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Mexico Violento

Marina hostiga a Policía Comunitaria de Cualac Guerrero

La Policía Comunitaria de Cualac Guerrero es hostigada por la Marina y le decomisó armas en contra de sus derechos indígenas a la autodefensa

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Cualac se suma a la autodefensa de los pueblos con la integración de su Policía Comunitaria y Popular Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CUALAC, Guerrero.- Después del acto de toma de protesta de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Cualac, que se une a la de Temalacatzingo y Huamuxtitlán, dirigentes denunciaron que durante el traslado de 12 integrantes de la PCP de Temalacatzingo a Cualac, en el retén de La Marina en Olinalá les fueron decomisadas cuatro armas.

Estas acciones de hostigamiento desatienden el acuerdo que firmó el gobierno estatal y el alcalde Eusebio González de respetar a la Policía Comunitraria, luego de que fueron liberados tres retenidos afines a Antorcha Campesina acusados de amenazas y agresiones físicas.

En conferencia de prensa en el atrio de la iglesia principal del pueblo, se habló de la situación de la UPOEG en la costa-montaña. Zitlali Pérez denunció que el sector de la UPOEG encabezado por Bruno Plácido Valerio que también dirige la autodefensa, es una organización generada desde el gobierno que la ha financiado para generar confrontación entre la CRAC y abrir el paso a la militarización y la destrucción de los recursos naturales como por ejemplo la minería.

Ante esto, los coordinadores de la PCP repudiaron estas acciones “que corroboran el trabajo del gobierno para confrontar a la ciudadanía”, tras comentar que estarán en un diálogo para tejer una red

en el estado de Guerrero e incluso el país, el consejero de la CRAC en Ayutla Arturo Campos, que se definió como un integrante mas de la Policía Comunitaria, emitió su respaldo a la PCP y señaló que aunque tengan diferente nombre en su lugar de trabajo, trabajan con un mismo fin.

Señaló que la CRAC tiene un reglamentó y pidió respetar a la institución de la Policía Comunitaria y frenar las agresiones porque no es cualquier sistema, en cuanto a la toma de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán por parte del sacerdote Mario Campos, estudiantes de Unisur, algunas autoridades comunitarias, Cirino Plácido Valerio, reprobó lo sucedido y emitió su respaldo a los coordinadores de San Luis, “podrán estar en las oficinas pero no han tomado el poder”, replicó.

Campos reconoció que algunos coordinadores de San Luis negociaron con el gobierno apoyos lo que ha debilitado el movimiento pero reviró que la UPOEG maneja gente que no pertenece al sistema comunitario como San Marcos o Tecoanapa y otras comunidades que buscan incidir en la elección de nuevas autoridades cuando no están adheridas a la CRAC.

Afirmó que es claro que trabajan para el gobierno de Ángel Aguirre Rivero que ha respaldado la autodefensa dejando que avanzaran pero precisó que no están en contra de los pueblos que tienen su derecho de auto defenderse pero sí repudiaban los acuerdos de dirigentes que solicitaron al Ejército en la zona para abrir el camino a las mineras.

Organización de los pueblos para protegerse ante la ineptitud gubernamental. Foto: Sergio Ferrer

“Da lástima que los propios líderes indígenas estén utilizando a las comunidades”, indicó.

Conrado de Jesús, uno de los coordinadores de la PCP de Cualac afirmó que el sistema de justicia comunitario no violenta los derechos humanos, sino que está encaminada a combatir los actos delincuenciales.

Aseveró que los Consejos de gobierno, seguridad y justicia luchan por la construcción de la soberanía popular que es la verdadera democracia, cuando el pueblo dice su palabra y ratificó que son un movimiento independiente y popular no dependiente de partidos políticos ni del gobierno.

Los dirigentes aclararon que no están contra las instituciones sino contra los que trabajan en ella y son corruptos así como contra la delincuencia y daños físicos, sicológicos, abusos de poder que se cometan.

La PCP aplica las tres erres: Retención no detención, Reeducación que incluye un examen sicológico y la Reintegración a las comunidades en un marco jurídico ubicado en la Ley 701 y en asambleas de pueblos.

Coordinadores señalaron que es inútil una iniciativa de ley si no se consulta a los pueblos, además de que ya existe un reglamento que cuenta con un derecho constitucional legitimado en asambleas en relación a la propuesta del gobernador de emitir un decreto que desecharía la Ley 701, un logró para los pueblos indígenas según el jurista Vidulfo Rosales.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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El CJNG se desplaza a Yucatán con ejecuciones y ‘cobros de piso’ a contratistas y trabajadores del Tren Maya

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El Cártel Jalisco Nueva Generación enfila sus baterías al estado de Yucatán, luego que estar siendo desplazado de Quintana Roo, a sangre y fuego.

Por Alfredo Griz Cruz

YUCATÁN, México.- Tras la presión del Gobierno federal para ceder el control de las plazas del Caribe mexicano a otros grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve obligado a desplazarse hacia Yucatán, desde hace apenas unos días, justamente cuando el sábado 25 de junio se daba cuenta de ocho ejecutados tirados en los limítrofes del estado de Yucatán.

Sus nombres eran José Luis Villalpando Pat, de 46 años; Édgar Medina Romero, de 19; Heber Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio César Robledo García, de 24; David Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan, de 20 años. Todos ellos “levantados” entre el 21 y 23 de junio en el poblado de Xcalac, de Quintana Roo.

