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Mexico Violento

«Me golpeó y me dijo que si era puta»: indígena na´savi

Una joven indígena na´savi ha vivido por tercera ocación la violencia de su primo sin que el Minsiterio Público de Tlapa intervenga en su protección

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Mujer na´savi de Cochoapa. Foto: Tlapa derechos humanos

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- “Me golpeó, me salió sangre… me decía que si era puta, que si quería que me tratara así… me llevó a otro lugar lejos de su pandilla, me jaló del cabello, me tiró, se subió encima de mí, entonces llegaron sus amigos y lo quitaron… no sé qué cosa me quería hacer…”, es el testimonio, de una joven indígena na´savi, de 16 años de edad, víctima de violencia en La Montaña Guerrero.

No quiso que se difundiera su nombre. Presentó la denuncia ante el Ministerio Público de Tlapa, acompañada de su madre en contra de un primo, que por tercera ocasión la golpeó y la amenazó de muerte.

La adolescente, con un dejo de ingenuidad, sugiere a las autoridades ministeriales “que le hagan entender y reconocer sus errores a su primo, que le queden una lección, que no lo vuelva a hacer”. Ella se recluirá en su casa por temor, porque su agresor vive cerca y se junta en una de las pandillas de la ciudad asentada en su colonia.

Hace dos semanas, ella iba caminando a las seis de la tarde tras regresar de la casa de una amiga con quien había ido a estudiar después de concluido su horario de clases. Al subir las gradas de una de la barranca de una colonia de Tlapa, los jóvenes integrantes de una pandilla la comenzaron a agredir verbalmente hasta que su primo la jaló.

“Estaba borracho o como drogado porque su cara se veía diferente”, dijo la joven. El hombre de 22 años, le exigió que se esperara y ella al negarse, la arrastró y la condujo a un callejón tirándola cerca de una casa donde se le echó encima de su cuerpo y le pegó varias veces hasta que la dejó inconsciente. “Estaba encima de mí, estaba enfurecido como si le estuviera pegando a un hombre”, recuerda.

Cuando recobró el conocimiento, el hermano del agresor junto con los demás hombres que lo acompañaban habían separado al hombre de la adolescente y dos de éstos la dejaron en su casa. Al llegar, su hermana al verla ensangrentada y por la gravedad de sus heridas, la llevó al hospital, aunque la joven insistía en regresar por sus cosas tiradas.

El golpeador todavía acudió a la casa de la agredida y pateó la puerta y rompió focos. Más tarde, un hermano de la joven acudió a pedirle explicación a su primo del porqué de la agresión. El victimario contestó que no le había pegado, y que mejor se fuera sino sacaría su machete: “te macheteo, te mato, no me cuesta tirarte en una barranca, yo ya he matado…”.

La joven narró en la entrevista que su agresor le confesó en otra ocasión, que le daban ganas de pegarle y le dijo que no quería que les hablara a sus amigos. “Antes yo les hablaba, dijo la joven a Los Ángeles Press, pero ahora ya no, ya capté las cosas, pero él dice que lo discrimino mucho. Una vez me dijo que era bien puta, que si yo quería él me podía tratar así, como puta”.

Con la incertidumbre de no tener seguridad al transitar por la calle, la estudiante indígena recordó que meses atrás ya había sufrido agresiones por parte del mismo hombre, las cuales se han ido incrementado de violencia verbal a la violencia física y no quiere seguir viviendo con ese miedo.

Un Ministerio Público inútil 

A poco más de dos semanas de interpuesta la demanda, al acudir su madre y la menor de 16 años a preguntar por el avance del caso sólo les dijeron en el Ministerio Público del Distrito Judicial Morelos asentado en Tlapa que “lo iban a agarrar”.

La joven se pregunta cómo puede cuidarse. No le dieron ninguna indicación de cómo prevenir otro ataque, no hay una orden de restricción contra su agresor y por ahora la joven no ha salido de su casa. Teme por su seguridad ante un sistema de justicia que no tiene protocolos ni medidas de prevención de agresiones contra mujeres o adolescentes que han sido víctima de agresión y han denunciado a sus victimarios.

Apenas el mes pasado, el corresponsal de Los Ángeles Press recuperó el testimonio de una joven madre que fue agredida por su expareja abriéndole la ceja de un golpe. A pesar de que la víctima interpuso varias denuncias, el Ministerio Público defendió al agresor y ella sigue expuesta a su victimario.

Para las mujeres víctimas de violencia de la región resulta inoperante e inútil el Centro de Atención a Mujeres Indígenas Víctimas de Violencia, y el panorama de las denunciantes es complicado y peligroso.

Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos casos de violencia por parte del Estado Foto: Tlachinollan

Funcionarios piden 3 mil pesos por trámites a víctimas

Para Neil Arias, abogada de Tlachinollan, es necesario que la Procuraduría invierta en contratar elementos que cuenten con perspectiva de género a fin de que no dilaten las investigaciones y reconozcan que la violencia de género debe tratarse desde el Estado.

Sin embargo, la falta de perspectiva de género de las autoridades responsables de sancionar la violencia contra las mujeres no es el único problema que enfrentan las mujeres indígenas. Hace dos semanas, una mujer que pidió también el anonimato denunció que al intentar resolver un asunto en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Familiar que recién cuenta con nueva titular, una persona que ahí labora les pidió 3 mil pesos sólo por realizar el trámite.

