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Fabricación de culpables

Más de 80 organizaciones piden la libertad inmediata de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, así como otras 80 organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, exigen la inmediata e incondicional liberación de Nestora Salgado

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tlachinollan

C. Enrique Peña Nieto Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, prestente:

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, defensoras y defensores de derechos humanos firmantes, exigimos la liberación inmediata e incondicional de la defensora Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, México, quien se encuentra detenida arbitrariamente desde el 21 de agosto de 2013.

Hemos sido informadas/os que el pasado 23 de febrero de 2016 los Jueces Primero y Segundo del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, quienes tienen a su cargo las causas penales 5/2014, 196/2013 y 48/2014, instauradas contra la defensora Nestora Salgado García por los delitos de secuestro, decretaron la “regularización” del procedimiento en las tres causas penales. La decisión judicial implica dejar sin efecto todo lo actuado en las tres causas penales y dicha decisión se “sustenta en el hecho probado de que Nestora Salgado es también ciudadana norteamericana y que en su momento la autoridad judicial no le dio a conocer su derecho a la asistencia consular”.

Hacemos un llamado a los jueces que resolverán el término constitucional que determinará la situación legal de la defensora para que tome en cuenta la serie de violaciones a derechos cometidas contra Nestora Salgado, toda vez que no sólo ha sido incomunicada, sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino también son de tomar en consideración las graves violaciones al debido proceso y la debida defensa legal, ya que de mantenerla privada de su libertad estaría incurriendo en grave responsabilidad, causando daños de imposible reparación.

Cabe mencionar que en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que “[n]o puede hacerse distinción alguna en el reconocimiento del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular cuando la persona detenida, además de ser nacional de un Estado extranjero, sea nacional del Estado receptor (en este caso, mexicana)” y ‘ha sostenido que la violación del derecho a la asistencia consular tiene como resultado la reposición del procedimiento desde el momento en que se decrete la retención”.

Un elemento a tomar en consideración por los juzgadores es la Opinión núm. 56/2015 (1) del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, a través de la cual el Grupo reconoció la labor de Nestora Salgado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y manifestó la preocupación por el patrón de criminalización contra las y los defensores en México; así mismo afirma su detención como “ilegal y arbitraria” desde su arresto hasta la actualidad.

El Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos, hizo referencia, entre otras violaciones, a la falta de notificación consular, a que la defensora vive un proceso injusto, que se le está juzgando dos veces y exigió tanto su libertad inmediata como una reparación por las varias violaciones a los derechos humanos contra la defensora.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a las medidas cautelares emitidas el 28 de enero de 2015, a favor de la defensora Nestora Salgado, considerando que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en el Penal de Nayarit. De igual forma, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud.

Cabe mencionar que desde 2013 se encuentran detenidos arbitrariamente otros policías comunitarios de la CRAC-PC: Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Justo, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec; lo que evidencia la criminalización contra la CRAC-PC, quienes junto con Nestora ejercían el derecho a la autonomía y a sus propios sistemas de justicia.

Ante la evidente detención ilegal y arbitraria de la cual fue objeto la defensora Nestora Salgado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exige a las autoridades federales y estatales:

• La liberación inmediata e incondicional de la defensora Nestora Salgado García.
• Medidas de protección para salvaguardar la vida de la defensora y su familia.
• Cumplimiento integral de la Opinión núm. 56/2015  y medidas cautelares de la CIDH otorgadas a la defensora Nestora Salgado.
• Liberación de todos los presos políticos de la CRAC-PC.

Atentamente,

Asesoría Integral y Litigio Estratégico a Pueblos Originarios Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua (CEDEHM),  Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS),  Colectivo Bolivariano, Colectivo Mujer Nueva Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC),  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Comité Cerezo México Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca), Educa Servicios y Asesoría para la Paz (EDUCA), Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Luna del Sur Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez Tequio Jurídico A.C. Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” (UPVA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT) conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.

