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Mexico Violento

«Me golpeó y me dijo que si era puta»: indígena na´savi

Una joven indígena na´savi ha vivido por tercera ocación la violencia de su primo sin que el Minsiterio Público de Tlapa intervenga en su protección

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Mujer na´savi de Cochoapa. Foto: Tlapa derechos humanos

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- “Me golpeó, me salió sangre… me decía que si era puta, que si quería que me tratara así… me llevó a otro lugar lejos de su pandilla, me jaló del cabello, me tiró, se subió encima de mí, entonces llegaron sus amigos y lo quitaron… no sé qué cosa me quería hacer…”, es el testimonio, de una joven indígena na´savi, de 16 años de edad, víctima de violencia en La Montaña Guerrero.

No quiso que se difundiera su nombre. Presentó la denuncia ante el Ministerio Público de Tlapa, acompañada de su madre en contra de un primo, que por tercera ocasión la golpeó y la amenazó de muerte.

La adolescente, con un dejo de ingenuidad, sugiere a las autoridades ministeriales “que le hagan entender y reconocer sus errores a su primo, que le queden una lección, que no lo vuelva a hacer”. Ella se recluirá en su casa por temor, porque su agresor vive cerca y se junta en una de las pandillas de la ciudad asentada en su colonia.

Hace dos semanas, ella iba caminando a las seis de la tarde tras regresar de la casa de una amiga con quien había ido a estudiar después de concluido su horario de clases. Al subir las gradas de una de la barranca de una colonia de Tlapa, los jóvenes integrantes de una pandilla la comenzaron a agredir verbalmente hasta que su primo la jaló.

“Estaba borracho o como drogado porque su cara se veía diferente”, dijo la joven. El hombre de 22 años, le exigió que se esperara y ella al negarse, la arrastró y la condujo a un callejón tirándola cerca de una casa donde se le echó encima de su cuerpo y le pegó varias veces hasta que la dejó inconsciente. “Estaba encima de mí, estaba enfurecido como si le estuviera pegando a un hombre”, recuerda.

Cuando recobró el conocimiento, el hermano del agresor junto con los demás hombres que lo acompañaban habían separado al hombre de la adolescente y dos de éstos la dejaron en su casa. Al llegar, su hermana al verla ensangrentada y por la gravedad de sus heridas, la llevó al hospital, aunque la joven insistía en regresar por sus cosas tiradas.

El golpeador todavía acudió a la casa de la agredida y pateó la puerta y rompió focos. Más tarde, un hermano de la joven acudió a pedirle explicación a su primo del porqué de la agresión. El victimario contestó que no le había pegado, y que mejor se fuera sino sacaría su machete: “te macheteo, te mato, no me cuesta tirarte en una barranca, yo ya he matado…”.

La joven narró en la entrevista que su agresor le confesó en otra ocasión, que le daban ganas de pegarle y le dijo que no quería que les hablara a sus amigos. “Antes yo les hablaba, dijo la joven a Los Ángeles Press, pero ahora ya no, ya capté las cosas, pero él dice que lo discrimino mucho. Una vez me dijo que era bien puta, que si yo quería él me podía tratar así, como puta”.

Con la incertidumbre de no tener seguridad al transitar por la calle, la estudiante indígena recordó que meses atrás ya había sufrido agresiones por parte del mismo hombre, las cuales se han ido incrementado de violencia verbal a la violencia física y no quiere seguir viviendo con ese miedo.

Un Ministerio Público inútil 

A poco más de dos semanas de interpuesta la demanda, al acudir su madre y la menor de 16 años a preguntar por el avance del caso sólo les dijeron en el Ministerio Público del Distrito Judicial Morelos asentado en Tlapa que “lo iban a agarrar”.

La joven se pregunta cómo puede cuidarse. No le dieron ninguna indicación de cómo prevenir otro ataque, no hay una orden de restricción contra su agresor y por ahora la joven no ha salido de su casa. Teme por su seguridad ante un sistema de justicia que no tiene protocolos ni medidas de prevención de agresiones contra mujeres o adolescentes que han sido víctima de agresión y han denunciado a sus victimarios.