El Cartel Jalisco Nueva Generación mandó un mensaje claro a la autoridad yucateca, mostrando fuerza y determinación para entrar a esa entidad; sin embargo, las autoridades policiacas de Yucatán reaccionaron de manera inmediata y blindaron el estado en espera de otro posible golpe.

Ha habido indicios de que ya se tenía presencia de ese cartel en la ciudad de Mérida. Un evento a lo referido es cuando la empleada de la Comisión Federal de Electricidad, Circe Viridiana Palma Martínez, intentó medrar con información confidencial que revelaba la corrupción de los servidores públicos de esta institución y tras su fracaso denunció ante la FGR a este reportero a petición de la paraestatal. En consecuencia, fue colocada una narco-manta en el domicilio de quien escribe con amenazas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha empleada que filtró información confidencial de las obras del Tren Maya y de sus jefes directos, Marco Antonio Flores y Víctor Manuel Tziu Sosa, fue coaccionada a denunciar a este periodista bajo supuestos delitos de extorsión para no ser despedida. La empleada, cuyo número de control es RPE: DB483, señaló que los desvíos de recursos de esa paraestatal se hace entre amigos y grupos del del crimen organizado. De ahí se deriva la narco-manta que fue colocada en el domicilio de este reportero y de la cual, la autoridad estatal se mantiene al margen, ignorando el asunto, y dejando el caso al Ministerio Público Federal.

Narcomanta del CJGN con amenazas al reportero.

Recapitulando los hechos

  • El día 22 de abril fue detenido en Progreso, Yucatán, un lugarteniente del CJNG en el más completo sigilo, lo que obra en diversas notas periodísticas regionales y nacionales.
  • El 7 de mayo, este reportero es amenazado por el CJNG, como respaldo a la empleada de la Comisión Federal de Electricidad que le filtró información, y luego lo denunció en la Fiscalía General del Estado por supuesta extorsión, para deslindarse de su responsabilidad ante el delito de revelación de secretos.
  • El 25 de junio, ejecutaron a ocho personas que fueron tirados en el municipio de Chikindzont, localizado al oriente de Yucatán, adjudicándose los hechos el CJNG.
  • El martes 28, en el barrio de San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, se desplegó un intenso operativo para detener a ocho personas pertenecientes al CJNG quienes tenían a personas privadas de su libertad en un domicilio de esa céntrica colonia, lo que provocó activar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, con vuelos constantes en las colonias, Campestre, Pedregales de Tamlun, Chuburna, Chichi Suárez, entre otras.

Tras el operativo de persecución y detención de los presuntos criminales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República; sin embargo, en un golpe de timón mediático, las autoridades estatales deslizaron la información de que fueron detenidas personas que se dedicaban a estafar a través de un call center. Lo que resulta inverosímil, ya que no se justifica ni la persecución por todo el norte de la ciudad ni el accionar de un helicóptero policial, por lo que es evidente que se está ocultando la información, para no poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública de Mérida.

A decir de Circe Viridiana Palma Martínez, quien filtró la información sobre la corrupción del Tren Maya y quien ahora es imputada en una denuncia federal, señala que los contratistas que laboran en los tramos del tren de Campeche a Quintana Roo, deben de dar su cuota a los residentes y también a los grupos del crimen organizado que tengan control sobre las zonas de construcción. De ahí se deriva la férrea lucha en la zona de Quintana Roo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación fue desplazado de las zonas turísticas, y ahora se quiere abrir paso en esos tramos de construcción del Tren Maya. Que de acuerdo con la información recibida, uno de los motivos del CJNG para establecer una base de operaciones en Yucatán es tomar el control de las obras del Tren Maya, donde normalmente se mueve la droga con los trabajadores y se hacen cobros de piso a los contratistas.

La ahora imputada servidora pública, quien ha mantenido silencio ante este medio de comunicación, pero vierte información sobre la denuncia federal en su contra, deja entre ver acuerdos no transparentes de la paraestatal y el Ministerio Público Federal en una clara obstaculización de la justicia.

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Periodista Antonio de la Cruz no había sido amenazado, según SSPC

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El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que el periodista Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no había recibido amenazas ni estaba incorporado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

El funcionario federal dijo que el comunicador fue asesinado con cinco disparos de armas de fuego y también hirieron a su hija Cintia, quien se encuentra en estado grave internada en un hospital de Tamaulipas.

Indicó que el periodista era reportero del diario Expreso y titular de Movimiento Ciudadano (MC) en Tamaulipas, pero sus notas periodísticas estaban enfocadas en el campo y el clima, aunque también identificaron contenidos relacionados con cuestionamientos a las autoridades locales.

Agregó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) está en contacto con la familia del comunicador, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades e inició las indagatorias correspondientes.

Recordó que por los asesinatos de 11 periodistas en este año, un total de 26 personas han sido detenidas y 19 fueron vinculadas a proceso penal, por lo que especificó que Roberto Toledo no se dedicaba a actividades periodísticas, sino que era un auxiliar de despacho jurídico, mientras que Jorge Camero se dedicaba a actividades políticas.

Por su parte, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que en el sitio del crimen fueron localizados cuatro casquillos percutidos y dos cartuchos útiles de arma de 40 mm, por lo que se encuentran analizando la posibilidad de integrar las probables causas de la agresión.

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