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El Caso Wallace

Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

César Freyre Morales es el principal acusado del supuesto secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, difundido desde 2005 como “caso Wallace”. Fue detenido el 23 de enero de 2006 directamente por la madre de la supuesta víctima, María Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace” o “Isabel Miranda de Wallace”. En la detención ilegal a Freyre, estuvo acompañada por los agentes del Ministerio Público de la Federación Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez.

Tres días después de su detención César Freyre fue presentado a la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ésa fue su primera tortura para que se incriminara por el caso Wallace, a la que siguieron otras con la detención de su madre María Rosa Morales y su hermana Julieta Freyre, el 8 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraban en la visita a la casa de arraigo.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace) tuvo acceso indiscriminado a los centros federales de readaptación social donde torturaban a Freyre; primero con el apoyo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y después con el de Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante los primeros cuatro años de encarcelamiento, de enero de 2006 a octubre de 2010, César Freyre Morales negó ser responsable del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, pese a las torturas y al encarcelamiento de sus familiares por año y medio. Sin embargo, el 2 de octubre de 2010, después de una de las más brutales torturas, previo a una audiencia judicial decide incriminarse e incriminar a sus coprocesados, primero por escrito y después ante el juez, cuando escucha a su madre por teléfono llorando que la tienen encañonada en su casa. En ese momento, Freyre firma la declaración que le presentó el MP Braulio Robles Zúñiga.

Después de esa tortura, el 22 de octubre de 2010, los mismos agentes de la SIEDO volvieron a sacarlo ilegalmente del CEFERESO No. 1, para torturarlo de nuevo, con la misma brutalidad, a fin de que ratificara su confesión incriminatoria. Horas más tarde, le dieron la noticia de la muerte de su hermana Julieta, a quien le dio un infarto cerebral en la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pidiendo ayuda para su hermano. Julieta falleció en el hospital.

No te pierdas: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

César Freyre, después de sus confesiones incriminatorias, fue sentenciado a 131 años de cárcel por la presión a jueces por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, las torturas continuaron para mantener su silencio, con traslados frecuentes de un penal a otro, donde era golpeado tanto en la salida como en la llegada al nuevo CEFERESO. Durante los trayectos, solo a él en jet, era golpeado, le daban toques eléctricos y al llegar al penal le echaban gas lacrimógeno, además de las amenazas de matar a su familia. El mayor tiempo en prisión lo ha pasado en aislamiento, otra forma de tortura, además de negarle el medicamento por el síndrome de Renaud que se le desarrolló a raíz de las golpizas.

El 1 de agosto de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en coordinación con la CNDH, bajo el peritaje del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, certificó que César Freyre Morales había sido sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud. Se trata del Protocolo de Estambul positivo en tortura.

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El Caso Wallace

Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

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La CNDH certificó que hubo tortura a César Freyre en el caso Wallace

 

Por Guadalupe Lizárraga

“Yo veía a una persona encapuchada y ya sabía que me iban a torturar; yo me daba cuenta porque los diamantes empezaban a estar todos encapuchados, y yo decía me van a torturar, y sí, era segurísimo, segurísimo que me iban a torturar”.
César Freyre Morales

Con un dictamen médico-psicológico basado en el Manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, certificó que César Freyre Morales, inculpado por el falso secuestro Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, fue sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud.

Bajo la dirección del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, tras la aplicación del protocolo se concluyó “que existe una firme relación entre las lesiones y secuelas físicas y psicológicas documentadas y el relato de los hechos referidos por Cesar Freyre Morales, esto es, las lesiones físicas y psicológicas documentadas son el cuadro que normalmente se observa en personas que han sido sometidos a traumatismos como los referidos en el presente caso”.

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Los expertos del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura basaron su dictamen en la revisión de documentos médicos, informes psicológicos, declaraciones, notas de valoración especializada que se encuentran en el expediente penal y en el expediente médico, así como una entrevista a profundidad y la revisión médica y psicológica.

