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Estados Unidos

Más de 800 mil delincuentes sexuales en EEUU, incluido Trump

La Justicia en EEUU tiene registrado más de 800 mil delincuentes sexuales, incluyendo a actores famosos y al presidente Donald Trump

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Por Leticia Puente Beresford

NUEVA YORK.- Aunque para las víctimas de delitos sexuales es terriblemente difícil probar la agresión que sufrieron, no sólo en términos personales, emocionales, sino también jurídicos, existen en este país más de 800 mil criminales sexuales registrados ante la justicia, incluyendo a actores famosos e incluso al presidente Donald Trump.

En fechas recientes, sin duda el movimiento #Metoo ha dado acompañamiento y apoyo para que las mujeres se sientan fortalecidas para denunciar los casos.

Sin embargo, aplicar la ley a estos criminales no es fácil, porque no todos son tratados como indican las normas, ya que el dinero y el poder tienen una indiscutible influencia, como revelan varios casos expuestos recientemente en los medios de comunicación.

De esto habla Eliana Dockterman en un reportaje de la revista Time del 21 de mayo, en donde señala que hay en Estados Unidos mil 550 terapeutas que a quienes las cortes del país pueden solicitar que den tratamiento a estos delincuentes sexuales.

Cuenta Dockterman que entre las figuras públicas señaladas por delitos sexuales y quienes reciben tratos diferenciados están Kevin Spacey, Bill Cosby, Harvey Weinstein y Roy Moore. Ellos, a diferencia de los demás delincuentes, pueden pagar abogados de prestigio, arreglar pagos o revocar las sentencias, como hizo Cosby. O gozar de libertad con pagos de cuantiosas multas, como hizo Weinstein al pagar un millón de dólares para seguir su proceso en libertad con sólo un brazalete en el tobillo, gracias a los alegatos de inocencia de su abogado.

Esos casos indignan porque, aunque sus nombres se difundieron en los medios de comunicación, no es suficiente. Dice la abogada Lisa Anderson que los violadores sexuales “deberían traer en la cabeza brazaletes con la información de quiénes son y qué hicieron, porque no quiero que vuelvan a lastimar a ninguna mujer”.

Eliana Dockterman retoma en su reportaje el debate que genera la publicidad sobre los criminales sexuales, si deben o no estar registrados en una lista, para que sus vecinos sepan quién vive en su alrededor. En el estado de Colorado, por ejemplo, se considera que incluir a los abusadores sexuales en una lista pública violenta los derechos humanos del criminal.

Los tratamientos terapéuticos para esos criminales están ya reglamentados, pero hasta el momento no existe un método estándar para tratarlos, señala Dockterman, quien presenció las terapias, habló con los terapeutas y narra en su reportaje cómo esos sujetos se tienen que confrontar con su crimen.

Es evidente, dice la periodista, que las víctimas de estos hechos de crueldad extrema quedan marcadas para el resto de sus vidas y es claro que el movimiento #Metoo abrió el camino a miles de mujeres que de inmediato hicieron de esos crímenes un caso público.

Uno de los delincuentes sexuales relata en su terapia que se ve obligado a manejar largos tramos o pedalear su bicicleta hacia áreas lejanas a su casa sólo para comprar víveres, porque en su zona lo conocen como agresor sexual. Su terapueta Cheryl le responde: ¿se imagina lo que las víctimas sienten?

Las terapias pueden ser una pequeña esperanza, tras el doloroso trauma que genera la agresión sexual, un crimen que desgraciadamente se ha vuelto común.

Castigo a los “famosos”, incluido Trump

En la misma edición de Time, el abogado Jill Filipovic publica su artículo “Ahora castiguemos a los hombres famosos”, en donde señala a más figuras públicas acusadas de delitos sexuales e incluye al ‘presidente Donald Trump, acusado públicamente por más de una docena de mujeres’.