La abogada Neil Arias remarcó que existe omisión por parte del gobierno estatal y federal para aplicar los tratados internacionales que protegen a la mujer, las cuales no tiene valor ante las instancias, se minimizan o ignoran sus problemas, o bien re-victimizándolas a pesar de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pesan contra el Estado mexicano como son las de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Son frecuentes los testimonios de mujeres que han acudido a solicitar justicia por casos de violencia familiar, agresión de hombres cercanos, y falta de pensión para los hijos que se han quedado por años sin recibir atención tanto al Ministerio Público como a las organizaciones de derechos humanos como Tlachinollan de La Montaña. Pero las víctimas se enfrentan a autoridades acostumbradas a pedir dinero a las víctimas por darle trámite a su denuncia o por realizar la gestión necesaria para que se atienda su problema.

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Cefereso #17 colapsa por renuncia de personal de seguridad y enfermería debido a extorsión y torturas de directivos

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Por Guadalupe Lizárraga

Personal de seguridad y de enfermería del Centro Federal de Readaptación Social #17, en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, presentó su renuncia al verse rebasado por las protestas de los internos, debido a “la mala administración, tortura y maltratos” por parte de los directivos del penal.

Se señala como principal responsable del colapso al director general Alfredo Reyes Vázquez, quien hace tres meses llegó en sustitución de Jorge Isaac Neri García, retirado por presuntos actos de corrupción. Pero también al director de seguridad, de apellido Cisneros, y los subdirectores Alejandro Flores y Roberto Lázaro Echeverría, quienes son señalados de acosar laboralmente a sus oficiales, además de extorsionar a los internos, incluso con carpetas de investigación por denuncias de tortura.

Los responsables de la custodia de cada turno ya presentaron su renuncia formalmente señalando que “está colapsado el penal”. De acuerdo con la información, todo el personal nuevo que llegó de apoyo a la dirección general después de Neri García renunció al cargo, pero también servidores públicos que tenían años laborando en ese centro, como el ‘comandante Godoy’, un comandante de compañía con más de veinte años de servicio público que prefirió perder los beneficios de su antigüedad laboral a verse involucrado en la corrupción, torturas y falta de atención a los internos por órdenes del director Reyes Vázquez.

“El comandante Godoy entregó las llaves, entregó la radio, y dijo a los internos que se retiraba, que ya no aguantaba más esta situación”, refirió la fuente, por lo que mandaron llamar de inmediato a un sustituto para la custodia, y cuando llegó el sustituto al penal reiteró, alarmado, que el penal estaba colapsado.

Se explicó a este medio que no hay médicos, no hay dentistas, no hay psiquiatras, no hay trabajo social para los internos, y además se les quitó de manera arbitraria sus pertenencias, le rompieron fotografías familiares, los golpearon y no se les ha entregado víveres y provisión comprada en la tienda. Agregado a esto, han incurrido en maltrato, torturas y extorsión para que dejar de golpearlos.

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Senador presenta punto de acuerdo para que comparezca Sanjuana Martínez por ilegalidades en Notimex

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El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del senador Noe Castañón Ramírez, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, ante la extensión de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que suma casi 27 meses.

De acuerdo con documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pedirá a la directora que explique la situación de la Huelga, así como el uso de recursos públicos, de más de 400 millones de pesos, destinado al medio público durante los más de dos años del paro de labores, lo cual constituye una ilegalidad por parte de la funcionaria.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, para que atienda el conflicto laboral, y a la Junta de Gobierno de Notimex, para que sesione y coadyuve a la solución de la huelga, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.

De acuerdo a la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la directora general de Notimex está obligada a presentar informes ante el Congreso de la Unión cada año; sin embargo, Sanjuana Martínez no ha cumplido con esa obligación desde que asumió el cargo en 2019.

Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano también presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que el periodo del director general pase de seis a tres años.

Se propone: “Artículo 18.- El Director General de la Agencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelegido hasta por una sola ocasión, pudiendo ser ser removido cuando transgreda las disposiciones contenidas en la Constitución, esta Ley y sus principios rectores, así como por actos u omisiones que afecten las atribuciones de la Agencia o cuando haya sido sentenciado por cualquier delito”.

El próximo 21 de mayo, la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplirá 27 meses vigente, ante la negativa de la dirección de Notimex para llegar a un acuerdo con los trabajadores, a pesar de que jurídicamente se han comprobado las violaciones a sus condiciones de trabajo, así como las irregularidad que cometió la directiva.

 

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Comisión de Derechos Humanos de la ONU llama a reducir desapariciones forzadas en México

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La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para reducir las desapariciones forzadas, pues se han documentado más de cien mil casos desde 1964.

La funcionaria internacional señaló que se deben implementar acciones estratégicas para que se contengan las violaciones graves a los derechos humanos, debido a que se ha tratado un problema multidimensional que ha alcanzado diferentes sectores del país.

De acuerdo con la ex presidenta de Chile, en México persiste una elevada tasa de impunidad sobre las desapariciones, pues sólo en 35 de los cien mil casos que se han cometido se han sentenciado a los responsables de cometer esos crímenes.

Recordó que al menos una cuarta parte del total de la población que ha desaparecido de forma forzada son mujeres y una quinta parte fueron menores de 18 años de edad, aunado a que el 97 por ciento de los casos ocurrieron desde 2006, cuando inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Asimismo, indicó que los familiares de las víctimas han sido claves para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a la reconocer la magnitud de la problemática del país.

Aunque reconoció que se han implementado mecanismos como la creación de comisiones de búsquedas de los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano, por lo que enfatizó uno de los casos más representativos como fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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