El más torturado del caso Wallace

César Freyre Morales es el principal inculpado por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y fue presentado ante los medios -desde enero de 2006- como “el líder de la banda de secuestradores”, sin más investigación periodística ni judicial que la palabra de Isabel Miranda Torres, quien dio publicidad a la fabricación del secuestro como “el caso Wallace”, con el apoyo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, y de Eduardo Medina Mora, procurador, ambos bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

De las ocho víctimas, seis acusadas directamente de participar el supuesto secuestro y dos para justificar la existencia de una banda delictiva, César Freyre es el que ha tenido más eventos de tortura. Después de él, le sigue George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobín. En varios de estos eventos, tanto con César Freyre como con Jacobo Tagle, participó personalmente Isabel Miranda Torres, con golpes, escupitajos, amenazas e instrucciones de otras agresiones, al lado de Braulio Robles Zúñiga, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de lo que era la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), así como su subordinado el agente Osvaldo Jiménez Juárez.

Conclusiones de los expertos que aplicaron el protocolo de Estambul a César Freyre Morales, víctima de la fabricación del caso Wallace.

El papel de Renato Sales en la consigna contra Freyre

El acceso de los victimarios a los centros federales de reclusión fue permitido por Renato Sales Heredia, entonces comisionado Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. César Freyre lo menciona en la entrevista con la visitadora adjunta del Mecanismo de Prevención de la Tortura, y reproduce las palabras que cruzó con el exfuncionario:

–¿Cómo estás, Freyre?, ¿tú eres el mentado Freyre, no?
–Sí, un poco enfermo, pero bien.
–Vamos a ver si así sigues.

“Al otro día me trasladaron para Matamoros, al 3, después de su visita de él. Cotéjenlo con el ingreso de aquí. Me mandaron a Matamoros, a tratamientos especiales; me traían, pero mal”.

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El traslado y estadía de César Freyre del cefereso No. 3, en Matamoros, Tamaulipas, fue el 13 de octubre de 2015 al 5 de noviembre del 2015. Dos meses después de haberlo trasladado, cerraron el penal.

“En el tiempo que estuve ahí, siempre me tuvieron completamente aislado, parte de la tortura psicológica, y con amenazas, las hacía la gente de seguridad. El día 3 de noviembre llegó Renato Sales a Matamoros, y me preguntó que cómo me estaban tratando ahí -prácticamente yo iba ingresando a ese penal-, y me dice «pues se te van a acabar los lujos aquí». Al día siguiente fue que cerraron ese penal”.

 El maltrato en los penales de Ocampo y Ciudad Juárez

Después del cierre del penal de Matamoros, lo trasladaron en jet a él solo, al cefereso de Ocampo, Guanajuato. Allí estuvo del 5 al 19 de noviembre de 2015, aislado, con tratos crueles, y en el área de Tratamientos especiales, que les llaman “pabellones”. De nueva cuenta, fue trasladado en jet, solo al cefereso de Ciudad Juárez, donde iba siendo torturado con toques eléctricos y a su llegada lo volvieron a torturar con golpes y toques.

“…cuando llegué a Juárez todos andaban encapuchados allá, porque allá les pegan y hacían lo que querían con los internos; creo que era el penal más abandonado, y mi enfermedad me tenía muy mal porque no me estaban dando el Cilostazol, entonces el frío contrae los vasos sanguíneos y mis pies se me reventaron allá bien feo. Yo tuve que meter un amparo médico y el amparo que yo metí de traslado, porque le hago de su conocimiento que parte de la tortura psicológica eran los traslados. Porque la incertidumbre del vuelo es de que le van pegando a uno, a mí me iban pegando, me iban chicharrando con el taser ése, y obviamente iban borrando huella alguna de que me estaban torturando en esos penales.”

Renato Sales ordenaba los traslados como parte de la tortura psicológica, y en cada traslado -tanto al salir como al llegar a un penal- era golpeado y le daban toques eléctricos. César Freyre declaró en la entrevista para el protocolo de Estambul que en ese tiempo el sometimiento era absoluto: cabeza agachada, manos esposadas, grilletes en pies, cadena en la cintura, golpes en la espalda y toques eléctricos.