También señala a Harvey Weinstein, por supuesto, a Charlie Rose, Matt Lauer; al abogado de Nueva York, Eric Schneiderman; y a Mike Tyson, aunque ellos, a diferencia de Trump, no tienen tanto poder como el presidente.

Vivimos, dice Filipovic, en un sistema imperfecto, donde se acostumbra el abuso del poder y en donde las víctimas no tienen siempre de su lado la ley para acceder a la justicia.

Por eso, el llamado, mi llamado también, es acabar con la violencia sexual, mediante la ley, el respeto y el amor al prójimo, porque sólo así se combatirán los abusos de estos criminales sexuales, poderosos económica y políticamente, influyentes… impunes.

Estados Unidos

Norma V. Cantú, primera latina que preside la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos

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WASHINGTON, DC.- Por votación unánime, los integrantes de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos dieron a conocer el nombramiento de Norma V. Cantú, por parte del presidente Joseph R. Biden, para presidir la comisión, lo que marca un hito para el país al ser la primera mujer latina en ocupar la presidencia.

Cantú es catedrática de Educación y Derecho en la Universidad de Texas, en Austin, y se especializa en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y las leyes de Educación. Se suma a este nuevo cargo con una distinguida trayectoria profesional, que incluye ocho años como secretaria adjunta de Educación para los Derechos Civiles durante la administración Clinton y, más recientemente, como miembro del “Equipo de Revisión de Agencias” para la educación de la transición Biden-Harris.

Los cargos de presidente y comisionados de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos duran un periodo de seis años.
La Comisión ofrece su más sincera gratitud a la expresidenta Catherine E. Lhamon por sus cuatro años de infatigable servicio en la Comisión. Lhamon continúa trabajando para defender los derechos civiles de los estadounidenses como directora adjunta del Consejo de Políticas Nacionales para la Justicia y la Equidad Raciales.

“Espero con ansias avanzar en la misión con los asuntos de derechos civiles que enfrenta hoy nuestra nación, en colaboración con mis estimados colegas de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos”, comentó la recién nombrada presidenta de la Comisión, Norma V. Cantú, quien empezó su servicio público como maestra de Inglés en 1974, y llegó a liderar el Proyecto de los Derechos de los Chicanos (Chicana Rights Project), entre otros.

La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos es la única entidad independiente y bipartidista encargada de asesorar al presidente y al congreso en materia de derechos civiles e informar anualmente acerca del cumplimiento de los derechos civiles a nivel federal. Nuestros 51 Comités Asesores estatales ofrecen una amplia perspectiva acerca de las problemáticas existentes en materia de derechos civiles a nivel estatal y local. Para obtener información acerca de la Comisión, por favor, visite www.usccr.gov y síganos en Facebook y Twitter.

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Estados Unidos

Derek Chavin, primer policía blanco sentenciado culpable por matar a un hombre negro en Minnesota

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Un jurado de Minneapolis declaró culpable al ex agente de policía Derek Chauvin de los tres cargos presentados en su contra tras provocar la muerte de George Floyd presionándole el cuello con la rodilla durante su arresto el 25 de mayo de 2020, en un juicio de tres semanas que llamó la atención del mundo.

El jurado, integrado por doce residentes del Condado de Hennepin, estado de Minnesota, tomó su decisión luego de diez horas de deliberaciones para emitir su veredicto unánime y fue leído por el juez Peter Cahill.

Juez Peter Cahill: “Nosotros, el jurado en el caso mencionado anteriormente, en cuanto al primer cargo, asesinato involuntario en segundo grado mientras cometía un delito grave, declaramos al acusado culpable. […] Nosotros, el jurado en el caso mencionado anteriormente, en cuanto al segundo cargo, asesinato en tercer grado al perpetrar un acto eminentemente peligroso, declaramos al acusado culpable. […] Nosotros, el jurado en el caso mencionado anteriormente, en cuanto al tercer cargo, homicidio involuntario en segundo grado, negligencia culposa por la que se crea un riesgo irrazonable, declaramos al acusado culpable”.

