense predice que la cifra total de muertes relacionadas con la pandemia, en 2020, podría alcanzar las 400.000

Esta información la revelaron los periódicos The Washington Post y The New York Times los cuales informaron que los funcionarios del gobierno de Trump declararon haber adoptado una política de permitir deliberadamente que gran parte de la población estadounidense se contagie del virus, con el fin de lograr la “inmunidad colectiva”.

Los expertos en Salud advierten que es posible que esa estrategia ni siquiera sea viable y que podría causar más de dos millones de muertes en el país. El lunes, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la inmunidad colectiva sólo debe alcanzarse mediante la vacunación, no a través del contagio natural de la población.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: “La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Es problemático desde el punto de vista científico y ético”.

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