 “Al ingreso de ahí me siguieron golpeando, después de las certificaciones médicas, hay un túnel, en ese túnel me hicieron que me desvistiera y me quedé en pura trusa, me hincaron con las manos esposadas hacia atrás y me gasearon, esa vez me gasearon, me imagino que debe ser gas pimienta, porque era un extintor de esos cromados con una basuca, me daba muchísimo esa sensación de ahogamiento, de no poder respirar, y me golpearon muchísimo.”

Isabel Miranda llegó a visitar a César Freyre en el penal de Ciudad Juárez, acompañada de Renato Sales. De la misma manera que en los otros penales, lo tenían aislado y la mujer participaba del maltrato y las vejaciones.

 

En el Altiplano, bajo amparo judicial

César se encuentra actualmente en el cefereso número 1, El Altiplano, Estado de México. Lo regresaron allí, después de un meter un amparo por las condiciones de su enfermedad provocada por las frecuentes torturas. Narra a los médicos que lo entrevistaron para el protocolo de Estambul, que se encuentra en una estancia donde los presos están aislados, un área de medidas especiales de máxima seguridad. Sin embargo, para él también es un lugar seguro, debido a que su mayor temor es que Isabel Miranda pague por hacerle daño adentro, como sucedió con el caso de Jael Malagón Uscanga, en 2010, también acusado falsamente de participar en la misma banda de secuestradores. Jael fue atacado por los internos, pagados por Miranda, y ellos mismos le dijeron que no era nada personal, solo estaban acatando “las órdenes de la señora”. Fue cuando Jael quedó ciego, al desprenderle la retina del único ojo que tenía.

Por eso para César Freyre, estar solo le representa más seguridad, además, dice, se ha vuelto muy huraño y desconfiado, por tantos años de aislamiento y el temor a volver a ser torturado.

“Era una zozobra que no podía yo con ella, en COC me tuvieron más de ocho años, y en un COC ningún interno puede estar por más de 30 días porque es un centro de observación y clasificación. César Freyre se refiere al Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico para los presos, un área dentro de la institución penitenciaria a cargo del equipo de médicos, trabajadores sociales y criminólogos para determinar en qué dormitorio y estancia asignarán al interno.

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Pero César Freyre especifica que estuvo ocho años allí, y tuvo numerosas visitas de Isabel Miranda Torres para cometer actos de acoso y tortura.

“Aquí tuve muchísimas visitas de Miranda, aquí Miranda entraba como a su casa, se lo juro. De hecho, el señor XXX, el vivía en el pasillo 4 de COC, y en el pasillo 4 de COC él tenía una ventana y estaba rota, y él veía a todo mundo, a todo el personal que entraba al COC, él los veía, y él sabía cuando venía la señora, por eso se lo promocioné como testigo. Él vio muchas cosas, yo viví mucho tiempo en tratamiento especiales junto a él, y llegó el momento en que me aislaron por lo mismo, porque como me sacaban, no querían que hubiera evidencias de que me estaban sacando, entonces no sé si el señor le haya narrado la cuestión de que él se daba cuenta cuando entraba Miranda, ella entraba como en su casa, de verdad. Las veces que me pedía me sacaban y andaba toda la comitiva de seguridad de los altos mandos aquí, estoy hablando de cuando estaba de director el Maestro Aguado, venía con los titulares que estuvieron en el sexenio de Calderón para atrás, todos se prestaron para torturarme, todos.”

También dijo haber estado dos años en el área de Tratamientos especiales, para reos de máxima peligrosidad. Y después tras su traslado al cefereso número 9, de Ciudad Juárez, donde estuvo otros 14 meses, también en el área de Tratamientos especiales.

Actualmente, en El Altiplano, determinaron los expertos de prevención de tortura que César Freyre no está en condiciones vulnerables. Sin embargo, en 2010, tuvo dos eventos de tortura graves en este mismo penal que incluso narró en 2019 a esta periodista por medio de una carta. Las torturas las cometieron agente del Ministerio Público de la SIEDO en colusión con las autoridades penitenciarias el 2 y 22 de octubre de 2010. Como parte de la tortura del 2 de octubre, previo a una audiencia judicial, le pusieron a su madre María Rosa Morales, por llamada telefónica, llorando, mientras la encañonaban dentro de su casa. Hasta ese momento, aceptó inculparse e inculpar a sus coacusados, tras cuatro años de tortura y maltrato. En el protocolo de Estambul, Freyre mencionó entre las autoridades que permitiern su tortura incluso al funcionario público, activo como Fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia.