Derek Chauvin será condenado dentro de dos meses, y se enfrenta a una posible condena de hasta 40 años de prisión por el cargo más grave, asesinato en segundo grado. Es la primera vez que se declara a un oficial de policía blanco culpable de asesinar a una persona de color en el estado de Minnesota. Una investigación de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos reveló que la policía ha matado a disparos a por lo menos 135 hombres y mujeres negros en Estados Unidos desde 2015. Al menos el 75% de los oficiales de policía involucrados eran blancos.

En las calles de la ciudad de Mineápolis y en todo el país, los manifestantes celebraron la noticia con júbilo, alivio y el compromiso de seguir luchando por la justicia racial. El asesinato de George Floyd en mayo de 2020 desencadenó un movimiento mundial a favor de la justicia racial y en contra de la brutalidad policial.

Uno de estos movimientos avivados por el juicio contra el expolicía es en favor de desfinanciar la policía. Desde Minneapolis, Kandace Montgomery, codirectora ejecutiva del Colectivo Black Visions, señaló que es la propuesta de su organización frente al veredicto de culpabilidad del ex agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. La iniciativa es desinvertir en la policía de Minneapolis e invertir en las comunidades.

 

Con informaci’on de Democracy Now!

Para ampliar esta información, vea (en inglés) las reacciones de las personas reunidas frente al Palacio de Justicia del Condado de Hennepin, Minneapolis, los comentarios del hermano y el sobrino de George Floyd, así como los del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

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Estados Unidos

Policía de Mineápolis arresta a periodistas y más de cien manifestantes contra el racismo policial

Amy Goodman

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La Policía de Mineápolis arrestó a más de cien personas, entre estos, periodistas que daban cobertura a las protestas contra el racismo mientras se daban las exposiciones finales del juicio por asesinato del ex oficial de policía Derek Chauvin, quien mató a George Floyd al someterlo con la rodilla sobre su cuello durante más de nueve minutos en mayo de 2020.

Las protestas se producen a unos 16 kilómetros del lugar del juicio al tiempo que surgían otras manifestaciones por la muerte de Daunte Wright, un joven afroestadounidense de 20 años, que murió a manos de una agente de policía el domingo, durante un control de tráfico rutinario en Brooklyn Center, Minnesota.

Con el arresto de más de cien personas en las protestas, los agentes policiales también acorralaron a periodistas, obligándolos a ponerse boca abajo en el suelo y les fotografiaron el rostro y sus credenciales de prensa. Otros periodistas fueron atacados con aerosoles químicos y otras armas consideradas “menos letales”.

Un policía arrojó al suelo a la productora de la cadena de noticias CNN Carolyn Sung, le sujetó las manos con abrazaderas de plástico y la arrestó mientras le gritaba “¿Habla inglés?”, a pesar de que Sung se había identificado varias veces como periodista. Sung es asiáticoestadounidense. Una jueza federal emitió el viernes una orden de restricción temporal que prohibía que las fuerzas del orden estatales de Minesota atacaran o arrestaran a los periodistas que cubrían las protestas. Sin embargo, la medida no afecta a las fuerzas del orden local ni a la Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte de CNN, el expresidente Barak Obama señaló que “el hecho de que esto pueda ocurrir incluso cuando la ciudad de Minneapolis está inmersa en el juicio de Derek Chauvin y reviviendo la desgarradora muerte de George Floyd indica no solo lo importante que es llevar a cabo una investigación completa y transparente, sino también lo mucho que necesitamos reimaginar la labor policial y la seguridad pública en este país”.

Las manifestaciones en la ciudad de Mineápolis se produjeron al tiempo que el periódico The New York Times informa que más de tres personas han muerto por día a manos de las fuerzas del orden público desde que comenzó el juicio de Derek Chauvin.

Por su parte, el fiscal general Merrick Garland revocó una regla del Gobierno de Trump que restringía la capacidad del Departamento de Justicia de hacer uso de decretos federales de consentimiento para abordar los abusos cometidos por departamentos de policía locales.

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