Apenas el mes pasado, el corresponsal de Los Ángeles Press recuperó el testimonio de una joven madre que fue agredida por su expareja abriéndole la ceja de un golpe. A pesar de que la víctima interpuso varias denuncias, el Ministerio Público defendió al agresor y ella sigue expuesta a su victimario.

Para las mujeres víctimas de violencia de la región resulta inoperante e inútil el Centro de Atención a Mujeres Indígenas Víctimas de Violencia, y el panorama de las denunciantes es complicado y peligroso.

Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos casos de violencia por parte del Estado Foto: Tlachinollan

Funcionarios piden 3 mil pesos por trámites a víctimas

Para Neil Arias, abogada de Tlachinollan, es necesario que la Procuraduría invierta en contratar elementos que cuenten con perspectiva de género a fin de que no dilaten las investigaciones y reconozcan que la violencia de género debe tratarse desde el Estado.

Sin embargo, la falta de perspectiva de género de las autoridades responsables de sancionar la violencia contra las mujeres no es el único problema que enfrentan las mujeres indígenas. Hace dos semanas, una mujer que pidió también el anonimato denunció que al intentar resolver un asunto en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Familiar que recién cuenta con nueva titular, una persona que ahí labora les pidió 3 mil pesos sólo por realizar el trámite.

La abogada Neil Arias remarcó que existe omisión por parte del gobierno estatal y federal para aplicar los tratados internacionales que protegen a la mujer, las cuales no tiene valor ante las instancias, se minimizan o ignoran sus problemas, o bien re-victimizándolas a pesar de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pesan contra el Estado mexicano como son las de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Son frecuentes los testimonios de mujeres que han acudido a solicitar justicia por casos de violencia familiar, agresión de hombres cercanos, y falta de pensión para los hijos que se han quedado por años sin recibir atención tanto al Ministerio Público como a las organizaciones de derechos humanos como Tlachinollan de La Montaña. Pero las víctimas se enfrentan a autoridades acostumbradas a pedir dinero a las víctimas por darle trámite a su denuncia o por realizar la gestión necesaria para que se atienda su problema.

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Con voz propia

Estafa Siniestra en Hidalgo se fraguó incluso sin la intermediación de alcaldes

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En la Estafa Siniestra se detectó que el gobierno de Omar Fayat, incluido el otorgamiento de contratos a empresas fachada

Incluso sin la intermediación de alcaldes, la administración de Omar Fayad usó empresas fachada para desviar recursos. Es el caso de Aktaion Digital, una empresa que realiza páginas web que recibió un contrato por 7.2 MDD para recuperar datos hackeados, o eso afirmaron. Ésta es la tercera entrega de la serie Lavandería de contratos en Hidalgo

Por Emmanuel Ameth

El esquema de desvío de recursos mediante simulación de obras y servicios a través de empresas fachada denominado Estafa Siniestra, mismo que tiene en la cárcel a 3 alcaldes hidalguenses, 2 prófugos y 8 más investigados, no necesitó de los ayuntamientos para desviar recursos ni fueron ellos los únicos responsables: todo operó desde las entrañas de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. En esta tercera entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo se analizan 220 millones de pesos otorgados a Aktaion Digital, entre los que se encuentra un contrato de 144 millones de pesos que tuvo un proceso turbio.

A los 220 millones de pesos que en esta investigación se demuestra fueron otorgados mediante irregularidades, se suman los 228 millones de la segunda parte de esta serie y los 40 millones de la primera, los que en conjunto prácticamente igualan los 500 millones por los que se investiga a 13 alcaldes… y la presente no es la última entrega.

 

El contrato millonario que se celebró en lo oscurito

El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones de pesos, es decir, 10 veces más.

Para saber más del tema: El Gobierno de Hidalgo gastó 228 millones para estudio de Salud con una institución cuestionable

Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que se tuviera acceso al mismo.

Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.

El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.

El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.

Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.

Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.

Lo raro del asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.

Pero aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.

Lee más: El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.