El siguiente evento de tortura, el 22 de octubre de 2010, fue para que ratificara su declaración incriminatoria, justo la noche en que le informaron del fallecimiento de su hermana Julieta Freyre, a quien le dio un infarto cerebral mientras pedía ayuda en la oficina de la extinta senadora Rosario Ibarra de Piedra.

El protocolo de Estambul, positivo en tortura

El resultado del protocolo de Estambul de 81 páginas muestra los recuadros sobre la sistematización del proceso con los hechos de tortura, con el numeral 372 del acuerdo con el manual, así como la narración de la víctima y lugar, donde se perpetró la tortura.

En el documento, César Freyre refiere reiteradamente a los elementos de Custodia y seguridad en los penales como «encapuchados», quienes eran los perpetradores de las torturas. No obstante, en el protocolo se destaca el terror psicológico que le infundieron tras los eventos de tortura. En Los Ángeles Press, de acuerdo con la evidencia documental, estos eventos de tortura fueron registrados en oficios, amparos, quejas y solicitudes de ayuda, en diferentes años, desde su detención en la que intervino Isabel Miranda Torres.

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Fabricación de culpables

Madre de falso culpable que lleva 22 años en prisión pide ayuda ante la ONU

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Por Guadalupe Lizárraga

María de Lourdes Téllez, de 76 años, en manifestación ante la Organización de Naciones Unidas por el incumplimiento de México a las Reglas Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de presos, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya no le dé pensión económica como adulta mayor, que mejor le ayude con su hijo José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 22 años preso con delitos fabricados y está siendo maltratado en prisión, pese a que ha demostrado ante tribunales de la Ciudad de México su inocencia.

Desde el año 2000, José Eduardo Toledano Téllez, siendo policía de la Ciudad de México, fue acusado falsamente de secuestro, debido a la similitud de su nombre con el verdadero responsable quien fue aprehendido por el mismo delito en 2009 y se encuentra en prisión.

La prueba más contundente en favor de Toledano Téllez es que al momento de servir como custodio y seguridad en un juicio con la magistrada María Medel, se perpetraba el secuestro por el que posteriormente fue acusado y sentenciado por esa misma juez a 38 años y 6 meses de cárcel.

En una primera sentencia, la jueza María Medel le había dado 20 años de prisión, y cuando la defensa de José Eduardo Toledano presentó su apelación, la jueza incrementó su sentencia a casi el doble de condena, siendo ella misma testigo de que Toledano Téllez el día y hora de secuestro él se encontraba en servicio policial en su mismo juzgado donde ella despachaba.

Lourdes Téllez, madre de José Eduardo Toledano, en diferentes años de su lucha por la libertad de su hijo, ha sido seguidora de López Obrador en diferentes campañas, y tras el ascenso a la presidencia de la república, la madre le ha pedido ayuda reiteradamente sin éxito.

Hoy José Eduardo Toledano Téllez tiene 59 años de edad, y fue de los primeros presos contagiados de Covid 19, que tuvieron que llevar al hospital porque sufre de hipertensión y diabetes, enfermedades que se le desarrollaron en su reclusión. Actualmente, en el penal de Santa Martha Acatitla, le quemaron sus pertenencias y le han negado atención médica.

Su madre, quien hasta ahora no ha recibido respuesta tras un largo recorrido por las instancias de derechos humanos en la Ciudad de México y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, decidió sumarse a la queja colectiva ante Naciones Unidas por los tratos crueles e inhumanos de las cárceles mexicanas.

También ha sido ignorada en varias cartas en las que pide ayuda a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial, a donde ha ido personalmente pese a los problemas de movilidad física que tiene por su enfermedad, síndrome de Alzheimer y edad avanzada.

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