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Mexico Violento

«Me mató el gobierno»: En memoria de la activista juarense Josefina Reyes Salazar

A dos años de su asesinato en el Valle de Juárez, no hay ninguna investigación sobre el caso ni procesado alguno. Una impunidad más en esta región fronteriza mexicana.

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- Josefina Reyes Salazar fue asesinada el 3 de enero de 2010. Su activismo por los derechos humanos empezó con la defensa de sus hijos en Guadalupe, Distrito Bravos, en el Valle de Juárez. Sus denuncias se extendieron en la región ante otros secuestros perpetrados por militares y la pusieron en la mira del peligro. Pero Josefina Reyes no guardó silencio.

El amor de madre y el coraje de mujer fueron su fórmula para exigir respeto y justicia por sus hijos y por los demás jóvenes que incriminaban sin fundamentos como parte de los grupos de narcotraficantes; incriminaciones que hacían lucir al gobierno de Felipe Calderón como “capaz de combatir el narcotráfico”, y la voz de Josefina Reyes retumbaba entre las paredes de cada instancia judicial, sin eco.

Durante el 2009, recibió varias amenazas de muerte. Puso las denuncias formales, pero en ese entonces no era noticia para los medios mexicanos, y los expedientes fueron alterados como el de tantas víctimas, vieja costumbre de la fiscalía.

Sólo la magnitud del descontento creció de manera contundente cuando se enteraron de su asesinato. Un tiro en la cabeza quitaría de tajo su vida, frente a un restaurante de la ciudad. Hubo testigos, hubo quién la vio jalonearse en defensa propia contra sus agresores. Hubo quién vio llegar una camioneta negra y un carro blanco compacto de donde se bajaron unos hombres. Hubo quién los describiera como “un grupo de cinco o seis hombres vestidos de militares, capuchas negras y armas largas” que intentaban llevársela, primero. Pero ella se defendió tan ferozmente que decidieron matarla ahí mismo.

Su hermana Marisela cuenta que siempre se quejaba de los militares. Decía que “esos cabrones, donde quiera te levantan”. Una vecina del Valle, le decía a Marisela, «para qué le buscan, mijita, si ya sabemos quiénes son». Josefina no sólo denunciaba las violaciones de derechos humanos de los militares en Juárez, también hablaba de complicidades de éstos con las bandas del narcotráfico. Sin embargo, nada hay claro. Las autoridades no investigaron, no investigan, no investigarán. La justicia es un imposible en México. A dos años de su asesinato, no hay una investigación abierta, ni un procesado. Josefina Reyes Salazar fue asesinada un 3 de enero en Juárez. Es lo único que se dice, y el miedo se vuelve silencio entre los desolados del Valle.

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Justicia pendiente

CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Justicia pendiente

Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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Mexico Violento

Padres de estudiantes de Bachillerato en Puebla denuncian al director por robo de cuotas voluntarias

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Por Claudia Martínez Sánchez

Padres de familia del Bachillerato Héroes de la Reforma en Puebla denunciaron el robo de cuotas voluntarias solicitadas para la graduación de sus hijos por parte del director de la escuela, Carlos Roberto Martínez Peláez, quien recientemente levantó un acta administrativa para el cese como docente a esta periodista tras revelar en reportajes la corrupción de familiares del gobernador Miguel Barbosa y agresiones a las comunidades indígenas de la región.

De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, desde hace dos años, el director escolar les solicitó el dinero para organizar la graduación de unos 50 estudiantes, pese a la estricta orden de confinamiento por la pandemia Covid-19. No obstante, Carlos Roberto Martínez Peláez, en su calidad de director, y Ana Isabel Coriche Avilés, prefecta y asesora estudiantil, pidieron la cuota de 2 mil pesos por alumno, sin llevarse a cabo el evento y sin que hasta la fecha se les regrese el dinero a los padres de familia.

«Fuimos engañados, dice los padres de los estudiantes, con la celebración de su graduación y nos timaron a los padres de los dos grupos de sexto», señalaron entre quejas e indignación.

En medio del confinamiento por el Covid-19, los jóvenes fueron citados en la escuela para tomarles fotos de su certificado y la foto de generación; los padres abundaron que pese a los momentos de crisis por los que atravesaban en el hogar por la pandemia que se traducía en desempleo y falta de dinero, todos los padres -sin excepción- cubrieron los gastos de la graduación para la celebración de sus hijos.

La cantidad solicitada de 2 mil pesos, (105 dólares, según tipo de cambio) incluía fotos del certificado, la foto de generación, así como de la fiesta para los graduados. Sin embargo, de último momento, Martínez Peláez «canceló todo pero se quedó con el dinero», acusan.

Han pasado dos años y los padres de familia y ex alumnos siguen reclamando su dinero, pero no hay devolución de dicha cantidad. Las respuestas son variadas: «organizarán la fiesta de graduación cuando termine la pandemia», «el señor de las fotos se fue con el dinero», «regrese la próxima semana y vemos», «no se encuentra la asesora», «el director no está ahora».

Por lo anterior, los padres de familia denunciantes hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que ejecute la sanción correspondiente por el abuso de confianza que el director escolar y la maestra Ana Isabel Coriche Avilés incurrieron en contra de los padres de familia.

 

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