 

La empresa fachada donde se lavaron los contratos

Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.

Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.

Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.

Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.

Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.

 

Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.

*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.

 

Una mina de oro el gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital

Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).

A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.

Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.

Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.

La editora recomienda: Acusan despojo de predio donado por gobierno de Hidalgo

Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”

Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.

Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.

Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.

 

 

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Justicia pendiente

Periodista de Tapachula denuncia incumplimiento de reparación de daño a víctimas de tortura y detención en enero 2020

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La periodista Cinthya Alvarado, en rueda de prensa, declaró incumplimiento de medidas luego de que sufriera tortura

Los Ángeles Press

A casi tres años de haber sido detenida con violencia y de manera ilegalmente para evitar la cobertura periodística de indígenas de Pavencul, que protestaban frente al Ayuntamiento de Tapachula, la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, en rueda de prensa, denunció que aún con la Recomendación CEDH 23 /2020-R que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Chiapas, la autoridad responsable no ha dado cumplimiento para la reparación del daño.

La periodista denunció que por una serie de procesos burocráticos se posterga indefinidamente la reparación integral del daño, porque la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no emite el dictamen para la presidente municipal de Tapachula Rosa Urbina Castañeda, quien se niega a cumplir a las víctimas, entre éstas indígenas activistas de Pavencul, quienes también fueron agredidos física y psicológicamente por el exsecretario de Seguridad Pública Municipal Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, y encerrados en Palacio de Gobierno de Tapachula, el 27 de enero de 2020.

Para saber más del tema: Alerta Temprana de Periodistas reporta presunta desaparición forzada de Cinthya Alvarado cubriendo temas de Migración

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y las víctimas presentaron más de 200 datos de prueba sobre los hechos de agresión tipificados como delitos de «tortura» y «detención arbitraria» por parte de los servidores públicos del Ayuntamiento de Tapachula, quienes sometieron a unas 80 personas con gas lacrimógeno, golpes y abuso de la fuerza policial.

Lee más: Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

La periodista Alvarado Enríquez había reportado sistemáticamente la situación de las caravanas de migrantes en la frontera sur de México, así como las agresiones de la Guardia Nacional y del INM a centroamericanos. En los últimos registros videográficos se vio a la periodista pedir cuentas a funcionarios del INM que le exigían retirarse del lugar.

 

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Mexico Violento

Migrantes venezolanos reprimidos por la fuerza policial para concentrarlos en albergues en Ciudad Juárez

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Migrantes venezolanos se encuentran concentrados en albergues en Ciudad Juárez sin teléfonos ni atención médica

«Sólo queremos una vida mejor», dicen los migrantes venezolanos en Juárez

Despacho 14
El violento oficio de escribir.

Por Alfredo Griz.

Los refugiados son seres humanos como tú y como yo, nada más que se sienten más solos, más agotados, más desesperanzados, perseguidos y violentados que tú y que yo.
Alfredo Griz.

 

«Solo queremos una vida mejor», es la respuesta de los migrantes venezolanos cuando se les cuestionó porque están en la frontera de México con Estados Unidos. Son más de 600 migrantes que se encuentra en el limbo legal y a merced del ostracismo político, tras ser utilizados como botín político del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos además de ser víctimas del Instituto Nacional de Migración en la garita de San Pedro en Tapanatepec, Oaxaca, donde los extorsionaron y robaron durante el paso por México.

Hay testimonios de que varias mujeres fueron secuestradas por el narcotráfico y jamás regresaron, e incluso este reportero presenció cómo en Ciudad Juárez una caravana de cinco camionetas quisieron levantar a tres mujeres venezolanas, quienes alcanzaron a escapar pues les arrojaron el café caliente que traían en las manos a sus agresores y lograron correr.

Esto sucedió justo frente al Puente Santa Fe, a la vista de autoridades policiacas. Los Ángeles Press recabó decenas de testimonios y presenció directamente la violencia con la que las autoridades mexicanas los desalojaron de su improvisado campamento, al que cariñosamente y con un dejo de nostalgia ellos mismos bautizaron como la pequeña Venezuela.

