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Mexico Violento

Mecanismo de Protección a Periodistas, omiso ante denuncias de amenazas y riesgos: Red Solidaria

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Por Guadalupe Lizárraga

Tras la serie de asesinatos a periodistas en México y los continuos señalamientos verbales del presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa crítica a su gobierno, la organización de derechos humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad manifestó su preocupación por la omisión del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, a las denuncias de riesgo y amenazas sufridas por la corresponsal de Los Ángeles Press, Claudia Martínez Sánchez, de Puebla, y por la tortura y detención arbitraria de Cinthya Alvarado Enríquez, corresponsal de Chiapas.

La periodista y directora del Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas, Claudia Martínez Sánchez ha estado bajo constante hostigamiento, acoso y amenazas que ponen en peligro su integridad física y psicológica, además de enfrentar una campaña de desprestigio en las redes sociales, acusándola de pertenecer a grupos delictivos.

Claudia Martínez Sánchez ha dado cobertura a las violaciones de derechos humanos de Coyomeapan, Puebla, por más de un año, entre las que figuran la fabricación de delitos a cuatro defensores indígenas, quienes están encarcelados desde el 1 de septiembre de 2021, pese a haber demostrado su inocencia. La periodista también ha dado seguimiento a la corrupción de familiares del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y del pasado proceso electoral de Coyomeapan con evidencias de fraude, compra de votos e intimidaciones con actos de terror a los pobladores.

En el caso de Cinthya Alvarado Enríquez fue detenida de manera arbitraria el 6 de enero, en el ejercicio de su labor periodística, por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes la mantuvieron retenida durante cinco horas, dentro de un vehículo oficial, bajo tortura física y maltrato verbal, por el general en retiro Hugo Salvador Cuéllar Fuentes. Al mismo tiempo, se desplegaba una campaña mediática pagada calumniándola de tráfico de personas, venta de documentos falsos e intento de homicidio contra dos servidores públicos. Le requisaron su celular, su auto y su bolso de mano, y le prohibieron hacer sus necesidades fisiológicas.

Cinthya Alvarado estuvo detenida por 48 horas, de las cuales cinco horas permaneció en desaparición forzada, durante su tortura. Sin embargo, ahora enfrenta dos carpetas de investigación con delitos fabricados por el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República, subdelegación de Tapachula, Chiapas. Pese a la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección, de la Segob, el acoso continúa contra la periodista chiapaneca, a través de la vigilancia en vehículos estacionados fuera de su domicilio particular, y la investigación judicial con irregularidades.

Por lo que reiteró la Red Solidaria Década contra la Impunidad en un comunicado público firmado por las abogadas Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López Paulino que, en el caso de Claudia Martínez Sánchez, el Mecanismo de Protección a Periodistas hizo el compromiso de proponer un esquema de protección que no ha cumplido, y en el caso de Cinthya Alvarado, los funcionarios del Mecanismo dijeron que «estarían monitoreando su caso», sin que tampoco se tenga mayor información sobre la protección.

 

Comunicado Red Solidaria contra la Impunidad

A pesar del hostigamiento, acoso y amenazas que ponen en peligro la integridad física y psicológica de la periodista Claudia Martínez Sánchez, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, está siendo omiso.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es el país «más mortífero del mundo para la prensa», y para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), México es el segundo país más mortal para periodistas, después de Siria. Sumado esto a los ataques a los periodistas realizados por el presidente en los últimos días,  ponen en vulnerabilidad y riesgo latente a los comunicadores.

En este sentido, la vida de la periodista y presidenta del Colectivo Nacional “Alerta Temprana de Periodistas y Defensores” Claudia Martínez Sánchez se encuentra en riesgo, ya que al publicar notas periodísticas sobre las violaciones sistemáticas a la población indígena nahua de Coyomeapan, Puebla, y evidenciar la fabricación de delitos a los presos políticos de esta comunidad, es blanco de amenazas contra su vida. Es por eso que acompañada por la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., solicitó al  Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la implementación de Medidas Cautelares.

Sin embargo y a pesar de que se mantuvo una reunión el pasado lunes 7 de febrero y que el compromiso que asumió el Mecanismo, fue de presentar una propuesta de pronta protección a la periodista para el día martes 8 de febrero, este Mecanismo ha mantenido absoluto silencio y omisión. Por lo que responsabilizamos al Estado mexicano de la vida, integridad física y psicológica de la periodista y presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores, Claudia Martínez Sánchez y de su familia, y exigimos que los integrantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cumplan con la función de salvaguardar la integridad y la vida, en general, de periodistas  y defensores, y en este caso de la periodista y presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores, Claudia Martínez Sánchez.

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.

 

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Mexico Violento

Comisión de Derechos Humanos de la ONU llama a reducir desapariciones forzadas en México

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La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para reducir las desapariciones forzadas, pues se han documentado más de cien mil casos desde 1964.