Te puede interesar: CIDH alerta sobre violaciones a derechos humanos de migrantes en México

La situación de los migrantes se agrava en el paso de Ciudad Juárez, muchos deambulan por las calles del centro de la ciudad, otros duermen como indigentes en las calles, y la autoridad mexicana los quiere concentrar en un albergue de forma autoritaria, como si fuera un campo de concentración.

Como se recordará el domingo 27 de noviembre, más de 600 migrantes de origen venezolano fueron retirados con lujo de violencia del campamento improvisado que tenían a las orillas del Río Bravo, justo a un lado del Puente Santa Fe, en la frontera con El Paso, Texas.

Cabe resaltar que entre ellos había decenas de mujeres y niños, los cuales oscilaban entre los 4 meses y 9 años de edad, mismos que fueron empujados y agredidos por elementos de la Policía Municipal, quienes, a puntapiés, jalones, empujones e incluso puñetazos, los obligaron a retirarse de donde tenían sus casas de campaña, para poder derribarlas y desalojar a los migrantes.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, que es el número 163 en ocupar ese cargo en toda la historia de la ciudad y que es de extracción morenista, señaló en conferencia de prensa que el desalojo lo hizo por el bien de los propios migrantes, a todo lujo de ignorancia y con una actitud arrogante casi hitleriana, el edil mencionó que fue «para preservar la integridad de los venezolanos».

Lee más: México detuvo a más de 27 mil niños migrantes menores de 11 años en un lapso de ocho meses: INM

Sin entender o atisbar que cometió varios delitos, que se extralimitó en sus funciones y utilizó recursos públicos para reprimir a los migrantes, el presidente municipal de Ciudad Juárez, envió más de 30 unidades de autobuses de pasajeros, alrededor de 20 patrullas, tres  antimotines y contó con el apoyo de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información recabada, el alcalde en cuestión no tenía las facultades para un desalojo de ese tipo, de inicio porque donde estaban asentados los migrantes es territorio federal y el municipio no tiene jurisdicción ahí. Tampoco hubo una petición formal de ninguna autoridad estatal o federal que le pidiera su apoyo para utilizar la fuerza pública y el recurso público para dicho desalojo.

Migrantes venezolanos, obligados a permanecer en albergues

Los migrantes venezolanos han sido obligados por las autoridades a permanecer en albergues. Se trata de espacios físicos que en su mayoría parecen campos de concentración, y tiene la finalidad de contenerlos. No les permiten salir durante el día, y a los que trabajan que son trabajos que las mismas autoridades les consiguen, les quitan la mitad de su sueldo. A las siete de la noche, cual prisión, les requisan los teléfonos y solamente les dejan salir al interior de la ciudad los domingos.

El Gobierno de Ciudad Juárez y el Gobierno federal quieren ocultar y disimular la crisis humanitaria que se vive en Ciudad Juárez, sin embargo, ha sido una crisis que el mismo presidente de la república alentó y promovió. No se les brindó asesoría legal para que supieran de forma oficial su situación real y derechos. No les brindaron sanitarios portátiles, cobijas, y otros insumos para su sobrevivencia. Tampoco les dieron apoyo en cuestiones médicas ni de salubridad ni fueron remitidos a los albergues en condiciones más humanitarias, y no como si fueran presos. La reacción del gobierno fue violencia y represiva, abocando aquella tenebrosa frase de Porfirio Díaz, cuando dijo “mátalos en caliente”.

Se ven niños en los parques y algunos como perdidos y desorientados, sin saber a dónde ir o qué hacer, madres solteras que están buscando cómo hacerse de comida para darles un bocado a sus pequeños hijos, una situación verdaderamente triste y desoladora la que enfrentan los migrantes en Ciudad Juárez.

Por lo pronto, esperando que puedan estar al pendiente de las siguientes entregas, más de 200 migrantes se encuentran deambulando hay mismo en las calles, sin esperanzas de nada, a la intemperie, a merced de la delincuencia organizada y de la desorganizada que son las mismas autoridades municipales.

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