La funcionaria internacional señaló que se deben implementar acciones estratégicas para que se contengan las violaciones graves a los derechos humanos, debido a que se ha tratado un problema multidimensional que ha alcanzado diferentes sectores del país.

De acuerdo con la ex presidenta de Chile, en México persiste una elevada tasa de impunidad sobre las desapariciones, pues sólo en 35 de los cien mil casos que se han cometido se han sentenciado a los responsables de cometer esos crímenes.

Recordó que al menos una cuarta parte del total de la población que ha desaparecido de forma forzada son mujeres y una quinta parte fueron menores de 18 años de edad, aunado a que el 97 por ciento de los casos ocurrieron desde 2006, cuando inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Asimismo, indicó que los familiares de las víctimas han sido claves para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a la reconocer la magnitud de la problemática del país.

Aunque reconoció que se han implementado mecanismos como la creación de comisiones de búsquedas de los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano, por lo que enfatizó uno de los casos más representativos como fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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Con voz propia

Samuel García y Mariana Rodríguez, con trastorno de personalidad narcisista: Ernesto Lammoglia

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Por Alberto Farfán

 En ocasiones en México se suelen encontrar en análisis periodísticos de algunos columnistas imberbes y limitados términos propios de la psiquiatría para plantear la personalidad de gobernantes, servidores públicos y otros de este ámbito, en el afán de vituperar tanto sus actividades de Estado como las personales o sociales, aunque también esta práctica puede encontrarse en otros países.

De ahí que sean importantes las observaciones del doctor Ernesto Lammoglia (Veracruz, 1940), connotado médico psiquiatra, criminólogo, escritor y comunicólogo, que desarrolla acerca del gobernador de Nuevo León y su esposa, Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, respectivamente.

En entrevista, el Dr. Lammoglia, siempre ético y profesional, advierte que el perfil que brindará está sujeto a lo expuesto por los medios de comunicación y redes sociales, lo cual no se podría considerar un diagnóstico objetivo porque para ello el matrimonio regio debería haber sido analizado en su consultorio. Razonamiento que nos parece perfectamente válido e incluso obligado ponerlo sobre la mesa. (Conversación con Julio Hernández en Astillero Informa por YouTube, 13/05/22).

Sin embargo, resulta interesante la caracterización que realiza el doctor si tomamos en cuenta la serie de peculiaridades que García y Rodríguez han mostrado antes, durante y después, ya ubicados en el pináculo del poder en Nuevo León, a través de redes sociales sobre todo. Las cuales no voy a enumerar porque francamente sus sketchs son siempre lo mismo: llamar la atención a costa de quien sea o de lo que sea con un humor que se supone graciosísimo.

Así, para el Dr. Lammoglia, galardonado en múltiples ocasiones por su labor profesional y con más de una docena de libros publicados, ambos personajes padecen del trastorno de personalidad narcisista. Palabras más, palabras menos, desprendemos que dicho trastorno mental implica que las personas padecerán de un sentido desproporcionado de su propia importancia, una necesidad exagerada de atención desmedida, relaciones de explotación emocional y una ausencia profunda de empatía por las personas a su alrededor.

No obstante, esto no es más que una especie de máscara protectora de hierro, pues en realidad su autoestima es rotundamente frágil y vulnerable al comentario crítico más anodino. Y añade el Dr. Lammoglia que “el nivel más alto de esta condición es la psicopatía”.

Y al revisar con detenimiento estas características del narcisismo, pero fundamentalmente al confrontarlas con las curiosidades del matrimonio en redes sociales, no puede uno soslayar que acaso el Dr. Lammoglia no esté equivocado, sino todo lo contrario.

Situación que, en efecto, no tendría ninguna relevancia si Samuel García y Mariana Rodríguez fueran ciudadanos comunes y corrientes, divirtiéndose con sus ocurrencias en videos y demás. Sin embargo no lo son. Más aún, él como gobernador y ella como primera dama detentan un gran poder en la entidad en que viven, con el objeto, se supone, de velar por la ciudadanía en todos sentidos, pero al ser narcisistas me temo que difícilmente se podrán erradicar los feminicidios, el narcotráfico, la trata de personas y otros flagelos sociales que prevalecen impunes. Si otros que no lo son no lo logran, menos ellos.

Finalmente, es evidente que un perfil psicológico o psiquiátrico por más objetivo y exacto que sea no necesariamente indicará que el gobernante diagnosticado con alguna condición mental podrá constituirse en el mejor o el peor, pero estemos de acuerdo o no nos dará una idea sobre a qué atenernos. Y serán los hechos los que hablarán a este respecto. Lamentablemente, ya están hablando con claridad de manera negativa en Nuevo León en torno a los más recientes feminicidios y al cuestionable proceder de los responsables de la fiscalía del estado.

 

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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